La polémica por el buque Viteoca terminó exponiendo, desde las propias filas del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, la gravedad del desabastecimiento que atraviesa Annobón.

En un audio difundido en las últimas horas, el vicepresidente primero de la Comisión Distrital de Seguimiento del PDGE reconoce que en la isla “no hay agua” y que prácticamente no existen suministros.

“Martínez ya no tenía ni chicle”, afirma en referencia a Martínez Hermanos, la empresa cuya instalación en la isla fue presentada en 2023 por el propio régimen como una supuesta solución al abastecimiento, después de las reiteradas denuncias del Gobierno de la República de Annobón sobre la escasez permanente que sufre la comunidad.

El dirigente también admite que los propios annoboneses dependen de lo que consiguen comprar y enviar desde Malabo: “Todos hemos hecho todo lo posible para poder comprar las necesidades de nuestras familias y poder aguantar en Annobón”, explicaron.

La situación quedó nuevamente expuesta con el último viaje del Viteoca. Según se desprende del audio, más de 1.200 personas pretendían trasladarse hacia Annobón, pero el barco tiene capacidad para apenas unos 450 pasajeros. A eso se suma una enorme cantidad de alimentos, pertenencias particulares y productos comerciales acumulados después de meses sin un servicio regular, además del aumento de la población implantada por la fuerza de ocupación colonial, denunciado por los annoboneses como parte de una política destinada a desplazar a la población originaria.

El Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, explicó que detrás de esa saturación existe un problema todavía más profundo. “Llevamos 58 años de independencia de Guinea Ecuatorial. Nunca se ha mandado ningún barco con provisiones. Simplemente cada annobonés envía lo que puede a su familia”, aseguró.

Las familias que no tienen parientes en Malabo o Bata son las que peor atraviesan el aislamiento. “Es un pueblo que no tiene nada. Necesita de todo”, resumió Cartagena Lagar.

Para los annoboneses, el problema tampoco se limita a conseguir un barco. Denuncian que las autoridades controlan quién puede entrar a la isla y que quienes no responden al régimen se exponen a detenciones, represalias y otras formas de persecución.

Así, el intento del PDGE de justificar las restricciones del Viteoca terminó dejando una admisión incómoda: tres años después de que la fuerza de ocupación colonial intentara presentar un supermercado como símbolo de progreso, Annobón sigue dependiendo de un barco irregular y de los paquetes que cada familia logra enviar para conseguir hasta los productos más básicos. Una situación que, según denuncian las autoridades annobonesas, se agrava con el paso del tiempo y con el crecimiento de la población implantada en la isla.

Martínez Hermanos: una puesta en escena que no resolvió el desabastecimiento 

La llegada de Martínez Hermanos a Annobón se produjo después de las reiteradas denuncias públicas de Ambô Legadu sobre la escasez de alimentos y productos básicos que sufría la población de la isla.

Su instalación fue presentada entonces como una muestra de abastecimiento y progreso. Sin embargo, tres años después, es un propio dirigente del PDGE quien reconoce que ni siquiera ese establecimiento dispone ya de productos suficientes.

La situación permite entender cómo funciona realmente buena parte del abastecimiento de Annobón.

Las familias compran en Malabo alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros artículos esenciales y deben esperar hasta que exista una oportunidad para enviarlos a la isla.

Quienes no tienen familiares o personas de confianza en Malabo o Bata se encuentran en una situación todavía más vulnerable.

De viajar en una barcaza de carga al Viteoca 

El problema del abastecimiento está directamente relacionado con otro de los grandes problemas estructurales de Annobón: su aislamiento marítimo.

Durante años, la isla ni siquiera dispuso de un servicio regular y adecuado para el transporte de pasajeros. Los annoboneses llegaron a depender para sus desplazamientos de una barcaza de carga utilizada por SOMAGEC.

No se trataba de una embarcación acondicionada para prestar un servicio regular de pasajeros. Los annoboneses realizaban la travesía a la intemperie, sin instalaciones adecuadas para pasajeros, agua potable ni condiciones apropiadas de saneamiento.

Esta situación fue denunciada públicamente por Embô Legadu, junto con el aislamiento y las enormes dificultades que encontraba la población para entrar o salir de su propia isla.

Posteriormente, el 8 de mayo de 2024, Teodorín Nguema Obiang anunció públicamente la contratación de San Valentín y Viteoca para realizar los desplazamientos marítimos hasta Annobón. La medida fue presentada como una solución al problema de las comunicaciones marítimas.

Según lo anunciado entonces, cada una de las dos compañías realizaría dos viajes mensuales, lo que suponía hasta cuatro conexiones al mes. Dos años después, la realidad reconocida desde las propias estructuras del PDGE está muy lejos de aquella promesa.

De cuatro viajes mensuales prometidos a más de dos meses sin un solo barco

El contraste resulta difícil de ignorar. En mayo de 2024 se anunciaron hasta cuatro conexiones mensuales entre San Valentín y Viteoca. En agosto de 2026, un dirigente del propio PDGE reconoce que Annobón lleva más de dos meses sin recibir ningún barco.

La irregularidad no constituye una excepción aislada. El servicio marítimo hacia Annobón puede espaciarse durante semanas y, en ocasiones, durante dos o incluso tres meses. Esta situación tiene consecuencias directas.

Durante todo ese tiempo se acumulan en Malabo personas que necesitan viajar, alimentos, medicamentos, mercancías, equipajes y, especialmente, los paquetes que las familias preparan para mantener a sus familiares en la isla.

Cuando finalmente se anuncia un viaje, toda esa demanda acumulada converge sobre un único barco. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido ahora.

Más población, los mismos recursos escasos

A esta situación se añade otro elemento que preocupa especialmente a los annoboneses: el aumento de la población implantada en la isla por la fuerza de ocupación colonial.

La presencia creciente de militares, funcionarios y otras personas trasladadas desde el continente incrementa la demanda de transporte, alimentos, agua y otros recursos en una isla que ya carece de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su población originaria.

Para las autoridades annobonesas, este crecimiento de población implantada no puede analizarse únicamente como un problema logístico. Lo denuncian como parte de una política destinada a modificar progresivamente la composición demográfica de Annobón y desplazar a su población originaria.

El episodio actual permite observar además una consecuencia inmediata: cada incremento de población en una isla sin un sistema estable de abastecimiento aumenta la presión sobre unos recursos que ya son extremadamente escasos.

Si, como reconoce el propio dirigente del PDGE, en Annobón «no hay agua» y los establecimientos se quedan sin productos básicos, aumentar la población sin incrementar paralelamente la capacidad de abastecimiento, transporte, agua y saneamiento agrava necesariamente la precariedad existente.

«No hay agua«

Por todo lo antedicho, resulta particularmente significativa la admisión realizada ahora desde las propias estructuras del PDGE. No se trata únicamente de las denuncias que Ambô Legadu, las autoridades annobonesas y las propias familias vienen realizando desde hace años.

Es un dirigente del partido gobernante quien reconoce que «no hay agua», que Martínez Hermanos prácticamente se ha quedado sin productos y que las propias familias deben comprar desde Malabo lo necesario para poder «aguantar en Annobón».

Sus palabras terminan describiendo precisamente la realidad que durante años se ha intentado presentar de otra manera.

La realidad ambiental de Annobón ha dejado de estar confinada al aislamiento geográfico e informativo impuesto durante décadas a su población.

