En el marco del cierre del año 2025, el Gobierno de la República de Annobón realizó un encuentro internacional con representantes de instituciones y organizaciones de América Latina, Europa y organismos multilaterales que han acompañado activamente la causa annobonesa en los últimos dos años. La jornada fue encabezada por el Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar, y organizada con un formato breve y ordenado, que permitió dar la palabra a cada uno de los actores involucrados, desde el nivel local hasta el supranacional.

El evento se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de representantes de concejos deliberantes, legislaturas provinciales, congresos nacionales, parlamentos regionales, redes de ciudades y organizaciones de derechos humanos. Desde la organización se destacó que, debido al apagón total de electricidad e internet impuesto por el régimen de Guinea Ecuatorial, la población de Annobón no pudo seguir la transmisión desde la isla.

Un cierre de año con la mirada puesta en la ONU

Durante la apertura, se remarcó que el encuentro se inscribe en el cierre del 2025 y, al mismo tiempo, en la antesala de un hecho clave: la presentación formal del Caso Annobón ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas durante el próximo año. En ese marco, se agradeció el acompañamiento sostenido de gobiernos, parlamentos, universidades, asociaciones civiles y organismos internacionales.

Entre las entidades estatales reconocidas se mencionaron municipios argentinos, legislaturas provinciales, congresos nacionales de Argentina, Uruguay, Paraguay y España, la red Mercociudades y el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Además se destacó el rol de organizaciones internacionales especializadas en derechos humanos como Access Now y Human Rights Foundation, la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) y la resolución  de Naciones Unidas que permitió la liberación de annoboneses secuestrados y torturados por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

La Plata: El primer respaldo institucional en Argentina

El primer orador fue Nicolás Morzone, concejal del Honorable Concejo Deliberante de La Plata, quien recordó que la capital bonaerense fue uno de los primeros distritos en tomar el tema Annobón cuando aún era poco conocido. Destacó la aprobación unánime de un decreto que reconoce la soberanía de Annobón y repudia el genocidio y las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el régimen de Guinea Ecuatorial.

Morzone subrayó el valor político de ese consenso democrático y reafirmó el compromiso institucional de la ciudad de La Plata con la lucha del pueblo annobonés.

Río Negro: Compromiso ante una causa invisibilizada

Luego fue el turno de la Legislatura de Río Negro, representada por la legisladora Lorena Matzen y el legislador Ariel Bernatene. Bernatene explicó que, tras interiorizarse sobre la situación de Annobón, impulsaron una declaración de apoyo que no estuvo exenta de críticas políticas, precisamente por tratarse de una causa invisibilizada.

Ambos legisladores ratificaron que Annobón seguirá en la agenda rionegrina y anunciaron que el tema será promovido en el Parlamento Patagónico, que reúne a las seis provincias del sur argentino.

Senado bonaerense: Consenso transversal

En representación del Senado de la provincia de Buenos Aires, habló Pedro Lusarreta, asesor del senador Adrián Santarelli, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Lusarreta detalló que el Senado provincial aprobó un proyecto de declaración centrado en la crisis humanitaria y el derecho a la autodeterminación de Annobón, y destacó que existen iniciativas similares de otras fuerzas políticas, lo que demuestra un consenso transversal.

También señaló que la comisión mantiene abiertos sus canales para futuras iniciativas vinculadas a la situación annobonesa.

Uruguay: Tradición de solidaridad internacional

Desde el Congreso del Uruguay, la diputada Natalia Díaz reafirmó el compromiso de su bancada con la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Annobón. Recordó las reuniones mantenidas en el Palacio Legislativo con las comisiones de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos con autoridades annoboneses, así como el trabajo conjunto con Organizaciones Mundo Afro.

Díaz destacó la tradición uruguaya de solidaridad internacional y la necesidad de avanzar no solo en declaraciones, sino también en acciones concretas.

Parlasur: Llevar Annobón a los foros regionales y globales

El legislador del Parlamento del Mercosur, Matías Sotomayor, reafirmó su compromiso personal y parlamentario, y propuso avanzar en 2026 con foros auspiciados por el Parlasur, vinculando la causa annobonesa con temas estratégicos como la seguridad alimentaria.

Sotomayor también planteó la necesidad de proyectar la causa hacia foros clave de Naciones Unidas y fortalecer alianzas con la cooperación internacional.

Mercociudades: 420 ciudades amplificando la causa

En representación de la Municipalidad de Esteban Echeverría y como secretario Ejecutivo de Mercociudades, Lautaro Lorenzo destacó el rol de la red, que nuclea a más de 420 ciudades de América Latina. Recordó que, bajo el liderazgo del intendente Fernando Gray, se realizó una presentación ante el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y se impulsó la participación de Annobón en la cumbre anual de Mercociudades.

Lorenzo subrayó el compromiso de seguir utilizando estos espacios multilaterales para visibilizar las violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo annobonés.

Access Now: El apagón digital como herramienta represiva

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la intervención de Felicia Anthonio, Gerente de Campaña Global de Access Now. La organización explicó cómo el apagón de internet en Annobón responde a un patrón clásico de los regímenes autoritarios: silenciar voces, impedir denuncias y aislar a comunidades ya marginadas.

Access Now recordó que, junto a la coalición Keep It On, emitió declaraciones internacionales, documentó testimonios y activó mecanismos africanos e internacionales de derechos humanos para exigir el fin inmediato del apagón. Anthonio agradeció especialmente la cobertura sostenida de medios que han permitido romper el cerco informativo.

Naciones Unidas: Una resolución histórica y el camino a la descolonización

Cerca del cierre, el representante legal de la República de Annobón ante Naciones Unidas, Aitor Martínez, realizó una exposición detallada del contexto histórico, jurídico y político de Annobón, recordó la descolonización fallida de 1968 y describió con precisión la represión sistemática del régimen de Obiang.

Destacó como hito fundamental la resolución histórica del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que condenó a Guinea Ecuatorial por la detención y tortura de 42 annoboneses bajo cuatro categorías de detención arbitraria, incluida la represión por motivos étnicos. Esa resolución fue clave para lograr la liberación de los detenidos.

Finalmente, Martínez confirmó que Annobón avanzará formalmente ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, sosteniendo que la isla fue objeto de una descolonización mal ejecutada y que el pueblo annobonés tiene pleno derecho a la autodeterminación externa.

Orlando Cartagena Lagar: “No es una lucha política, es una lucha por existir”

Para concluir el encuentro, el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, trazó un diagnóstico crudo y urgente sobre la situación que atraviesa la isla y el sentido profundo de la lucha annobonesa. “El caso de Annobón no es un caso más, es un caso totalmente distinto. Es una lucha por existir, es una lucha por la vida misma, porque nuestras vidas están en peligro”, afirmó, al denunciar que el pueblo annobonés vive sometido desde hace 56 años a una estructura colonial y neocolonial que “nos está matando literalmente”.

Cartagena Lagar describió una realidad marcada por la ausencia absoluta de condiciones básicas de vida: “No hay agua potable, no hay acceso a la electricidad, no hay educación y tampoco hay sanidad. La gente sobrevive con lo que pesca de forma artesanal y con tubérculos”. En ese contexto, denunció un “genocidio lento, identitario y estructural”, que pone en riesgo la existencia misma del pueblo annobonés, su lengua, su cultura y sus costumbres.

El Primer Ministro acusó al régimen de Guinea Ecuatorial de haber convertido a Annobón en un vertedero de residuos tóxicos y radioactivos, y de sostener una ocupación militar que incluye graves violaciones a los derechos humanos. “Desde que solicitamos la autonomía, 500 militares pasean por las calles de Annobón, violando sobre todo a las niñas, sometiéndolas a todo tipo de abusos para aniquilar nuestra identidad y lograr que desaparezcamos como pueblo”, sostuvo.

Finalmente, Cartagena Lagar hizo un llamamiento urgente a la comunidad internacional, a los Estados y a los organismos de derechos humanos, para que acompañen el reclamo que Annobón llevará en 2026 ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. “No luchamos por un capricho ni por una independencia simbólica. Estamos luchando por nuestras vidas y por nuestra existencia. Un pueblo entero está a punto de extinguirse por culpa de una estructura colonial corrupta llamada Guinea Ecuatorial”, concluyó.

La iniciativa, presentada por Adrián Santarelli y aprobada por el cuerpo esta semana, marca un posicionamiento firme en favor del pueblo annobonés, cuya situación viene siendo denunciada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por la propia comunidad en el exilio.

Un repaso histórico que llega al presente

El proyecto aprobado incluye un recorrido por los antecedentes coloniales e institucionales que explican el actual escenario humanitario. Entre los pasajes más contundentes, se encuentra la referencia al abandono crónico de la isla por parte del régimen ecuatoguineano: “El abandono y aislamiento de su población desde 1968 por parte del gobierno central de Guinea Ecuatorial ha derivado en la actual crisis sanitaria, con la población infantil como la más afectada”.

La declaración también recuerda episodios de extrema gravedad a lo largo del siglo XX, como la ausencia total de asistencia durante las epidemias de cólera y sarampión de 1973 y 1974, así como la deportación forzada de hombres annoboneses: “La represión y deportación forzada, ante cualquier intento de solicitud de ayuda internacional, de todos los hombres annoboneses a la isla de Fernando Poo […] con la consecuente vulnerabilidad de mujeres y niños a los abusos de toda índole”.

Denuncia de militarización, censura e incomunicación

El texto también incorpora denuncias recientes sobre el incremento del personal militar y la imposición de un silencio informativo absoluto sobre Annobón. Una frase resulta especialmente alarmante: “El aumento del personal militar y la incomunicación forzada de la isla, en el marco de múltiples amenazas si no se renuncia al apoyo al Movimiento de Liberación de Annobón ‘Ambô Legadu’”.

Además, menciona el contrato impulsado por el gobierno central para transformar la isla en “un vertedero de residuos tóxicos y nucleares”, una iniciativa ampliamente rechazada por la comunidad annobonesa y organizaciones medioambientales.

Reconocimiento explícito al proceso de autodeterminación

La declaración reconoce también el camino institucional emprendido por Annobón: “En 2021 se sentaron las bases para la declaración unilateral de independencia y […] se estableció un gobierno autónomo que incluyó la creación de un comité constitucional y la redacción de una constitución para la futura República”.

Asimismo, recuerda que en mayo del año 2024 Annobón se integró formalmente en la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), con sede en La Haya.

Un gesto político con impacto internacional

El pronunciamiento del Senado bonaerense funciona como un mensaje directo hacia la comunidad internacional, en particular a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a organismos de derechos humanos. El cierre del proyecto lo expresa con claridad: “La isla de Annobón se prepara así para afirmar su identidad única en el escenario mundial como una nación soberana y libre”.

Una declaración que rompe el silencio

La aprobación del proyecto constituye un respaldo institucional de enorme trascendencia en un momento en que el pueblo annobonés lucha por sobrevivir a una necropolítica implacable que administra la vida y la muerte de sus habitantes, imponiendo un genocidio lento que avanza sin estridencias pero con una devastación constante y calculada.

En Annobón, la vida se ve amenazada cada día por un ecocidio que devora la isla, un terrorismo medioambiental que dinamita montes y hogares, torturas, secuestros, violaciones contra mujeres y niñas, deportaciones forzadas, hambruna y una falta absoluta de infraestructuras básicas: sin escuelas, sin agua potable, sin saneamiento, sin atención médica, sin telecomunicaciones. Todo ello acompañado de una incomunicación forzada que aísla a la población del resto del mundo.

A ello se suma una de las expresiones más crueles de violencia estatal: una ingeniería poblacional destinada a alterar la composición demográfica, diluir la identidad colectiva y quebrar la continuidad histórica del pueblo annobonés.

Esta violencia no es accidental: es el método. Es la estrategia con la que el régimen de Guinea Ecuatorial, liderado por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y su hijo Teodorín Nguema Obiang Mangue, busca someter a Annobón: destruyendo su territorio, negándole los medios esenciales para vivir con dignidad, desmantelando su tejido social y avanzando deliberadamente hacia la aniquilación de la identidad annobonesa.

Cada árbol arrancado, cada cantera que se abre, cada familia separada, cada niño sin agua ni educación, cada voz silenciada forma parte de un mismo proyecto de desposesión y borrado cultural.

Un acto de humanidad frente a quienes intentan extinguirla

Por eso, esta aprobación es, en sí misma, una afirmación de humanidad frente a quienes intentan extinguirla. Es una señal clara de que el mundo empieza a mirar hacia una isla a la que han querido condenar al silencio, pero que sigue defendiendo, con dignidad, memoria y coraje, su derecho a existir.

Annobón resiste. Y el mundo, por fin, comienza a escucharla

La solicitud fue presentada por el presidente de la red, Fernando Gray, en una carta dirigida a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica, fechada el 6 de noviembre de 2025.

En la misiva, Mercociudades expresa que acompaña “la denuncia efectuada por el Primer Ministro de Annobón en el exilio ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos”, que derivó en la resolución del 12 de mayo de 2025 donde la ONU condenó a Guinea Ecuatorial por la detención arbitraria de 37 ciudadanos annoboneses durante la represión ejercida en la isla.

No obstante, el organismo advierte que las violaciones continúan profundizándose: “Conforme informes internacionales, continúa la sistemática violación de los derechos humanos. La población de la isla sufre arbitrarias privaciones de la libertad, en medio de una intensificación de restricciones a la libertad de expresión, de prensa, control del derecho de reunión y movimiento”.

La carta también señala los graves daños ambientales y sociales que padecen los annoboneses como consecuencia de actividades ilegales y prácticas contaminantes: “El impacto de la degradación ambiental, como efecto de haber sido receptora de residuos tóxicos, y actividades extractivas ilegales, reduce el área cultivable y el suministro de agua potable, con la consecuente inseguridad alimentaria, incremento de enfermedades, desigualdad y pobreza crónica”.

Frente a este cuadro, Mercociudades insta a Naciones Unidas a no mantener silencio ante lo que describe como “flagrantes violaciones de derechos fundamentales”, y solicita explícitamente “la conformación de una misión internacional de observadores a fin de investigar las referidas violaciones y garantizar a la población sus derechos sin discriminación alguna”.

Finalmente, la Red Mercociudades cierra el documento expresando su plena disposición a colaborar con la ONU para avanzar en la protección de los derechos humanos del pueblo annobonés. 

La actividad —abierta y gratuita, con inscripción previa— se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre a las 18:00 hora argentina (22:00 hora española) a través de Google Meet. Se puede acceder al formulario de inscripción vía https://www.ude.edu.ar/eventos/jornada-academica-sobre-derechos-humanos-y-autodeterminacion-en-africa-el-caso-de-annobon/. 

Un espacio para debatir la crisis annobonesa

El conversatorio surge en el marco de la creciente atención internacional sobre la República de Annobón, cuyo pueblo ha denunciado marginación, explotación económica, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas bajo el régimen de Guinea Ecuatorial. La situación se agravó especialmente entre 2024 y 2025, cuando las demandas de autonomía y justicia desencadenaron una ofensiva represiva contra la población civil.

La preocupación global escaló luego del reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que exigió la inmediata liberación de detenidos, investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos y el respeto del derecho internacional.

La UDE enmarca esta iniciativa en la defensa de los derechos humanos y la necesidad de visibilizar situaciones de extrema vulnerabilidad en territorios periféricos del sistema internacional.

Un debate necesario: historia, geopolítica y resistencia

El encuentro permitirá revisar no solo la crisis actual, sino también la historia particular de Annobón: antigua colonia portuguesa y luego española, llegó a depender administrativamente del Virreinato del Río de la Plata, lo que explica los vínculos históricos que hoy reavivan el interés académico y político de instituciones argentinas.

La jornada propone una lectura interdisciplinaria sobre:

• los procesos de independencia y autodeterminación en África Occidental,
• los límites jurídicos de la soberanía en contextos de violaciones masivas,
• y el rol de la cooperación internacional frente a regímenes autoritarios como el de Teodoro Obiang.

Expositores

• Orlando Cartagena Lagar: Primer Ministro del Gobierno de la República de Annobón.. Recientemente visitó Buenos Aires y Montevideo, donde ha mantenido reuniones con legisladores, organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional para exponer la dramática situación de su pueblo.
• Aitor Martínez: Abogado especializado en derecho internacional y derechos humanos. Representante del caso Annobón ante Naciones Unidas. Autor de “El derecho de autodeterminación de los pueblos en el siglo XXI. La secesión-remedio como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos”. Ejerce como abogado de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, desde más de diez años. 
• Silvia Perazzo: Historiadora. Especialista en Historia de África Contemporánea y presidenta de la Asociación de Naciones Unidas en Argentina (ANU-AR), desde donde se organizan iniciativas como los Modelos de Naciones Unidas, surgidos en la Universidad de Harvard en 1948.

Moderación: Magíster Federico Cerri Martínez, Secretario de Investigación y Coordinador de la Licenciatura en Ciencia Política (UDE).

Un aporte académico con impacto humanitario

La jornada se presenta como una instancia de alto valor institucional, tanto por la calidad de sus expositores como por la urgencia de la problemática abordada. La UDE subraya que el objetivo principal es promover el debate informado, el compromiso ético y la visibilización de las violaciones de derechos humanos que sufre Annobón.

La invitación está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, especialistas en relaciones internacionales y a toda persona interesada en los procesos emancipatorios contemporáneos.

La isla de Annobón es una pequeña provincia insular, anexada como parte de Guinea Ecuatorial, con una cultura criolla afroportuguesa distintiva, moldeada por siglos de aislamiento y la fusión de influencias africanas y portuguesas. Bajo el régimen autoritario de Guinea Ecuatorial, que conduce el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha sufrido décadas de penurias marcadas por la pobreza extrema, la alta militarización, la escasez de recursos esenciales y el abandono sistémico. Las comunidades annobonesas denuncian un trato injusto y persistente por parte del gobierno central y un deterioro constante de las condiciones de vida, desafíos que se han agudizado drásticamente en los últimos años.

