El conversatorio titulado “Derechos humanos y autodeterminación en África: el caso de Annobón”, se constituyó como un espacio de reflexión profunda sobre las tensiones políticas y los desafíos humanitarios que atravesó la isla en los últimos años. A lo largo de la jornada se destacó el progresivo deterioro en materia de derechos humanos y las crecientes demandas de autonomía por parte de la población annobonesa.

Durante el encuentro, se repasó también la trayectoria histórica del territorio. Antiguamente colonia portuguesa y luego española, Annobón llegó a depender del Virreinato del Río de la Plata antes de su incorporación a Guinea Ecuatorial en 1968. Este vínculo histórico fue retomado por el Primer Ministro del Gobierno de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, quien afirmó que “humanitariamente necesitamos apoyo internacional. Todos los países de Latinoamérica tenemos un pasado histórico que nos une en común”, en referencia justamente a esa conexión colonial con la región.

Cartagena describió las condiciones que ha sufrido históricamente y en la actualidad la población de la isla: “Annobón siempre ha sido víctima de todos los abusos. Estamos aislados sin acceso a agua potable, sin acceso a comida; es un pueblo condenado a morir”, declaración que conmovió a los asistentes y evidenció la gravedad de la situación.

Los expositores coincidieron en que la población annobonesa ha sufrido marginación, explotación y violencia estatal, agravada durante 2024 y 2025, cuando se registraron detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en respuesta a sus reclamos de autonomía y justicia. Este panorama alcanzó relevancia internacional luego del pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que instó al gobierno a liberar a los detenidos y garantizar una investigación rigurosa de los abusos.

El abogado especializado en derecho internacional, Aitor Martínez, representante del caso Annobón ante la ONU, destacó la importancia de fortalecer el acompañamiento internacional y local: “El apoyo a la sociedad civil es fundamental para la concienciación y movilización de esta noble causa”, reafirmando la importancia de visibilizar y actuar frente a la crisis humanitaria que sufre la isla.

Por su parte, la historiadora Silvia Perazzo, presidenta de Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR), contextualizó históricamente el conflicto y analizó su dimensión geopolítica contemporánea. En su intervención sostuvo que “los Estados se mueven por intereses geoestratégicos, por eso hay que llamar la atención de lo que está pasando en Annobón desde la sociedad civil y mover lo que es la estructura diplomática para que vean más allá”. Su aporte permitió articular la dimensión histórica con la lectura política del presente.

La moderación estuvo a cargo del magíster Federico Cerri Martínez, Secretario de Investigación y Coordinador de la Licenciatura en Ciencia Política de la UDE. En el cierre del encuentro, Cerri destacó la importancia del compromiso académico con causas humanitarias y reafirmó la disposición institucional a sostener estos espacios: “Las puertas de la universidad están abiertas para seguir con la divulgación y que se conozca lo que sucede en Annobón”.

La jornada se consolidó como un aporte significativo para la visibilización del conflicto annobonés y reafirmó el rol de la Universidad del Este en la promoción de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la cooperación internacional.

El texto busca que la Argentina, en su rol histórico como defensora de los derechos humanos, tome posición frente a lo que describe como “violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población civil, incluyendo el bloqueo informativo, el uso indiscriminado de la fuerza, la supresión de garantías procesales y la represión de las legítimas aspiraciones de autodeterminación del pueblo de Annobón”.

En los fundamentos, Arrieta señala que la isla —anexionada al destino de Guinea Ecuatorial por designio de la dictadura de Francisco Franco— vive desde 2022 “una escalada militar sin precedentes”, con “tropas fuertemente armadas, bases permanentes y patrullajes constantes que han generado un clima de ocupación, hostigamiento y terror cotidiano”.

El proyecto subraya además el deterioro de la situación humanitaria: “Escasez de alimentos, falta de agua potable, atención médica precaria, enfermedades generalizadas en niños y un éxodo forzado que redujo a la mitad la población en apenas tres años”. También advierte sobre la contaminación ambiental y el uso de la isla “como vertedero de desechos tóxicos y escenario de explotaciones mineras con explosivos que ponen en riesgo la vida de la población”.

Arrieta calificó estas prácticas como compatibles con “la noción de genocidio estructural o apartheid administrativo”, denunciando una “política sistemática de exclusión, violencia y destrucción física o cultural del pueblo annobonés”.

El texto cita informes de Amnistía Internacional, Freedom House, Access Now y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en abril de 2025 concluyó que la detención de 37 annoboneses fue ilegal en múltiples categorías del derecho internacional, incluyendo la segregacionismos étnica, y exigió su liberación y reparación.

Finalmente, el proyecto insta al Congreso argentino a “contribuir a visibilizar el drama de Annobón ante los foros multilaterales y fortalecer el compromiso nacional con la protección de los pueblos oprimidos, su dignidad y su derecho a elegir libremente su destino”.

El principio de autodeterminación reconoce la independencia a los pueblos y territorios bajo dominación colonial extranjera, como Annobón, Fernando Poo y Río Muni. Estos pueblos son los verdaderos sujetos de derecho internacional, pero no conformaban una unidad física, identitaria, lingüística ni territorial.

Tampoco firmaron libremente un acuerdo de cooperación o integración que justificara su unión en un solo Estado.

La Unión Bubi rechazó la independencia conjunta por temor a ser absorbida por las tribus del interior de Río Muni, con las cuales los isleños no tenían ningún vínculo histórico ni contacto previo. Por su parte, el pueblo annobonés nunca fue consultado ni informado sobre el proceso, debido al aislamiento permanente que padecía la isla. Además, la población apenas comprendía el idioma español y carecía de formación política, lo que impidió su participación consciente en los acontecimientos.

El acto de independencia fue presidido por Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo. Sin embargo, dicho cargo carecía de la autoridad necesaria para encabezar una ceremonia de esa magnitud, máxime cuando seguían en funciones el jefe del Estado, Francisco Franco; el vicepresidente, Luis Carrero Blanco; el ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella; y el ministro de Gobernación Camilo Alonso Vega. Enviar al ministro de Información y Turismo a un acto de tal trascendencia demuestra la falta de seriedad y legitimidad del proceso.

Todo ello revela que la independencia de Guinea Ecuatorial se llevó a cabo de forma irregular y arbitraria. Como resultado, los pueblos involucrados —especialmente Annobón— quedaron sometidos a una estructura estatal artificial, fuente de sufrimiento, marginación y esclavitud perpetua.

¿Fue esto un acto de maldad o un error histórico? Sea cual fuere la respuesta, el resultado ha sido un Estado fallido desde su origen, tanto en su forma como en su fondo. Su desaparición, más que un desenlace, parece ser la única solución justa.

Orlando Cartagena Lagar
Primer Ministro
República de Annobón en el exilio.