El Observatorio Pulse mantiene vigente el registro del corte iniciado en julio de 2024, tras las protestas contra la explotación ambiental.
El aislamiento de Annobón sigue acumulando días en un registro internacional. El observatorio Pulse, de Internet Society, mantiene abierto el episodio de suspensión de internet fijo y móvil iniciado el 20 de julio de 2024. En la consulta realizada para esta publicación, el contador alcanzaba los 838 días y una hora, sin una fecha de finalización.
La ficha atribuye la suspensión a una orden del régimen de Guinea Ecuatorial, que conduce Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, posterior a las manifestaciones contra la explotación ambiental. También recoge reportes sobre una instrucción del Ministerio de Transporte, Correos y Telecomunicaciones para suspender el acceso satelital de Starlink desde el 7 de agosto de aquel año, la señal de Internet del empresario Elon Musk.
La secuencia expone la dimensión política del bloqueo: después de las protestas, la población perdió canales para comunicarse y difundir lo que ocurría en la isla. El control de las comunicaciones se convirtió así en un componente central de las denuncias internacionales sobre la represión en Annobón.
El registro de Pulse señala, además, que las autoridades no publicaron documentación que explicara la causa del corte. La ausencia de esa información impide examinar públicamente los fundamentos oficiales de una medida que afecta derechos básicos de la población.
Un caso documentado
Las denuncias sobre el bloqueo tienen antecedentes concretos. En agosto de 2024, Access Now y la coalición internacional #KeepItOn exigieron el restablecimiento inmediato de las telecomunicaciones. Su pronunciamiento vinculó el apagón con las protestas de vecinos de San Antonio de Palé contra los daños provocados por explosiones de dinamita relacionadas con actividades extractivas. También recogió denuncias de detenciones y confiscación de teléfonos.
Access Now advirtió entonces que interrumpir las comunicaciones facilita el encubrimiento de violaciones de derechos humanos y dificulta exigir responsabilidades. La organización destacó que el acceso resulta esencial para recibir información, expresarse, buscar protección y mantener el contacto con familiares.
Para Annobón, esas restricciones tienen una consecuencia política directa: reducen la capacidad de sus habitantes para hacer llegar sus reclamos al exterior y dificultan el escrutinio sobre la actuación de las autoridades.
Más de dos años después del inicio registrado, la exigencia de restablecer las comunicaciones conserva plena vigencia. La permanencia del caso en Pulse mantiene visible una denuncia que el aislamiento amenaza con borrar de la agenda: la de una población cuyo vínculo con el mundo quedó sometido a decisiones del poder.
