En sintonía con las denuncias de este medio, las organizaciones denunciaron que las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial utilizaron violencia física contra residentes, incluidos menores de edad, y denunciaron la posible detención de decenas de adultos y niños. Según el comunicado, los hechos podrían constituir casos de “detención arbitraria, detención incomunicada, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“La gravedad de las acusaciones conocidas hasta la fecha, en particular las que involucran a menores, exige una respuesta urgente y transparente”, sostuvieron las entidades.

Las voces intervinientes

Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, calificó como “profundamente preocupantes” las imágenes y testimonios recibidos desde la isla y afirmó que “ningún Estado puede justificar la violencia contra menores, la detención incomunicada de personas detenidas ni la represión de expresiones culturales pacíficas”.

“Lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la rendición de cuentas de todos los responsables”, reclamó.

El documento también puso el foco en las denuncias sobre restricciones a las prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa, entre ellas las limitaciones al uso de vestimenta tradicional y a la realización de actividades comunitarias.

El presidente de ASAFED, Cruz Melchor Eya Nchama, advirtió que Annobón enfrenta “un riesgo creciente de aislamiento político y cultural” y aseguró que las denuncias afectan “al ejercicio colectivo de la identidad cultural, religiosa y comunitaria del pueblo annobonés”.

“La protección de la diversidad cultural no es una concesión del Estado; es una obligación reconocida por el derecho africano e internacional”, remarcó.

Las organizaciones exigieron al gobierno de Guinea Ecuatorial que informe públicamente la identidad y situación jurídica de todas las personas detenidas, garantice el contacto con sus familiares y abogados, investigue las denuncias de violencia y permita el ingreso a Annobón de observadores independientes y organismos humanitarios.

En ese marco, pidieron la intervención de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), cuya secretaria ejecutiva actualmente se encuentra en manos de María de Fátima Monteiro Jardim. Además, solicitaron la intermediación de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

“La protección de la dignidad humana, las garantías procesales y los derechos fundamentales no admiten excepciones”, concluyeron.

Según testimonios recibidos desde la isla, durante esas comparecencias se las presiona para que desmientan públicamente los abusos denunciados en las últimas semanas y para que señalen a supuestos responsables dentro de la propia comunidad annobonesa, atribuyendo a vecinos la culpa de que «las cosas no marchen bien» en la isla.

Las citaciones llegan después de que los testimonios y denuncias sobre las detenciones y los malos tratos alcanzaran repercusión internacional.

La contradicción es evidente. Durante meses, habitantes de Annobón han denunciado la existencia de una red de informantes que colaboraría con las autoridades y con los cuerpos de seguridad desplegados en la isla. Ahora, en cambio, se busca trasladar la responsabilidad de los abusos hacia los propios annoboneses.

Chivo expiatorio

El patrón de los interrogatorios resulta revelador. En ellos no se discute el contenido de lo denunciado, sino la forma en que las denuncias llegaron al exterior, pese al corte deliberado de las comunicaciones que mantiene aislada a la isla. Que las autoridades pregunten por cómo salió la información, y no por si es cierta, dice más que cualquier desmentido.

Forzar a víctimas o testigos a acusar a otros vecinos, familiares o miembros de la comunidad amenaza con sembrar desconfianza y fracturas internas en un pueblo pequeño que durante generaciones ha convivido como uno solo. Ese, y no el esclarecimiento de los hechos, parece ser el efecto buscado.

Pero los habitantes de Annobón saben quiénes fueron detenidos, quiénes fueron golpeados y quiénes permanecieron incomunicados durante los operativos. La realidad vivida por las familias afectadas no desaparece porque se elaboren nuevas versiones oficiales.

Las denuncias procedentes de la isla siguen acumulándose mientras organizaciones de derechos humanos, juristas independientes y medios internacionales reclaman investigaciones imparciales. El comunicado conjunto de ASAFED, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas y EG Justice del pasado 18 de junio, junto al apagón de comunicaciones documentado desde 2024 y a la condena de expertos de la ONU en 2025, sitúa estos hechos en un patrón sostenido, no aislado.

