La Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ) ha expresado una profunda preocupación por la situación de los detenidos en la isla de Annobón tras una serie de protestas medioambientales. La situación ha desencadenado un llamado urgente para que se respeten los derechos fundamentales y se proporcione una respuesta clara sobre el estado de los arrestados.
Recientes imágenes y testimonios de familiares y vecinos de la República de Annobón revelan que varios habitantes de la isla se manifestaron contra el uso indiscriminado de explosivos en las obras civiles llevadas a cabo por empresas constructoras. Estas explosiones han causado serias inquietudes debido a su impacto en las viviendas locales y el medioambiente. Los residentes, ejerciendo su derecho fundamental a la manifestación pacífica, solicitaron el cese de estas prácticas que consideran perjudiciales para su entorno y calidad de vida.
La respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar: varios de los manifestantes han sido detenidos y trasladados a la capital, Malabo. Sin embargo, se ha generado una gran incertidumbre sobre el estado de los detenidos, ya que hasta el momento no se han presentado cargos formales ni se ha proporcionado información sobre la asistencia jurídica que podrían estar recibiendo.
La CEJ exige que las autoridades judiciales clarifiquen la situación de los detenidos a la mayor brevedad posible. «Urgimos a que se presenten cargos claros y precisos si los hay, o que se liberen a los detenidos y se les devuelva a la isla sin demora», señala un portavoz de la CEJ. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de respetar los derechos humanos y el derecho a la manifestación pacífica garantizado por la ley.
El caso adquiere mayor relevancia en el contexto de la próxima evaluación de Guinea Ecuatorial por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, programada para noviembre de 2024. El país se comprometió a implementar reformas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, como el de reunión pacífica, como lo destacó la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Además, la CEJ ha planteado inquietudes sobre el impacto medioambiental de las obras realizadas por la empresa SOMAGEC en la isla. «Requerimos al Ministerio de Medio Ambiente que realice un informe exhaustivo sobre el impacto medioambiental de estas obras y que publique cualquier estudio existente que aborde las quejas sobre daños a viviendas y ecosistemas locales», agregaron desde la comisión.
La CEJ ha ofrecido asistencia jurídica gratuita a los detenidos y sus familias. «Desde la CEJ, estamos dispuestos a proporcionar apoyo legal a quienes lo necesiten en esta situación crítica», concluyen.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben mantener una vigilancia constante sobre los desarrollos en Annobón para asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se lleve a cabo una investigación transparente sobre los abusos denunciados.