El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

La acción tramita ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia). Según consta en la resolución judicial, la solicitud fue presentada el 6 de octubre de 2025 por la procuradora Laura Argentina Gómez Molina, en representación de Obiang. Inicialmente, el acto había sido fijado para el 26 de enero de 2026, pero fue pospuesto para el 18 de febrero.

La escena remite inevitablemente a la vieja metáfora de David contra Goliat. De un lado, Orlando, un simple carpintero que decidió alzar la voz por la causa de su pueblo sumido en siglos de autoritarismo, pobreza estructural y miedo institucionalizado, armado apenas con convicción y coraje. Del otro, Obiang, el dictador más longevo del mundo, sostenido por un aparato estatal que durante décadas ha concentrado poder y recursos en su entorno familiar.

Las múltiples investigaciones y causas por corrupción abiertas en distintos países no hacen más que reforzar esa imagen de desproporción. Justamente en España, donde tramita la querella, un informe de la Comisaría General de Información de la Policía señaló la existencia de un “fondo especial” destinado a secuestros y persecución de opositores en Europa, además de advertir sobre fuertes indicios de blanqueo y corrupción vinculados a movimientos de dinero del círculo íntimo del régimen. En ese escenario, la lucha deja de ser solo política y adquiere una dimensión casi épica: la de un ciudadano común enfrentado a una estructura de poder gigantesca que trasciende fronteras.

En su escrito, el dictador ecuatoguineano solicita que Cartagena Lagar:

– Se retracte públicamente de las declaraciones realizadas en entrevistas y redes sociales, donde denuncia violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

– Reconozca que son falsas las acusaciones vinculadas a prácticas criminales y hechos que -según la presentación- lesionan el honor y la reputación del jefe de Estado.

– Difunda la rectificación en los mismos medios en los que fueron emitidas las declaraciones cuestionadas.

– Abone una indemnización de 1.000.000 de euros por presunto daño reputacional.

– Pague las costas del procedimiento, estimadas en 5.000 euros.

El escrito sostiene que, de no alcanzarse acuerdo en el acto de conciliación, se avanzará con una querella criminal por delitos de calumnias e injurias con publicidad, previstos en los artículos 205 y siguientes del Código Penal español.

Una disputa que busca silenciar la causa annobonesa

La acción iniciada en España fue leída como un intento directo de silenciar la causa del pueblo annobonés, la crisis humanitaria en la isla y la lucha iniciada tras la proclamación de la independencia en 2022.

La iniciativa judicial promovida por Obiang no sería, de este modo, una simple controversia por el presunto honor personal, sino una estrategia para deslegitimar internacionalmente el reclamo de Ambô Legadu y desplazar el foco del debate: de las denuncias por violaciones sistemáticas de derechos humanos, confirmadas por la propia Organización de las Naciones Unidas, hacia una discusión penal sobre declaraciones públicas.

En este contexto, la conciliación en España aparece como una herramienta de presión frente a una ofensiva jurídica mucho más profunda impulsada por Annobón en el plano internacional.

El trasfondo, la denuncia por lesa humanidad en Argentina

En agosto de 2025, en el marco de su segunda gira internacional a la República Argentina, Orlando Cartagena Lagar presentó ante la Justicia Federal una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra la cúpula del régimen de Guinea Ecuatorial, invocando el principio de jurisdicción universal, en representación del pueblo de Annobón.

La presentación sostiene la existencia de un patrón sistemático de persecución contra el pueblo annobonés desde 1968, incluyendo discriminación étnica, militarización, detenciones arbitrarias y torturas. Entre los hechos denunciados figura la detención de 37 ciudadanos annoboneses en julio de 2024, tras una protesta pacífica contra actividades de la empresa SOMAGEC.

Desde la perspectiva annobonesa, mientras en Argentina se busca investigar graves violaciones a los derechos humanos, en España se intenta judicializar al portavoz de esas denuncias. No se trata de una coincidencia, sino de un intento de debilitar la causa de autodeterminación de Annobón y frenar su creciente visibilidad internacional.