El EJAtlas ha incorporado a su base de datos internacional dos casos clave que demuestran cómo Annobón ha sido convertida históricamente en una verdadera zona de sacrificio ambiental (primero con vertidos tóxicos internacionales y ahora con la destrucción mediante voladuras): los vertidos de residuos tóxicos denunciados desde finales de los años 1980 por corporaciones británicas y estadounidenses, y la utilización intensiva de explosivos por la empresa constructora marroquí SOMAGEC para la extracción de minerales y canteras en la isla.

Las dos investigaciones pueden consultarse directamente en EJAtlas:

1.- Toxic dumping on Annobón Island — Consultar el caso en EJAtlas

2.- SOMAGEC’s use of dynamite for mineral extraction on Annobón — Consultar el caso en EJAtlas

De una denuncia local a un registro internacional de racismo ambiental

La importancia de estas publicaciones va mucho más allá de la incorporación de dos nuevas páginas a una base de datos. EJAtlas constituye un archivo internacional de conflictos relacionados con la justicia ambiental. Sus fichas documentan con rigor científico casos de contaminación, minería, extracción de recursos naturales, residuos peligrosos, grandes infraestructuras, desplazamientos de comunidades y otras formas de afectación ambiental y social en diferentes regiones del mundo.

La incorporación de Annobón permite, por tanto, situar lo ocurrido en la isla dentro de un fenómeno internacional más amplio y profundamente asimétrico: la injusticia y el racismo ambiental, donde comunidades pequeñas, insulares o políticamente marginadas soportan los devastadores costes ecológicos de decisiones adoptadas sin una participación ni consentimiento efectivo de las poblaciones afectadas.

Para el pueblo annobonés, cuya capacidad para hacer llegar información al exterior se encuentra gravemente limitada, disponer de este registro internacional tiene un significado especial. Lo que durante años podía ser presentado de forma aislada pasa a formar parte de un archivo global de conflictos ambientales susceptible de ser consultado por investigadores, universidades, periodistas, organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos y organismos internacionales.

El crimen histórico: los vertidos tóxicos en Annobón y el colonialismo ambiental impune

La primera ficha aborda uno de los capítulos más graves de la historia reciente de Annobón: las denuncias sobre la utilización de la isla y sus aguas territoriales como vertedero de desechos tóxicos y peligrosos procedentes del exterior.

El caso recupera documentación histórica y fuentes sobre los acuerdos y concesiones entre el régimen de Guinea Ecuatorial y corporaciones privadas británicas y estadounidenses, negociados principalmente durante las décadas de 1980 y 1990 para el depósito de hasta más de dos millones de bidones de residuos peligrosos.

Décadas después, los efectos acumulativos sobre el frágil e interconectado ecosistema insular son alarmantes: la ficha destaca la mortandad marina observada en las aguas costeras de las que depende la pesca tradicional, la degradación de los suelos agrícolas de subsistencia y la contaminación de las escasas fuentes naturales de agua potable. Estas afectaciones se traducen en un impacto severo en la salud humana, evidenciado en el incremento de enfermedades crónicas en la población local.

Pero la cuestión fundamental continúa abierta. ​Si bien el gobierno de Guinea Ecuatorial no ha llevado a cabo auditorías ambientales independientes, informes de organismos como la UNPO, la ONU y el Atlas Mundial de Justicia Ambiental confirman el vertido masivo de residuos altamente peligrosos en Annobón desde la década de 1980. Entre las sustancias documentadas se identifican asbesto, acrilonitrilo, piridina, diclorometano, cloruro de etilo, tetracloroetileno y diversos químicos de laboratorio desconocidos, lo que abre graves interrogantes sobre los riesgos toxicológicos acumulados a los que ha estado expuesta la población annobonesa durante décadas.

Por ello, la incorporación del caso a EJAtlas no debe entenderse como el final de una investigación, sino como la base legítima para exigir análisis científicos independientes del suelo, las aguas costeras, los acuíferos y los sedimentos marinos, así como la determinación de responsabilidades históricas.

El ecocidio presente: SOMAGEC, las explosiones y la transformación física de la isla

La segunda investigación documenta el conflicto relacionado con las actividades de la empresa marroquí SOMAGEC y la utilización continuada e intensiva de dinamita y explosivos para la apertura de canteras y extracción de piedra desde 2007.

En una isla de dimensiones extremadamente reducidas y con un ecosistema sumamente frágil, las detonaciones diarias y la extracción intensiva adquieren una dimensión destructiva singular:

• Erosión y deslizamientos: la fragmentación del relieve mediante voladuras ha desestabilizado las laderas, acelerando la erosión, alterando el paisaje natural y provocando desprendimientos de tierra.
• Afectación de recursos hídricos: las explosiones han alterado el curso de los manantiales subterráneos y contaminado las fuentes de agua dulce de la isla, desencadenando inundaciones relámpago y desabastecimiento para el consumo diario.
• Daños estructurales e inseguridad: las vibraciones han agrietado viviendas tradicionales, destruido parcelas de cultivo de subsistencia y generado episodios continuos de polvo y contaminación acústica.

El caso adquiere además una dimensión humana y dolorosa con la muerte de Petronila Álfaro León, conocida afectuosamente como “Nanana”, de 75 años, fallecida el 24 de septiembre de 2024 tras ser alcanzada por una roca mientras trabajaba en su finca, en un contexto que las denuncias locales vincularon directamente con la inestabilidad del terreno provocada por las voladuras. Su muerte recuerda que la degradación ambiental no constituye únicamente una cuestión de conservación de la naturaleza: es una amenaza inmediata a la seguridad, la dignidad y la vida humana.

Justicia ambiental y derechos humanos

Los dos casos muestran una realidad que Ambô Legadu viene señalando desde hace años: en Annobón resulta imposible separar la protección ambiental de la protección de los derechos humanos.

Cuando una comunidad no dispone de mecanismos efectivos para decidir sobre la explotación de su territorio; cuando quienes protestan contra el ecocidio sufren persecución o represalias; y cuando existen severas restricciones sobre las comunicaciones con el exterior, la degradación ambiental adquiere un carácter de violación sistémica de derechos humanos.

Esta relación ha adquirido una dimensión institucional de primer orden. En agosto de 2025, nueve mandatos de los Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación oficial al régimen de Guinea Ecuatorial sobre las denuncias en Annobón. El requerimiento involucró a los relatores especiales sobre medio ambiente, sustancias y desechos peligrosos, agua potable y saneamiento, empresas y derechos humanos, detención arbitraria, defensores de derechos humanos, minorías, vivienda adecuada y libertades de reunión y asociación.

La convergencia entre la rigurosa documentación ambiental del EJAtlas y la intervención de los mecanismos de la ONU demuestra que la crisis socioambiental de Annobón no es una controversia local o un asunto administrativo interno, sino un caso de repercusión internacional sobre justicia socioambiental.

Romper el aislamiento documental de Annobón

Durante décadas, el mayor obstáculo para la defensa de Annobón ha sido su aislamiento geográfico e informativo. Una comunidad pequeña y alejada corre el riesgo de ser invisibilizada por completo ante los ojos del mundo.

Por eso, la documentación rigurosa es un acto de resistencia. Cada archivo histórico recuperado, cada testimonio preservado, cada análisis científico y cada registro incorporado a plataformas globales contribuye a construir una memoria verificable e inalienable.

La incorporación de estos dos conflictos a EJAtlas sitúa a Annobón dentro del mapa global donde sus problemas pueden ser analizados a la par de otras luchas ambientales de África, América Latina, Asia y el Pacífico.

