El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

La isla de Annobón es una pequeña provincia insular, anexada como parte de Guinea Ecuatorial, con una cultura criolla afroportuguesa distintiva, moldeada por siglos de aislamiento y la fusión de influencias africanas y portuguesas. Bajo el régimen autoritario de Guinea Ecuatorial, que conduce el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha sufrido décadas de penurias marcadas por la pobreza extrema, la alta militarización, la escasez de recursos esenciales y el abandono sistémico. Las comunidades annobonesas denuncian un trato injusto y persistente por parte del gobierno central y un deterioro constante de las condiciones de vida, desafíos que se han agudizado drásticamente en los últimos años.

La comunicación de la UNPO a los Procedimientos Especiales en 2024 destacó violaciones continuas, como la degradación ambiental y el vertido de residuos; deficiencias en la infraestructura; aislamiento y exclusión sistémicos; discriminación y violencia; y detenciones arbitrarias y represión política, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como la injerencia en la libertad de reunión y de circulación. Reveló cómo, en julio de 2024, ante la creciente destrucción ambiental y su impacto en la salud y los medios de subsistencia, los residentes annoboneses y los defensores de los derechos humanos publicaron un manifiesto exigiendo la intervención del gobierno. En lugar de responder a las preocupaciones de la comunidad, las autoridades cortaron los servicios de telefonía móvil e internet en la isla, aislando a la población del mundo exterior.

Poco después, las fuerzas de seguridad detuvieron a 42 miembros de la comunidad, entre ellos líderes que apoyaban el manifiesto y participaban en manifestaciones pacíficas. Tres meses más tarde, solo cinco de las detenidas, todas mujeres mayores, fueron liberadas, acusadas de rebelión y violación de derechos fundamentales. En junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una declaración formal condenando las detenciones y clasificándolas como arbitrarias según las categorías I, II, III y V de su sistema de clasificación. La opinión del grupo de trabajo propició la liberación de los 37 miembros restantes de la comunidad, lo cual fue celebrado por la UNPO. Sin embargo, un año después de las detenciones arbitrarias, testigos siguen denunciando una mayor militarización, intimidación y abusos por parte de las unidades militares desplegadas.

En respuesta a las cuestiones planteadas por la UNPO, nueve titulares de mandatos de la ONU —entre ellos los Relatores Especiales sobre el medio ambiente, la reunión pacífica y la asociación, la vivienda, las cuestiones de las minorías, los defensores de los derechos humanos, los desechos peligrosos y el agua y el saneamiento—, junto con dos Grupos de Trabajo, emitieron Cartas de Asesoramiento Conjunto (JAL, por sus siglas en inglés) al gobierno de Guinea Ecuatorial y a SOMAGEC en agosto de 2025. Ambas cartas plantearon las mismas preocupaciones: la degradación ambiental, la extracción irregular de minerales, las detenciones arbitrarias y el impacto negativo en la salud, los medios de subsistencia y los derechos fundamentales de la comunidad annobonesa. Los titulares de mandatos subrayaron la urgente necesidad de rendición de cuentas, consulta con las comunidades afectadas y la implementación de medidas regulatorias y de protección adecuadas.

Los JAL destacaron que la situación alcanzó un punto crítico debido a las actividades de la constructora SOMAGEC, dirigida por el multimillonario Roger Sahyoun, que opera en la isla desde 2007. Si bien SOMAGEC presenta infraestructura militar -puesta al servicio de la elite gobernante- como contribuciones positivas, los expertos de la ONU advirtieron que el uso de explosivos, la extracción incontrolada de piedra y la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental por parte de la empresa han generado serias preocupaciones sobre la degradación ambiental en curso.

Estas actividades han destruido tierras agrícolas, provocando inundaciones repentinas, poniendo en peligro la supervivencia del lago Mazafín y contaminando fuentes de agua esenciales para la comunidad. Además, señalan que los proyectos de agua potable de SOMAGEC no cumplen con los estándares básicos de calidad, lo que obliga a los residentes a realizar largos recorridos hasta los ríos para obtener agua que, si bien sigue siendo insegura, se considera menos peligrosa que la que se les proporciona.

