En medio de la opresión y la represión que azota a la comunidad annobonesa, la situación de las familias de los desaparecidos se ha vuelto insostenible, especialmente para las abuelas y los niños que quedan desamparados tras los secuestros perpetrados por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. La vulnerabilidad de estos grupos no solo evidencia la brutalidad del gobierno, sino también su desprecio por los derechos humanos fundamentales y la dignidad de sus ciudadanos.
En los últimos días, se ha conocido el caso de cinco ancianas annobonesas que fueron secuestradas en la isla de Annobón, y trasladadas a Malabo, sin motivo real. Estas abuelas, Robustiana Majeda Bárcena, Generosa Bestue, Rita Laurel, Resurrección Malest y Francisca Andreu, fueron detenidas en condiciones inhumanas, privadas de comida y agua durante casi tres semanas. El régimen las mantuvo en cautiverio sin ninguna acusación formal, solo para liberarlas de manera condicionada y bajo la coacción de que repitieran un guion que las despojaba de su dignidad.
El abandono de estas abuelas en las calles de Malabo, sin apoyo estatal y alejadas de sus familias, es un acto de crueldad que subraya la discriminación y el trato desigual que sufren los annoboneses por parte de Guinea Ecuatorial. Estas abuelas no reciben ninguna pensión ni ayuda del gobierno, y tras ser liberadas, sus familiares tuvieron que organizar colectas para poder regresarlas a Annobón. Este hecho, además de ser inhumano, es ilegal y viola sus derechos fundamentales.
El secuestro y el posterior abandono de estas abuelas no es un caso aislado. Se trata de una práctica sistemática de un régimen que no solo ignora su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, sino que también utiliza el miedo y la violencia para silenciar cualquier voz disidente. La comunidad internacional sigue exigiendo conocer el paradero de los treinta y siete annoboneses que fueron detenidos por el estado bajo cargos falsos y cuyo destino sigue siendo desconocido.
La situación de desamparo en la que quedan las familias de estos desaparecidos es alarmante. Las abuelas se ven obligadas a enfrentar la pobreza extrema, sin recursos para mantener a sus hijos, mientras que los niños, privados de la protección de sus padres, crecen en un ambiente de miedo e incertidumbre.
El principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) es claro: los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos de crímenes atroces, como el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el régimen de Obiang ha fallado deliberadamente en su responsabilidad, no solo al no proteger a los annoboneses, sino también al ser el principal perpetrador de las violaciones a sus derechos.
La comunidad internacional debe actuar ante estas flagrantes violaciones de derechos humanos. No se puede permitir que el régimen de Guinea Ecuatorial continúe operando con total impunidad, secuestrando y abandonando a sus ciudadanos sin que haya una respuesta firme y decidida. Las vidas de incontables mujeres, niños y hombres annoboneses no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en la represión del régimen.
En este marco, el Gobierno de la República de Annobón exigió la liberación inmediata e incondicional de los treinta y siete ciudadanos injustamente detenidos. Además, reclamó el cese absoluto de la persecución y represión que sufren las familias a manos del régimen de Guinea Ecuatorial. Annobón no callará hasta que se haga justicia y se restaure la libertad y la paz para todos sus ciudadanos.
