El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una nueva escalada de represión militar contra menores y jóvenes de la isla, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, interrogatorios, intimidaciones y amenazas directas contra la población civil.

Según el comunicado difundido por las autoridades annobonesas, varios de los jóvenes que habían sido detenidos y agredidos durante los primeros días de junio estarían siendo nuevamente sometidos a interrogatorios. El objetivo sería responsabilizarlos por la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido impulsada por Eduardo Mejía Villahute, identificado en el documento como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, el comunicado remarca que el aeropuerto permanece protegido por un vallado perimetral y bajo vigilancia militar permanente, una circunstancia que genera serias dudas sobre la consistencia de las imputaciones.

Amenazas contra la población civil

La denuncia se suma a una serie de hechos reportados desde el 27 de julio, cuando comenzaron a circular informaciones sobre una intensificación del control militar en la isla.

Entre las situaciones descriptas aparecen detenciones arbitrarias, secuestros, interrogatorios bajo vigilancia militar y amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

Las restricciones también alcanzarían a los menores de edad, a quienes se les prohibió jugar y reunirse libremente. Para el gobierno annobonés en el exilio, estas medidas configuran un clima de miedo permanente, vigilancia y vulneración sistemática de los derechos fundamentales.

El comunicado sostiene además que el gobernador de las fuerzas de ocupación colonial, Eduardo Minang Enzema Abeme, y el jefe del régimen destinado a Annobón, Pedro Eyene, convocaron en Palé a representantes del partido gobernante y a parte de la población para transmitir amenazas atribuidas al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Estos hechos constituyen un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el miedo.

Una represión que no constituye un hecho aislado

Desde el Gobierno de la República de Annobón remarcaron que la situación actual debe ser analizada dentro de un contexto más amplio de militarización, marginación política y denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos. “La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado”, señala el comunicado, que vincula la nueva ofensiva con una prolongada política de represión y dominación sobre el pueblo annobonés.

Las autoridades en el exilio también advirtieron que el silencio internacional favorece la impunidad y deja a la población civil, especialmente a los menores, expuesta a nuevos abusos. En ese marco, el Gobierno annobonés solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y las organizaciones internacionales de derechos humanos.

El pedido incluye la documentación independiente de los hechos denunciados, el cese inmediato de las amenazas y detenciones arbitrarias, la protección efectiva de la población civil y la apertura de una investigación imparcial que permita determinar responsabilidades conforme al derecho internacional.

“Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad”, concluye el comunicado difundido por el Gobierno de la República de Annobón.

El comunicado completo

Alerta urgente | Annobón bajo represión militar

Las informaciones recibidas desde la isla de Annobón alertan de una nueva escalada de represión contra menores y jóvenes que fueron víctimas de detenciones y graves agresiones físicas durante los primeros días del pasado mes de junio.

Según las denuncias recibidas, las autoridades militares y de seguridad desplazadas por Guinea Ecuatorial estarían sometiendo nuevamente a interrogatorios a varios de estos menores y jóvenes con el propósito de atribuirles la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido formulada por Eduardo Mejía Villahute, identificado como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, resulta llamativo que el aeropuerto permanezca permanentemente protegido por un vallado perimetral y vigilado las veinticuatro horas del día por efectivos militares, circunstancia que plantea serias dudas sobre la credibilidad de estas imputaciones.

Esta nueva actuación se produce en un contexto de creciente militarización y de una campaña de intimidación contra la población civil.

Desde el 27 de julio, diversas denuncias describen una situación de extrema gravedad en la isla, caracterizada por:

• Detenciones arbitrarias y secuestros.

• Interrogatorios e intimidación bajo control militar.

• Amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

• Restricciones impuestas incluso a menores de edad, incluyendo la prohibición de jugar y reunirse libremente.

• Un clima permanente de miedo, vigilancia y vulneración de los derechos fundamentales.

Asimismo, según las mismas denuncias, el gobernador Eduardo Minang Enzema Abeme y el jefe militar destacado en Annobón, general Pedro Eyene, habrían convocado a representantes del partido gobernante y a parte de la población en Palé para trasladar amenazas atribuidas al presidente de Guinea Ecuatorial. De confirmarse, estos hechos constituirían un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el uso del miedo como instrumento de control.

