La solicitud fue presentada por el presidente de la red, Fernando Gray, en una carta dirigida a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica, fechada el 6 de noviembre de 2025.

En la misiva, Mercociudades expresa que acompaña “la denuncia efectuada por el Primer Ministro de Annobón en el exilio ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos”, que derivó en la resolución del 12 de mayo de 2025 donde la ONU condenó a Guinea Ecuatorial por la detención arbitraria de 37 ciudadanos annoboneses durante la represión ejercida en la isla.

No obstante, el organismo advierte que las violaciones continúan profundizándose: “Conforme informes internacionales, continúa la sistemática violación de los derechos humanos. La población de la isla sufre arbitrarias privaciones de la libertad, en medio de una intensificación de restricciones a la libertad de expresión, de prensa, control del derecho de reunión y movimiento”.

La carta también señala los graves daños ambientales y sociales que padecen los annoboneses como consecuencia de actividades ilegales y prácticas contaminantes: “El impacto de la degradación ambiental, como efecto de haber sido receptora de residuos tóxicos, y actividades extractivas ilegales, reduce el área cultivable y el suministro de agua potable, con la consecuente inseguridad alimentaria, incremento de enfermedades, desigualdad y pobreza crónica”.

Frente a este cuadro, Mercociudades insta a Naciones Unidas a no mantener silencio ante lo que describe como “flagrantes violaciones de derechos fundamentales”, y solicita explícitamente “la conformación de una misión internacional de observadores a fin de investigar las referidas violaciones y garantizar a la población sus derechos sin discriminación alguna”.

Finalmente, la Red Mercociudades cierra el documento expresando su plena disposición a colaborar con la ONU para avanzar en la protección de los derechos humanos del pueblo annobonés.