Según narra el artículo firmado por Eromo Egbejule, a principios de este año, los residentes de la República de Annobón comenzaron a notar «plantas marchitas en sus tierras de cultivo y grandes grietas en sus casas», daños que atribuyeron a «años de explosiones de dinamita vinculadas a operaciones mineras en la isla». En julio, dieciséis personas decidieron escribir una carta a las autoridades en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, para expresar su preocupación y exigir el fin del uso de dinamita.

Para The Guardian, la respuesta del régimen fue inmediata y brutal: «En cuestión de días, los soldados arrestaron a los firmantes de la carta y a decenas de activistas simpatizantes de su causa». Durante las redadas, los familiares de los detenidos relataron que «las tropas fueron de casa en casa para arrestar a nuestros familiares». Además, los detenidos fueron «trasladados a comisarías en Annobón y luego subidos a aviones sin agua ni comida para deportarlos a Malabo». El diario británico recuerda que, tres meses después, solo cinco de los detenidos, todas mujeres ancianas, han sido liberadas. El resto sigue en prisión, acusados de «rebelión y ejercicio abusivo de derechos fundamentales”.

Los prisioneros están retenidos en condiciones inhumanas. Once de ellos se encuentran en la famosa prisión de Black Beach en Malabo, conocida por «el maltrato sistemático a los presos», mientras que otros veintiséis están encarcelados en Mongomo, al este del país, donde se les ha negado «el acceso a sus familiares y abogados”.

El artículo también menciona las dificultades para obtener información desde Annobón. «Nuestras fuentes… lograron obtener un poco de información de la isla recientemente», explicó Naro Omo-Osagie, gerente de política africana de Access Now, «pero siguen sin poder comunicarse con los residentes vía teléfono o internet”.

La represión en Annobón es vista por muchos como parte de un esfuerzo más amplio del régimen para sofocar cualquier disidencia, y las detenciones de julio parecen estar dirigidas a quienes critican la gestión de la isla o apoyan el movimiento Ambô Legadu. Según el abogado de derechos humanos Tutu Alicante, «llamar a la secesión no constituye un crimen en sí mismo», pero las autoridades ecuatoguineanas utilizan estas acusaciones para reprimir la libertad de expresión.

Por último, el artículo resalta la grave situación ecológica en la isla, agravada por la extracción minera que, según el líder del movimiento Ambô Legadu, Orlando Cartagena Lagar, «es un comportamiento de exterminio».