La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado. Se enmarca en un prolongado contexto de denuncias sobre represión, militarización, marginación política y vulneraciones de los derechos humanos que afectan al pueblo annobonés.

Llamamiento urgente

Solicitamos a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional que actúen con urgencia para:

• Documentar de forma independiente los hechos denunciados.

• Exigir el cese inmediato de las amenazas, detenciones arbitrarias e intimidaciones militares.

• Garantizar la protección efectiva de la población civil, especialmente de los menores de edad.

• Promover una investigación imparcial sobre las denuncias y la eventual depuración de responsabilidades conforme al derecho internacional.

Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio.

Ambo Legadu, AL

El organismo incorporó el caso de la isla a su nuevo informe y respaldó la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, que concluyó que 37 annoboneses fueron privados ilegítimamente de su libertad.

Amnistía Internacional denunció en su informe anual las detenciones arbitrarias perpetradas contra habitantes de Annobón que participaron en las protestas de julio de 2024 contra las explosiones de dinamita y la destrucción ambiental de la isla.

El organismo internacional recordó que 37 manifestantes annoboneses permanecieron encarcelados hasta ser liberado unilateralmente el 4 de junio de 2025 por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presentado oficialmente como un gesto de “perdón” con motivo del cumpleaños del mandatario.

Sin embargo, Amnistía Internacional dejó en claro que su liberación no modifica el carácter ilegal de las detenciones. En ese sentido, acompañó la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que ya había determinado que los habitantes de Annobón fueron privados de su libertad sin garantías legales ni respeto por sus derechos fundamentales.

Una protesta contra la destrucción de la isla

El informe señala que las manifestaciones surgieron como respuesta a los daños provocados por las constantes explosiones de dinamita vinculadas a operaciones mineras desarrolladas en Annobón.

Según los testimonios de la población, las detonaciones afectaron viviendas, tierras de cultivo y el ecosistema de la isla, ubicada a más de 500 kilómetros de la parte continental de Guinea Ecuatorial.

La respuesta de las autoridades no fue investigar los daños ni proteger a la población, sino detener a decenas de personas que reclamaban el fin de las explosiones y la preservación de su territorio.

El caso de Annobón llega a los informes internacionales

La inclusión del caso en el informe de Amnistía Internacional refuerza las denuncias realizadas por el Gobierno de la República de Annobón ante organismos internacionales y confirma que las detenciones no fueron hechos aislados, sino parte de una política represiva contra quienes se opusieron a la destrucción ambiental de la isla.

El pronunciamiento se suma a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó las detenciones como arbitrarias y reclamó la liberación y reparación de las personas afectadas.

Aunque los 37 manifestantes fueron finalmente liberados, hasta el momento no se conocen investigaciones contra los responsables de las detenciones, los malos tratos denunciados ni los daños causados por las explosiones de dinamita.

La denuncia de Amnistía Internacional vuelve a situar a Annobón ante la comunidad internacional y demuestra que la represión ejercida contra su población ya forma parte de los registros oficiales de los principales organismos internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de la República de Annobón denunció que Tecla Morgades Segura, alias «City», continúa sometida a torturas, humillaciones, interrogatorios y agresiones por parte de las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial desplegadas en la isla.

Según el comunicado difundido por el Ambô Legadu, Morgades sufrió entre el 1 y el 4 de junio de 2026 tratos crueles, inhumanos y degradantes que provocaron graves consecuencias sobre su salud física y psicológica.

Pese a su delicado estado, las autoridades se niegan a trasladarla a Malabo para que reciba atención médica urgente e independiente. En cambio, continúa expuesta a secuestros, presiones e interrogatorios en la comisaría emplazada en Annobón por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

“La prioridad del régimen no es proteger su vida, sino identificar a quienes difundieron en las redes sociales imágenes y videos de personas torturadas”, denunció el Gobierno annobonés. Para la administración en el exilio, el accionar oficial demuestra que las fuerzas de seguridad persiguen la prueba del crimen antes que el crimen mismo.

Una política de represión contra todo el pueblo annobonés

La denuncia sostiene que el caso de Tecla Morgades no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una política sistemática de intimidación, humillación y destrucción cultural dirigida contra el conjunto de la población de Annobón.