La isla de Annobón es una pequeña provincia insular, anexada como parte de Guinea Ecuatorial, con una cultura criolla afroportuguesa distintiva, moldeada por siglos de aislamiento y la fusión de influencias africanas y portuguesas. Bajo el régimen autoritario de Guinea Ecuatorial, que conduce el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha sufrido décadas de penurias marcadas por la pobreza extrema, la alta militarización, la escasez de recursos esenciales y el abandono sistémico. Las comunidades annobonesas denuncian un trato injusto y persistente por parte del gobierno central y un deterioro constante de las condiciones de vida, desafíos que se han agudizado drásticamente en los últimos años.

La comunicación de la UNPO a los Procedimientos Especiales en 2024 destacó violaciones continuas, como la degradación ambiental y el vertido de residuos; deficiencias en la infraestructura; aislamiento y exclusión sistémicos; discriminación y violencia; y detenciones arbitrarias y represión política, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como la injerencia en la libertad de reunión y de circulación. Reveló cómo, en julio de 2024, ante la creciente destrucción ambiental y su impacto en la salud y los medios de subsistencia, los residentes annoboneses y los defensores de los derechos humanos publicaron un manifiesto exigiendo la intervención del gobierno. En lugar de responder a las preocupaciones de la comunidad, las autoridades cortaron los servicios de telefonía móvil e internet en la isla, aislando a la población del mundo exterior.

Poco después, las fuerzas de seguridad detuvieron a 42 miembros de la comunidad, entre ellos líderes que apoyaban el manifiesto y participaban en manifestaciones pacíficas. Tres meses más tarde, solo cinco de las detenidas, todas mujeres mayores, fueron liberadas, acusadas de rebelión y violación de derechos fundamentales. En junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una declaración formal condenando las detenciones y clasificándolas como arbitrarias según las categorías I, II, III y V de su sistema de clasificación. La opinión del grupo de trabajo propició la liberación de los 37 miembros restantes de la comunidad, lo cual fue celebrado por la UNPO. Sin embargo, un año después de las detenciones arbitrarias, testigos siguen denunciando una mayor militarización, intimidación y abusos por parte de las unidades militares desplegadas.

En respuesta a las cuestiones planteadas por la UNPO, nueve titulares de mandatos de la ONU —entre ellos los Relatores Especiales sobre el medio ambiente, la reunión pacífica y la asociación, la vivienda, las cuestiones de las minorías, los defensores de los derechos humanos, los desechos peligrosos y el agua y el saneamiento—, junto con dos Grupos de Trabajo, emitieron Cartas de Asesoramiento Conjunto (JAL, por sus siglas en inglés) al gobierno de Guinea Ecuatorial y a SOMAGEC en agosto de 2025. Ambas cartas plantearon las mismas preocupaciones: la degradación ambiental, la extracción irregular de minerales, las detenciones arbitrarias y el impacto negativo en la salud, los medios de subsistencia y los derechos fundamentales de la comunidad annobonesa. Los titulares de mandatos subrayaron la urgente necesidad de rendición de cuentas, consulta con las comunidades afectadas y la implementación de medidas regulatorias y de protección adecuadas.

Los JAL destacaron que la situación alcanzó un punto crítico debido a las actividades de la constructora SOMAGEC, dirigida por el multimillonario Roger Sahyoun, que opera en la isla desde 2007. Si bien SOMAGEC presenta infraestructura militar -puesta al servicio de la elite gobernante- como contribuciones positivas, los expertos de la ONU advirtieron que el uso de explosivos, la extracción incontrolada de piedra y la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental por parte de la empresa han generado serias preocupaciones sobre la degradación ambiental en curso.

Estas actividades han destruido tierras agrícolas, provocando inundaciones repentinas, poniendo en peligro la supervivencia del lago Mazafín y contaminando fuentes de agua esenciales para la comunidad. Además, señalan que los proyectos de agua potable de SOMAGEC no cumplen con los estándares básicos de calidad, lo que obliga a los residentes a realizar largos recorridos hasta los ríos para obtener agua que, si bien sigue siendo insegura, se considera menos peligrosa que la que se les proporciona.

La UNPO acoge con beneplácito las JAL como un paso necesario hacia la rendición de cuentas y condena enérgicamente la negación de cualquier irregularidad por parte de SOMAGEC en su carta de respuesta, así como la falta de respuesta del Estado de Guinea Ecuatorial. Asimismo, celebra la creciente atención que la comunidad internacional presta a la degradación ambiental y las violaciones de derechos humanos en Annobón. Recientemente, la diputada argentina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de declaración que condena enérgicamente la escalada militar sin precedentes, las detenciones arbitrarias y la degradación ambiental en Annobón, convirtiéndose así en el primer Estado del mundo en hacerlo públicamente.