Un reconocimiento al trabajo de investigación

Desde Ambô Legadu queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Lyra Bartell y a todo el equipo del EJAtlas (ICTA-UAB) por su riguroso trabajo de investigación, revisión y systematización que ha hecho posibles estas publicaciones.

Documentar una realidad compleja como la de Annobón exige contrastar fuentes históricas y contemporáneas en condiciones extremas de opacidad y censura. Este esfuerzo internacional dota al pueblo annobonés de un expediente técnico y académico de inestimable valor para la exigencia de sus derechos.

¿Por qué es crucial el trabajo de EJAtlas para Ambô Legadu y el pueblo de Annobón?

El EJAtlas no es solo una base de datos académica; es una herramienta de resistencia y denuncia internacional. Que los conflictos de Annobón formen parte de este atlas científico ofrece tres ventajas estratégicas cruciales:

• Legitimación y evidencia científica: traduce el sufrimiento de la comunidad a datos, mapas y hechos académicos reconocidos por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y la comunidad científica global.
• Romper el cerco informativo: sitúa los crímenes ambientales en Annobón al mismo nivel de visibilidad que otras grandes luchas ambientales en América Latina, Asia o el resto de África.
• Respaldo para la exigencia de justicia y reparación: proporciona un marco conceptual de «Injusticia Socioambiental» que fortalece los reclamos históricos de la población ambonesa por la reparación del daño, la protección de sus bienes comunes naturales y la autodeterminación sobre su propio territorio.

El trabajo apenas comienza

La publicación de estas investigaciones en el atlas mundial no cierra los casos; al contrario, abre una agenda clara de exigencias internacionales:

¿Qué sustancias tóxicas permanecen en el territorio y en las aguas costeras de Annobón tras los vertidos de las últimas décadas?

¿Cuál es el impacto ecológico y geológico acumulativo de las voladuras continuadas de SOMAGEC sobre los acuíferos y la estabilidad física de la isla?

¿Cuándo se realizarán los estudios socioambientales y sanitarios independientes que la población requiere con urgencia?

¿Quiénes responderán por las pérdidas humanas, materiales y ecológicas causadas en el territorio insular?

Responder a estas interrogantes requerirá cooperación internacional, fiscalización científica e inspecciones sobre el terreno. Pero hoy existe una certeza determinante: Annobón forma parte oficial del mapa mundial de la justicia ambiental. El silencio y la invisibilidad ya no son una opción.

Para un pueblo sometido durante décadas al aislamiento, conseguir que su historia quede documentada fuera de la isla es ya un paso fundamental. La voz de Annobón resuena hoy con más fuerza. A través del trabajo de plataformas como EJAtlas y el compromiso informativo de espacios como Ambô Legadu, la memoria histórica, la denuncia del presente y la defensa del territorio insular se convierten en un frente común por la justicia y el futuro de nuestra tierra.

La organización internacional de derechos digitales Access Now denunció que el apagón de internet impuesto por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Annobón cumplió dos años sin que las autoridades de Guinea Ecuatorial hayan restablecido completamente las comunicaciones.

“El 20 de julio de 2024, el gobierno de Guinea Ecuatorial cortó por completo las comunicaciones en Annobón. Dos años después, la población sigue aislada del resto del mundo”, señaló la entidad en una publicación difundida durante los últimos días.

La organización agregó que la coalición internacional #KeepItOn renovó su llamado a las autoridades ecuatoguineanas para que restituyan inmediatamente el acceso a internet en toda la isla.

La nueva intervención de Access Now confirma que el bloqueo digital no constituyó una interrupción temporal ni una falla técnica. Se trata de una decisión política que continúa vigente dos años después de las protestas realizadas por habitantes de Annobón contra las explosiones con dinamita y los daños ambientales atribuidos a las obras de la constructora marroquí SOMAGEC.

Dos años de silencio impuesto

El corte comenzó el 20 de julio de 2024, pocos días después de que ciudadanos annoboneses firmaran un documento para reclamar el fin de las detonaciones que estaban afectando viviendas, terrenos agrícolas y recursos naturales de la isla.

La respuesta fue una operación represiva. Las fuerzas de ocupación Pamues-Fang del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial realizaron redadas casa por casa, extrajeron teléfonos móviles y detuvieron a decenas de personas vinculadas con el reclamo. En total, 38 annoboneses fueron privados arbitrariamente de su libertad, sin garantías judiciales ni acusaciones formales.

Treinta y siete de ellos permanecieron encarcelados durante casi once meses y fueron liberados en junio de 2025, después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyera que las detenciones habían violado el derecho internacional.

Sin embargo, la excarcelación no puso fin a la persecución ni permitió condiciones dignas de vida. El apagón de internet continuó, mientras las comunicaciones telefónicas permanecieron sometidas a vigilancia y limitadas para los militares y los trabajadores de SOMAGEC.

Dos años después, Annobón continúa convertida en un territorio prácticamente inaccesible para periodistas, organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.

Una herramienta para ocultar la represión

Access Now sostiene que los apagones de internet son utilizados por gobiernos autoritarios para silenciar protestas, controlar la información e impedir que se documenten abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

En el caso de Annobón, el bloqueo afecta a una población históricamente marginada, ubicada a cientos de kilómetros de la parte continental de Guinea Ecuatorial y sometida a una fuerte presencia militar.

La falta de conectividad dificulta el acceso a servicios sanitarios, operaciones bancarias, educación, trabajo y comunicaciones familiares. También impide que los habitantes puedan enviar fotografías, videos y testimonios sobre lo que ocurre dentro de la isla.

Para conocer la situación de sus allegados, familias annobonesas residentes en el exilio dependen de las embarcaciones que conectan la isla con el continente a lo sumo una vez por mes.

El apagón funciona, de este modo, como una forma de castigo colectivo. No solamente limita el acceso a una herramienta tecnológica, sino que busca impedir que la población denuncie la militarización, los interrogatorios, las detenciones y otras violaciones de derechos humanos.

El régimen ignoró los reclamos internacionales

La continuidad del bloqueo se produce pese a los reiterados pedidos formulados por organizaciones internacionales, expertos de las Naciones Unidas y entidades de defensa de los derechos digitales.

En octubre de 2025, Felicia Anthonio, directora de la campaña global #KeepItOn de Access Now, había advertido en diálogo con REALPOLITIK que Guinea Ecuatorial estaba ignorando los llamados internacionales y continuaba imponiendo el apagón. Anthonio calificó la desconexión como un “castigo colectivo que aísla a la población y socava derechos fundamentales”.

La nueva publicación difundida por Access Now demuestra que la situación no se modificó. Al cumplirse dos años desde el inicio del bloqueo, el régimen de Obiang continúa sin informar públicamente las razones legales de la medida, su duración prevista ni las condiciones para restablecer el servicio.

Tampoco se conocen investigaciones independientes sobre el impacto del apagón en la salud, la economía y la vida cotidiana de los habitantes de Annobón.

Annobón permanece fuera del mundo

Access Now volvió a utilizar el caso annobonés como ejemplo de la utilización de las comunicaciones digitales como instrumento de control político. “Dos años después, la población sigue aislada del resto del mundo”, resumió la organización.

La afirmación adquiere una dimensión especialmente grave ante las nuevas denuncias sobre interrogatorios y amenazas contra menores y jóvenes de la isla, acusados por las autoridades de haber participado en la presunta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La coalición #KeepItOn volvió a reclamar la restauración inmediata, completa e incondicional de internet y de todos los servicios de comunicación.

