Este miércoles 18 de febrero se celebrará en el Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia) el acto de conciliación promovido por el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo contra Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón.
El dictador ecuatoguineano —que no comparecerá personalmente— estará representado por su procuradora, Laura Argentina Gómez Molina, bajo el patrocinio del exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. La acción fue presentada el 6 de octubre de 2025 y constituye el paso previo obligatorio antes de una eventual querella criminal por calumnias e injurias.
Inicialmente fijada para enero, la audiencia fue reprogramada para esta semana por cuestiones formales de notificación, según consta en la documentación judicial que se adjunta al presente artículo.
Un intento de silenciamiento
En su solicitud, Obiang exige que Cartagena:
- Se retracte públicamente de sus declaraciones.
- Reconozca como falsas las acusaciones vertidas.
- Difunda la rectificación en los mismos canales donde realizó las manifestaciones.
- Abone una indemnización de 1.000.000 de euros por presunto daño reputacional.
- Asuma las costas del procedimiento, estimadas en 5.000 euros.
El representante del pueblo annobonés adelanto que todos las exigencias serán negadas de plano, por lo que la defensa del dictador avanzará con una querella penal en España.
Desde la perspectiva annobonesa, la mediación propiciada por el régimen de Guinea Ecuatorial no es un simple trámite jurídico, sino una estrategia de presión destinada a trasladar el eje del debate: de las denuncias por violaciones sistemáticas de derechos humanos hacia una discusión penal sobre el presunto honor del dictador más longevo del mundo.
Cartagena, exiliado en España desde los años noventa y trabajador de oficio carpintero, no percibe salario por su rol político. El contraste entre la estructura estatal que respalda al mandatario africano y la situación personal del dirigente annobonés refuerza la dimensión política del conflicto.
El trasfondo internacional
La audiencia se produce en paralelo a una ofensiva judicial impulsada por la República de Annobón en el plano internacional. Vale recordar que, en agosto de 2025, durante una gira en Argentina, Cartagena presentó ante la Justicia Federal una denuncia por crímenes de lesa humanidad invocando el principio de jurisdicción universal. La presentación sostiene la existencia de un patrón sistemático de persecución contra el pueblo annobonés desde 1968.
Diversos informes internacionales, incluidos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, Amnistia Internacional y Access Now, han documentado vulneraciones de derechos en el país africano, contexto que da marco a la disputa.
David contra Goliat, en sede judicial
La escena vuelve a remitir a la metáfora clásica: de un lado, un jefe de Estado que gobierna desde hace más de cuatro décadas y activa una ofensiva judicial en Europa atrincherado en su sillón ubicado en la nueva capital; del otro, un carpintero que se convirtió en el representante de un pueblo maltratado durante siglos.
Lo que se dirime este miércoles no es únicamente una conciliación civil previa a una querella. En juego está también la credibilidad institucional del sistema judicial español frente a un planteo que trasciende el ámbito estrictamente personal del honor. La audiencia pondrá a prueba cómo se posiciona la Justicia ante una acción impulsada por un dictador que invoca la defensa de su reputación mientras enfrenta denuncias internacionales por violaciones graves a los derechos humanos.
El alcance simbólico del acto excede a las partes: interpela el delicado equilibrio entre la tutela del honor y la protección de la libertad de expresión cuando se trata de acusaciones vinculadas a hechos de relevancia pública y política internacional. La audiencia será, en definitiva, un punto de inflexión en una disputa que ya trascendió fronteras y que difícilmente se agote en una sala judicial de Valencia.