El documento advierte sobre una presencia desproporcionada de militares de Guinea Ecuatorial, utilizados como instrumento de control social y sometimiento de los habitantes de la isla.

También denuncia presiones destinadas a provocar el desplazamiento de la población, romper los vínculos familiares y comunitarios y debilitar la continuidad cultural del pueblo annobonés.

A esto se suman ataques contra la lengua, las tradiciones y las prácticas comunitarias; el vertido de residuos tóxicos; la explotación indiscriminada de los recursos naturales; y la distribución de alcohol y otras sustancias entre menores de edad como mecanismo de degradación social.

El Gobierno en el exilio también alertó sobre abusos, agresiones y humillaciones contra mujeres y niñas, utilizadas como herramientas para sembrar miedo y consolidar el dominio del régimen sobre la isla.

Reclamo urgente ante Naciones Unidas y la Unión Africana

La República de Annobón reclamó que la situación deje de ser tratada como un asunto interno de Guinea Ecuatorial y pidió la intervención inmediata de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

“Annobón necesita verificación, protección y presencia institucional. El silencio prolonga la impunidad y pone en riesgo la existencia misma del pueblo annobonés”, expresó el comunicado.

La administración en el exilio exigió el cese inmediato de toda agresión contra Tecla Morgades, su traslado médico urgente, garantías de seguridad y protección frente a nuevas represalias.

También reclamó la apertura de una investigación internacional sobre las torturas, detenciones y agresiones denunciadas; el fin de la militarización de la isla; y el envío de una misión internacional que documente la situación humanitaria, ambiental, cultural y de derechos humanos.

Por último, pidió medidas específicas para proteger a mujeres, niñas, menores de edad, personas detenidas y defensores de la identidad annobonesa.

“Annobón no pide privilegios. Annobón exige protección, justicia y el derecho irrenunciable a existir con dignidad”, concluyó el Gobierno de la República de Annobón.

En sintonía con las denuncias de este medio, las organizaciones denunciaron que las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial utilizaron violencia física contra residentes, incluidos menores de edad, y denunciaron la posible detención de decenas de adultos y niños. Según el comunicado, los hechos podrían constituir casos de “detención arbitraria, detención incomunicada, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“La gravedad de las acusaciones conocidas hasta la fecha, en particular las que involucran a menores, exige una respuesta urgente y transparente”, sostuvieron las entidades.

Las voces intervinientes

Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, calificó como “profundamente preocupantes” las imágenes y testimonios recibidos desde la isla y afirmó que “ningún Estado puede justificar la violencia contra menores, la detención incomunicada de personas detenidas ni la represión de expresiones culturales pacíficas”.

“Lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la rendición de cuentas de todos los responsables”, reclamó.

El documento también puso el foco en las denuncias sobre restricciones a las prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa, entre ellas las limitaciones al uso de vestimenta tradicional y a la realización de actividades comunitarias.

El presidente de ASAFED, Cruz Melchor Eya Nchama, advirtió que Annobón enfrenta “un riesgo creciente de aislamiento político y cultural” y aseguró que las denuncias afectan “al ejercicio colectivo de la identidad cultural, religiosa y comunitaria del pueblo annobonés”.

“La protección de la diversidad cultural no es una concesión del Estado; es una obligación reconocida por el derecho africano e internacional”, remarcó.

Las organizaciones exigieron al gobierno de Guinea Ecuatorial que informe públicamente la identidad y situación jurídica de todas las personas detenidas, garantice el contacto con sus familiares y abogados, investigue las denuncias de violencia y permita el ingreso a Annobón de observadores independientes y organismos humanitarios.

En ese marco, pidieron la intervención de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), cuya secretaria ejecutiva actualmente se encuentra en manos de María de Fátima Monteiro Jardim. Además, solicitaron la intermediación de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

“La protección de la dignidad humana, las garantías procesales y los derechos fundamentales no admiten excepciones”, concluyeron.

El Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar, difundió un nuevo mensaje público en el que volvió a denunciar la situación que atraviesa la isla, luego de los hechos de represión registrados entre el 1 y el 4 de junio. En el video, el funcionario apuntó contra las autoridades del régimen de Guinea Ecuatorial y reclamó el respeto al derecho del pueblo annobonés a la autodeterminación.