Después de dos años, el apagón de Annobón ya no puede presentarse como una medida excepcional. Se ha convertido en una política sostenida de aislamiento contra todo un pueblo, aplicada por el régimen de Teodoro Obiang para impedir que el mundo conozca lo que ocurre en la isla.

El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una nueva escalada de represión militar contra menores y jóvenes de la isla, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, interrogatorios, intimidaciones y amenazas directas contra la población civil.

Según el comunicado difundido por las autoridades annobonesas, varios de los jóvenes que habían sido detenidos y agredidos durante los primeros días de junio estarían siendo nuevamente sometidos a interrogatorios. El objetivo sería responsabilizarlos por la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido impulsada por Eduardo Mejía Villahute, identificado en el documento como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, el comunicado remarca que el aeropuerto permanece protegido por un vallado perimetral y bajo vigilancia militar permanente, una circunstancia que genera serias dudas sobre la consistencia de las imputaciones.

Amenazas contra la población civil

La denuncia se suma a una serie de hechos reportados desde el 27 de julio, cuando comenzaron a circular informaciones sobre una intensificación del control militar en la isla.

Entre las situaciones descriptas aparecen detenciones arbitrarias, secuestros, interrogatorios bajo vigilancia militar y amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

Las restricciones también alcanzarían a los menores de edad, a quienes se les prohibió jugar y reunirse libremente. Para el gobierno annobonés en el exilio, estas medidas configuran un clima de miedo permanente, vigilancia y vulneración sistemática de los derechos fundamentales.

El comunicado sostiene además que el gobernador de las fuerzas de ocupación colonial, Eduardo Minang Enzema Abeme, y el jefe del régimen destinado a Annobón, Pedro Eyene, convocaron en Palé a representantes del partido gobernante y a parte de la población para transmitir amenazas atribuidas al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Estos hechos constituyen un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el miedo.

Una represión que no constituye un hecho aislado

Desde el Gobierno de la República de Annobón remarcaron que la situación actual debe ser analizada dentro de un contexto más amplio de militarización, marginación política y denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos. “La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado”, señala el comunicado, que vincula la nueva ofensiva con una prolongada política de represión y dominación sobre el pueblo annobonés.

Las autoridades en el exilio también advirtieron que el silencio internacional favorece la impunidad y deja a la población civil, especialmente a los menores, expuesta a nuevos abusos. En ese marco, el Gobierno annobonés solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y las organizaciones internacionales de derechos humanos.

El pedido incluye la documentación independiente de los hechos denunciados, el cese inmediato de las amenazas y detenciones arbitrarias, la protección efectiva de la población civil y la apertura de una investigación imparcial que permita determinar responsabilidades conforme al derecho internacional.

“Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad”, concluye el comunicado difundido por el Gobierno de la República de Annobón.

El comunicado completo

Alerta urgente | Annobón bajo represión militar

Las informaciones recibidas desde la isla de Annobón alertan de una nueva escalada de represión contra menores y jóvenes que fueron víctimas de detenciones y graves agresiones físicas durante los primeros días del pasado mes de junio.

Según las denuncias recibidas, las autoridades militares y de seguridad desplazadas por Guinea Ecuatorial estarían sometiendo nuevamente a interrogatorios a varios de estos menores y jóvenes con el propósito de atribuirles la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido formulada por Eduardo Mejía Villahute, identificado como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, resulta llamativo que el aeropuerto permanezca permanentemente protegido por un vallado perimetral y vigilado las veinticuatro horas del día por efectivos militares, circunstancia que plantea serias dudas sobre la credibilidad de estas imputaciones.

Esta nueva actuación se produce en un contexto de creciente militarización y de una campaña de intimidación contra la población civil.

Desde el 27 de julio, diversas denuncias describen una situación de extrema gravedad en la isla, caracterizada por:

• Detenciones arbitrarias y secuestros.

• Interrogatorios e intimidación bajo control militar.

• Amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

• Restricciones impuestas incluso a menores de edad, incluyendo la prohibición de jugar y reunirse libremente.

• Un clima permanente de miedo, vigilancia y vulneración de los derechos fundamentales.

Asimismo, según las mismas denuncias, el gobernador Eduardo Minang Enzema Abeme y el jefe militar destacado en Annobón, general Pedro Eyene, habrían convocado a representantes del partido gobernante y a parte de la población en Palé para trasladar amenazas atribuidas al presidente de Guinea Ecuatorial. De confirmarse, estos hechos constituirían un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el uso del miedo como instrumento de control.

La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado. Se enmarca en un prolongado contexto de denuncias sobre represión, militarización, marginación política y vulneraciones de los derechos humanos que afectan al pueblo annobonés.

Llamamiento urgente

Solicitamos a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional que actúen con urgencia para:

• Documentar de forma independiente los hechos denunciados.

• Exigir el cese inmediato de las amenazas, detenciones arbitrarias e intimidaciones militares.

• Garantizar la protección efectiva de la población civil, especialmente de los menores de edad.

• Promover una investigación imparcial sobre las denuncias y la eventual depuración de responsabilidades conforme al derecho internacional.

Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio.

Ambo Legadu, AL

El Gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una grave agresión contra un menor annobonés ocurrida el 20 de julio de 2026 en el barrio Alcaide, también conocido como Porvenir 1, en la ciudad de Malabo.

Según el comunicado oficial, la víctima es Anselmo Aguilar, un adolescente de 15 años y nieto del fallecido médico doctor Aguilar, quien habría sido atacado por la espalda por un compañero de la misma edad y perteneciente a la comunidad Fang.

El episodio se habría producido después de un malentendido durante un partido de fútbol. De acuerdo con la denuncia, el agresor utilizó una botella rota y le provocó al joven annobonés una herida profunda en la espalda, con riesgo de afectar la columna vertebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, Anselmo Aguilar tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en un centro hospitalario de Malabo.

Desigualdad durante el interrogatorio

El comunicado señala que la Gendarmería logró localizar al presunto agresor cuando intentaba darse a la fuga. Sin embargo, la organización denunciante sostiene que durante el interrogatorio policial se produjo una situación de discriminación institucional.

Según la versión difundida, al adolescente fang y a sus familiares se les permitió declarar en lengua fang, mientras que el menor annobonés y su familia fueron obligados a expresarse exclusivamente en español.

Esta diferencia habría impedido que la familia de la víctima comprendiera plenamente las manifestaciones de la otra parte y pudiera responderlas en igualdad de condiciones.

El Gobierno annobonés en el exilio consideró que esta práctica vulnera el derecho a una defensa justa y refleja el trato desigual que reciben los ciudadanos annoboneses dentro de las instituciones de Guinea Ecuatorial.

El agresor permanece en libertad

La denuncia sostiene, además, que el agresor continúa en libertad mientras la familia de Anselmo Aguilar intenta conseguir los medicamentos necesarios para garantizar su recuperación.

Para las autoridades annobonesas en el exilio, la respuesta estatal contrasta con el trato que habría recibido un menor annobonés si hubiera sido señalado como autor de una agresión similar.

“Si el delito lo hubiera cometido el niño annobonés, ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach”, manifestó el Gobierno en su comunicado.

La organización atribuyó lo sucedido a un contexto más amplio de persecución, discriminación e impunidad contra los annoboneses y otros pueblos no fang de Guinea Ecuatorial.

Ante estos hechos, el Gobierno de la República de Annobón en el exilio exigió una investigación imparcial, desarrollada en condiciones de igualdad lingüística para las dos familias involucradas.

