“HRF condena las duras condiciones de prisión que Guinea Ecuatorial impuso a 37 activistas y ciudadanos annoboneses, a quienes las autoridades encarcelaron incomunicados durante casi un año por participar en protestas medioambientales pacíficas en la isla de Annobón en julio de 2024”, señaló la organización el 7 de agosto desde su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Entre los detenidos estaban dos de las figuras más queridas y reconocidas de nuestra cultura: el poeta Francisco Ballovera y la cantante Paloma Alfaro, esta última, la única guitarrista femenina de la isla. Según HRF, ambos salieron de prisión “visiblemente debilitados”, y en el caso de Alfaro, con “la cabeza rapada, hematomas visibles y un cuerpo demacrado”.

La imagen de Alfaro al salir de prisión es devastadora. Lo que antes era una artista fuerte, con voz firme y presencia en la comunidad, fue devuelto al pueblo como un cuerpo frágil, encorvado, despojado de su dignidad por un sistema carcelario que solo busca quebrar.

La Fundación también publicó el testimonio desgarrador de Francisco Ballovera, quien fue arrestado simplemente por intentar llevar víveres a sus familiares, trasladados por la fuerza desde Annobón a Malabo tras protestar contra la empresa SOMAGEC y su uso indiscriminado de dinamita para la extracción de materiales preciosos con destino incierto. Su crimen fue el de la solidaridad, su castigo: casi un año de desaparición forzada.

“Ballovera fue arrestado por intentar llevar comida a los manifestantes detenidos. Salió de prisión visiblemente debilitado y con dificultades para caminar por sí mismo”, publicó HRF.

Las denuncias de HRF se suman a las declaraciones previas del empresario portugués Nuno Pimentel, quien compartió celda con los annoboneses en Black Beach. En su testimonio, reveló que los presos eran torturados, mantenidos en celdas hacinadas de 15 metros cuadrados, sin agua potable ni atención médica, y que pasaban hambre con una dieta de pan seco y leche condensada. “Como los annoboneses, yo estaba secuestrado. Ellos estaban conmigo. Personas mayores, tratadas con brutalidad. Era una pesadilla”, declaró.

HRF también denunció que la liberación del 18 de junio de 2025 no fue un acto de justicia, sino un intento deliberado del régimen de esconder a las víctimas. Todos los liberados fueron devueltos directamente a Annobón, sin pasar por Malabo ni ser presentados ante observadores internacionales. No hubo informe médico, declaración judicial, ni posibilidad de contacto con diplomáticos. Solo el silencio.

Desde la República de Annobón agradecieron el coraje de organizaciones como HRF por poner luz donde el régimen impone oscuridad. «Seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación y libertad plena para quienes han sido brutalmente castigados por alzar su voz», afirmaron fuentes oficiales.

Organizaciones de derechos humanos como EG Justice, la Asociación Africana de Educación para el Desarrollo (ASAFED), Opening Central Africa Coalition (OCA), el Colectivo Sassoufit y la Plataforma Lusófona de Derechos Humanos (PLUDH) denunciaron desde Ginebra que el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo viola flagrantemente sus propias leyes y compromisos internacionales, al mantener detenidas a más de treinta personas originarias de Annobón, sin juicio previo ni derecho de defensa.

“Celebrar un juicio a puerta cerrada, en ausencia de los abogados libremente elegidos por los detenidos, viola claramente la constitución de Guinea Ecuatorial”, declaró el doctor Cruz-Melchor Eya Nchama, presidente de ASAFED, en el marco de un proceso que se parece más a un secuestro extorsivo que a una causa judicial legalmente fundada.

Las organizaciones advirtieron que los acusados permanecen recluidos desde hace más de diez meses en la prisión de máxima seguridad de Oveng Azem, la mayoría nunca ha podido hablar con un abogado y sus familias han sido hostigadas o directamente encarceladas al intentar averiguar su paradero.

La causa contra los annoboneses surge tras una protesta pacífica realizada en julio de 2024, cuando los vecinos de la isla elevaron una carta al dictador Obiang exigiendo el cese de las explosiones de dinamita realizadas por la empresa marroquí SOMAGEC. Las detonaciones promovidas por la fuerza de ocupación colonial extranjera, han destruido viviendas, dañado gravemente el ecosistema de la isla -declarada Reserva Natural– y generado un profundo malestar entre la población.

Lejos de dar una respuesta institucional, el régimen respondió con una ola de secuestros, traslados forzosos a Malabo, incomunicación, censura en redes sociales, acusaciones desproporcionadas y persecución tanto en la isla como en Guinea Ecuatorial. Según el escrito de acusación del 10 de mayo, los annoboneses enfrentan cargos por rebelión, desorden público, alteración del orden constitucional y difamación, entre otros.

“El juicio a puerta cerrada contradice directamente los compromisos asumidos por Guinea Ecuatorial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo pasado”, afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice. “El régimen aceptó recomendaciones que exigían la liberación de detenidos arbitrarios y la ratificación del Protocolo contra la Tortura, pero ha hecho exactamente lo contrario”.

El pueblo annobonés, actualmente perseguido, aislado, incomunicado y sin garantías jurídicas, sigue resistiendo en silencio. Desde el extranjero, la diáspora y los organismos internacionales intentan romper el cerco del régimen, exigiendo al gobierno de Obiang el respeto de los derechos humanos básicos y la liberación inmediata de los detenidos por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente.

El pasado 24 de enero de 2025, León Laurel fue secuestrado en su domicilio, en tierras declaradas soberanas por el pueblo de Annobón. Se presume que su detención está relacionada con su postura crítica hacia el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y con su supuesta vinculación a la causa AMBÔ LEGADU. Esta situación se suma a la detención ilegal de decenas de annoboneses en Malabo y Annobón por razones similares.

En sintonía con el gobierno annobonés, desde G.E. NUESTRA se exigió:

• Que se respeten los derechos fundamentales de Hermelindo León Laurel.
• Que se le otorgue acceso inmediato a asistencia legal.
• Que se le permita atención médica y visitas familiares.
• Que su proceso judicial cumpla con las garantías establecidas en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial.

Asimismo, G.E. Nuestra reiteró su demanda por la liberación de Francisco Ballovera Estrada y de más de 30 annoboneses encarcelados en Oveng Azem y Blay Beach, así como de los activistas Anacleto Micha Ndong, Jerónimo Ndong Mesi, Salvador Bibang, Claudio Edjo y Joaquín Elo Ayeto, detenidos arbitrariamente sin proceso judicial.

Esta detención arbitraria vuelve a poner en evidencia la impunidad del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y la violencia con la que somete a un país soberano. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben continuar acompañando a la República de Annobón para presionar para que cesen estas injusticias y se respeten los derechos de todos los ciudadanos.