El texto busca que la Argentina, en su rol histórico como defensora de los derechos humanos, tome posición frente a lo que describe como “violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población civil, incluyendo el bloqueo informativo, el uso indiscriminado de la fuerza, la supresión de garantías procesales y la represión de las legítimas aspiraciones de autodeterminación del pueblo de Annobón”.

En los fundamentos, Arrieta señala que la isla —anexionada al destino de Guinea Ecuatorial por designio de la dictadura de Francisco Franco— vive desde 2022 “una escalada militar sin precedentes”, con “tropas fuertemente armadas, bases permanentes y patrullajes constantes que han generado un clima de ocupación, hostigamiento y terror cotidiano”.

El proyecto subraya además el deterioro de la situación humanitaria: “Escasez de alimentos, falta de agua potable, atención médica precaria, enfermedades generalizadas en niños y un éxodo forzado que redujo a la mitad la población en apenas tres años”. También advierte sobre la contaminación ambiental y el uso de la isla “como vertedero de desechos tóxicos y escenario de explotaciones mineras con explosivos que ponen en riesgo la vida de la población”.

Arrieta calificó estas prácticas como compatibles con “la noción de genocidio estructural o apartheid administrativo”, denunciando una “política sistemática de exclusión, violencia y destrucción física o cultural del pueblo annobonés”.

El texto cita informes de Amnistía Internacional, Freedom House, Access Now y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en abril de 2025 concluyó que la detención de 37 annoboneses fue ilegal en múltiples categorías del derecho internacional, incluyendo la segregacionismos étnica, y exigió su liberación y reparación.

Finalmente, el proyecto insta al Congreso argentino a “contribuir a visibilizar el drama de Annobón ante los foros multilaterales y fortalecer el compromiso nacional con la protección de los pueblos oprimidos, su dignidad y su derecho a elegir libremente su destino”.

Durante el encuentro, también estuvo presente el abogado Yamil Castro Bianchi, quien acompaña la causa en el país. La diputada Arrieta expresó su compromiso de trabajar legislativamente en la denuncia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla, así como de articular con otros espacios políticos para darle visibilidad al reclamo annobonés.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la decisión de impulsar, desde el ámbito parlamentario, el apoyo a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que expone la dura realidad que padece Annobón y que responsabiliza al régimen de Obiang por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra su pueblo, que ameritaron una denuncia en los Tribunales Federales de la República Argentina solicitando jurisdicción universal.

La comitiva valoró el encuentro como un paso importante para internacionalizar la causa annobonesa y tender puentes institucionales que fortalezcan la denuncia en foros internacionales.