Según testimonios recibidos desde la isla, durante esas comparecencias se las presiona para que desmientan públicamente los abusos denunciados en las últimas semanas y para que señalen a supuestos responsables dentro de la propia comunidad annobonesa, atribuyendo a vecinos la culpa de que «las cosas no marchen bien» en la isla.

Las citaciones llegan después de que los testimonios y denuncias sobre las detenciones y los malos tratos alcanzaran repercusión internacional.

La contradicción es evidente. Durante meses, habitantes de Annobón han denunciado la existencia de una red de informantes que colaboraría con las autoridades y con los cuerpos de seguridad desplegados en la isla. Ahora, en cambio, se busca trasladar la responsabilidad de los abusos hacia los propios annoboneses.

Chivo expiatorio

El patrón de los interrogatorios resulta revelador. En ellos no se discute el contenido de lo denunciado, sino la forma en que las denuncias llegaron al exterior, pese al corte deliberado de las comunicaciones que mantiene aislada a la isla. Que las autoridades pregunten por cómo salió la información, y no por si es cierta, dice más que cualquier desmentido.

Forzar a víctimas o testigos a acusar a otros vecinos, familiares o miembros de la comunidad amenaza con sembrar desconfianza y fracturas internas en un pueblo pequeño que durante generaciones ha convivido como uno solo. Ese, y no el esclarecimiento de los hechos, parece ser el efecto buscado.

Pero los habitantes de Annobón saben quiénes fueron detenidos, quiénes fueron golpeados y quiénes permanecieron incomunicados durante los operativos. La realidad vivida por las familias afectadas no desaparece porque se elaboren nuevas versiones oficiales.

Las denuncias procedentes de la isla siguen acumulándose mientras organizaciones de derechos humanos, juristas independientes y medios internacionales reclaman investigaciones imparciales. El comunicado conjunto de ASAFED, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas y EG Justice del pasado 18 de junio, junto al apagón de comunicaciones documentado desde 2024 y a la condena de expertos de la ONU en 2025, sitúa estos hechos en un patrón sostenido, no aislado.

Lejos de aclarar lo sucedido, cualquier intento de forzar desmentidos o de fabricar culpables dentro de la comunidad solo profundiza las dudas sobre la actuación de las autoridades y refuerza la necesidad de una investigación independiente y transparente.

Recientes imágenes y testimonios de familiares y vecinos de la República de Annobón revelan que varios habitantes de la isla se manifestaron contra el uso indiscriminado de explosivos en las obras civiles llevadas a cabo por empresas constructoras. Estas explosiones han causado serias inquietudes debido a su impacto en las viviendas locales y el medioambiente. Los residentes, ejerciendo su derecho fundamental a la manifestación pacífica, solicitaron el cese de estas prácticas que consideran perjudiciales para su entorno y calidad de vida.

La respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar: varios de los manifestantes han sido detenidos y trasladados a la capital, Malabo. Sin embargo, se ha generado una gran incertidumbre sobre el estado de los detenidos, ya que hasta el momento no se han presentado cargos formales ni se ha proporcionado información sobre la asistencia jurídica que podrían estar recibiendo.

La CEJ exige que las autoridades judiciales clarifiquen la situación de los detenidos a la mayor brevedad posible. «Urgimos a que se presenten cargos claros y precisos si los hay, o que se liberen a los detenidos y se les devuelva a la isla sin demora», señala un portavoz de la CEJ. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de respetar los derechos humanos y el derecho a la manifestación pacífica garantizado por la ley.

El caso adquiere mayor relevancia en el contexto de la próxima evaluación de Guinea Ecuatorial por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, programada para noviembre de 2024. El país se comprometió a implementar reformas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, como el de reunión pacífica, como lo destacó la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Además, la CEJ ha planteado inquietudes sobre el impacto medioambiental de las obras realizadas por la empresa SOMAGEC en la isla. «Requerimos al Ministerio de Medio Ambiente que realice un informe exhaustivo sobre el impacto medioambiental de estas obras y que publique cualquier estudio existente que aborde las quejas sobre daños a viviendas y ecosistemas locales», agregaron desde la comisión.

La CEJ ha ofrecido asistencia jurídica gratuita a los detenidos y sus familias. «Desde la CEJ, estamos dispuestos a proporcionar apoyo legal a quienes lo necesiten en esta situación crítica», concluyen.

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben mantener una vigilancia constante sobre los desarrollos en Annobón para asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se lleve a cabo una investigación transparente sobre los abusos denunciados.