Cartagena Lagar aseguró que recibió información desde Annobón sobre la situación de Tecla Morgades Segura, quien, según denunció, fue requerida el 30 de junio para continuar con “los interrogatorios interminables” vinculados a la difusión de imágenes de las secuelas físicas que sufrieron annoboneses torturadas en la isla.

“Nos llegan noticias desde Annobón de que la señora Tecla Morgades Segura fue requerida el día 30 de junio para continuar con los interrogatorios interminables sobre quién les hizo la foto a sus traseros”, expresó el Primer Ministro. Y agregó: “Traseros maltratados, torturados, que les ha dejado secuelas para siempre”.

“No puede andar, no tiene atención sanitaria”

En otro tramo del mensaje, Cartagena Lagar advirtió sobre el estado de salud de Morgades Segura y denunció que las autoridades militares le impedirían salir de la isla o desplazarse dentro del territorio para conseguir alimentos o asistencia.

“Esta señora no puede andar, no tiene atención sanitaria y el jefe militar de ocupación colonial en la isla de Annobón le prohíbe, según él, por fuerza mayor y por órdenes de superioridad, que no pueda ir ni siquiera a un poblado a buscar comida”, sostuvo. “Tampoco puede viajar a Guinea Ecuatorial a buscar formas de tener asistencia sanitaria”, añadió.

Cartagena Lagar señaló además a Andomo Osá, a quien acusó de obligar a las personas afectadas a firmar un documento que les impide salir de Annobón o trasladarse a otras zonas de la isla. “El señor Andomo Osá les obligó a firmar un documento de que no pueden salir de Annobón, de que no pueden ni siquiera ir al poblado de Awal, Ãgandj o Mābana a cortar bananas, y que tienen que estar siempre en su casa, sin comida, sin medicamentos y sin nada”, denunció.

Reclamo por los heridos

El Primer Ministro vinculó estas restricciones con lo que definió como un nuevo capítulo de “acoso y derribo” contra personas que ya habían sido víctimas de torturas. En ese sentido, reclamó directamente al régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo la salida de las fuerzas militares desplegadas en la isla.

“Denunciamos este acoso y derribo a las personas ya torturadas en la isla de Annobón y exigimos al gobierno de Guinea Ecuatorial la inmediata retirada de su ejército enemigo de nuestra isla”, expresó.

Cartagena Lagar afirmó que Tecla Morgades Segura no es la única afectada. Según narró, otras decenas de personas golpeadas durante los hechos ocurridos entre el 1 y el 4 de junio continuan sin asistencia médica adecuada.

“La señora Tecla Morgades Segura, así como otros 36, 37 o 38 personas apaleadas del 1 al 4 de junio, están todos enfermos, están todos sin tratamiento médico y con unas heridas y secuelas que se están pudriendo”, denunció.

“Que empiece a respetar los derechos humanos”

En el tramo final del video, Cartagena Lagar apuntó contra Teodoro Nguema Obiang Mangue y afirmó que, según la información recibida desde la isla, la consigna de impedir la salida de Annobón respondería a una supuesta investigación abierta. “Pero la consigna que, según el señor Melchor, viene de Teodoro Nguema, es que no puede salir nadie de Annobón porque está la investigación abierta”, sostuvo.

Luego, elevó el tono de su reclamo y advirtió sobre las eventuales consecuencias de la falta de atención a las personas heridas. “Señor Teodoro Nguema Obiang, como le pase algo a una sola persona por las torturas llevadas a cabo por su gente, lo pagarán”, expresó.

Finalmente, Cartagena Lagar exigió la libertad del pueblo annobonés y el derecho a la libre autodeterminación. “Exijo al gobierno de Guinea Ecuatorial la inmediata libertad de nuestro pueblo, la inmediata retirada de su ejército enemigo de nuestra tierra”, afirmó. Y concluyó: “Empiece, por favor, a respetar los derechos humanos del pueblo de Annobón, a la libre determinación, a la autodeterminación para dirigir libremente su destino”.

El municipio bonaerense de Castelli, que conduce el intendente Francisco Echarren, se sumó a las expresiones de solidaridad con el pueblo de la República de Annobón al aprobar una resolución en la que manifiesta su preocupación por la situación de los derechos humanos en la isla y reclama a Guinea Ecuatorial por el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas.