La UNPO persistirá en atraer la atención mundial sobre estas preocupaciones y abogar por soluciones reales a las dificultades que enfrenta la comunidad annobonesa.

Lejos de abrir un diálogo, el gobierno politizó la petición y respondió con redadas masivas contra sus firmantes. Al menos 42 personas fueron detenidas: 19 secuestradas en Annobón y el resto, ciudadanos annoboneses residentes en Malabo que habían intentado visitar a sus familiares y también fueron arrestados arbitrariamente. Entre los detenidos había cinco mujeres mayores, que fueron liberadas meses después, no sin antes ser obligadas a comparecer en la televisión estatal controlada por el régimen, donde, bajo coacción, se las forzó a contradecir públicamente la voluntad del pueblo y a elogiar al presidente Obiang como benefactor.

Durante casi un año, muchas de las personas detenidas permanecieron desaparecidas forzosamente, incomunicadas, sin acceso a abogados ni familiares. Algunas fueron encarceladas en Black Beach, otras en la cárcel de máxima seguridad ubicada en el interior de Río Muni, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.

La histórica resolución de la Organización de las Naciones Unidas: tortura, racismo y represión sistemática

El 13 de junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo pública la Resolución 13/2025, declarando que la detención de los 37 annoboneses fue arbitraria, ilegal y discriminatoria. La ONU exigió su liberación inmediata, reparaciones económicas, investigación penal contra los responsables y la difusión pública del fallo.

El documento jurídico califica las violaciones bajo cuatro categorías del derecho internacional (I, II, III y V):

• Detenciones sin base legal

• Criminalización del ejercicio de derechos civiles

• Violaciones del debido proceso

• Discriminación estructural por motivos étnicos, lingüísticos y culturales

La resolución recuerda que las víctimas no cometieron ningún delito: solo firmaron un manifiesto pacífico para exigir el fin de las detonaciones en su territorio. El régimen respondió militarizando la isla, cortando las comunicaciones (internet y teléfono) y secuestrando a los firmantes y sus familias.

Obiang fingió un indulto y trasladó a los liberados a una isla sin recursos

Aunque el dictamen fue adoptado en abril, el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo evitó su notificación oficial, lo que le permitió fingir de forma anticipada una liberación encubierta como un “indulto” presidencial. Pero como es lógico, no se puede indultar a quien no ha sido juzgado ni condenado.

Se trató de una maniobra propagandística que no cumplió los términos del fallo y sirvió para prolongar el castigo colectivo. Tras su forzada comparecencia en televisión, los liberados fueron deportados en condiciones inhumanas a la isla de Annobón, donde muchos ni siquiera residían antes de ser secuestrados.

Allí sobreviven sin alimentos, sin medicamentos, sin hospitales ni comunicación con el exterior. El aislamiento continúa. El único barco del Estado que conecta con la isla no volverá a operar hasta dentro de uno o dos meses, impidiendo cualquier reencuentro con sus familiares.

“Llegaron raquíticos, devastados física y emocionalmente. No tienen ni calzoncillo que ponerse”, denunciaron familiares, y agregaron: “Sobreviven sin comida y bajo vigilancia constante”.

Annobón, el Gulag a cielo abierto más grande del mundo

La deportación forzosa de los liberados a Annobón fue denunciada como una forma encubierta de castigo. El partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS) declaró que el traslado viola el derecho a elegir libremente el lugar de residencia.

Por su parte, el Gobierno de la República de Annobón responsabilizó directamente al régimen de Obiang por la seguridad y salud de los liberados: “Si alguno muere, será crimen de Estado”.

El papel de la UNPO: internacionalizar la causa annobonesa

La denuncia fue respaldada y visibilizada internacionalmente por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), que ha seguido de cerca la situación del pueblo annobonés y ha contribuido a elevar su causa ante organismos internacionales. Su apoyo ha sido clave para internacionalizar las demandas de justicia y protección frente al régimen de Obiang.

