La delegación de la República de Annobón llevó a Países Bajos una declaración contundente contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, al que acusó de represión, militarización, colonización interna, destrucción ambiental y violencia contra la identidad del pueblo annobonés.
La delegación de la República de Annobón participó de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada del 27 al 30 de agosto de 2026, donde presentó una declaración política y jurídica de alto impacto contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a la libre autodeterminación.
La comitiva annobonesa estuvo integrada por el Presidente Nando Baê y por el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, quien fue el encargado de pronunciar el discurso ante los pueblos no representados reunidos en la asamblea que presidió Rubina Greenwood.
En el marco de esa agenda internacional, la representación annobonesa también realizó visitas al Rijksmuseum de Ámsterdam, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y al Archivo Nacional de los Países Bajos, instancias que permitieron enmarcar el reclamo desde una dimensión histórica, jurídica y documental. Las imágenes y videos de la delegación muestran una presencia activa de Annobón en espacios clave de memoria, derecho internacional y patrimonio europeo.
Ante la UNPO, Cartagena Lagar abrió su intervención con una definición política clara: “Annobón, miembro de la UNPO, alza su voz desde el exilio, la resistencia y el territorio ocupado”. Luego agregó: “Somos miembro de esta gran familia de las Naciones y Pueblos no Representados”.
La declaración denunció formalmente “las constantes y masivas violaciones de los derechos humanos contra el pueblo annobonés”, incluyendo “detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, desapariciones, juicios sin garantías y persecución política contra cualquier voz disidente”.
En su alocución, el Primer Ministro también describió una situación humanitaria extrema en la isla: “El abuso infantil, falta de infraestructuras de agua potable, electricidad, alimentos, ausencia de sanidad y medicamentos, falta de escuelas”. Para la delegación, no se trata de hechos aislados ni de simples carencias administrativas, sino de una política sostenida de abandono, control y sometimiento.
“Una prisión a cielo abierto”
Uno de los puntos más duros del discurso fue la denuncia sobre la militarización de la isla. Annobón acusó al régimen de imponer “la militarización total de nuestra isla, convertida en una prisión a cielo abierto”, con presencia permanente del ejército ecuatoguineano.
Según el texto leído ante la asamblea, esa presencia militar “intimida, controla y humilla a nuestra población civil”. Cartagena Lagar fue todavía más explícito: “La población vive con miedo y secuestrada en su propio territorio”.
La acusación se inscribe en una lectura más amplia del conflicto: para Annobón, el problema no es únicamente la falta de derechos civiles o políticos, sino la existencia de una dominación estructural sobre un pueblo con identidad propia. Por eso, el documento denunció “la invasión, ocupación y dominación colonial interna de nuestro territorio ancestral”, además de “la explotación de nuestros recursos sin beneficio para nuestro pueblo”.
La delegación también volvió a poner sobre la mesa la cuestión ambiental: Cartagena Lagar denunció “el desastre ecológico impuesto por las detonaciones y actividades militares y mineras no consentidas” y la “conversión de la isla en vertedero de residuos tóxicos internacionales”.
“No es mala gestión: es genocidio estructural sin sangre”
El eje conceptual más fuerte de la intervención fue la caracterización de lo que la delegación definió como “genocidio estructural sin sangre”.
Annobón sostuvo que su pueblo sufre desde hace 58 años una forma contemporánea de colonización interna: “una colonización interna lenta, un odio institucional y un exterminio de africanos contra africanos, de negros contra negros”.
La frase marca un giro político central. La delegación no ubicó la opresión annobonesa dentro de una ocupación extranjera clásica, sino dentro de una estructura estatal africana que oprime a otro pueblo africano. “No es una ocupación extranjera clásica. Es peor. Es un régimen africano que utiliza el aparato del Estado para oprimir a otro pueblo africano, negándole su condición de pueblo y tratándolo como territorio a vaciar y dominar”, señala el documento.
En esa línea, Cartagena Lagar sostuvo que la política de Guinea Ecuatorial durante casi seis décadas no puede ser leída como abandono casual. “Esta política de 58 años de abandono deliberado, militarización, empobrecimiento forzado, destrucción ambiental y represión cultural, condiciona radicalmente la propia existencia del pueblo annobonés y provoca la pérdida progresiva e irreversible de su identidad colectiva”, afirmó.
La síntesis fue contundente: “No hay fosas comunes masivas, pero hay un vaciamiento. No hay una guerra abierta, pero hay una asfixia permanente”.
Y luego llegó una de las frases centrales de toda la intervención: “No podemos esperar más. Lo que sufre Annobón no es mala gestión. Es un genocidio estructural sin sangre: una estrategia planificada para que el pueblo annobonés, como tal, deje de existir”.
Para la delegación, el régimen de Obiang busca borrar a Annobón sin necesidad de una masacre abierta. “58 años de colonización interna y odio institucional: africanos contra africanos, negros contra negros. No es abandono, es genocidio estructural sin sangre para borrar a Annobón del mapa”, remarcó el documento presentado ante la UNPO.
La denuncia político-jurídica sobre la violencia sexual
La presentación incluyó además una nota político-jurídica especialmente sensible sobre lo que la delegación definió como “el mestizaje impuesto como arma de guerra contra el pueblo de Annobón”.
Allí sostuvo que el régimen de Guinea Ecuatorial estaría ejecutando “una política deliberada de mestizaje político impuesto como arma de guerra y de odio”. La declaración aclaró que no se refiere a relaciones interétnicas libres, sino a un supuesto patrón de violencia dirigido contra el pueblo annobonés.
“No se trata de relaciones interétnicas libres. Se trata de un patrón sistemático de violaciones sexuales, abusos sexuales a menores y embarazos forzados, perpetrados por personal militar y funcionarios enviados por Malabo a la isla”, señala el texto.
Según la delegación, el objetivo de esa práctica sería “diluir, quebrar y aniquilar la identidad biológica, cultural y política de un pueblo pequeño, aislado y vulnerable como el annobonés”.
La nota sostuvo que esta situación afectaría políticamente a Annobón porque constituiría “un intento de destrucción demográfica”. El documento recuerda que Annobón es un pueblo de menos de 6.000 habitantes en la isla y afirma que “cualquier imposición reproductiva forzada altera irreversiblemente su composición, rompe el linaje y la continuidad generacional”. Luego lo define como “ingeniería demográfica colonial”.
También lo presentó como “un arma para destruir la cohesión social”, al señalar que la violación como arma genera “trauma colectivo, estigma sobre las víctimas, ruptura familiar y éxodo forzado de mujeres annobonesas”.
La formulación más dura aparece en el tercer punto: “Es dominación política por el vientre”. Para la delegación, el régimen buscaría “crear una población ‘leal’ a Malabo, deslegitimar nuestra identidad ancestral Fa d’Ambô y justificar en el futuro que ‘ya no somos un pueblo distinto’”.
Crímenes de lesa humanidad y genocidio
La declaración político-jurídica elevó la acusación al plano del derecho internacional. Según la delegación, estos hechos, por su carácter sistemático, intencional y dirigido contra un grupo étnico específico, “pueden y deben ser calificados como crimen grave de lesa humanidad y acto constitutivo de genocidio”.
El documento citó el artículo 7 del Estatuto de Roma, referido a la violación sexual, embarazo forzado y violencia sexual grave como crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque sistemático contra población civil. También invocó el artículo 6 del Estatuto de Roma, vinculado al genocidio, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
La frase final de ese tramo resume la gravedad del planteo: “No es un exceso. Es una política de Estado para hacer desaparecer a Annobón sin necesidad de matarnos a todos”.
Por eso, la delegación reclamó que la UNPO reconozca esta práctica como crimen de lesa humanidad y solicite una investigación internacional independiente.
“No pedimos permiso para existir”
En su capítulo de exigencias, la delegación pidió al régimen de Teodoro Obiang Nguema que ponga fin inmediato a la represión, retire sus fuerzas de Annobón, libere a todos los presos políticos annoboneses y cese la persecución contra líderes, familias y voces disidentes.
A la comunidad internacional y a la UNPO, Annobón reclamó “el reconocimiento y respeto de nuestro legítimo e inalienable derecho como pueblo a la libre autodeterminación”, conforme a los pactos internacionales de derechos humanos.
La declaración subrayó una idea política central: “El pueblo de Annobón no es una provincia de Guinea Ecuatorial. Somos un pueblo distinto, con lengua, cultura, historia e identidad propias. No pedimos permiso para existir”.
Luego agregó: “No buscamos la confrontación, buscamos la libertad. No pedimos caridad, exigimos justicia. Queremos volver a nuestra tierra”.
El cierre de la intervención condensó la consigna política de la delegación: “Desde Annobón ocupado hasta esta Asamblea, decimos: remo en alto”.
Y finalmente, ante los pueblos reunidos en la UNPO, el mensaje fue directo: “¡Fuera de Annobón! ¡Annobón libre y soberana! Pueblos de la UNPO, no nos dejen solos”.
La presencia annobonesa en la XXI Asamblea General de la UNPO, con una delegación integrada por el Presidente Nando Baê y el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, dejó así una definición de fondo: Annobón no busca ser tratado como una periferia olvidada de Guinea Ecuatorial, sino como un pueblo con identidad propia, sometido a colonización interna, militarización y destrucción cultural, que reclama ante el mundo su derecho a existir, decidir y vivir libre en su territorio ancestral.