También reclamó el cese de la discriminación institucional contra los annoboneses y la implementación de mecanismos de protección efectiva para todos los pueblos no fang del país.

“No es un hecho aislado. Es un Estado Fang que oprime a Annobón”, concluye el comunicado oficial.

El comunicado completo

DENUNCIA: AGRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA UN MENOR ANNOBONÉS EN MALABO

El 20 de julio de 2026, un menor annobonés de 15 años fue víctima de una brutal agresión con una botella rota por parte de un compañero fang de la misma edad en el Barrio Alcaide (Porvenir 1, Malabo). El ataque, que puso en riesgo la vida del joven Anselmo Aguilar (nieto del difunto médico Dr. Aguilar), se produjo tras un malentendido durante un juego de fútbol.

HECHOS:

• El agresor fang atacó por la espalda al menor annobonés con una botella rota, causándole una herida profunda con riesgo de penetración en la columna vertebral.

• El agredido fue operado de urgencia en el hospital más cercano.

• La gendarmería localizó al agresor, que intentó darse a la fuga.

• En el interrogatorio policial, se permitió al agresor fang y a su familia declarar en fang, mientras que al menor annobonés y a su familia se les obligó a declarar en español, sin posibilidad de entender ni rebatir las declaraciones de la otra parte.

DENUNCIAMOS:

1.- Discriminación institucional: La gendarmería de Guinea Ecuatorial permite a los fang declarar en su idioma, pero obliga a los annoboneses a hacerlo en español. Esto impide una defensa justa y es un crimen de Estado.

2.- Violencia sistemática: Este ataque es un ejemplo más de la persecución y discriminación que sufren los annoboneses y otros pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

3.- Impunidad: Las instituciones estatales no protegen a los no fang, y las denuncias se silencian con represión o multas. Es un delito que si lo cometiera el niño annobonés ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach, sin el embargo el agresor declaró en fang y goza de total libertad mientras la familia annobonesa busca sin consuelo la forma de encontrar medicamentos para la atención médica de si niño. La injusticia es del estado y del gobierno totalitario y monofang.

EXIGIMOS:

• Investigación imparcial y en igualdad de condiciones lingüísticas.

• Cese de la discriminación institucional contra los annoboneses.

• Protección efectiva para los pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

NO ES UN HECHO AISLADO. ES UN ESTADO FANG QUE OPRIME A ANNOBÓN.

Gobierno de la República de Annobón en el exilio

La Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) incorporó el caso de Annobón en una presentación dirigida a Alexandra Xanthaki, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Culturales.

El documento fue elaborado como aporte para el informe que la funcionaria presentará ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 2026. Además de los annoboneses, recoge testimonios de pueblos de Asia, África y Europa que enfrentan represión lingüística, falta de reconocimiento legal, expropiación territorial y criminalización de su identidad.

Advertencia internacional

La UNPO advirtió que los mecanismos internacionales suelen partir de la existencia de un Estado que reconozca a las comunidades y les permita acceder a vías de denuncia. En el caso de los pueblos no representados, esas garantías muchas veces no existen, por lo que las violaciones culturales permanecen invisibles.

La organización sostuvo que los derechos culturales no pueden separarse de la autodeterminación. También cuestionó los espacios de participación controlados por los Estados, que exhiben tradiciones o costumbres, pero niegan a las comunidades capacidad real para decidir sobre su territorio, su lengua y sus instituciones.

Entre sus recomendaciones, pidió reconocer la autoidentificación de los pueblos, garantizar la educación en lengua materna, proteger las instituciones tradicionales y evaluar si las comunidades tienen control efectivo sobre sus procesos culturales.

La inclusión de Annobón coloca nuevamente la situación del pueblo annobonés ante un mecanismo de las Naciones Unidas y refuerza su denuncia sobre la persecución de su identidad, su cultura y su derecho a decidir su futuro.

El organismo incorporó el caso de la isla a su nuevo informe y respaldó la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, que concluyó que 37 annoboneses fueron privados ilegítimamente de su libertad.

Amnistía Internacional denunció en su informe anual las detenciones arbitrarias perpetradas contra habitantes de Annobón que participaron en las protestas de julio de 2024 contra las explosiones de dinamita y la destrucción ambiental de la isla.

El organismo internacional recordó que 37 manifestantes annoboneses permanecieron encarcelados hasta ser liberado unilateralmente el 4 de junio de 2025 por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presentado oficialmente como un gesto de “perdón” con motivo del cumpleaños del mandatario.

Sin embargo, Amnistía Internacional dejó en claro que su liberación no modifica el carácter ilegal de las detenciones. En ese sentido, acompañó la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que ya había determinado que los habitantes de Annobón fueron privados de su libertad sin garantías legales ni respeto por sus derechos fundamentales.

Una protesta contra la destrucción de la isla

El informe señala que las manifestaciones surgieron como respuesta a los daños provocados por las constantes explosiones de dinamita vinculadas a operaciones mineras desarrolladas en Annobón.

Según los testimonios de la población, las detonaciones afectaron viviendas, tierras de cultivo y el ecosistema de la isla, ubicada a más de 500 kilómetros de la parte continental de Guinea Ecuatorial.

La respuesta de las autoridades no fue investigar los daños ni proteger a la población, sino detener a decenas de personas que reclamaban el fin de las explosiones y la preservación de su territorio.

El caso de Annobón llega a los informes internacionales

La inclusión del caso en el informe de Amnistía Internacional refuerza las denuncias realizadas por el Gobierno de la República de Annobón ante organismos internacionales y confirma que las detenciones no fueron hechos aislados, sino parte de una política represiva contra quienes se opusieron a la destrucción ambiental de la isla.

El pronunciamiento se suma a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó las detenciones como arbitrarias y reclamó la liberación y reparación de las personas afectadas.

Aunque los 37 manifestantes fueron finalmente liberados, hasta el momento no se conocen investigaciones contra los responsables de las detenciones, los malos tratos denunciados ni los daños causados por las explosiones de dinamita.

La denuncia de Amnistía Internacional vuelve a situar a Annobón ante la comunidad internacional y demuestra que la represión ejercida contra su población ya forma parte de los registros oficiales de los principales organismos internacionales de derechos humanos.

El régimen de Teodoro Obiang aisló a todo un pueblo, encarceló a quienes denunciaron la destrucción de su territorio y convirtió la isla en una zona sin testigos. Las señales coinciden con los procesos que preceden a las atrocidades masivas: discriminación, persecución, militarización, castigo colectivo y ocultamiento.

El silencio impuesto a Annobón no es una consecuencia accidental de la falta de infraestructura. Es una política de control.

El gobierno de Guinea Ecuatorial cortó el acceso a internet y a la telefonía móvil después de que los habitantes de la isla protestaran contra las explosiones con dinamita que dañaban sus viviendas, sus campos y sus fuentes de agua. Desde entonces, el régimen mantuvo incomunicada a una población de aproximadamente 5.300 personas, dificultó la documentación de los abusos y dejó a las víctimas sin una vía segura para pedir ayuda.

El apagón comenzó el 20 de julio de 2024. Durante ese período se agravaron las dificultades sanitarias y las familias quedaron separadas del exterior. Las llamadas telefónicas, costosas y sometidas a vigilancia, se convirtieron prácticamente en la única forma de comunicación.

No fue una falla técnica. Fue una represalia.

