Se profundizan las violaciones a los derechos humanos y Guinea Ecuatorial avanza con nuevas detenciones ilegales en Annobón

En una nueva muestra de su brutalidad, el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha intensificado la represión en Guinea Ecuatorial con nuevas detenciones ilegales en la isla de Annobón, que hace casi diez días se encuentra absolutamente incomunicada, sin teléfono ni internet. Según informes recientes de Radio Macuto, ahora las fuerzas represivas detuvieron a Vladimir Bestue Trillo y Simón Nach Nazaret, quienes ya fueron trasladados a la capital guineoecuatoriana.

En ese marco, trascendió que la frecuencia de vuelos a la República de Annobón se ha incrementado a uno cada dos días, con el objetivo de facilitar el traslado de los detenidos, una estrategia claramente destinada a sofocar cualquier tipo de crítica y mantener a la población annobonesa en un estado de constante miedo y sumisión.

Estas operaciones están siendo coordinadas por Egido Panades, conocido defensor de la dictadura de Obiang. Junto a él, participan en las detenciones Adoración Salas Chonko, alias Salatu; Benjamín Panades Menejal, alias Yuku-Yuku; y Epifanio Barril Bestue, conocido como Epi Blass; quien tiene la tarea de guiar a los militares a las residencias de los annoboneses en Malabo para proceder con los arrestos.

Esta oleada de detenciones ha generado una gran preocupación tanto entre los residentes locales como entre los observadores internacionales, que continúan monitoreando la deteriorada situación de los derechos humanos en la región ya denunciada por Human Rights Foundation.

Adicionalmente, según reportes del Diario Otra Guinea Ecuatorial, la dictadura del PDGE sigue encarcelando y torturando a la población indefensa de Annobón. Varios testigos han informado sobre muertes durante los largos interrogatorios, donde los detenidos son sometidos a condiciones inhumanas, sin agua ni comida, y obligados a hacer sus necesidades sobre sus propios cuerpos.

La represión en Annobón no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de abusos que ha caracterizado al régimen de Obiang durante más de cuatro décadas. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para presionar a Malabo a detener estas violaciones y garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los ecuatoguineanos.

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