La Fiscalía ofreció recompensas millonarias por dirigentes opositores exiliados. En España, tres altos cargos del régimen están procesados por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas. Para el pueblo annobonés, la disputa va más allá de quién gobierna en Malabo: reclama decidir su futuro y vivir sin represión.
La Fiscalía de Guinea Ecuatorial declaró a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED) «grupo terrorista y organización criminal». La Resolución 08/2026, fechada el 14 de septiembre y difundida el 21, ofrece recompensas por la repatriación de doce dirigentes de la coalición que viven en el exterior. La mayor, de 1,5 millones de euros, corresponde a su presidente, Salomón Abeso Ndong. CORED, por su parte, rechaza las acusaciones.
La decisión expone una contradicción política y judicial. Mientras la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo señala como terroristas a sus adversarios, tres integrantes de su propia estructura de seguridad —Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo— están procesados en España por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas contra opositores. Los tres afrontan órdenes de detención; el proceso no equivale a una condena.
La Fiscalía ecuatoguineana atribuye a CORED planes violentos y contactos con organizaciones armadas. La coalición niega esos vínculos y sostiene que busca una transición mediante elecciones libres. Las acusaciones formuladas en Malabo no pueden presentarse como hechos probados por la sola publicación de la resolución. Tampoco deberían servir para silenciar el examen internacional de las denuncias contra funcionarios del régimen.
El pueblo de Annobón reclama algo más que un cambio de gobierno
El pueblo annobonés tiene una reivindicación propia dentro de este escenario. Su demanda no consiste simplemente en sustituir a Obiang por otro dirigente en Malabo. Reclama autodeterminación, protección frente a la represión y capacidad para decidir sobre las condiciones de vida en la isla.
Esa posición fue expuesta por Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón, ante la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada a fines de agosto. Allí denunció la falta de servicios esenciales y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a decidir su futuro. La UNPO también reafirmó en esa asamblea la necesidad de que los pueblos no representados puedan expresar pacíficamente sus demandas y participar en las decisiones que los afectan. ambolegadu.com
Las denuncias sobre Annobón trascienden la declaración de sus representantes. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación a Guinea Ecuatorial por la crisis ambiental y las violaciones de derechos humanos, recientemente vinculadas a actividades extractivas en la isla. A dichas advertencias se sumaron denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Access Now, que reclamó el fin del apagón total de internet y de telefonía impuesto por el régimen de Guinea Ecuatorial desde el 20 de julio de 2024 .
Incluso antes de la ofensiva contra la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático, Cartagena comenzó a ser perseguido políticamente a través de una acción judicial impulsada por Obiang en España, a raíz de declaraciones públicas sobre la preocupante realidad de la isla de Annobón. Es un procedimiento distinto del caso CORED y de la investigación española sobre los tres altos cargos. Su existencia, sin embargo, añade otra dimensión al conflicto entre el poder de las fuerzas de ocupación colonial y las voces que denuncian sus actuaciones desde el exilio.
La ofensiva contra CORED vuelve a poner en primer plano una cuestión que Annobón conoce de cerca: qué ocurre cuando una denuncia política recibe como respuesta una acusación penal, una detención o una amenaza.
Para Annobón, esta persecución busca tapar el verdadero eje de la discusión: los derechos de un pueblo que reclama agua, servicios básicos, libertad para expresarse y participación efectiva en las decisiones sobre su territorio. Y, sobre todo, su derecho a plantear pacíficamente la autodeterminación sin que esa reivindicación quede reducida a las amenazas del clan Obiang.