El documento contó con el aval del cuerpo integrado por María Eugenia Macías, Teresa Gualtieri, Fabio Díaz, Karina Vandevalle, Ivana Griselda Vandevalle, María Julieta Aversa, Ezequiel Tucchi (Unión por la Patria – Partido Justicialista), Gonzalo Castrillón (Juntos por el Cambio) y Malena Massara (Unión Cívica Radical).

recuerda las denuncias internacionales sobre detenciones arbitrarias, torturas, aislamiento y persecución contra la población annobonesa propiciadas por el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y sostiene que los gobiernos del mundo tienen la responsabilidad de alzar la voz frente a este tipo de violaciones a los derechos humanos.

La resolución toma como referencia a los annoboneses que fueron secuestrados en la prisión de Black Beach, en el marco de la evolución de situaciones de extrema gravedad que han tenido lugar durante las últimas semanas. En Annobón continúan los secuestros, las torturas, los abusos de menores, el aislamiento comunicacional y las restricciones para la población, por lo que el cuerpo consideró que la crisis humanitaria sigue más vigente que nunca.

Con este pronunciamiento, Castelli se incorpora a la lista de entidades municipales, provincias, nacionales y supranacionales que decidieron expresar públicamente su respaldo al pueblo annobonés y su preocupación por los hechos que continúan registrándose en la isla.

En ese marco, se agrava la salud de los annoboneses y annobonesas apaleadas a principios de junio, sobre todo la situación delicada de la señora Tecla Morgades Segura que hoy, en horas del mediodía, fue requerida en las dependencias policiales coloniales de Annobón para seguir con las infinitas declaraciones, torturas y amenazas psicológicas que venían imponiendo sobre las víctimas.

Mientras la menor que perdió un embarazo como consecuencia de los golpes recibidos es sometida a amenazas para que firme un documento en el que niegue haber estado embarazada y rechace haber sufrido la pérdida de su hijo durante los 120 palazos y patadas que recibió en el trasero y la barriga, Morgades Segura fue sometida a extensos interrogatorios con el objetivo de identificar quién tomó y difundió las fotografías de las lesiones provocadas por los apaleamientos.

Búsqueda y castigo

La investigación del régimen de ocupación neocolonial se centra en encontrar el dispositivo utilizado para tomar las fotografías y determinar quién es su dueño. En lugar de buscar soluciones a la violencia, al odio contra el pueblo de Annobón y al maltrato sistemático contra la población, e incluso abandonar un territorio que les es ajeno, las autoridades intentan descubrir cómo, en una isla incomunicada y sin acceso a internet, las fotos y los videos llegan a las redes sociales.

En este punto vale recordar que los militares y funcionarios del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) publican videos, fotos y contenidos en internet casi a diario desde la misma isla incomunicada. Tal es el caso de los videos donde se ve a los militares agrediendo a los niños en la sala de clase y a las menores en la puerta del cuartel. Estas grabaciones las realizan los mismos militares, que también fueron los que grabaron y exhibieron los traseros torturados de las menores. De hecho, la sobrina de los cargos coloniales de la isla salió en TikTok defendiendo a los suyos con videos que ningún annobonés podría grabar.

Sobre las 15.00 horas del día 30 de junio, el coche policial devolvió a Tecla a su casa tras tres horas de declaraciones en las que el comisario le prohibió salir de Palé a lo poblados para buscar alimentos. A la vez, le informó de la orden de superioridad de no salir de Annobón hacia Guinea Ecuatorial bajo ningún concepto, afirmando que la directiva proviene directamente de Teodorín Nguema Obiang hasta que el régimen termine las presuntas investigaciones.

Tecla no puede andar de pie. Las heridas recibidas se están infectando y, según trascendió, durante las torturas recibió una patada en las costillas que le generaron hinchazón y dificultad para respirar. En esa línea, el régimen decidió que no recibiera atención médica ni pueda ir al campo a buscar alimentos.

