La declaración de La Haya fortalece el marco político del reclamo annobonés y pide espacios permanentes para los pueblos sin representación.
El proceso de autodeterminación de la República de Annobón encontró un marco político renovado en la declaración de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO). Reunidos en La Haya los días 29 y 30 de agosto, sus miembros reafirmaron que todos los pueblos tienen derecho a decidir su futuro político, económico, social y cultural, y reclamaron mecanismos para que puedan intervenir en las decisiones que afectan a sus comunidades.
Para Annobón, integrante de la organización desde 2024, ese principio tiene una dimensión concreta: la posibilidad de decidir sobre su territorio, proteger su identidad y hacer escuchar sus demandas fuera de las estructuras de poder que controlan Guinea Ecuatorial. La pertenencia a esta red permite situar la causa annobonesa junto a las de otros pueblos que buscan representación y capacidad de decisión sobre su destino.
El vínculo con la UNPO tiene antecedentes que van más allá de las declaraciones generales. En su informe sobre Annobón publicado en 2024, la organización denunció detenciones arbitrarias, el corte de las comunicaciones y la exclusión política de la población. También señaló que las decisiones sobre proyectos de construcción y explotación de recursos se adoptaban sin consultar a los habitantes, con consecuencias para sus viviendas, cultivos y fuentes de agua.
Autodeterminación y participación para Annobón
Leída desde esa realidad, la declaración de La Haya aporta un criterio para evaluar la actuación del poder en la isla: el futuro de un pueblo requiere la participación de quienes lo habitan. La defensa de los derechos humanos y el reclamo de autodeterminación se encuentran precisamente allí, en la capacidad de una comunidad para intervenir en las decisiones sobre su vida y su territorio.
La asamblea estuvo precedida por la segunda conferencia Reimaginar la autodeterminación, celebrada el 27 y 28 de agosto, en el año del 35.º aniversario de la UNPO. Su declaración defendió la participación política efectiva, la representación y la protección de las historias, identidades y culturas de los pueblos. También advirtió sobre los riesgos de vigilancia, intimidación y desinformación asociados a las tecnologías digitales.
Ese planteo resulta especialmente relevante para la causa annobonesa. La denuncia del bloqueo de las comunicaciones recogida por la propia UNPO muestra hasta qué punto el acceso a la información está vinculado con la posibilidad de denunciar abusos, sostener vínculos con el exterior y organizar una voz colectiva. El aislamiento también reduce las posibilidades de que lo que ocurre en la isla sea conocido y sometido a escrutinio internacional.
En ese marco, la organización eligió además a Rubina Greenwood, de Sindh, como presidenta para el período 2026–2028. La acompañarán en las vicepresidencias Abdirahman Mahdi, de Ogaden, y Sofia Amini, del Kurdistán iraní. La nueva conducción asumió el compromiso de impulsar acciones coordinadas para llevar las demandas de los pueblos no representados ante responsables políticos e instituciones internacionales.
El pronunciamiento final incorpora una exigencia que merece atención desde Annobón: que las organizaciones regionales, incluidas las africanas, establezcan espacios permanentes donde los pueblos sin representación puedan expresar pacíficamente sus reclamos, defender sus derechos y participar en las decisiones sobre su futuro.
