Mizrahi, sociólogo por la UBA y magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), es uno de los periodistas argentinos más reconocidos en materia internacional. Su apoyo público refuerza la visibilidad que la causa de Annobón viene ganando en Argentina y en la región.

Una entrevista que expuso la tragedia annobonesa

En su programa, Mizrahi entrevistó a Orlando Cartagena Lagar, primer ministro del Gobierno de Annobón en el exilio. Durante el diálogo, Cartagena describió con crudeza la realidad que vive la isla bajo el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en Guinea Ecuatorial:

“Annobón es nuestra tierra, nuestra nación, siempre hemos vivido ahí solos, autóctonos. Pero Guinea nos está matando literalmente. Carecemos de todo: no hay agua potable, no hay luz, no hay educación ni sanidad. Sobrevivimos con agricultura de subsistencia y pesca artesanal”, afirmó.

Y añadió: “En la isla viven apenas 3.000 personas, porque el sistema de deportaciones forzadas nos obliga a abandonar Annobón. Y las niñas, desde los doce años, sufren abusos sistemáticos por parte de militares de Obiang. Estamos luchando contra un programa de aniquilación identitaria. Guinea quiere borrarnos del mapa«.

La entrevista también permitió recuperar un aspecto histórico clave: Annobón formó parte durante siglos del Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Este lazo histórico es uno de los fundamentos de los pedidos de ayuda humanitaria que hoy la dirigencia annobonesa plantea en Argentina.

La Justicia Argentina investigará los delitos de lesa humanidad

Durante su visita a la República Argentina, el Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar, presentó en Buenos Aires una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Guinea Ecuatorial. El escrito, patrocinado por el abogado José Fernando Teseyra, quedó radicado en el Juzgado Federal N° 12 a cargo de Ariel Lijo, bajo el principio de jurisdicción universal previsto en la Constitución Argentina y en el derecho internacional.

La querella acusa al dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y a su hijo Teodorín Nguema Obiang, entre otros responsables, de llevar adelante una política sistemática de persecución étnica y política contra el pueblo Ambô. Se documentan detenciones arbitrarias, torturas en la prisión de Black Beach, militarización de la isla y hasta su utilización como vertedero de residuos radiactivos, hechos que ya fueron denunciados ante la Organización de las Naciones Unidas.

El escrito cita antecedentes de la Justicia argentina en materia de jurisdicción universal, como los casos Priebke y Arancibia Clavel, y reclama cooperación internacional con Guinea Ecuatorial, Marruecos y Paraguay. Cartagena solicitó que se identifique y procese a las autoridades políticas, judiciales y militares involucradas, así como a la empresa SOMAGEC, acusada de explotación ilegal y de causar explosiones en la isla que motivaron el encarcelamiento de 37 annoboneses.

La presentación se realizó con el patrocinio del abogado José Fernando Teseyra, quien solicitó que el Poder Judicial de la Nación Argentina acepte la competencia para investigar y juzgar los hechos en base al principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional y reconocido en el derecho internacional.

“La Isla de Annobón y su pueblo Ambô han sido objeto de persecución sistemática, privación arbitraria de la libertad y torturas, en el marco de un ataque generalizado y organizado por parte del régimen de Guinea Ecuatorial”, expresa la denuncia.

Crímenes denunciados

La querella detalla un patrón de violaciones a los derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad:

– Persecución étnica y política desde 1968, cuando Annobón fue anexada a Guinea Ecuatorial sin consulta a su población. Esto incluyó el abandono deliberado de servicios básicos, la militarización permanente de la isla y su utilización como vertedero de residuos radiactivos.

– Privación arbitraria de la libertad de 37 ciudadanos annoboneses en julio de 2024, tras firmar un manifiesto pacífico contra las explosiones provocadas por la empresa SOMAGEC en la isla. Estas detenciones fueron denunciadas ante la ONU, que las declaró manifiestamente arbitrarias en cuatro de las cinco categorías previstas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

– Torturas sistemáticas, tanto físicas como psicológicas, contra los detenidos annoboneses en dependencias policiales y en la prisión de Black Beach, incluyendo golpes, técnicas de inmovilización y amenazas con armas.

Antecedentes jurídicos

El escrito cita jurisprudencia argentina en la aplicación de la jurisdicción universal, como los casos Priebke, Arancibia Clavel y Simón, además de precedentes más recientes en los que la Justicia Federal asumió competencia sobre crímenes cometidos en España, Myanmar y Venezuela.

Asimismo, recuerda que el Estatuto de Roma y la Ley 26.200 de Implementación del Estatuto incorporan al derecho interno argentino la persecución, la privación arbitraria de la libertad y la tortura como delitos de lesa humanidad.

Pedido a la Justicia Argentina

Cartagena Lagar, nacido en Annobón y miembro de la etnia Ambô, se constituyó como parte querellante y solicitó que la Justicia argentina investigue e identifique a los responsables, entre ellos:

– El presidente de Guinea Ecuatorial al momento de los hechos.

– Autoridades de la gendarmería y del penal de Black Beach.

– La jueza y fiscales que intervinieron en el proceso irregular contra los 37 annoboneses.

-.Directivos de la empresa SOMAGEC Guinea Ecuatorial, vinculada a la explotación ilegal de recursos en la isla.

Finalmente, se requirió la cooperación internacional para obtener información de Guinea Ecuatorial, Marruecos y Paraguay —países vinculados a la empresa SOMAGEC—, así como copias certificadas del dictamen de la ONU que avala la denuncia.

“El pueblo annobonés ha sido víctima de un ataque prolongado que pone en riesgo su supervivencia. Ante la inacción de Guinea Ecuatorial y la falta de investigación internacional, corresponde que la Justicia argentina asuma su deber de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad denunciados”, concluye el escrito.