Lejos de aclarar lo sucedido, cualquier intento de forzar desmentidos o de fabricar culpables dentro de la comunidad solo profundiza las dudas sobre la actuación de las autoridades y refuerza la necesidad de una investigación independiente y transparente.

“El 20 de julio del 2024, las autoridades interrumpieron el acceso a internet, desconectando a la isla del resto del mundo tras una serie de protestas. Para asegurar que la población de Annobón permaneciera sin conectividad. Posteriormente, las autoridades también prohibieron la venta y el uso de dispositivos satelitales y ordenaron a Starlink que suspendiera sus servicios en el país”, explica la misiva. Y agregaron: “Nos dirigimos a usted, Comisionada Topsy-Sonoo, a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y a los Estados parte de la Carta Africana, para que condenen las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Guinea Ecuatorial, denuncien el prolongado apagón, y contribuyan a restablecer el acceso al internet en Annobón”.

Según consta en la carta, “antes de que se impusiera el apagón, habitantes de Annobón enviaron dos cartas a las autoridades en Malabo alertando sobre preocupantes cambios en el entorno de la isla y exigiendo el cese de explosiones con dinamita. En respuesta, las autoridades arrestaron a quienes firmaron dichas cartas. Cuando la comunidad presentó resistencia al traslado de las personas detenidas a Malabo, el gobierno respondió con redadas domiciliarias y detuvo a más de treinta personas adicionales”.

Luego, añade: “Informes indican que soldados que respondieron a las protestas en Annobón actuaron con uso excesivo de la fuerza, incluso disparando contra personas reunidas en una vigilia en oración por los detenidos. Con el acceso a internet interrumpido y los dispositivos confiscados, es extremadamente difícil para quienes están en la isla seguir documentando y denunciando violaciones a los derechos humanos o generar conciencia sobre la situación, lo que permite que estos abusos persistan”.

“El actual apagón en Annobón contraviene el Artículo 13 de la Constitución de Guinea Ecuatorial, que garantiza el respeto a la libertad de expresión, pensamiento, ideas y opiniones. Cabe destacar que la Constitución también garantiza la libertad de reunión. Esta medida adoptada por las autoridades representa una flagrante violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR en inglés) —instrumentos de los que el Estado es firmante—, así como de la Resolución de la Comisión Africana sobre el Derecho a la Libertad de Información y de Expresión en Internet y su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a través de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información en África, también ha expresado su preocupación ante el uso creciente de apagones de internet en la región”.

Finalmente, expresa: “Hasta la fecha, las autoridades responsables del apagón y de las violaciones de derechos humanos en Annobón han hecho caso omiso a todos los llamados de organizaciones locales e internacionales que les instan a reconectar a la población. Es momento de que la CADHP y sus Estados miembros condenen públicamente el apagón prolongado e insten al gobierno de Guinea Ecuatorial a restablecer el acceso a internet”.

El comunicado insta a la Comisionada Topsy-Sonoo a:

• Denunciar el apagón de internet, que ya se acerca al año de duración en Annobón, y apoyar nuestro llamado a poner fin tanto al apagón como a las violaciones de derechos humanos en el país;

• Emitir un Llamado Urgente al gobierno de Guinea Ecuatorial para que se abstenga de seguir interrumpiendo el acceso a internet, en cumplimiento del mandato de protección de la CADHP, con el fin de prevenir futuras violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información en el país; y

• Exigir la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en el país y el cese del uso de arrestos y detenciones como herramienta para suprimir la libertad de expresión.

