La comunidad internacional ha vuelto a poner los ojos sobre Guinea Ecuatorial, y en particular sobre la situación crítica que atraviesa la isla de Annobón. Decenas de annoboneses permanecen encarcelados y están siendo sometidos a juicios a puerta cerrada, sin acceso a defensa legal y bajo cargos arbitrarios y desproporcionados.
Organizaciones de derechos humanos como EG Justice, la Asociación Africana de Educación para el Desarrollo (ASAFED), Opening Central Africa Coalition (OCA), el Colectivo Sassoufit y la Plataforma Lusófona de Derechos Humanos (PLUDH) denunciaron desde Ginebra que el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo viola flagrantemente sus propias leyes y compromisos internacionales, al mantener detenidas a más de treinta personas originarias de Annobón, sin juicio previo ni derecho de defensa.
“Celebrar un juicio a puerta cerrada, en ausencia de los abogados libremente elegidos por los detenidos, viola claramente la constitución de Guinea Ecuatorial”, declaró el doctor Cruz-Melchor Eya Nchama, presidente de ASAFED, en el marco de un proceso que se parece más a un secuestro extorsivo que a una causa judicial legalmente fundada.
Las organizaciones advirtieron que los acusados permanecen recluidos desde hace más de diez meses en la prisión de máxima seguridad de Oveng Azem, la mayoría nunca ha podido hablar con un abogado y sus familias han sido hostigadas o directamente encarceladas al intentar averiguar su paradero.
La causa contra los annoboneses surge tras una protesta pacífica realizada en julio de 2024, cuando los vecinos de la isla elevaron una carta al dictador Obiang exigiendo el cese de las explosiones de dinamita realizadas por la empresa marroquí SOMAGEC. Las detonaciones promovidas por la fuerza de ocupación colonial extranjera, han destruido viviendas, dañado gravemente el ecosistema de la isla -declarada Reserva Natural– y generado un profundo malestar entre la población.
Lejos de dar una respuesta institucional, el régimen respondió con una ola de secuestros, traslados forzosos a Malabo, incomunicación, censura en redes sociales, acusaciones desproporcionadas y persecución tanto en la isla como en Guinea Ecuatorial. Según el escrito de acusación del 10 de mayo, los annoboneses enfrentan cargos por rebelión, desorden público, alteración del orden constitucional y difamación, entre otros.
“El juicio a puerta cerrada contradice directamente los compromisos asumidos por Guinea Ecuatorial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo pasado”, afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice. “El régimen aceptó recomendaciones que exigían la liberación de detenidos arbitrarios y la ratificación del Protocolo contra la Tortura, pero ha hecho exactamente lo contrario”.
El pueblo annobonés, actualmente perseguido, aislado, incomunicado y sin garantías jurídicas, sigue resistiendo en silencio. Desde el extranjero, la diáspora y los organismos internacionales intentan romper el cerco del régimen, exigiendo al gobierno de Obiang el respeto de los derechos humanos básicos y la liberación inmediata de los detenidos por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente.