La organización internacional Access Now documentó que el corte fue impuesto después de las protestas contra las detonaciones y advirtió que el bloqueo puso vidas en riesgo, destruyó servicios esenciales y permitió que la represión continuara sin observación externa. Associated Press confirmó que el apagón sigue vigente y que habitantes y activistas lo identificaban como un instrumento deliberado para sofocar la protesta.

La pregunta ya no es si el régimen utilizó las comunicaciones como arma. Lo hizo.

La pregunta es qué puede ocurrir cuando un Estado autoritario consigue aislar completamente a un pueblo perseguido, desplegar fuerzas sobre su territorio y evitar que el resto del mundo vea lo que sucede.

El genocidio no comienza el día de la matanza

Las atrocidades masivas no aparecen espontáneamente. Antes del asesinato colectivo se construyen las condiciones que lo hacen posible: se separa al grupo del resto de la población, se lo discrimina, se criminalizan sus reclamos, se persigue a sus dirigentes, se organiza el aparato represivo y se eliminan los testigos.

El jurista estadounidense Gregory Stanton, fundador de Genocide Watch, sistematizó ese proceso mediante sus conocidas “diez etapas del genocidio”: clasificación, simbolización, discriminación, deshumanización, organización, polarización, preparación, persecución, exterminio y negación.

No se trata de una escalera rígida ni de un mecanismo automático. Las etapas pueden desarrollarse simultáneamente y reforzarse unas a otras. Pero el valor del modelo reside precisamente en permitir que las señales sean reconocidas antes de que aparezcan los muertos.

Annobón ya exhibe varias de ellas.

Existe clasificación porque los annoboneses constituyen un pueblo diferenciado dentro del Estado ecuatoguineano.

Existe discriminación porque padecen décadas de marginación política, abandono de servicios, explotación de su territorio y exclusión de las decisiones que afectan su propia supervivencia.

Existe organización porque la persecución no fue ejecutada por individuos aislados, sino por fuerzas estatales que detuvieron habitantes, controlaron los transportes, interrumpieron las comunicaciones, perpetraron destierros masivos y trasladaron secuestrados fuera de la isla.

Existe polarización porque una protesta ambiental fue presentada y tratada como una amenaza política contra el Estado.

Y existe persecución porque decenas de personas fueron encarceladas por firmar o apoyar una mera petición comunitaria.

El silenciamiento no aparece como una etapa separada en el modelo de Stanton. Es algo más grave: una herramienta que atraviesa todo el proceso. Sin comunicaciones, las detenciones pueden ocultarse, las torturas no se documentan, las familias desconocen el destino de los arrestados y las fuerzas represivas actúan sin cámaras, periodistas ni observadores.

El silencio no acompaña a la represión. La hace posible.

Un pueblo diferenciado sometido por el poder central

Los annoboneses no son simplemente los habitantes de una isla remota. Constituyen una comunidad histórica, territorial, cultural y lingüísticamente diferenciada, formada durante siglos de aislamiento.

Su identidad se expresa especialmente mediante el fá d’Ambô, una lengua criolla de base portuguesa, y mediante prácticas culturales propias que los distinguen claramente de los grupos que controlan el aparato político y militar de Guinea Ecuatorial.

La Organización de Naciones y Pueblos No Representados —UNPO— reconoce a Annobón como un pueblo con una cultura afroportuguesa singular. La organización incorporó a la República de Annobón como miembro en mayo de 2024 y calcula que en la isla viven alrededor de 5.300 personas.

Su reducido número no disminuye la gravedad del conflicto. La aumenta.

Una comunidad de poco más de 5.000 personas, concentrada en apenas 17 kilómetros cuadrados, puede ser controlada por un despliegue militar relativamente pequeño. El Estado domina el aeropuerto, el puerto, los transportes, el combustible, las comunicaciones y el ingreso de alimentos. También decide quién puede entrar y quién puede salir.

Annobón se encuentra a más de 500 kilómetros del territorio continental de Guinea Ecuatorial. Esa distancia no produjo autonomía: creó sometimiento.

El poder político se ejerce desde fuera de la isla, sin participación efectiva de sus habitantes y mediante funcionarios, fuerzas de seguridad y empresas que responden al gobierno central.

El informe de la UNPO sobre Annobón documenta marginación política, daños ambientales, restricciones de derechos civiles, carencia de servicios esenciales y decisiones impuestas sin consulta a la comunidad. El documento describe a los annoboneses como un objetivo creciente de la exclusión ejercida por el régimen.

No se trata de una desigualdad abstracta. Existe un centro que decide, explota y castiga, y una población insular que soporta las consecuencias sin ningún tipo de protección.

Una protesta ambiental respondida con cárceles

La actual fase represiva comenzó con una denuncia concreta.

El 17 de julio de 2024, referentes comunitarios, defensores de derechos humanos y habitantes de Annobón redactaron el manifiesto “Voz del pueblo annobonés en cuanto a la explosión de las dinamitas”.

No reclamaban privilegios. Exigían que cesaran las detonaciones que estaban destruyendo viviendas, dañando campos, afectando las fuentes de agua y poniendo en peligro los humildes medios de subsistencia de la comunidad.

La respuesta del régimen fue inmediata: secuestros, traslados, intimidación, torturas y apagón.

Associated Press informó que decenas de firmantes y habitantes fueron secuestrados y que algunos pasaron cerca de once meses privados de libertad. Detenidos describieron la situación como “extremadamente grave y preocupante”.

El régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo jamás abrió una investigación ambiental independiente. No permitió una consulta comunitaria. No garantizó el acceso público a estudios sobre el impacto de las explosiones.

En lugar de responder al contenido de la denuncia, persiguió a quienes la formularon.

La protesta por el agua, la tierra y las viviendas fue convertida en una amenaza contra la seguridad estatal. Los ciudadanos que exigían protección pasaron a ser tratados como enemigos.

Ese reciente desplazamiento es uno de los signos más claros de una política persecutoria: el problema deja de ser el daño denunciado y pasa a ser la existencia misma de quienes se atreven a denunciarlo.

Las denuncias llegaron a Naciones Unidas

La represión de Annobón no es únicamente una acusación formulada por activistas o por el gobierno annobonés en el exilio.

Nueve expertos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas remitieron en agosto de 2025 una comunicación a los gobiernos de Guinea Ecuatorial y Marruecos y a la empresa marroquí Société Maghrébine de Génie Civil —SOMAGEC—.

La comunicación reunió denuncias sobre daños ambientales, detenciones arbitrarias, represión de defensores de derechos humanos, restricciones a las comunicaciones y afectaciones que alcanzaban potencialmente a los 5.300 habitantes de la isla.

Los relatores actuaron desde mandatos vinculados con detenciones arbitrarias, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación, defensores de derechos humanos, medioambiente, minorías, empresas y derechos humanos, agua potable y sustancias tóxicas.

La dimensión del pronunciamiento importa: Naciones Unidas no recibió una denuncia limitada a una obra pública. Recibió información sobre un conjunto coordinado de violaciones que afecta a toda una comunidad diferenciada.

La UNPO informó posteriormente que los expertos identificaron el secuestro de 42 integrantes de la comunidad y defensores después de la presentación del manifiesto.

El régimen ecuatoguineano no puede presentar lo sucedido como un incidente administrativo local. La represión ya ingresó formalmente en el sistema internacional de derechos humanos.

El apagón como infraestructura represiva

El bloqueo de internet cumple funciones políticas precisas.

Impide que la comunidad se organice.

Evita que los habitantes envíen fotografías, documentos y videos.

