La Asociación Africana para la Educación y el Desarrollo (ASAFED), la Comisión de Juristas de Guinea Ecuatorial (CEJ) y EG Justice difundieron una declaración conjunta en la que expresaron su “profunda preocupación” por las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante los primeros días de junio en la isla de Annobón.
En sintonía con las denuncias de este medio, las organizaciones denunciaron que las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial utilizaron violencia física contra residentes, incluidos menores de edad, y denunciaron la posible detención de decenas de adultos y niños. Según el comunicado, los hechos podrían constituir casos de “detención arbitraria, detención incomunicada, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“La gravedad de las acusaciones conocidas hasta la fecha, en particular las que involucran a menores, exige una respuesta urgente y transparente”, sostuvieron las entidades.
Las voces intervinientes
Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, calificó como “profundamente preocupantes” las imágenes y testimonios recibidos desde la isla y afirmó que “ningún Estado puede justificar la violencia contra menores, la detención incomunicada de personas detenidas ni la represión de expresiones culturales pacíficas”.
“Lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la rendición de cuentas de todos los responsables”, reclamó.
El documento también puso el foco en las denuncias sobre restricciones a las prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa, entre ellas las limitaciones al uso de vestimenta tradicional y a la realización de actividades comunitarias.
El presidente de ASAFED, Cruz Melchor Eya Nchama, advirtió que Annobón enfrenta “un riesgo creciente de aislamiento político y cultural” y aseguró que las denuncias afectan “al ejercicio colectivo de la identidad cultural, religiosa y comunitaria del pueblo annobonés”.
“La protección de la diversidad cultural no es una concesión del Estado; es una obligación reconocida por el derecho africano e internacional”, remarcó.
Las organizaciones exigieron al gobierno de Guinea Ecuatorial que informe públicamente la identidad y situación jurídica de todas las personas detenidas, garantice el contacto con sus familiares y abogados, investigue las denuncias de violencia y permita el ingreso a Annobón de observadores independientes y organismos humanitarios.
En ese marco, pidieron la intervención de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), cuya secretaria ejecutiva actualmente se encuentra en manos de María de Fátima Monteiro Jardim. Además, solicitaron la intermediación de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
“La protección de la dignidad humana, las garantías procesales y los derechos fundamentales no admiten excepciones”, concluyeron.
