}La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó en el Congreso de la Nación Argentina el proyecto de declaración 5781-D-2025, por el cual la Cámara de Diputados expresa su “más enérgico repudio a la militarización de la isla de Annobón por parte del régimen de Guinea Ecuatorial” y manifiesta su “profunda preocupación por las denuncias públicas provenientes de la prensa internacional, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos annoboneses en el exilio”.
El texto busca que la Argentina, en su rol histórico como defensora de los derechos humanos, tome posición frente a lo que describe como “violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población civil, incluyendo el bloqueo informativo, el uso indiscriminado de la fuerza, la supresión de garantías procesales y la represión de las legítimas aspiraciones de autodeterminación del pueblo de Annobón”.
En los fundamentos, Arrieta señala que la isla —anexionada al destino de Guinea Ecuatorial por designio de la dictadura de Francisco Franco— vive desde 2022 “una escalada militar sin precedentes”, con “tropas fuertemente armadas, bases permanentes y patrullajes constantes que han generado un clima de ocupación, hostigamiento y terror cotidiano”.
El proyecto subraya además el deterioro de la situación humanitaria: “Escasez de alimentos, falta de agua potable, atención médica precaria, enfermedades generalizadas en niños y un éxodo forzado que redujo a la mitad la población en apenas tres años”. También advierte sobre la contaminación ambiental y el uso de la isla “como vertedero de desechos tóxicos y escenario de explotaciones mineras con explosivos que ponen en riesgo la vida de la población”.
Arrieta calificó estas prácticas como compatibles con “la noción de genocidio estructural o apartheid administrativo”, denunciando una “política sistemática de exclusión, violencia y destrucción física o cultural del pueblo annobonés”.
El texto cita informes de Amnistía Internacional, Freedom House, Access Now y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en abril de 2025 concluyó que la detención de 37 annoboneses fue ilegal en múltiples categorías del derecho internacional, incluyendo la segregacionismos étnica, y exigió su liberación y reparación.
Finalmente, el proyecto insta al Congreso argentino a “contribuir a visibilizar el drama de Annobón ante los foros multilaterales y fortalecer el compromiso nacional con la protección de los pueblos oprimidos, su dignidad y su derecho a elegir libremente su destino”.