Dificulta conocer la identidad y el lugar de detención de las personas arrestadas.

Separa a los prisioneros de sus familias y abogados.

Bloquea la llegada de denuncias a periodistas y organizaciones internacionales.

Destruye servicios sanitarios y comerciales indispensables.

Y permite que el régimen desacredite las acusaciones alegando que no existen pruebas suficientes, después de haber impedido que esas pruebas fueran producidas y difundidas.

Access Now señaló que el apagón dejó a los 5.300 habitantes desconectados entre sí, de sus familiares y del resto del mundo. La organización también describió el corte como parte de una ofensiva estatal contra la disidencia.

Associated Press comprobó que las comunicaciones telefónicas eran vigiladas y que hablar libremente podía exponer a los residentes a represalias. Algunos habitantes abandonaron la isla por temor a perder la vida y por la imposibilidad de sostener una existencia normal sin internet ni atención adecuada de emergencias.

No existe aquí una mera “dificultad para verificar”.

Existe una política diseñada para impedir la verificación.

El régimen creó una zona sin testigos y luego se benefició de la ausencia de testigos.

Una isla bajo control

La geografía de Annobón convirtió el apagón en una herramienta todavía más poderosa.

La isla depende de las conexiones marítimas y aéreas exclusivamente autorizadas por el régimen de Obiang. No existen fronteras terrestres por las que puedan ingresar periodistas, abogados, diplomáticos u observadores sin pasar por los controles estatales.

Una fuerza desplegada en un territorio de 17 kilómetros cuadrados puede vigilar los movimientos, controlar el abastecimiento, identificar rápidamente a quienes protestan y limitar cualquier intento de resistencia.

Los detenidos fueron trasladados fuera de Annobón, alejados de sus familias, de su comunidad y del lugar donde se produjeron los hechos.

Ese traslado no fue un detalle logístico. Fue una forma de desarraigo y aislamiento.

El Estado controla el territorio, los transportes, la información y el acceso internacional. Las víctimas, en cambio, carecen de tribunales independientes, medios libres, organismos nacionales capaces de investigar al poder político y hasta de internet.

Annobón no es simplemente una isla aislada.

Es una comunidad colocada deliberadamente bajo control estatal total.

El deterioro material también destruye a un pueblo

La destrucción de una comunidad no se produce únicamente mediante ejecuciones.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio incluye entre los actos punibles el sometimiento deliberado de un grupo a condiciones de existencia destinadas a provocar su destrucción física, total o parcial.

La aplicación jurídica del delito de genocidio exige demostrar la intención específica de destruir total o parcialmente al grupo. Esa intención debe ser investigada y probada. Pero la persecución étnica y política que rodea al caso de Annobón ya recibió un reconocimiento institucional de Naciones Unidas.

En su Opinión núm. 13/2025, adoptada tras la denuncia presentada por el abogado Aitor Martínez Jiménez en representación de 37 detenidos annoboneses, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que las autoridades actuaron de manera discriminatoria contra los habitantes de la isla. También sostuvo que el corte de internet y de las comunicaciones constituyó una “forma de castigo colectivo”, declaró arbitrarias las detenciones y reclamó la liberación, reparación e indemnización de las víctimas, además de una investigación independiente sobre los responsables.

La ONU no calificó los hechos como genocidio, pero confirmó elementos que resultan centrales para analizar ese riesgo: la persecución de una comunidad diferenciada, la discriminación, el aislamiento deliberado y la aplicación de represalias colectivas. Por eso, la ausencia de una sentencia que determine una intención genocida no vuelve irrelevantes las condiciones materiales impuestas a Annobón.

En una población pequeña, aislada y dependiente de sus recursos locales, el daño simultáneo sobre el agua, la tierra cultivable, la pesca, la salud, el transporte y las comunicaciones amenaza la continuidad física y social del pueblo.

Los habitantes denunciaron que las explosiones con dinamita contaminaron o dañaron campos y suministros de agua. Por su parte, SOMAGEC defendió su postura y, a la vez, confirmó que debió utilizar una conexión satelital privada mientras los habitantes continuaban desconectados. Es decir, dentro de la misma isla, la compañía pudo sostener sus comunicaciones mientras la población permanecía aislada.

Esa desigualdad resume el funcionamiento del territorio: la obra continúa, la empresa conserva sus medios y quienes cuestionaron sus consecuencias son encarcelados y silenciados.

Los estudios mencionados por SOMAGEC no reemplazan una auditoría independiente ni una consulta real a la población afectada.

El responsable de una actividad no puede ser el único encargado de certificar que esa actividad no causó daño.

La memoria del castigo colectivo

Annobón ya conoce el castigo colectivo.

Durante la década de 1970, en medio de epidemias, aislamiento y ausencia de asistencia sanitaria, ocho hombres abandonaron la isla en una embarcación precaria para llegar a Gabón y pedir ayuda internacional.

La travesía, conocida en la memoria annobonesa como la hazaña del Kindjadja, buscó romper otro cerco de silencio.

Según los testimonios históricos reunidos por organizaciones annobonesas y recogidos por la UNPO, la respuesta del régimen de Francisco Macías incluyó deportaciones, trabajos forzados, saqueos, violencia sexual y represalias contra la población.

Esos crímenes nunca fueron investigados de manera independiente ni reparados.

La impunidad no pertenece solamente al pasado. Es una condición que facilita la repetición.

Por eso, cuando fuerzas enviadas desde el continente detienen habitantes, los trasladan fuera de la isla y vuelven a cortar las comunicaciones, la comunidad no interpreta los hechos como una crisis aislada. Reconoce un método histórico.

Primero se impide que Annobón hable.

Después se castiga a quienes intentaron hablar.

Las señales ya están presentes

El Marco de Análisis para Crímenes Atroces de Naciones Unidas identifica factores que permiten evaluar el riesgo de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Annobón reúne una cantidad alarmante de esos factores:

• Hay antecedentes de violaciones graves y castigos colectivos que permanecen impunes.

• Existe una población diferenciada, pequeña y concentrada en un territorio fácilmente controlable.

• El aparato estatal carece de contrapesos independientes.

• Los reclamos comunitarios son tratados como amenazas políticas.

• Decenas de habitantes fueron detenidos por participar en una protesta pacífica.

• Los prisioneros fueron trasladados fuera de su territorio.

• El gobierno controla el ingreso, la salida y el abastecimiento de la isla.

• Las fuerzas estatales dominan las comunicaciones y los transportes.

• Los periodistas y observadores internacionales no tienen acceso libre.

• Los recursos básicos de la comunidad fueron afectados por actividades ejecutadas sin participación efectiva de sus habitantes.

• La población carece de mecanismos nacionales capaces de protegerla.

• El apagón impide documentar con rapidez cualquier escalada represiva.

Estos elementos no son hipótesis. Son hechos documentados por organizaciones internacionales, procedimientos especiales de Naciones Unidas, periodistas y testimonios directos.

Lo que debe determinar una investigación internacional es la intención del régimen y los crímenes concretos se cometieron.

Pero la existencia del riesgo no depende de esperar esa conclusión.

El riesgo ya existe porque el Estado creó las condiciones materiales para perseguir a la comunidad sin control exterior.

Vísperas de una masacre étnica

Las condiciones para ocultar una escalada represiva están instaladas.

Annobón es una isla pequeña, militarmente controlable, incomunicada y sin observadores independientes. El Estado ya demostró que está dispuesto a cortar las comunicaciones de toda la población, encarcelar a quienes protestan y trasladarlos lejos de sus familias.