Un precedente internacional por justicia, reparación y verdad

La Resolución 13/2025 no solo exigió la liberación, reparación e investigación penal, sino que también advirtió que si el Estado no colabora, Naciones Unidas se reserva el derecho de intervenir. Mientras tanto, la isla sigue militarizada y reina la ley del silencio. El pueblo junto con los liberados forman parte de una sociedad que, estigmatizada por diferencias étnicas, sufre el miedo en una prisión a cielo abierto: Annobón.

Aitor Martínez Jiménez.

La denuncia que dio lugar a esta histórica resolución fue presentada por el abogado Aitor Martínez Jiménez y el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, quienes ahora reclaman lo esencial: “Justicia. Reparación. Garantías de no repetición”.

Porque ningún pueblo debe ser castigado por defender su tierra.

Porque ningún régimen debe quedar impune cuando tortura y discrimina.

Porque la libertad no se negocia.

Organizaciones de derechos humanos como EG Justice, la Asociación Africana de Educación para el Desarrollo (ASAFED), Opening Central Africa Coalition (OCA), el Colectivo Sassoufit y la Plataforma Lusófona de Derechos Humanos (PLUDH) denunciaron desde Ginebra que el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo viola flagrantemente sus propias leyes y compromisos internacionales, al mantener detenidas a más de treinta personas originarias de Annobón, sin juicio previo ni derecho de defensa.

“Celebrar un juicio a puerta cerrada, en ausencia de los abogados libremente elegidos por los detenidos, viola claramente la constitución de Guinea Ecuatorial”, declaró el doctor Cruz-Melchor Eya Nchama, presidente de ASAFED, en el marco de un proceso que se parece más a un secuestro extorsivo que a una causa judicial legalmente fundada.

Las organizaciones advirtieron que los acusados permanecen recluidos desde hace más de diez meses en la prisión de máxima seguridad de Oveng Azem, la mayoría nunca ha podido hablar con un abogado y sus familias han sido hostigadas o directamente encarceladas al intentar averiguar su paradero.

La causa contra los annoboneses surge tras una protesta pacífica realizada en julio de 2024, cuando los vecinos de la isla elevaron una carta al dictador Obiang exigiendo el cese de las explosiones de dinamita realizadas por la empresa marroquí SOMAGEC. Las detonaciones promovidas por la fuerza de ocupación colonial extranjera, han destruido viviendas, dañado gravemente el ecosistema de la isla -declarada Reserva Natural– y generado un profundo malestar entre la población.

Lejos de dar una respuesta institucional, el régimen respondió con una ola de secuestros, traslados forzosos a Malabo, incomunicación, censura en redes sociales, acusaciones desproporcionadas y persecución tanto en la isla como en Guinea Ecuatorial. Según el escrito de acusación del 10 de mayo, los annoboneses enfrentan cargos por rebelión, desorden público, alteración del orden constitucional y difamación, entre otros.

“El juicio a puerta cerrada contradice directamente los compromisos asumidos por Guinea Ecuatorial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo pasado”, afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice. “El régimen aceptó recomendaciones que exigían la liberación de detenidos arbitrarios y la ratificación del Protocolo contra la Tortura, pero ha hecho exactamente lo contrario”.

El pueblo annobonés, actualmente perseguido, aislado, incomunicado y sin garantías jurídicas, sigue resistiendo en silencio. Desde el extranjero, la diáspora y los organismos internacionales intentan romper el cerco del régimen, exigiendo al gobierno de Obiang el respeto de los derechos humanos básicos y la liberación inmediata de los detenidos por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente.

En una declaración que genera más preguntas que respuestas, el presidente de la empresa SOMAGEC, Roger Sahyoun, aseguró que su empresa sigue operando en Annobón pese a que el régimen de Guinea Ecuatorial “tiene problemas para pagar”. Lo dijo en una entrevista con El Periódico de España, en la que también minimizó las denuncias por contaminación, extractivismo y represión en la isla, contradiciendo las denuncias de medios y organizaciones ecologistas de todo el mundo. La frase, que en otro contexto parecería un gesto de altruismo empresarial, contrasta con la realidad sobre el terreno: detonaciones diarias, carga de materiales en barcos sin control civil y una población annobonesa marginada y acosada por protestar.

