La Cámara de Senadores reclamó una intervención internacional urgente. El pronunciamiento cobra relevancia ante el nuevo despliegue militar de Obiang.
El Senado de la provincia de Buenos Aires expresó su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Annobón y pidió a los organismos internacionales intervenir de manera urgente para proteger a su población. La declaración constituye un respaldo institucional al reclamo annobonés frente a la represión, el aislamiento y la discriminación bajo el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
La decisión quedó registrada en el expediente F-511/25-26 y fue comunicada al gobernador Axel Kicillof mediante una nota firmada por la presidenta del Senado, Verónica Magario, y el secretario legislativo Mariano Ríos Ordóñez.
El texto aprobado por unanimidad, presentado por el senador Marcelo Leguizamón, manifiesta preocupación por la “persistente y sistemática violación de los derechos humanos” en la isla e insta a garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Los fundamentos del proyecto describen una historia de marginación y represión, señalan a los regímenes de Francisco Macías Nguema y de su sucesor, Obiang, y advierten sobre la militarización, la falta de servicios básicos y el uso del miedo como instrumento de control.
El pronunciamiento antecede al último refuerzo militar denunciado por Ambô Legadu. Según las informaciones recibidas por este medio, el 28 de octubre llegó un buque con más de 400 soldados, en vísperas de las puestas en escena promovidas por el régimen. El despliegue profundiza las denuncias de intimidación sobre una población que continúa reclamando alimentos, electricidad, agua potable y atención sanitaria.
Detenciones, torturas denunciadas y aislamiento
Entre los antecedentes más graves identificados por el cuerpo legislativo se destaca el ocurrido en julio de 2024, cuando habitantes de Annobón protestaron contra las explosiones con dinamita que dañaban viviendas, cultivos y el ecosistema. La respuesta incluyó secuestros, torturas, incautación de teléfonos y el corte de las comunicaciones. Access Now y las organizaciones firmantes de un llamamiento internacional recogieron denuncias de golpes y disparos contra manifestantes.
El caso de 37 annoboneses detenidos llegó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. En su Opinión 13/2025, el mecanismo concluyó que sus privaciones de libertad eran arbitrarias por falta de fundamento jurídico, criminalización del ejercicio de derechos, vulneración de las garantías judiciales y discriminación. También examinó graves denuncias de tortura y cuestionó la ausencia de información estatal sobre medidas para investigarlas.
La opinión identificó el corte de internet y de otras comunicaciones como una forma de castigo colectivo que respaldaba su constatación de discriminación. Solicitó la liberación de los detenidos, reparaciones y una investigación independiente.
Amnistía Internacional incorporó el caso a su informe publicado en abril de 2026 y registró que los 37 manifestantes fueron incluidos en el indulto presidencial del 4 de junio de 2025. La organización recordó que Naciones Unidas ya había determinado el carácter arbitrario de sus detenciones y vinculó las protestas con los daños ambientales denunciados por los residentes.
El aislamiento continúa siendo otro eje del reclamo. Access Now sitúa el inicio del bloqueo de telefonía móvil e internet el 20 de julio de 2024, mientras que el observatorio Pulse de Internet Society mantiene el corte registrado como vigente. La incomunicación dificulta los vínculos familiares, el acceso a información y la documentación de nuevos abusos.
Los respaldos internacionales
La Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) acompañó la denuncia annobonesa mediante la presentación de información ante los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Tras la liberación de los 37 detenidos, reclamó el cumplimiento integral de las recomendaciones del Grupo de Trabajo y un diálogo que respete los derechos fundamentales, la autodeterminación y la participación del pueblo annobonés en las decisiones que lo afectan.
En defensa de las comunicaciones, más de cuarenta organizaciones suscribieron un llamamiento para terminar con el bloqueo y esclarecer los abusos. Entre ellas figuran Access Now, EG Justice, Human Rights Foundation, AfricTivistes, International Press Institute, Internet Sans Frontières, Paradigm Initiative y Media Foundation for West Africa. El documento exigió restituir los servicios e investigar las detenciones y confiscaciones de teléfonos.
Access Now y la coalición #KeepItOn sostuvieron la campaña en 2025 y solicitaron la intervención de la relatoría sobre libertad de expresión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El 20 de octubre de 2026, Access Now volvió a incluir testimonios de Annobón en una publicación sobre apagones prolongados y reclamó mayor presión internacional para ponerles fin.
La declaración de Buenos Aires incorpora a ese reclamo una voz legislativa argentina. Su exigencia de intervención urgente conserva plena actualidad frente al refuerzo militar: la protección de la población annobonesa, sus libertades, su identidad y su derecho a la autodeterminación sigue pendiente mientras el régimen avanza con el envío masivo de tropas.