La UNPO acoge con beneplácito las JAL como un paso necesario hacia la rendición de cuentas y condena enérgicamente la negación de cualquier irregularidad por parte de SOMAGEC en su carta de respuesta, así como la falta de respuesta del Estado de Guinea Ecuatorial. Asimismo, celebra la creciente atención que la comunidad internacional presta a la degradación ambiental y las violaciones de derechos humanos en Annobón. Recientemente, la diputada argentina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de declaración que condena enérgicamente la escalada militar sin precedentes, las detenciones arbitrarias y la degradación ambiental en Annobón, convirtiéndose así en el primer Estado del mundo en hacerlo públicamente.

La UNPO persistirá en atraer la atención mundial sobre estas preocupaciones y abogar por soluciones reales a las dificultades que enfrenta la comunidad annobonesa.

En una declaración que genera más preguntas que respuestas, el presidente de la empresa SOMAGEC, Roger Sahyoun, aseguró que su empresa sigue operando en Annobón pese a que el régimen de Guinea Ecuatorial “tiene problemas para pagar”. Lo dijo en una entrevista con El Periódico de España, en la que también minimizó las denuncias por contaminación, extractivismo y represión en la isla, contradiciendo las denuncias de medios y organizaciones ecologistas de todo el mundo. La frase, que en otro contexto parecería un gesto de altruismo empresarial, contrasta con la realidad sobre el terreno: detonaciones diarias, carga de materiales en barcos sin control civil y una población annobonesa marginada y acosada por protestar.

Sahyoun, empresario marroquí de origen palestino y fundador de la Sociedad del Magreb para la Ingeniería Civil (SOMAGEC), se ha hecho rico con megaproyectos en Marruecos y el África Occidental. Su firma ha ejecutado obras por más de 2.000 millones de euros solo en Guinea Ecuatorial, incluyendo puertos, carreteras, depuradoras y aeropuertos. Pero en la isla de Annobón, la situación es distinta. Según sus propias palabras, siguen adelante con obras públicas “aunque el gobierno no tenga dinero para pagar”.

La afirmación no pasó desapercibida. Annobón es hoy un territorio totalmente militarizado e incomunicado, donde los únicos vuelos que llegan son de aviones del régimen y donde las explosiones con dinamita han afectado gravemente al entorno natural y destruido viviendas. A pesar de que se prometió un desarrollo sostenible, lo que se impone es la lógica del extractivismo sin rendición de cuentas.

“Llevan a cabo explosiones con dinamita para extraer minerales para el régimen”, denunció al medio español el Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar. “No sabemos qué se están llevando. A los pocos annoboneses que trabajan en la empresa les hacen terminar el turno a las 2.00 de la tarde, pero luego siguen operando. Después llega el barco y cargan camiones y camiones de piedra”.

Frente a eso, Sahyoun exhibe fotos de obras que hace añares prometen inaugurar y nunca se terminan. También aseguran que construirán -supuestamente sin costo y por mero acto de amor al prójimo- ocho pozos de agua. La contradicción es clara: una empresa multinacional afirma seguir operando gratuitamente en un enclave estratégico, con una cantera abierta, obras en curso y cargamentos minerales que nadie supervisa.

¿Hay algo que presidente de SOMAGEC no está diciendo?

El propio Sahyoun deja caer la pista: “Nosotros estamos contratados por el Estado para hacer el trabajo que nos piden. No entramos en política”. Pero lo cierto es que el trabajo que les piden sigue adelante, y la política -o la represión- la sufre el pueblo annobonés, que ha sido secuestrado, desplazado y silenciado cuando intenta oponerse a las detonaciones y a la destrucción ambiental.

Obiang condecorando al polémico presidente de SOMAGEC, Roger Sahyoun.

«Si tienen problemas políticos, no me metan. O cojo todo y me voy de aquí”, amenaza Sahyoun, desestimando las denuncias como “tonterías” y calificando a los annoboneses de “gente muy pobre” que “levanta casas chapuceras pegadas a la cantera”. Sus expresiones parecieran dar a entender que, con su presencia en la isla, SOMAGEC le hace un favor al pueblo, y la realidad indica que está muy lejos de ser así.

El conflicto se profundiza ante las exigencias del vicepresidente del régimen ecuatoguineano, Teodorín Nguema Obiang, quien asegura haber obligado a Sahyoun a finalizar las obras imponiendo como fecha de entrega el 5 de junio.

Las palabras cómplices del empresario, que se presenta como benefactor mientras explota una isla incomunicada y sometida mediante la violencia, pintan un cuadro preocupante: una empresa extranjera que actúa sin control civil, un régimen que no paga y un pueblo que no tiene derecho a preguntar qué se llevan de su tierra.