Sahyoun, empresario marroquí de origen palestino y fundador de la Sociedad del Magreb para la Ingeniería Civil (SOMAGEC), se ha hecho rico con megaproyectos en Marruecos y el África Occidental. Su firma ha ejecutado obras por más de 2.000 millones de euros solo en Guinea Ecuatorial, incluyendo puertos, carreteras, depuradoras y aeropuertos. Pero en la isla de Annobón, la situación es distinta. Según sus propias palabras, siguen adelante con obras públicas “aunque el gobierno no tenga dinero para pagar”.

La afirmación no pasó desapercibida. Annobón es hoy un territorio totalmente militarizado e incomunicado, donde los únicos vuelos que llegan son de aviones del régimen y donde las explosiones con dinamita han afectado gravemente al entorno natural y destruido viviendas. A pesar de que se prometió un desarrollo sostenible, lo que se impone es la lógica del extractivismo sin rendición de cuentas.

“Llevan a cabo explosiones con dinamita para extraer minerales para el régimen”, denunció al medio español el Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar. “No sabemos qué se están llevando. A los pocos annoboneses que trabajan en la empresa les hacen terminar el turno a las 2.00 de la tarde, pero luego siguen operando. Después llega el barco y cargan camiones y camiones de piedra”.

Frente a eso, Sahyoun exhibe fotos de obras que hace añares prometen inaugurar y nunca se terminan. También aseguran que construirán -supuestamente sin costo y por mero acto de amor al prójimo- ocho pozos de agua. La contradicción es clara: una empresa multinacional afirma seguir operando gratuitamente en un enclave estratégico, con una cantera abierta, obras en curso y cargamentos minerales que nadie supervisa.

¿Hay algo que presidente de SOMAGEC no está diciendo?

El propio Sahyoun deja caer la pista: “Nosotros estamos contratados por el Estado para hacer el trabajo que nos piden. No entramos en política”. Pero lo cierto es que el trabajo que les piden sigue adelante, y la política -o la represión- la sufre el pueblo annobonés, que ha sido secuestrado, desplazado y silenciado cuando intenta oponerse a las detonaciones y a la destrucción ambiental.

Obiang condecorando al polémico presidente de SOMAGEC, Roger Sahyoun.

«Si tienen problemas políticos, no me metan. O cojo todo y me voy de aquí”, amenaza Sahyoun, desestimando las denuncias como “tonterías” y calificando a los annoboneses de “gente muy pobre” que “levanta casas chapuceras pegadas a la cantera”. Sus expresiones parecieran dar a entender que, con su presencia en la isla, SOMAGEC le hace un favor al pueblo, y la realidad indica que está muy lejos de ser así.

El conflicto se profundiza ante las exigencias del vicepresidente del régimen ecuatoguineano, Teodorín Nguema Obiang, quien asegura haber obligado a Sahyoun a finalizar las obras imponiendo como fecha de entrega el 5 de junio.

Las palabras cómplices del empresario, que se presenta como benefactor mientras explota una isla incomunicada y sometida mediante la violencia, pintan un cuadro preocupante: una empresa extranjera que actúa sin control civil, un régimen que no paga y un pueblo que no tiene derecho a preguntar qué se llevan de su tierra.

El testimonio de Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón, fue uno de los más crudos y desgarradores: “Los soldados violan a las mujeres en los campos. Secuestran niñas tan pequeñas como doce años y se las llevan a su campamento para abusar de ellas. Muchas vuelven embarazadas, destrozadas”, denunció. La represión en la isla no es un secreto, pero la indiferencia internacional ha permitido que continúe sin consecuencias.

El artículo del medio español revela también la reciente introducción de especies invasoras en la isla, incluyendo cocodrilos, como parte de una estrategia del régimen para amedrentar y controlar a los pobladores. Las autoridades guineoecuatorianas, como siempre, niegan cualquier responsabilidad, mientras los testimonios de los locales hablan de un ecosistema en colapso, con las detonaciones de la empresa constructora SOMAGEC destruyendo tierras de cultivo y viviendas. La empresa, fuertemente vinculada a la dictadura de Obiang, ha sido acusada de crear una “pesadilla ambiental” que, según los annoboneses, pone en peligro la vida de sus habitantes.

El Periódico de España también recoge el caso de las detenciones arbitrarias recientes. Annoboneses que, tras haber firmado una carta dirigida a Obiang pidiendo el fin de las explosiones, fueron secuestrados y trasladados por las fuerzas del régimen. «Nos llevan amordazados, como animales», declaró uno de los detenidos, quien logró ser liberado solo después de haber aparecido en televisión retractándose de sus palabras.