La comunicación de la UNPO a los Procedimientos Especiales en 2024 destacó violaciones continuas, como la degradación ambiental y el vertido de residuos; deficiencias en la infraestructura; aislamiento y exclusión sistémicos; discriminación y violencia; y detenciones arbitrarias y represión política, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como la injerencia en la libertad de reunión y de circulación. Reveló cómo, en julio de 2024, ante la creciente destrucción ambiental y su impacto en la salud y los medios de subsistencia, los residentes annoboneses y los defensores de los derechos humanos publicaron un manifiesto exigiendo la intervención del gobierno. En lugar de responder a las preocupaciones de la comunidad, las autoridades cortaron los servicios de telefonía móvil e internet en la isla, aislando a la población del mundo exterior.

Poco después, las fuerzas de seguridad detuvieron a 42 miembros de la comunidad, entre ellos líderes que apoyaban el manifiesto y participaban en manifestaciones pacíficas. Tres meses más tarde, solo cinco de las detenidas, todas mujeres mayores, fueron liberadas, acusadas de rebelión y violación de derechos fundamentales. En junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una declaración formal condenando las detenciones y clasificándolas como arbitrarias según las categorías I, II, III y V de su sistema de clasificación. La opinión del grupo de trabajo propició la liberación de los 37 miembros restantes de la comunidad, lo cual fue celebrado por la UNPO. Sin embargo, un año después de las detenciones arbitrarias, testigos siguen denunciando una mayor militarización, intimidación y abusos por parte de las unidades militares desplegadas.

En respuesta a las cuestiones planteadas por la UNPO, nueve titulares de mandatos de la ONU —entre ellos los Relatores Especiales sobre el medio ambiente, la reunión pacífica y la asociación, la vivienda, las cuestiones de las minorías, los defensores de los derechos humanos, los desechos peligrosos y el agua y el saneamiento—, junto con dos Grupos de Trabajo, emitieron Cartas de Asesoramiento Conjunto (JAL, por sus siglas en inglés) al gobierno de Guinea Ecuatorial y a SOMAGEC en agosto de 2025. Ambas cartas plantearon las mismas preocupaciones: la degradación ambiental, la extracción irregular de minerales, las detenciones arbitrarias y el impacto negativo en la salud, los medios de subsistencia y los derechos fundamentales de la comunidad annobonesa. Los titulares de mandatos subrayaron la urgente necesidad de rendición de cuentas, consulta con las comunidades afectadas y la implementación de medidas regulatorias y de protección adecuadas.

Los JAL destacaron que la situación alcanzó un punto crítico debido a las actividades de la constructora SOMAGEC, dirigida por el multimillonario Roger Sahyoun, que opera en la isla desde 2007. Si bien SOMAGEC presenta infraestructura militar -puesta al servicio de la elite gobernante- como contribuciones positivas, los expertos de la ONU advirtieron que el uso de explosivos, la extracción incontrolada de piedra y la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental por parte de la empresa han generado serias preocupaciones sobre la degradación ambiental en curso.

Estas actividades han destruido tierras agrícolas, provocando inundaciones repentinas, poniendo en peligro la supervivencia del lago Mazafín y contaminando fuentes de agua esenciales para la comunidad. Además, señalan que los proyectos de agua potable de SOMAGEC no cumplen con los estándares básicos de calidad, lo que obliga a los residentes a realizar largos recorridos hasta los ríos para obtener agua que, si bien sigue siendo insegura, se considera menos peligrosa que la que se les proporciona.

La UNPO acoge con beneplácito las JAL como un paso necesario hacia la rendición de cuentas y condena enérgicamente la negación de cualquier irregularidad por parte de SOMAGEC en su carta de respuesta, así como la falta de respuesta del Estado de Guinea Ecuatorial. Asimismo, celebra la creciente atención que la comunidad internacional presta a la degradación ambiental y las violaciones de derechos humanos en Annobón. Recientemente, la diputada argentina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de declaración que condena enérgicamente la escalada militar sin precedentes, las detenciones arbitrarias y la degradación ambiental en Annobón, convirtiéndose así en el primer Estado del mundo en hacerlo públicamente.

La UNPO persistirá en atraer la atención mundial sobre estas preocupaciones y abogar por soluciones reales a las dificultades que enfrenta la comunidad annobonesa.

«De repente llegó un oficial y le dijo: ‘Ya ha salido la orden de tu liberación, vete a casa'», contaron allegados a este medio. Sin embargo, se sospecha que su liberación estuvo vinculada a las presiones ejercidas por Organización de las Naciones Unidas sobre el régimen de Obiang.

Un encierro extenso e ilegal

Hermelindo había sido cuestrado el 24 de enero de 2025, pocos días después de que Naciones Unidas interviniera en favor de los 37 annoboneses que obtuvieron su libertad por resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Sin embargo, a diferencia de ellos, el escritor permaneció encarcelado y en el más absoluto abandono, pese a padecer graves problemas de salud como sangrado digestivo alto, hipertensión severa y gastritis.

Durante su cautiverio, llegó a escribir una carta manuscrita en la que denunció su situación: “Ocho meses que se dice pronto, es demasiado castigo por lo que no he hecho. No he cometido ningún crimen ni delito. Por lo tanto, clamo justicia, y pido humildemente mi excarcelación”.

La noticia de su liberación trae alivio, pero también deja al descubierto el ensañamiento del régimen de Obiang contra el pueblo de Annobón, que continúa sufriendo represión, secuestros y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Mizrahi, sociólogo por la UBA y magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), es uno de los periodistas argentinos más reconocidos en materia internacional. Su apoyo público refuerza la visibilidad que la causa de Annobón viene ganando en Argentina y en la región.

Una entrevista que expuso la tragedia annobonesa

En su programa, Mizrahi entrevistó a Orlando Cartagena Lagar, primer ministro del Gobierno de Annobón en el exilio. Durante el diálogo, Cartagena describió con crudeza la realidad que vive la isla bajo el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en Guinea Ecuatorial:

“Annobón es nuestra tierra, nuestra nación, siempre hemos vivido ahí solos, autóctonos. Pero Guinea nos está matando literalmente. Carecemos de todo: no hay agua potable, no hay luz, no hay educación ni sanidad. Sobrevivimos con agricultura de subsistencia y pesca artesanal”, afirmó.

Y añadió: “En la isla viven apenas 3.000 personas, porque el sistema de deportaciones forzadas nos obliga a abandonar Annobón. Y las niñas, desde los doce años, sufren abusos sistemáticos por parte de militares de Obiang. Estamos luchando contra un programa de aniquilación identitaria. Guinea quiere borrarnos del mapa«.

La entrevista también permitió recuperar un aspecto histórico clave: Annobón formó parte durante siglos del Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Este lazo histórico es uno de los fundamentos de los pedidos de ayuda humanitaria que hoy la dirigencia annobonesa plantea en Argentina.

La Justicia Argentina investigará los delitos de lesa humanidad

Durante su visita a la República Argentina, el Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar, presentó en Buenos Aires una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Guinea Ecuatorial. El escrito, patrocinado por el abogado José Fernando Teseyra, quedó radicado en el Juzgado Federal N° 12 a cargo de Ariel Lijo, bajo el principio de jurisdicción universal previsto en la Constitución Argentina y en el derecho internacional.

La querella acusa al dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y a su hijo Teodorín Nguema Obiang, entre otros responsables, de llevar adelante una política sistemática de persecución étnica y política contra el pueblo Ambô. Se documentan detenciones arbitrarias, torturas en la prisión de Black Beach, militarización de la isla y hasta su utilización como vertedero de residuos radiactivos, hechos que ya fueron denunciados ante la Organización de las Naciones Unidas.

El escrito cita antecedentes de la Justicia argentina en materia de jurisdicción universal, como los casos Priebke y Arancibia Clavel, y reclama cooperación internacional con Guinea Ecuatorial, Marruecos y Paraguay. Cartagena solicitó que se identifique y procese a las autoridades políticas, judiciales y militares involucradas, así como a la empresa SOMAGEC, acusada de explotación ilegal y de causar explosiones en la isla que motivaron el encarcelamiento de 37 annoboneses.

Tras meses de denuncias y presión internacional, 37 ciudadanos annoboneses fueron liberados luego de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (WGAD) de las Naciones Unidas emitiera una opinión contundente: las detenciones fueron arbitrarias, ilegales y discriminatorias. La noticia fue celebrada por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), pero el panorama sigue siendo desolador: la isla de Annobón continúa incomunicada, sin justicia, sin reparación a las víctimas y bajo el control represivo del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

“La UNPO celebra su liberación y la opinión adoptada por el WGAD”, señala el comunicado oficial, pero también advierte que se trata de un paso parcial.

Detenidos por defender derechos humanos

Los 37 liberados fueron arrestados en julio y agosto de 2024 por participar en manifestaciones pacíficas en Annobón contra la degradación ambiental, la utilización de dinamita para extraer minerales, el abandono estatal y la discriminación sistemática. Según la UNPO, fueron acusados falsamente por su participación en protestas legítimas.

“La detención de los 37 annoboneses fue arbitraria […] como resultado directo de que los ciudadanos ejercieran sus derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y participación política”, afirma el documento.

