El régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha decidido, una vez más, situarse por fuera de toda legalidad y despreciar abiertamente al sistema internacional de derechos humanos. A una semana de la histórica resolución emitida por el Consejo de Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas, que ordenó la liberación inmediata de 37 annoboneses secuestrados y torturados por el Estado, el gobierno de Guinea Ecuatorial no sólo se negó impunemente a recibir la notificación formal del fallo, sino que ha profundizado el castigo colectivo contra las víctimas.
Lejos de cumplir con la resolución —que también exige una investigación penal, una reparación económica y la difusión pública de la condena— el régimen optó por una estrategia evasiva: evitar que el documento adquiera validez jurídica formal, ocultar su contenido y simular una “liberación” que en realidad es una continuación del encierro. El pueblo annobonés lo denuncia con claridad: se ha cambiado la prisión por una isla militarizada, sin alimentos ni medicinas.
Los 37 secuestrados han sido trasladados en condiciones deplorables a Annobón, un territorio que, como se sabe, se encuentra empobrecido por décadas de saqueo estatal, sin servicios básicos, sin hospitales, sin medicamentos de ningún tipo, ni siquiera un paracetamol. “Llegaron raquíticos, física y emocionalmente devastados, y ahora sobreviven sin comida, sin abrigo y bajo vigilancia constante”, advirtió el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar.
Vivir en Annobón es, en el mejor de los casos, un acto de resistencia cotidiana. Para personas que llevan un año detenidas, incomunicadas, torturadas y privadas de toda atención médica, es simplemente un riesgo mortal.
Peor aún es el destino de aquellos que fueron detenidos en Malabo. Liberados también a la fuerza, se encuentran ahora completamente desamparados, sin acceso a sus familiares, sin un techo donde dormir, sin ningún tipo de asistencia humanitaria. Los seres queridos que permanecen en Annobón no podrán verlos hasta dentro de dos meses, cuando vuelva el único barco del régimen que conecta con la isla. Es una prolongación del sufrimiento, una tortura lenta, una forma más de discriminación étnica y cultural.
Ni siquiera tienen ropa para cambiarse. Llevan los mismos harapos que tenían cuando fueron secuestrados por el régimen hace más de un año. “No tienen ni un calzoncillo que ponerse”, denuncian los annoboneses. La humillación, el abandono y la violencia son sistemáticos.
El Gobierno de la República de Annobón, impulsor de la denuncia que hizo posible la condena internacional, fue contundente: si alguno de los liberados pierde la vida o sufre un deterioro irreversible de salud, la única y absoluta responsabilidad será del régimen de Guinea Ecuatorial.
Vale recordar que las Naciones Unidas confirmaron que estas detenciones fueron arbitrarias, motivadas por factores étnicos, culturales y nacionales. Es decir, actos de persecución racial. Se trata de una de las formas más graves de violación a los derechos humanos reconocidas por el derecho internacional.
Las víctimas —entre ellas docentes, artistas, líderes comunitarios— fueron brutalmente reprimidas tras alzar la voz contra la destrucción ambiental, el saqueo de los recursos naturales y la demolición forzosa de viviendas. A día de hoy, la isla de Annobón sigue ocupada por fuerzas militares, aislada por completo del mundo exterior, sin internet, sin teléfono, sin prensa libre. El miedo y el hambre son instrumentos del Estado neocolonial.
La resolución de la ONU, impulsada por el abogado Aitor Martínez Jiménez y el Primer Ministro, Cartagena Lagar, es un triunfo jurídico que pone fin a décadas de silencio. Pero no alcanza con un papel firmado en Ginebra. La comunidad internacional debe actuar con urgencia. El régimen de Obiang ha optado por la negación, el cinismo y la crueldad. La vida de decenas de personas está en riesgo y, una vez más, la indiferencia no es una opción.