Sin embargo, la respuesta del gobierno de Obiang ha sido una vez más el silencio, acompañada de una cruel represalia que incluyó el corte total de las comunicaciones en la isla. A pesar de las protestas de la diáspora annobonesa en España, donde recientemente se han llevado a cabo manifestaciones frente al Ministerio de Exteriores, el régimen parece imperturbable.

Es irónico que mientras el gobierno de Guinea Ecuatorial intenta proyectar una imagen de modernidad y progreso en medios internacionales, la realidad en Annobón es una de miseria, miedo y represión. Como bien señala Cartagena: “Nos oprimen, nos matan de hambre y nos silencian. Annobón no es una isla olvidada por accidente; es olvidada a propósito para que Obiang y su familia puedan seguir controlándola con mano de hierro”.

La exposición de estas violaciones en un medio español representa un paso importante para romper el cerco informativo que el régimen de Obiang ha impuesto sobre Annobón. Sin dudas, este artículo es un recordatorio de que las voces de los annoboneses no pueden seguir siendo ignoradas. La comunidad internacional debe actuar con urgencia antes de que el régimen de Obiang termine con su plan de exterminio sobre la población originaria.

Annobón, una isla conocida por su biodiversidad y su resistencia histórica frente a la opresión, está ahora siendo atacada por el mismo régimen que lleva décadas asfixiándola políticamente. La introducción de especies como serpientes, caballos, caimanes y ahora cocodrilos forma parte de una estrategia que busca, no solo aterrorizar a la población, sino también acelerar la degradación ambiental en la región. Sin hospitales, medicinas, ni antivenenos, los annoboneses enfrentan una realidad brutal: la devastación de su entorno sin medios para defenderse.

Destrucción ambiental como herramienta de control

La captura del cocodrilo es solo un ejemplo de la amenaza más amplia que enfrenta la isla. El régimen de Obiang ha sido señalado previamente por utilizar el ecosistema de Annobón como un campo de pruebas para su opresión. La introducción deliberada de animales ajenos a la isla representa un acto calculado para alterar el equilibrio natural, una táctica que busca quebrar la moral de los annoboneses al destruir sus recursos naturales. Estos animales, sin depredadores naturales y en un entorno sin control, representan una competencia peligrosa para las especies locales, y ponen en riesgo la subsistencia de las comunidades que dependen de un delicado equilibrio ambiental.

El colapso ambiental y la represión humana

Annobón ha sido víctima de décadas de explotación, desde los tiempos de la colonización española hasta la dictadura actual. Ahora, bajo la ocupación militar de Guinea Ecuatorial, la isla enfrenta un ataque ecológico que podría ser el golpe final para su biodiversidad. Las playas que alguna vez fueron paradisíacas, y los paisajes que sustentaron la vida local, están siendo arrasados.

El pantano de Ábobo, donde se atrapó el cocodrilo, es un símbolo de esta decadencia. El vertido de aguas podridas, la falta de infraestructuras sanitarias y la introducción de especies invasoras son parte de un plan macabro de exterminio, que intenta borrar cualquier vestigio de resistencia y destruir lo que queda de Annobón.

El ataque a la ecología de Annobón no es solo un ataque contra su naturaleza, es un ataque contra su pueblo. Ante la falta de respuestas por parte de la comunidad internacional, se debe hacer un llamado urgente para denunciar estas prácticas destructivas y exigir que se tomen medidas para proteger tanto a los annoboneses como a su entorno natural. La historia de resistencia de la isla no puede terminar en el silencio de una destrucción ambiental premeditada.

Acompañada de su hermana Mamá Blas, Petronila sufrió una caída provocada por una piedra que se desprendió del terreno inestable, afectado por más de veinte años de explosiones de dinamitas en la isla. Este resbalón desencadenó una riada de piedras que la golpeó, causándole heridas mortales.

