El desarrollo económico y social de la isla de Annobón ha sido una materia pendiente por parte de la dictadura ecuatoguineana durante décadas. Fue a raíz de ello que los annoboneses optaron por proclamar su independencia para poder actuar con autonomía y decidir sobre su futuro.
Los 5 mil habitantes de la República de Annobón sufren el continuo atropello de sus derechos y libertades, mientras mujeres y niñas denuncian abusos y agresiones sexuales frecuentes en manos de los delincuentes militares fang, oriundos de Río Muni y destinados allí. A pesar de su independencia, su población se encuentra en una situación de aislamiento: no hay luz ni conexión a internet y desde su aeropuerto no hay aviones de pasajeros: sólo aterrizan y sobrevuelan naves militares del régimen dictatorial como medidas disuasorias para atemorizar a la población.
En ese marco, una de las principales iniciativas de Obiang que apuntó a entorpecer el proyecto independentista con promesas de un futuro mejor cayó en manos de la empresa española Pesconor, aunque ha generado más preguntas que respuestas; partiendo de la base de que cualquier intromisión extranjera en Annobón es considerada una vulneración a su soberanía.
Así se desprende de un detallado informe publicado por Moncloa.com y Diario Rombe, que revela cómo el proyecto de establecer la primera granja de engorde de atún rojo salvaje en el África atlántica y una fábrica de procesamiento de pescado en Annobón se ha estancado en el papel y en la corrupción financiera guineoecuatoriana. A pesar de haber recibido millones de euros en fondos públicos, las instalaciones prometidas resultaron una gran farsa.
La investigación destaca la falta de transparencia y rendición de cuentas tanto por parte de la dictadura de Guinea Ecuatorial -que mantiene a la isla controlada militarmente- como de las empresas contratadas, incluyendo Pesconor. Aunque se han realizado transferencias significativas de fondos, las obras en la isla apenas han progresado, contribuyendo a la pobreza reinante entre la población local, donde no hay empleo ni desarrollo económico.
El proyecto, concebido en 2015 con una inversión inicial de más de 18,7 millones de euros, ha sido gestionado en gran medida por empresarios españoles, entre ellos Alberto Rey Núñez, socio único de Pesconor. A pesar de las promesas de generar trabajo y dinamizar la economía local, las obras no han avanzado y los fondos públicos parecen haber desaparecido en un laberinto de opacidad financiera. La investigación también revela la complejidad del negocio del atún rojo, destacando la necesidad de una logística sofisticada y una experiencia técnica considerable para operar con éxito una granja de engorde y una fábrica de procesamiento. Expertos del sector señalan que Pesconor y otras empresas involucradas carecen de la capacidad y la experiencia necesarias para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Y la realidad les da la razón.
La falta de respuesta por parte de las autoridades guineanas y de las empresas contratadas a las preguntas de los periodistas refleja la cultura de secreto y la opacidad que rodea al proyecto. A pesar de las promesas de transparencia y rendición de cuentas, los hechos sugieren todo lo contrario. En conclusión, el proyecto de Pesconor en Annobón es un ejemplo alarmante de cómo las empresas extranjeras pueden aprovecharse de la corrupción y la falta de transparencia en países en desarrollo para obtener beneficios a expensas de la pobreza local.
Mientras tanto, la isla de Annobón sigue esperando que la dictadura respete su independencia y libere la isla para permitirle salir de la miseria.
