El destino y la integridad de los treinta y siete secuestrados por el régimen de Guinea Ecuatorial vuelve a ser noticia. Según la información a la que pudo acceder AMBÔ LEGADU, los detenidos, cuyo paradero se desconocía durante las últimas horas, han sido divididos en dos grupos: los arrestados en Annobón y los que fueron capturados en Malabo y Bata.
Los primeros han sido aislados en una especie de sala subterránea en la capital de Guinea Ecuatorial, mientras que los segundos han sido trasladados a una prisión ubicada en Río Muni. Sin embargo, este medio no pudo determinar con certeza en cuál de todas las cárceles de la parte continental se encuentran, ya que no hay información oficial y pública precisa sobre estas instalaciones. De hecho, vale recordar que el régimen de Obiang ha sido históricamente criticado por campañas de detención masivas, especialmente durante operativos policiales que llevan a la encarcelación de muchas personas sin juicio previo, como en este caso.
Sin embargo, si trascendió que la cárcel en cuestión es notoriamente temida por sus duras condiciones, con rumores de que quienes entran allí no salen con vida.
UN ACTO DE IMPUNIDAD QUE YA LLEVA MÁS DE TRES SEMANAS
Este drama comenzó el 18 de julio, cuando un grupo de annoboneses fue injustamente arrestado tras participar en una manifestación pacífica en la isla de Annobón. La protesta exigía el fin del uso de dinamita en la isla, lo que llevó a una campaña de secuestros ilegales bajo la acusación de incitar a la separación del territorio de Guinea Ecuatorial.
Los familiares de los detenidos, sumidos en la desesperación, viven en la más absoluta incertidumbre. Inicialmente habían sido informados de que los arrestados fueron llevados a Black Beach, una prisión infame por sus condiciones extremas. Allí, se les rapó la cabeza y se les vistió con ropa de presidiario. Sin embargo, desde su traslado a esta prisión, el destino de estos hombres y mujeres se desconoce.
El estado de los detenidos es grave; ha trascendido que han sido interrogados sin piedad y mantenidos sin acceso a comida ni agua. Los familiares exigen respuestas, mientras el juez encargado del caso ha decretado prisión provisional, dejando a los detenidos en un limbo legal y físico del que nadie pareciera hacerse responsable.
El caso de los treinta y siete secuestrados no solo refleja una grave violación de derechos humanos, sino también una crisis social en Guinea Ecuatorial, donde la incertidumbre y la desesperación se han apoderado de las familias de los detenidos mientras el mundo observa los hechos con creciente preocupación.
