En los últimos días, se ha conocido el caso de cinco ancianas annobonesas que fueron secuestradas en la isla de Annobón, y trasladadas a Malabo, sin motivo real. Estas abuelas, Robustiana Majeda Bárcena, Generosa Bestue, Rita Laurel, Resurrección Malest y Francisca Andreu, fueron detenidas en condiciones inhumanas, privadas de comida y agua durante casi tres semanas. El régimen las mantuvo en cautiverio sin ninguna acusación formal, solo para liberarlas de manera condicionada y bajo la coacción de que repitieran un guion que las despojaba de su dignidad.

El abandono de estas abuelas en las calles de Malabo, sin apoyo estatal y alejadas de sus familias, es un acto de crueldad que subraya la discriminación y el trato desigual que sufren los annoboneses por parte de Guinea Ecuatorial. Estas abuelas no reciben ninguna pensión ni ayuda del gobierno, y tras ser liberadas, sus familiares tuvieron que organizar colectas para poder regresarlas a Annobón. Este hecho, además de ser inhumano, es ilegal y viola sus derechos fundamentales.

El secuestro y el posterior abandono de estas abuelas no es un caso aislado. Se trata de una práctica sistemática de un régimen que no solo ignora su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, sino que también utiliza el miedo y la violencia para silenciar cualquier voz disidente. La comunidad internacional sigue exigiendo conocer el paradero de los treinta y siete annoboneses que fueron detenidos por el estado bajo cargos falsos y cuyo destino sigue siendo desconocido.

La situación de desamparo en la que quedan las familias de estos desaparecidos es alarmante. Las abuelas se ven obligadas a enfrentar la pobreza extrema, sin recursos para mantener a sus hijos, mientras que los niños, privados de la protección de sus padres, crecen en un ambiente de miedo e incertidumbre.

El principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) es claro: los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos de crímenes atroces, como el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el régimen de Obiang ha fallado deliberadamente en su responsabilidad, no solo al no proteger a los annoboneses, sino también al ser el principal perpetrador de las violaciones a sus derechos.

La comunidad internacional debe actuar ante estas flagrantes violaciones de derechos humanos. No se puede permitir que el régimen de Guinea Ecuatorial continúe operando con total impunidad, secuestrando y abandonando a sus ciudadanos sin que haya una respuesta firme y decidida. Las vidas de incontables mujeres, niños y hombres annoboneses no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en la represión del régimen.

En este marco, el Gobierno de la República de Annobón exigió la liberación inmediata e incondicional de los treinta y siete ciudadanos injustamente detenidos. Además, reclamó el cese absoluto de la persecución y represión que sufren las familias a manos del régimen de Guinea Ecuatorial. Annobón no callará hasta que se haga justicia y se restaure la libertad y la paz para todos sus ciudadanos.

Vale recordar que los annoboneses, que llevan más de veinte días detenidos ilegalmente, fueron secuestrados y deportados ilegalmente por cuestionar el uso de dinamitas en Annobón, por el solo hecho de defender la integridad de la isla y la población, firmando un documento a todas luces legal y legítimo. La iniciativa fue apoyada por annoboneses radicados en Malabo, que presentaron ante el Parlamento una petición similar con más de doscientas firmas, que fue utilizado por el régimen de Guinea Ecuatorial como chivo expiatorio para extender las detenciones ilegales. Desde entonces, los secuestrados han sido sometidos a tormentos y arbitrariedades de todo tipo, sin causas claras de detención ni garantías procesales.

En respuesta a esta estrategia de manipulación y extorsión, que no es nueva sino que ya fue implementada días atrás con las annobonesas Robustiana Majeda Bárcena, Generosa Bestue, Rita Laurel, Resurrección Malest y Francisca Andreu, el gobierno de la República de Annobón ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su postura clara ante esta injusticia. 

“A fin de proteger su integridad física y siendo fieles a los valores humanitarios que caracterizan al pueblo de Annobón, por el amor y el respeto de los familiares de los detenidos -hijos, esposas y padres-, exoneramos a los detenidos de cualquier consecuencia legal y social devenidas de las maniobras extorsivas del régimen de Guinea Ecuatorial, que solo tienen por objetivo amedrentar a nuestra población y nuestro movimiento”, aseguró. 

Este comunicado refleja la difícil situación a la que se enfrentan los ciudadanos annoboneses bajo el yugo del régimen guineoecuatoriano. La República de Annobón, a pesar de las circunstancias adversas, continúa abogando por la dignidad y el bienestar de sus ciudadanos, entendiendo que las declaraciones forzadas bajo coacción no tienen ningún valor real, ni deben ser tomadas como una representación auténtica de los pensamientos o sentimientos de los secuestrados.

Finalmente, el comunicado indica: “El gobierno de la República de Annobón rechaza categóricamente el uso de dinamitas en nuestra isla, reafirma su compromiso por la independencia y prometemos, tan pronto como volvamos a tomar el control de nuestras tierras, el juzgamiento de todos los implicados en las atrocidades cometidas por el régimen de Obiang”.

El video, tal y como lo advertimos desde AMBÔ LEGADU, muestra a las annobonesas Robustiana Majeda Bárcena, Generosa Bestue, Rita Laurel, Resurrección Malest y Francisca Andreu, en un estado de debilidad evidente, apenas capaces de hablar, mientras repiten con tristeza las palabras que el régimen les ordenó decir como condición para su liberación: «No sabíamos lo que estábamos firmando y damos gracias a nuestro hermano mayor (en referencia al vicedictador Teodorín Obiang) que nos ha liberado».

Estas palabras, claramente forzadas, son una muestra más de la manipulación y coacción que sufren los ciudadanos annoboneses bajo la opresión del régimen guineoecuatorial. Las mujeres, que habían sido detenidas arbitrariamente por protestar contra el uso de dinamita cerca de sus viviendas, fueron obligadas a renunciar a su derecho a la verdad y la justicia para recuperar su libertad.

En el informe televisivo, la reportera afirma con desfachatez que las mujeres fueron liberadas «luego de que las investigaciones hayan determinado que ellas no participaron en tales actos». Sin embargo, es evidente que no hubo investigación, garantías ni un proceso judicial legítimo que justifique sus detenciones. Las declaraciones de la periodista no son más que una farsa, destinada a encubrir los crímenes del régimen y mantener la ilusión de un sistema legal que no existe en Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, lo más escalofriante del reporte es el cierre, donde la periodista asegura que las mujeres, todas ancianas e indefensas, fueron detenidas por «incitación a la violencia» y «violación del derecho a la manifestación», acusaciones completamente infundadas y contradictorias, que solo buscan justificar lo injustificable: el secuestro, la tortura y la extorsión a la que fueron sometidas.

Este video, difundido con total impunidad por un medio oficialista, no solo confirma las denuncias previas sobre la brutalidad del régimen, sino que también expone la desesperada necesidad del gobierno de Obiang de mantener el control a cualquier costo, incluso si esto significa utilizar la vida y la dignidad de la gente como herramientas de propaganda.

La comunidad internacional debe tomar este nuevo acto de crueldad y manipulación como una señal urgente de la necesidad de intervenir. Las mujeres de la República de Annobón merecen vivir libres de miedo y represión, y no ser rehenes de un régimen ocupacional que se niega a respetar los derechos humanos más básicos.