Fuentes locales informaron que el coche del comisario tuvo que buscarla y luego devolverla a su casa para que pudiera prestar declaración, en un proceso que se extendió durante casi cuatro horas en la comisaría, donde permaneció junto a otras niñas. Debido al dolor y a las altas temperaturas, estuvo al borde del desmayo. Finalmente, obligaron a su marido, quien también fue una de las personas torturadas, a firmar un documento cuyo contenido fue ocultado incluso a los propios firmantes, y mediante el cual se les impide viajar a Guinea Ecuatorial, aún cuando sus vidas corren peligro.

Estas prácticas se repiten desde que este medio denunció las agresiones, en un intento de ocultar la verdad sobre los hechos mediante nuevas intimidaciones y amenazas contra las familias. La población vive un infierno desde el traslado de pamues-fang a la isla como colonos de ocupación y la consolidación de una militarización colonial extranjera en Annobón. La preocupación es generalizada: se teme que, en algún momento, a los militares coloniales la situación se les vaya de las manos y comiencen a matar a la población, una amenaza que, según las denuncias, se repite desde que fueron expuestas las violaciones a los derechos humanos de los annoboneses en Guinea Ecuatorial.

El Gobierno de Annobón exige la retirada de las fuerzas coloniales

El Gobierno de la República de Annobón denunció las agresiones, el aislamiento y la represión que Guinea Ecuatorial ejerce sobre la población annobonesa, especialmente sobre los menores de edad, víctimas de las torturas registradas durante el mes de junio, así como el sometimiento de la población a la hambruna.

En esa línea, los representantes del pueblo annobonés exigieron la retirada de la presencia pamues-fang de la isla y la restitución del derecho a la autodeterminación, a la dignidad, a la vida y a vivir en paz en su propio territorio, en su patria y en su país: la República de Annobón.

Las imágenes recibidas por Ambô Legadu muestran heridas severas en varias víctimas, algunas con signos evidentes de infección y deterioro progresivo. Sin tratamiento adecuado, estas lesiones pueden derivar en complicaciones graves, dolor crónico, discapacidad permanente e incluso poner en riesgo la vida de los afectados.

Una isla sin medicamentos

La situación resulta especialmente alarmante porque Annobón carece de una infraestructura sanitaria capaz de responder a este tipo de emergencias. Según testimonios recogidos en la isla, numerosos medicamentos esenciales no se encuentran disponibles y los pacientes dependen con frecuencia de envíos esporádicos desde Malabo o de ayuda de familiares.

Para quienes han sufrido torturas y graves lesiones físicas por parte del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, esta realidad significa que las heridas permanecen sin los antibióticos, analgésicos, materiales de curación y tratamientos especializados que normalmente serían necesarios para evitar infecciones y favorecer la recuperación.

Víctimas abandonadas

Familiares y vecinos denuncian que las personas lesionadas han sido dejadas a su suerte. No se les ha proporcionado asistencia médica suficiente ni se han adoptado medidas para garantizar su recuperación. Mientras las víctimas soportan dolor, infecciones y secuelas físicas, los presuntos responsables de los abusos continúan ejerciendo sus funciones o circulando libremente por la isla.

La falta de atención médica no solo prolonga el sufrimiento de las víctimas, sino que agrava las consecuencias de los abusos, convirtiendo una agresión inicial en un proceso continuo de deterioro físico y psicológico.

Las víctimas de estas torturas permanecen abandonadas, con heridas que continúan empeorando y sin acceso a los tratamientos más básicos. En muchos casos, ni siquiera existen en la isla los medicamentos necesarios para combatir las infecciones o aliviar el dolor. Esta realidad convierte la recuperación en una lucha diaria por la supervivencia.

Una responsabilidad que no desaparece

La ausencia de medicamentos y de atención sanitaria adecuada no elimina la responsabilidad de quienes causaron estas lesiones. Al contrario, la situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de una población aislada que carece de medios para protegerse y recuperarse de los abusos sufridos.

Las víctimas necesitan atención médica urgente, medicamentos, seguimiento clínico y protección frente a nuevas represalias. También necesitan que los hechos sean investigados de forma independiente y que los responsables rindan cuentas.

Mientras las heridas continúan infectándose y el sufrimiento se prolonga, la población de Annobón observa cómo la impunidad sigue presente. Los hombres y mujeres que denuncian haber sido golpeados, humillados y torturados siguen cargando con las consecuencias físicas y psicológicas de aquellos hechos, mientras quienes participaron en estos abusos permanecen libres.

