Este patrón se repite en prácticamente todos los proyectos gubernamentales vinculados a Annobón. El supuesto “hotel” de la isla lleva años anunciado y jamás ha sido inaugurado. El “supermercado provincial”, presentado con pompa mediática, no es más que una casa vacía con góndolas sin productos, en una economía donde no circula dinero real. Todo forma parte de una estrategia de manipulación sistemática para hacer creer al país y a la comunidad internacional que el régimen se preocupa por Annobón, mientras en la práctica mantiene a la población en el abandono, el aislamiento y la miseria.

El caso de la fibra óptica es el ejemplo más evidente de esta política de engaño. En 2018, el gobierno anunció el inicio de los trabajos; en 2023 celebró la “inauguración” de una estación ultramarina de conexión; y en 2025 vuelve a hablar de nuevos “avances” en el proyecto. Pero en realidad, Annobón sigue completamente desconectada. A pesar de que dicho cable es parte del sistema de cable submarino ACE (Africa Coast to Europe), financiado por un consorcio de operadores de telecomunicaciones y países miembros, con el apoyo adicional de instituciones financieras de desarrollo y atraviesa las aguas annobonesas, el gobierno de Guinea Ecuatorial prohíbe su uso civil, manteniendo a los habitantes fuera de la red global.

En medio de una ola de represión condenada por la Organización de las Naciones Unidas, en julio 2024, el régimen cortó deliberadamente el acceso a internet y los datos móviles. Un mes después, en agosto, impuso nuevas y dástricas medidas de censura de telecomunicaciones y la telefonia movil dejando a toda la isla en un apagón informativo absoluto.

Incluso si el régimen de Guinea Ecuatorial reactivara el acceso, la población seguiría excluida. En una isla sin empleo formal, sin bancos, sin infraestructuras locales ni ingresos estables, nadie puede pagar un servicio de fibra óptica ni siquiera un plan básico de datos móviles. No existen redes comunitarias ni espacios públicos de conexión, y los servicios básicos —educación, salud, administración— no están digitalizados. Esta desconexión no es casualidad: es un mecanismo ilegal y deliberado para silenciar al pueblo annobonés, aislarlo de su diáspora y del movimiento Ambô Legadu, y así controlar la narrativa nacional e internacional, sumiendo a la población en la miseria, la desesperación y la dependencia del régimen.

Pero, además, lo que el gobierno de Obiang está haciendo en Annobón viola los derechos fundamentales del pueblo annobonés reconocidos por el derecho internacional: el derecho a la libre determinación, a la comunicación, a la participación política y al acceso a la información. En nombre de una falsa modernización, el régimen está ejecutando un proyecto de aniquilación identitaria, destruyendo el ecosistema local, el patrimonio cultural y las tradiciones ancestrales, con el objetivo de desarraigar a los annoboneses de su tierra y sustituir su población por colonos procedentes del continente (Río Muni). Es un proceso de limpieza demográfica disfrazado de desarrollo.

Organizaciones como Access Now, la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) y Human Rights Watch han denunciado que el uso de la desconexión digital como herramienta de control constituye una forma moderna de represión y censura. En Annobón, la desconexión no es un problema técnico: es una política de Estado que viola el derecho internacional. Frente a ello, el pueblo y el gobierno legítimo de la República de Annobón reclaman su derecho a tomar las riendas de su propio destino, a reconstruir su territorio, proteger su medio ambiente y recuperar su voz frente a más de cinco décadas de opresión y engaño.
Lo que no se hizo en 57 años de independencia no puede hacerse ahora con mentiras, sino con libertad y verdad.