La isla de Annobón es una pequeña provincia insular, anexada como parte de Guinea Ecuatorial, con una cultura criolla afroportuguesa distintiva, moldeada por siglos de aislamiento y la fusión de influencias africanas y portuguesas. Bajo el régimen autoritario de Guinea Ecuatorial, que conduce el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha sufrido décadas de penurias marcadas por la pobreza extrema, la alta militarización, la escasez de recursos esenciales y el abandono sistémico. Las comunidades annobonesas denuncian un trato injusto y persistente por parte del gobierno central y un deterioro constante de las condiciones de vida, desafíos que se han agudizado drásticamente en los últimos años.

La comunicación de la UNPO a los Procedimientos Especiales en 2024 destacó violaciones continuas, como la degradación ambiental y el vertido de residuos; deficiencias en la infraestructura; aislamiento y exclusión sistémicos; discriminación y violencia; y detenciones arbitrarias y represión política, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como la injerencia en la libertad de reunión y de circulación. Reveló cómo, en julio de 2024, ante la creciente destrucción ambiental y su impacto en la salud y los medios de subsistencia, los residentes annoboneses y los defensores de los derechos humanos publicaron un manifiesto exigiendo la intervención del gobierno. En lugar de responder a las preocupaciones de la comunidad, las autoridades cortaron los servicios de telefonía móvil e internet en la isla, aislando a la población del mundo exterior.

Poco después, las fuerzas de seguridad detuvieron a 42 miembros de la comunidad, entre ellos líderes que apoyaban el manifiesto y participaban en manifestaciones pacíficas. Tres meses más tarde, solo cinco de las detenidas, todas mujeres mayores, fueron liberadas, acusadas de rebelión y violación de derechos fundamentales. En junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una declaración formal condenando las detenciones y clasificándolas como arbitrarias según las categorías I, II, III y V de su sistema de clasificación. La opinión del grupo de trabajo propició la liberación de los 37 miembros restantes de la comunidad, lo cual fue celebrado por la UNPO. Sin embargo, un año después de las detenciones arbitrarias, testigos siguen denunciando una mayor militarización, intimidación y abusos por parte de las unidades militares desplegadas.

En respuesta a las cuestiones planteadas por la UNPO, nueve titulares de mandatos de la ONU —entre ellos los Relatores Especiales sobre el medio ambiente, la reunión pacífica y la asociación, la vivienda, las cuestiones de las minorías, los defensores de los derechos humanos, los desechos peligrosos y el agua y el saneamiento—, junto con dos Grupos de Trabajo, emitieron Cartas de Asesoramiento Conjunto (JAL, por sus siglas en inglés) al gobierno de Guinea Ecuatorial y a SOMAGEC en agosto de 2025. Ambas cartas plantearon las mismas preocupaciones: la degradación ambiental, la extracción irregular de minerales, las detenciones arbitrarias y el impacto negativo en la salud, los medios de subsistencia y los derechos fundamentales de la comunidad annobonesa. Los titulares de mandatos subrayaron la urgente necesidad de rendición de cuentas, consulta con las comunidades afectadas y la implementación de medidas regulatorias y de protección adecuadas.

Los JAL destacaron que la situación alcanzó un punto crítico debido a las actividades de la constructora SOMAGEC, dirigida por el multimillonario Roger Sahyoun, que opera en la isla desde 2007. Si bien SOMAGEC presenta infraestructura militar -puesta al servicio de la elite gobernante- como contribuciones positivas, los expertos de la ONU advirtieron que el uso de explosivos, la extracción incontrolada de piedra y la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental por parte de la empresa han generado serias preocupaciones sobre la degradación ambiental en curso.

Estas actividades han destruido tierras agrícolas, provocando inundaciones repentinas, poniendo en peligro la supervivencia del lago Mazafín y contaminando fuentes de agua esenciales para la comunidad. Además, señalan que los proyectos de agua potable de SOMAGEC no cumplen con los estándares básicos de calidad, lo que obliga a los residentes a realizar largos recorridos hasta los ríos para obtener agua que, si bien sigue siendo insegura, se considera menos peligrosa que la que se les proporciona.

La UNPO acoge con beneplácito las JAL como un paso necesario hacia la rendición de cuentas y condena enérgicamente la negación de cualquier irregularidad por parte de SOMAGEC en su carta de respuesta, así como la falta de respuesta del Estado de Guinea Ecuatorial. Asimismo, celebra la creciente atención que la comunidad internacional presta a la degradación ambiental y las violaciones de derechos humanos en Annobón. Recientemente, la diputada argentina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de declaración que condena enérgicamente la escalada militar sin precedentes, las detenciones arbitrarias y la degradación ambiental en Annobón, convirtiéndose así en el primer Estado del mundo en hacerlo públicamente.

La UNPO persistirá en atraer la atención mundial sobre estas preocupaciones y abogar por soluciones reales a las dificultades que enfrenta la comunidad annobonesa.

El texto busca que la Argentina, en su rol histórico como defensora de los derechos humanos, tome posición frente a lo que describe como “violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población civil, incluyendo el bloqueo informativo, el uso indiscriminado de la fuerza, la supresión de garantías procesales y la represión de las legítimas aspiraciones de autodeterminación del pueblo de Annobón”.

En los fundamentos, Arrieta señala que la isla —anexionada al destino de Guinea Ecuatorial por designio de la dictadura de Francisco Franco— vive desde 2022 “una escalada militar sin precedentes”, con “tropas fuertemente armadas, bases permanentes y patrullajes constantes que han generado un clima de ocupación, hostigamiento y terror cotidiano”.

El proyecto subraya además el deterioro de la situación humanitaria: “Escasez de alimentos, falta de agua potable, atención médica precaria, enfermedades generalizadas en niños y un éxodo forzado que redujo a la mitad la población en apenas tres años”. También advierte sobre la contaminación ambiental y el uso de la isla “como vertedero de desechos tóxicos y escenario de explotaciones mineras con explosivos que ponen en riesgo la vida de la población”.

Arrieta calificó estas prácticas como compatibles con “la noción de genocidio estructural o apartheid administrativo”, denunciando una “política sistemática de exclusión, violencia y destrucción física o cultural del pueblo annobonés”.

El texto cita informes de Amnistía Internacional, Freedom House, Access Now y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en abril de 2025 concluyó que la detención de 37 annoboneses fue ilegal en múltiples categorías del derecho internacional, incluyendo la segregacionismos étnica, y exigió su liberación y reparación.

Finalmente, el proyecto insta al Congreso argentino a “contribuir a visibilizar el drama de Annobón ante los foros multilaterales y fortalecer el compromiso nacional con la protección de los pueblos oprimidos, su dignidad y su derecho a elegir libremente su destino”.

Durante el encuentro, también estuvo presente el abogado Yamil Castro Bianchi, quien acompaña la causa en el país. La diputada Arrieta expresó su compromiso de trabajar legislativamente en la denuncia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla, así como de articular con otros espacios políticos para darle visibilidad al reclamo annobonés.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la decisión de impulsar, desde el ámbito parlamentario, el apoyo a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que expone la dura realidad que padece Annobón y que responsabiliza al régimen de Obiang por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra su pueblo, que ameritaron una denuncia en los Tribunales Federales de la República Argentina solicitando jurisdicción universal.

La comitiva valoró el encuentro como un paso importante para internacionalizar la causa annobonesa y tender puentes institucionales que fortalezcan la denuncia en foros internacionales.