El prestigioso diario español El País publicó un artículo detallado sobre la persecución que enfrenta Ángel Obama, el abogado que se animó a defender a los annoboneses secuestrados por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. La nota, firmada por la periodista Marta Colomer, denuncia la falta de independencia judicial en Guinea Ecuatorial y apunta directamente contra el Ilustre Colegio de Abogados, controlado por el propio cuñado del dictador.
“Se ha utilizado indebidamente esta institución para perseguir a un abogado y a una abogada defensores de los derechos humanos”, advierte el artículo. Uno de ellos es justamente Ángel Obama, quien según el diario “ha llevado casos sobre todo tipo de violaciones de derechos humanos en el país” y “ha apoyado a defensores y defensoras que han sido atacados, detenidos y sometidos a detención arbitraria únicamente por realizar su trabajo legítimo, como Anacleto Micha o Joaquín Elo Paysa”.

Obama fue suspendido temporalmente del ejercicio profesional el pasado 14 de agosto. ¿La razón? Defender a Paysa y a su plataforma ciudadana Somos+, catalogada de “ilegal” por el régimen. “El 9 de agosto, el Colegio de Abogados amenazó con suspenderlo si seguía defendiendo a organizaciones de derechos humanos ‘ilegales’”, cita textualmente El País. Pocos días después, la amenaza se concretó.
Pero la ofensiva contra Obama no se reduce al ámbito profesional. Tal como denunció la organización Human Rights Foundation (HRF), el abogado fue detenido arbitrariamente el 4 de agosto, apenas un día después de la reclusión de su defendido Joaquín Elo Ayeto. Aunque fue liberado dos días más tarde, su bufete fue clausurado por orden del Colegio de Abogados.
Obama representa a varios de los ciudadanos annoboneses secuestrados desde julio del año pasado, en el marco de las protestas pacíficas que exigieron el fin de las detonaciones en la isla por parte de la empresa marroquí SOMAGEC. Entre sus secuestrados se encuentra el poeta Francisco Ballovera Estrada, quien fue arrestado tras intentar llevar alimentos a los manifestantes encarcelados.
HRF exigió la retirada inmediata de las sanciones impuestas a Obama y calificó su inhabilitación como un castigo político. “El Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, controlado por el Gobierno, inhabilitó al letrado y cerró su bufete”, denunciaron en la red social X.
El artículo de El País también remarca la falta de garantías para los abogados en el régimen neocolonial e invasor de Guinea Ecuatorial: “La falta de independencia de la abogacía deja a los abogados ecuatoguineanos completamente indefensos. Se descalifica a quienes reclaman un sistema judicial independiente y denuncian las violaciones de derechos humanos”.
Mientras tanto, los secuestros en Annobón continúan sin ninguna solución, y la isla sigue incomunicada, sin acceso a líneas telefónicas e internet tras el pedido del Gobierno de controlar, incluso, el servicio de Starlink. En este contexto, la figura de Ángel Obama cobra una dimensión cada vez más simbólica: la de quienes, incluso en condiciones de extrema represión, se niegan a callar.