La ofensiva judicial impulsada por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo contra el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, generó una ola de respaldos políticos, institucionales y militantes que denunciaron un intento de intimidación contra el líder annobonés y, por extensión, contra el pueblo de Annobón y su gobierno en el exilio.
Desde el exilio, el dirigente opositor Carlos Abaga Ayingono, referente de la Alianza Nacional de Restauración Democrática (ANRD), sostuvo que la querella constituye un mecanismo de presión destinado a frenar las denuncias contra el régimen. “El chantaje que intentan hacer con Orlando Cartagena no va a tener el fruto que ellos necesitan”, afirmó, al tiempo que llamó a la unidad del pueblo guineoecuatoriano y remarcó el carácter político de la causa que encabeza el Primer Ministro annobonés.
A este pronunciamiento se sumó la activista e influencer Luzmila Ondo Bise, quien cuestionó la selectividad de la acción judicial y denunció un intento deliberado de silenciar a una de las voces más visibles de la oposición. “¿Qué pasa? ¿Te duele que lo diga Orlando Cartagena? Cuando lo dice todo el mundo, ¿por qué solo contra él?”, planteó, al expresar además su apoyo personal y advertir que la ofensiva judicial no logrará frenar a la disidencia.
La activista annobonesa Tabu Kitxi, del colectivo Grupo GE, también se manifestó en defensa del pueblo de Annobón. En un video difundido en redes sociales, cuestionó el reclamo económico de un millón de euros planteado en la demanda y consideró que la medida busca amedrentar políticamente. Kitxi sostuvo que Cartagena Lagar “no se ha inventado nada”, sino que retomó denuncias que circulan desde hace décadas en el debate público, y preguntó por qué otras figuras que realizaron afirmaciones similares no fueron objeto de acciones judiciales.
El respaldo institucional llegó también desde el Gobierno de Fernando Poo, que emitió un pronunciamiento oficial expresando su “absoluto e incondicional apoyo y solidaridad con el pueblo de Annobón en general y con su gobierno y su Primer Ministro en particular”. En el documento rechazaron la demanda impulsada contra Cartagena Lagar, defendieron su legitimidad política y denunciaron lo que calificaron como una “guerra sucia” contra el liderazgo annobonés.
En la misma línea se pronunció el Movimiento Radical para la Liberación de Guinea Ecuatorial, cuyo activista Ismael Ekomo reivindicó la resistencia política del pueblo annobonés frente a las presiones del régimen. “Annobón no se calla. Annobón no se rinde ante las amenazas”, afirmó, y vinculó el respaldo a Cartagena Lagar con una demanda más amplia de transformación política.
Desde el espacio ACDC Nacionalista señalaron que la demanda constituye una maniobra para intimidar a la disidencia y frenar las denuncias internacionales impulsadas por el dirigente annobonés. A su entender, el objetivo no es buscar justicia sino “mantener a la disidencia amedrentada”, aunque remarcaron que continuarán expresando sus posiciones públicas frente a lo que consideran un intento de silenciamiento.
El Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), por su parte, difundió un comunicado –publicado íntegramente por este medio días atrás– en el que expresó su solidaridad con Annobón y su gobierno en el exilio. Desde esa organización interpretaron la ofensiva judicial como parte de un patrón de criminalización contra los movimientos que reivindican el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Como colofón de este amplio arco de respaldos, se suma el apoyo de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), que otorga mayor visibilidad internacional a la denuncia y refuerza la dimensión política del conflicto. Desde ese ámbito se subraya la gravedad que implica el uso de las instituciones judiciales españolas por parte del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo —considerado el dictador más longevo del continente africano— para intentar silenciar a un pueblo que continúa padeciendo aislamiento, carencia de infraestructuras básicas, persecución política y social, y una creciente militarización en su propio territorio. El respaldo de UNPO no solo amplifica la causa annobonesa en foros internacionales, sino que expone la injusticia estructural que atraviesa el pueblo de Annobón en su reclamo por dignidad, derechos y autodeterminación.
Las expresiones de apoyo también incluyeron voces individuales. Los ciudadanos Sonia Leparraz Abusa (“Ciudadana de a Pie”) y Carlos Biribe Salomón (“Bochoweria”) manifestaron públicamente su respaldo “sin tapujos” al pueblo annobonés y a su derecho a existir como sujeto político, en un mensaje que se sumó a otros apoyos directos e indirectos, algunos de ellos expresados en redes sociales y otros en ámbitos más reservados.
Asimismo, Organizaciones Mundo Afro desde distintos rincones de Sudamérica hizo llegar su solidaridad con la República de Annobón, rechanzando cualquier intento de disciplinamiento político a través de mecanismos judiciales. Desde esos espacios destacaron la importancia de defender la libertad de expresión y los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes.
En conjunto, los pronunciamientos reflejan un respaldo plural y transversal hacia Annobón y su liderazgo político en un contexto marcado por la escalada judicial impulsada desde el régimen de Obiang. Lejos de aislarlo, el proceso parece haber articulado una red diversa de apoyos que trasciende a una persona y se inscribe en la defensa de la dignidad del pueblo annobonés.