Las organizaciones firmantes son: Access Now, Afia-Amani Grands-Lacs, African Freedom of Expression Exchange (AFEX), Africa Freedom of Information Centre (AFIC), AFKANERD Information Technologies, Africa Internet Rights Alliance, Africa Media and Information Technology Initiative (AfriMITI), Africa Open Data and Internet Research Foundation (AODIRF), AfricTivistes, Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR), Bloggers Association of Kenya (BAKE), Bloggers of Zambia- BloggersZM, Center for Media studies and peacebuilding (CEMESP-Liberia), Centre for Community Empowerment and Development, Colectivas Namé Paléa, Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA), Common Cause Zambia, Computech Institute (Senegal), Conexión Segura y Libre – VE sin Filtro, Digital Rights Nepal (DRN), Digital Rights Kashmir, Digital Access, Digital Woman Uganda, Ecuatoguinean Commission of Jurists, EG Justice, Forumvert, Friends of Angola (FOA), Gambia Press Union (GPU), Haki na sharia, Human Rights Foundation, Human Rights Journalists Network Nigeria, International Press Centre (IPC), Internet Society DRCongo chapter, KICTANet Kijiji Yeetu, Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan, JCA-NET(Japan), Media Diversity Institute – Armenia, Media Foundation for West Africa (MFWA), Miaan Group, Nanone Pale – NAP Jóvenes de Pale – Annobón, Office of Civil Freedoms, OONI (Open Observatory of Network Interference), Opening Central Africa Coalition, Open Secrets, Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), Organization of the Justice Campaign, Paradigm Initiative (PIN), Reach Out Tanzani, Reclaiming Spaces Initiative, Robert F Kennedy Human Rights, Rudi International, Sassoufit Collective, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Ubunteam, West Africa Digital Rights Defenders Coalition, Women Empower and Mentor All, Women of Uganda Network (WOUGNET), YODET y Zaina Foundation.

Organizaciones de derechos humanos como EG Justice, la Asociación Africana de Educación para el Desarrollo (ASAFED), Opening Central Africa Coalition (OCA), el Colectivo Sassoufit y la Plataforma Lusófona de Derechos Humanos (PLUDH) denunciaron desde Ginebra que el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo viola flagrantemente sus propias leyes y compromisos internacionales, al mantener detenidas a más de treinta personas originarias de Annobón, sin juicio previo ni derecho de defensa.

“Celebrar un juicio a puerta cerrada, en ausencia de los abogados libremente elegidos por los detenidos, viola claramente la constitución de Guinea Ecuatorial”, declaró el doctor Cruz-Melchor Eya Nchama, presidente de ASAFED, en el marco de un proceso que se parece más a un secuestro extorsivo que a una causa judicial legalmente fundada.

Las organizaciones advirtieron que los acusados permanecen recluidos desde hace más de diez meses en la prisión de máxima seguridad de Oveng Azem, la mayoría nunca ha podido hablar con un abogado y sus familias han sido hostigadas o directamente encarceladas al intentar averiguar su paradero.

La causa contra los annoboneses surge tras una protesta pacífica realizada en julio de 2024, cuando los vecinos de la isla elevaron una carta al dictador Obiang exigiendo el cese de las explosiones de dinamita realizadas por la empresa marroquí SOMAGEC. Las detonaciones promovidas por la fuerza de ocupación colonial extranjera, han destruido viviendas, dañado gravemente el ecosistema de la isla -declarada Reserva Natural– y generado un profundo malestar entre la población.

Lejos de dar una respuesta institucional, el régimen respondió con una ola de secuestros, traslados forzosos a Malabo, incomunicación, censura en redes sociales, acusaciones desproporcionadas y persecución tanto en la isla como en Guinea Ecuatorial. Según el escrito de acusación del 10 de mayo, los annoboneses enfrentan cargos por rebelión, desorden público, alteración del orden constitucional y difamación, entre otros.

“El juicio a puerta cerrada contradice directamente los compromisos asumidos por Guinea Ecuatorial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo pasado”, afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice. “El régimen aceptó recomendaciones que exigían la liberación de detenidos arbitrarios y la ratificación del Protocolo contra la Tortura, pero ha hecho exactamente lo contrario”.

El pueblo annobonés, actualmente perseguido, aislado, incomunicado y sin garantías jurídicas, sigue resistiendo en silencio. Desde el extranjero, la diáspora y los organismos internacionales intentan romper el cerco del régimen, exigiendo al gobierno de Obiang el respeto de los derechos humanos básicos y la liberación inmediata de los detenidos por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente.