Sotomayor recordó que Annobón formó parte del Virreinato del Río de la Plata y denunció la violencia sistemática contra su población. En su diálogo con Castagnet, el legislador apuntó contra el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y remarcó que las denuncias de abusos sexuales, asesinatos y desapariciones en la isla son “calamitosas”.

El proyecto que Sotomayor llevará al Parlamento del Mercosur busca generar una discusión regional sobre la situación en Annobón, interpelando a los organismos internacionales para que adopten medidas concretas. “La cooperación internacional no puede excusarse en no operar con el país; debe servir para transformar a los pueblos. No podemos mirar para otro lado”, afirmó.

El legislador explicó que su iniciativa se enmarca en un plan de diplomacia y cooperación parlamentaria impulsado desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, la dignidad y la libertad de pueblos sometidos a regímenes dictatoriales.

Castagnet destacó que el proyecto permitirá que “la voz de esta gente vaya a todo el Mercosur”, y subrayó que en Annobón “si hablan, los matan; si crecen, los violan y los matan; si se enferman, se mueren. No tienen una aspirina, no tienen agua potable, no tienen internet, solo dignidad y mucha fuerza”.

Sotomayor cerró la entrevista con un llamado a la solidaridad internacional: “Si en un mundo globalizado permitimos que esto suceda, mañana puede pasar en cualquier otra isla o país hermano. La cooperación no es solo dinero, es también compartir conocimientos y experiencias para salvar vidas”.

Qué dice el proyecto

El proyecto de declaración del Parlamento del Mercosur expresa su preocupación ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra el pueblo annobonés por el Estado de Guinea Ecuatorial. En ese marco, señala que, en 2024, tras protestas pacíficas por daños ambientales, se produjo una represión con arrestos masivos y militarización de la isla de Annobón. En 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que las detenciones de 37 ciudadanos fueron ilegales, discriminatorias y violatorias de múltiples derechos fundamentales, exigiendo su liberación inmediata, reparación integral y sanción a los responsables.

El texto destaca que la situación del pueblo annobonés, históricamente marginado, incluye aislamiento forzoso, control militar, discriminación étnica, negación de servicios básicos y contaminación ambiental, lo que vulnera principios del derecho internacional y objetivos de la Agenda 2030. Reconoce la legitimidad del pronunciamiento de la ONU, recuerda el apoyo de organizaciones internacionales y señala que el principio de autodeterminación podría ser aplicable en este caso como “autodeterminación remediadora” ante violaciones sistemáticas.

Finalmente, la declaración insta a los Estados Parte del Mercosur a visibilizar el caso en foros internacionales, promover el monitoreo de la situación humanitaria, y encomienda a su Comisión de Derechos Humanos el seguimiento de los hechos, reafirmando su compromiso con la igualdad, la no discriminación y la condena a toda forma de represión estructural contra comunidades históricas.