Tal y como lo recordó la UNPO, la Organización de las Naciones Unidas determinó que el régimen violó cuatro principios fundamentales:

Categoría I: No hubo base legal para las detenciones. Los ciudadanos fueron arrestados sin órdenes judiciales y permanecieron hasta 27 días sin comparecer ante un juez.

Categoría II: Fueron perseguidos por ejercer derechos reconocidos internacionalmente.

Categoría III: Se violaron las garantías de un juicio justo. No se les permitió asistencia legal, hubo procesos colectivos sin individualización y denuncias de tortura.

Categoría V: Hubo discriminación por su identidad étnica, cultural y por su posición política en favor de la autodeterminación de Annobón.

Un fallo contundente, una realidad impune

“El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno la liberación inmediata de las 37 personas, que se les otorgue una compensación y otras reparaciones, y que se investigue exhaustivamente […] los responsables de las violaciones”, indicó la UNPO.

A pesar del fallo, el régimen no ha ofrecido disculpas, ni iniciado investigaciones, ni compensado a las víctimas. La liberación fue forzada por el dictamen internacional, no por voluntad política del Gobierno.

La UNPO también subraya que las condiciones de detención fueron extremadamente duras: “Su liberación […] se produjo solo después de importantes retrasos y bajo duras condiciones físicas”.

Annobón sigue incomunicada

A casi un año del inicio de las protestas, la isla de Annobón permanece bajo castigo colectivo. El régimen bloqueó el acceso a internet el 20 de julio de 2024, suspendió el servicio de Starlink y prohibió el uso de dispositivos satelitales.

“La población de la isla permanece aislada e incapaz de comunicarse o documentar los abusos”, denunció la UNPO.

En este contexto, se lanzó una petición urgente ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para exigir el restablecimiento del acceso a internet y el fin de las represalias.

Firmá la petición acá: https://act.accessnow.org/page/173891/action/1

El reclamo sigue vigente

“La UNPO insta al Gobierno de Guinea Ecuatorial a cumplir plenamente con las recomendaciones del WGAD y pide al Gobierno que se comprometa en un diálogo significativo con el pueblo de Annobón, respetando sus derechos humanos fundamentales […] incluido su derecho a la libre determinación”.

Desde Ambô Legadu adherimos a ese reclamo. La liberación no es suficiente. La represión continúa, la isla sigue censurada y el régimen sigue impune. Annobón merece justicia, comunicación libre y respeto a su soberanía.

Las imágenes que comienzan a circular tras la liberación de los 37 annoboneses detenidos ilegalmente por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo son un golpe directo al alma de cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad. Lejos de tratarse de una restitución de derechos, lo que ha hecho el gobierno de Guinea Ecuatorial es perpetuar la tortura a cielo abierto, humillar a sus víctimas y desafiar, con cinismo brutal, la resolución de Organización de las Naciones Unidas.

Uno de los casos más desgarradores es el de Estrella Alfaro Aracil, de cincuenta años. En las escuetas fotografías que han trascendido hasta el momento, Estrella aparece rapada, con el rostro magullado, ojeras profundas y una delgadez alarmante, apenas reconocible. Su cuerpo y su mirada gritan lo que las palabras ya no alcanzan a decir: ha sido quebrada, física y emocionalmente, por un Estado que ha hecho de la represión su forma de gobierno. Tras las torturas, la cantante annobonesa precisa de ayuda y asistencia para poder andar.

Estrella fue secuestrada en horas de la madrugada, arrastrada por un grupo de civiles sin identificación, sin orden judicial, sin explicación. Como tantos otros annoboneses, fue torturada, incomunicada, desnutrida y finalmente soltada, no por justicia ni humanidad, sino porque una resolución internacional lo exigía. Pero el régimen respondió con burla: la liberación fue solo una transición de celda. De la prisión de máxima seguridad del interior de Río Muni, Mongomo (Oven Aseng), al Gulag a cielo abierto más grande del mundo. Un lugar sitiado, arrasado, sin hospitales, sin medicinas, sin comida.

Hoy, Estrella y el resto de los liberados sobreviven en Annobón, un territorio completamente incomunicado, empobrecido a propósito, convertido en una suerte de campo de concentración a cielo abierto. Allí no hay abrigo. No hay ayuda humanitaria. No hay posibilidad alguna de recuperación. Lo que hay es hambre, miedo y vigilancia militar. Y una comunidad entera, condenada por diferencias étnicas.

Lo más trágico es que Estrella no es un caso aislado. Es un símbolo: todos los annoboneses fueron liberados con distintos grados y tipos de afecciones y enfermedades, incluso dos de ellos tienen paralizada parte de su cuerpo.