Llamado urgente a la comunidad internacional

Ante la gravedad de la situación, el pueblo annobonés hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones religiosas, a los organismos sanitarios y a la Organización de las Naciones Unidas para que presten atención a lo que está ocurriendo en la isla de Annobón.

Las víctimas necesitan asistencia médica inmediata, medicamentos, material de curación y garantías de protección frente a nuevas represalias. La situación actual no solo constituye una emergencia sanitaria, sino también una cuestión de derechos humanos que exige una respuesta internacional.

Se solicita a la comunidad internacional que apoye el envío de ayuda humanitaria, facilite el acceso a atención médica para las víctimas y promueva mecanismos independientes de observación que permitan verificar el estado de los afectados y documentar los abusos denunciados.

Asimismo, se hace un llamamiento a los gobiernos democráticos, a las organizaciones regionales africanas, a las iglesias, a la diáspora africana y a la sociedad civil internacional para que exijan el respeto de los derechos fundamentales de la población annobonesa y apoyen los esfuerzos destinados a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Annobón no puede seguir siendo ignorada

Annobón no pide privilegios. Pide lo más básico: que sus heridos puedan recibir tratamiento, que sus ciudadanos vivan sin miedo y que quienes han cometido actos de tortura respondan ante la justicia.

Las heridas visibles en los cuerpos de las víctimas son también una evidencia del sufrimiento de todo un pueblo que continúa enfrentando aislamiento, abandono y represión. Cada día que pasa sin atención médica aumenta el riesgo para la vida y la salud de quienes ya han sufrido lo indecible.

El silencio internacional solo contribuye a prolongar el sufrimiento de las víctimas. La comunidad internacional aún está a tiempo de actuar.

Las víctimas de Annobón necesitan medicamentos, atención médica y protección. Necesitan justicia. Y la necesitan ahora.

Según testimonios recibidos desde la isla, durante esas comparecencias se las presiona para que desmientan públicamente los abusos denunciados en las últimas semanas y para que señalen a supuestos responsables dentro de la propia comunidad annobonesa, atribuyendo a vecinos la culpa de que «las cosas no marchen bien» en la isla.

Las citaciones llegan después de que los testimonios y denuncias sobre las detenciones y los malos tratos alcanzaran repercusión internacional.

La contradicción es evidente. Durante meses, habitantes de Annobón han denunciado la existencia de una red de informantes que colaboraría con las autoridades y con los cuerpos de seguridad desplegados en la isla. Ahora, en cambio, se busca trasladar la responsabilidad de los abusos hacia los propios annoboneses.

Chivo expiatorio

El patrón de los interrogatorios resulta revelador. En ellos no se discute el contenido de lo denunciado, sino la forma en que las denuncias llegaron al exterior, pese al corte deliberado de las comunicaciones que mantiene aislada a la isla. Que las autoridades pregunten por cómo salió la información, y no por si es cierta, dice más que cualquier desmentido.

Forzar a víctimas o testigos a acusar a otros vecinos, familiares o miembros de la comunidad amenaza con sembrar desconfianza y fracturas internas en un pueblo pequeño que durante generaciones ha convivido como uno solo. Ese, y no el esclarecimiento de los hechos, parece ser el efecto buscado.

Pero los habitantes de Annobón saben quiénes fueron detenidos, quiénes fueron golpeados y quiénes permanecieron incomunicados durante los operativos. La realidad vivida por las familias afectadas no desaparece porque se elaboren nuevas versiones oficiales.

Las denuncias procedentes de la isla siguen acumulándose mientras organizaciones de derechos humanos, juristas independientes y medios internacionales reclaman investigaciones imparciales. El comunicado conjunto de ASAFED, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas y EG Justice del pasado 18 de junio, junto al apagón de comunicaciones documentado desde 2024 y a la condena de expertos de la ONU en 2025, sitúa estos hechos en un patrón sostenido, no aislado.

Lejos de aclarar lo sucedido, cualquier intento de forzar desmentidos o de fabricar culpables dentro de la comunidad solo profundiza las dudas sobre la actuación de las autoridades y refuerza la necesidad de una investigación independiente y transparente.