La caída de la piedra no solo afectó a Petronila, sino que también generó un deslizamiento de tierra y rocas en el área, bloqueando los accesos y dificultando los esfuerzos de rescate. Tras el accidente, Mamá Blas recorrió más de 4 kilómetros a través de bosques y senderos casi abandonados para buscar ayuda, ya que el régimen de Guinea Ecuatorial ha prohibido el uso de teléfonos móviles en la isla desde las protestas contra las explosiones de dinamitas ocurridas el 17 de julio. En aquel momento, los habitantes de Annobón enviaron una carta de súplica al presidente, solicitando el cese de estas actividades que han causado daños significativos a la naturaleza y a la infraestructura de la isla.

Al llegar a la ciudad de Palé, la hermana de Petronila llegó exhausta y sin voz, pero logró alertar a los jóvenes sobre el terrible accidente. En condiciones de extrema pobreza y desesperación, lograron rescatar a Petronila -quien aún estaba con vida- de entre las piedras y el lodo seco. Sin embargo, su estado era crítico: había sufrido la rotura de una de sus piernas y contusiones severas en la cabeza. El traslado de la anciana fue un reto casi imposible, ya que en Annobón no existe asistencia sanitaria, hospitales, ambulancias ni carreteras adecuadas para emergencias.

La riada de piedras ha dejado a la comunidad inquieta, evidenciando la fragilidad del terreno que atraviesan diariamente en busca de sustento. Este fenómeno de desprendimiento de tierra en el valle de Sênchagu, cercano al lago Á Pot, está relacionado con inundaciones ocurridas en meses anteriores, provocadas por la falta de consistencia del suelo debido a las explosiones de dinamitas realizadas por la empresa SOMAGEC, vinculada al régimen de Obiang.

La muerte de Petronila es un reflejo del abandono y la discriminación que sufre el pueblo de Annobón desde la creación ficticia de esta entidad colonial. Las acciones traicioneras llevadas a cabo por algunos annoboneses del régimen han resultado en la confiscación de teléfonos móviles, el silencio sobre la lucha por la liberación del pueblo del yugo neocolonial fang en Guinea Ecuatorial, y la total incomunicación de la isla con el resto del mundo. Esta situación ha agravado el sufrimiento de la población, provocando muertes que, en condiciones normales, podrían haberse evitado.

Desde el gobierno de la República de Annobón denunciaron esta represión y secuestro que padece el pueblo annobonés bajo la tiranía de los habitantes de Río Muni, a la que calificaron como “una fuerza colonial corrupta y sin escrúpulos que opera en los antiguos territorios coloniales de España, Annobón y Fernando Poo, bajo el pseudónimo de Guinea Ecuatorial”. Y recordaron: “Esta fuerza de ocupación colonial subsidiaria y corrupta ha perpetuado una limpieza étnica silenciosa que dura ya 56 años, desde el 12 de octubre de 1968, causando sufrimiento, hambre, desesperación y muerte en más del 70 por ciento de la población de Annobón”.

A petición del Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, el abogado reconocido por su defensa de casos emblemáticos como el de Julián Assange, presentó una denuncia ante la ONU, detallando las violaciones sistemáticas de derechos humanos que han sufrido los annoboneses durante décadas de aislamiento, persecuciones y represión por parte del gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Durante la entrevista, Martínez subrayó la importancia de que la comunidad internacional preste atención al caso de Annobón, una isla que, pese a su distancia geográfica de más de 600 kilómetros de la capital Malabo, ha sido tratada sin consideración de sus diferencias culturales, étnicas y lingüísticas. «El pueblo annobonés ha sido sometido a detenciones arbitrarias, torturas y una explotación indiscriminada de sus recursos naturales», afirmó el abogado.

Uno de los puntos clave de la denuncia presentada ante la ONU es el uso de dinamita en las exploraciones mineras, vinculadas a la familia Obiang a través de la empresa SOMAGEC. Estas explosiones han causado graves daños a la infraestructura de la isla y al bienestar de sus ciudadanos, desencadenando la reciente detención ilegal de 37 annoboneses que protestaron pacíficamente contra estas actividades.

Martínez calificó los actos del régimen ecuatoguineano como crímenes de lesa humanidad y enfatizó que el derecho del pueblo annobonés a decidir su propio destino debe ser respetado. «El derecho del pueblo annobonés a decidir su propio destino debe ser respetado»»Estamos ante una clara violación del derecho a la autodeterminación», sentenció, destacando la lucha de Annobón por su independencia y libertad frente a uno de los regímenes más longevos y represivos del mundo.