En plena celebración de San Antonio de Padua, patrón de la isla de Annobón, el pueblo annobonés ha reafirmado su identidad y dignidad frente a los intentos del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de manipular políticamente la festividad. Mientras el gobierno imponía la vestimenta del partido único para simular un apoyo forzado, una contundente resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha desmantelado el discurso oficial.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha condenado enérgicamente al régimen neocolonial de Guinea Ecuatorial por la detención arbitraria de trinta y siete ciudadanos annoboneses, encarcelados desde hace casi un año por manifestarse pacíficamente contra el uso de dinamita en la isla. Este uso ha provocado graves daños al ecosistema, contaminación de tierras de cultivo y el derrumbe de viviendas de los lugareños.
La resolución, adoptada el 12 de mayo de 2025 y notificada oficialmente el 10 de junio, establece que estas detenciones violan el derecho internacional en cuatro categorías de ilegalidad:
- Sin base legal (Categoría I),
- Por violar derechos fundamentales (Categoría II),
- Sin garantías de juicio justo (Categoría III), y
- Por motivos de discriminación étnica y cultural (Categoría V).
La ONU exigió la liberación inmediata de los detenidos, su indemnización, y la investigación de los responsables. Asimismo, solicitó una visita urgente a Annobón, isla que continúa militarizada, incomunicada digitalmente y bajo un estricto control represivo.
Una persecución silenciada durante décadas
Annobón, una isla situada en el Golfo de Biafra, ha sido históricamente víctima de una marginación sistemática por parte del régimen central. En 2024, tras protestas pacíficas por la degradación ambiental y el abandono institucional, el régimen desató una ola represiva: redadas, desapariciones forzadas, detenciones sin juicio y una política activa de aniquilación cultural.
La ONU reconoce ahora que esta represión responde a una política de discriminación sistemática por motivos étnicos y culturales, lo cual representa una violación especialmente grave del derecho internacional. Es la primera vez que se hace tal afirmación de forma oficial en relación con el caso de Annobón.
Una victoria para la justicia internacional
El dictamen de la ONU es el resultado de una denuncia presentada por el abogado internacional Aitor Martínez Jiménez, en representación de las víctimas y del Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar. Pocos días después de la notificación oficial, el régimen anunció un indulto forzado, confirmando de facto la veracidad y legitimidad de las denuncias.
Llamado urgente a la comunidad internacional
A pesar de esta victoria jurídica, la situación en Annobón sigue siendo alarmante. La militarización continúa, no hay libertad de prensa ni conexión digital, y los derechos fundamentales de la población permanecen severamente restringidos.
Desde el liderazgo annobonés y su representación legal se hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que:
- Monitoree activamente la situación de derechos humanos en Annobón,
- Apoye el envío de una misión internacional de observación independiente,
- Garantice protección internacional a la población annobonesa,
- Explore vías para revisar su estatus político, a la luz de las violaciones sistemáticas sufridas durante más de cinco siglos.
Este caso marca un precedente clave para los pueblos afrodescendientes e insulares víctimas de represión estructural. Confirma también el poder del sistema internacional de derechos humanos cuando se activa con decisión, pruebas y perseverancia.