Estrella es el espejo roto en el que se reflejan todos los rostros de esta tragedia: docentes, artistas, ancianos, líderes barriales. Gente que alguna vez creyó que era posible vivir con dignidad, y que hoy paga ese sueño con una vida hecha ruinas. La mayoría no tienen ni ropa para cambiarse. Visten los mismos harapos que llevaban al ser secuestrados hace casi un año.

La ONU fue clara: estas detenciones fueron arbitrarias, racistas y sistemáticas. Actos de persecución por motivos étnicos, culturales y nacionales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no solo exigió la liberación inmediata de los detenidos, sino también una investigación penal, una reparación económica y la difusión pública de la condena. El régimen no cumplió nada. Fingió un indulto masivo para ganar tiempo, exigiendo alabarle por su bondad. Y mientras tanto, los cuerpos y las almas de sus víctimas siguen cayendo a pedazos.

Según lo manifestaron autoridades del Gobierno de la República de Annobón, si alguno de los 37 liberados colapsa física o mentalmente en esa isla de hambre y silencio, la responsabilidad será exclusiva del régimen de Obiang. No hay excusas. No hay doble discurso. El derecho internacional ha hablado. Ahora le toca a la comunidad internacional actuar. Porque lo que ocurre en Annobón ya no es solo una tragedia local. Es una herida abierta en la conciencia del mundo. Y cada minuto de silencio que se le concede a Obiang es un permiso tácito para seguir torturando.

Lejos de cumplir con la resolución —que también exige una investigación penal, una reparación económica y la difusión pública de la condena— el régimen optó por una estrategia evasiva: evitar que el documento adquiera validez jurídica formal, ocultar su contenido y simular una “liberación” que en realidad es una continuación del encierro. El pueblo annobonés lo denuncia con claridad: se ha cambiado la prisión por una isla militarizada, sin alimentos ni medicinas.

Los 37 secuestrados han sido trasladados en condiciones deplorables a Annobón, un territorio que, como se sabe, se encuentra empobrecido por décadas de saqueo estatal, sin servicios básicos, sin hospitales, sin medicamentos de ningún tipo, ni siquiera un paracetamol. “Llegaron raquíticos, física y emocionalmente devastados, y ahora sobreviven sin comida, sin abrigo y bajo vigilancia constante”, advirtió el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar.

Vivir en Annobón es, en el mejor de los casos, un acto de resistencia cotidiana. Para personas que llevan un año detenidas, incomunicadas, torturadas y privadas de toda atención médica, es simplemente un riesgo mortal.

Peor aún es el destino de aquellos que fueron detenidos en Malabo. Liberados también a la fuerza, se encuentran ahora completamente desamparados, sin acceso a sus familiares, sin un techo donde dormir, sin ningún tipo de asistencia humanitaria. Los seres queridos que permanecen en Annobón no podrán verlos hasta dentro de dos meses, cuando vuelva el único barco del régimen que conecta con la isla. Es una prolongación del sufrimiento, una tortura lenta, una forma más de discriminación étnica y cultural.

Ni siquiera tienen ropa para cambiarse. Llevan los mismos harapos que tenían cuando fueron secuestrados por el régimen hace más de un año. “No tienen ni un calzoncillo que ponerse”, denuncian los annoboneses. La humillación, el abandono y la violencia son sistemáticos.

El Gobierno de la República de Annobón, impulsor de la denuncia que hizo posible la condena internacional, fue contundente: si alguno de los liberados pierde la vida o sufre un deterioro irreversible de salud, la única y absoluta responsabilidad será del régimen de Guinea Ecuatorial.

Vale recordar que las Naciones Unidas confirmaron que estas detenciones fueron arbitrarias, motivadas por factores étnicos, culturales y nacionales. Es decir, actos de persecución racial. Se trata de una de las formas más graves de violación a los derechos humanos reconocidas por el derecho internacional.

Las víctimas —entre ellas docentes, artistas, líderes comunitarios— fueron brutalmente reprimidas tras alzar la voz contra la destrucción ambiental, el saqueo de los recursos naturales y la demolición forzosa de viviendas. A día de hoy, la isla de Annobón sigue ocupada por fuerzas militares, aislada por completo del mundo exterior, sin internet, sin teléfono, sin prensa libre. El miedo y el hambre son instrumentos del Estado neocolonial.

La resolución de la ONU, impulsada por el abogado Aitor Martínez Jiménez y el Primer Ministro, Cartagena Lagar, es un triunfo jurídico que pone fin a décadas de silencio. Pero no alcanza con un papel firmado en Ginebra. La comunidad internacional debe actuar con urgencia. El régimen de Obiang ha optado por la negación, el cinismo y la crueldad. La vida de decenas de personas está en riesgo y, una vez más, la indiferencia no es una opción.