Eso significa algo suficientemente grave: si el régimen decidiera profundizar la violencia, contaría con el aislamiento, el control territorial y la ausencia de testigos necesarios para ocultarla durante días, semanas o meses.

No es posible descartar una masacre definitiva porque el propio régimen de Obiang destruyó los mecanismos que permitirían advertirla.

La falta de información no reduce el riesgo.

Es una de sus principales evidencias.

No hace falta esperar las fosas comunes

La prevención de atrocidades no comienza después del crimen. Comienza cuando aparecen los mecanismos que lo preparan o facilitan.

Guinea Ecuatorial debe restablecer de forma inmediata, plena y verificable las comunicaciones de Annobón.

Debe publicar la identidad, ubicación, estado de salud y situación judicial de todas las personas violentadas durante los últimos años.

Debe permitir el contacto irrestricto con familiares y abogados.

Debe garantizar el regreso de los detenidos trasladados arbitrariamente.

Debe abrir la isla a periodistas, observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos.

Debe permitir una investigación independiente sobre detenciones, torturas, malos tratos y vigilancia de las comunicaciones.

Debe suspender las explosiones y autorizar una auditoría ambiental autónoma, con participación efectiva de la comunidad.

Los procedimientos especiales de Naciones Unidas, la Oficina para la Prevención del Genocidio, la Unión Africana y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos deben exigir acceso directo a Annobón.

La comunicación enviada por nueve expertos de la ONU constituye un antecedente institucional importante, pero no alcanza. Un régimen que controla toda la información no puede ser supervisado únicamente mediante pedidos escritos enviados desde el exterior.

También deben investigarse las responsabilidades empresariales. Ninguna compañía puede beneficiarse de un territorio militarizado, continuar sus actividades mientras la población permanece incomunicada y limitarse a negar su participación en la represión.

La obligación de respetar los derechos humanos no desaparece porque el socio comercial sea una dictadura.

Cuando el silencio se vuelve método

El régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo no solo reprimió una protesta. Construyó un cerco alrededor de todo un pueblo.

Cortó las comunicaciones.

Encarceló a quienes denunciaron la destrucción de su territorio.

Trasladó habitantes fuera de la isla.

Mantuvo las obras cuestionadas.

Impidió el ingreso de observadores.

Y dejó a la comunidad internacional sin herramientas inmediatas para saber qué ocurre.

El silencio se convirtió en infraestructura de la represión.

Reduce testigos, elimina pruebas, fragmenta a las familias, paraliza servicios esenciales y transforma cada denuncia en un relato difícil de confirmar.

Por eso, la pregunta no es si Annobón ya llegó a la última etapa de una atrocidad masiva.

La pregunta es cuánto más debe hacer un régimen contra una comunidad pequeña, diferenciada y aislada para que el mundo decida intervenir.

Esperar una sentencia por genocidio, una lista de muertos o la aparición de fosas comunes no sería prudencia.

Sería llegar cuando la prevención ya fracasó.

1.- Participación y ausencias

Al acto fueron invitados, por tercer año consecutivo, numerosos actores políticos del colectivo Fang. Como era de esperar, no acudió ninguno. También fueron invitadas representaciones de los pueblos bubi, ndowé, saharaui, partidos políticos y miembros de la diáspora africana.

Nos acompañaron:

• Don Honorato Maho, en representación del pueblo bubi.

• Nieves González Sánchez, representante de FRENIGE en el extranjero, quien pudo vivir in situ el acto y constatar las reivindicaciones de soledad, abandono, discriminación y aislamiento del pueblo annobonés

• Doña Elisenda Paluzie, Vicepresidenta de la UNPO, quien pronunció un discurso de apoyo a la autodeterminación de Annobón e informó del respaldo institucional de la ONU: 9 relatores que cuestionan la dictadura de terror de Guinea Ecuatorial, en manos de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde 1979 tras el golpe militar a su tío Francisco Macías Nguema.

La señora Paluzie alertó de la represión y persecución sistemática contra el pueblo annobonés, que lo sitúa al borde del riesgo existencial por un exterminio lento, institucionalizado y ejecutado progresivamente durante los últimos 58 años por las dos dictaduras que asolan el país. Síntesis: un Estado fallido en forma, fondo y desarrollo.

También nos acompañaron periodistas de distintos medios y responsables de Realpolitik, desplazados desde Argentina para cubrir este Acto Internacional de Annobón y hacer extensiva nuestra voz al espacio político y al pueblo hermano, al que deseamos una noche gloriosa en la final del mundial.

2.- Mensajes centrales del Gobierno de Annobón en el exilio

Los representantes del Gobierno salieron con la vestimenta tradicional, con la tela anudada al hombro derecho, como reclamo cultural y en solidaridad con los 39 annoboneses secuestrados y torturados por las fuerzas de ocupación colonial pamue-fang de Guinea Ecuatorial.

En sus intervenciones se centraron en:

• Los 50 años de la expedición de Kindjadja una hazaña que marcó el inicio de la lucha por existir del pueblo de Annobón, y la respuesta represiva de Guinea Ecuatorial: la amenaza de «hacer derramar un río de sangre y no pasará nada”, porque a “esta maldita isla hay que abandonarla y borrarla del mapa». 50 años de la Hazaña del Kindjadja y nada ha cambiado…todo ha ido de mal en peor desde 1968.

• La Ministra de Asuntos Sociales, Nemesia Cachina Zamora, denunció que no es un hecho aislado. Es un patrón continuado de discriminación y abusos: impiden el acceso al agua y a los alimentos y someten a la población a la miseria absoluta y sobre todo denunció las violaciones a mujeres y niñas como metodología de humillación.

• El Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar, denunció el aislamiento provocado por el corte de internet, la falta de comunicación y la ausencia de transporte marítimo y aéreo.

El Alzamiento del Remo es el símbolo de la resistencia del pueblo de Annobón frente a la ocupación colonial de Guinea Ecuatorial.

El 8 de julio, la Asamblea de Annobón en el exilio denuncia:

• Ocupación, represión y abandono impuestos por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

• Uso del hambre como arma de control.

• Secuestros, agresiones y violencia sexual infantil como mecanismos de deshumanización.

• El pueblo de Annobón afirma:

• No van a desaparecer.

• No aceptan la opresión.

• Defienden su tierra, mar, identidad y derecho a existir.

• Exigen justicia a la comunidad internacional, ONU y España. Denuncian que la indiferencia es complicidad.

• Estas reivindicaciones tienen un mensaje final: “Annobón no se rinde. Annobón no se borra. Annobón se levanta”.

3.- La consigna de nuestro pueblo ante la IV Asamblea

Finalmente, el Primer Ministro lanzó la consigna del IV Aniversario:

Frente a décadas de aislamiento, incomunicación, discriminación, invasión, desplazamientos forzados, amenaza de limpieza étnica, destrucción de nuestra identidad y una política de terror destinada a quebrar la voluntad del pueblo annobonés: ¡Rebeldía!

Frente al programa permanente de militarización, represión, dominación, abuso de poder y a la utilización del hambre, el aislamiento y el miedo como instrumentos de sometimiento contra nuestra población: ¡Rebeldía!

Frente a los secuestros, las detenciones arbitrarias, las torturas, los apaleamientos, la violencia sexual contra menores y las gravísimas violaciones de los derechos humanos denunciadas por nuestro pueblo: ¡Rebeldía!

Frente a quienes pretenden borrar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra memoria y nuestra condición de pueblo para sustituirlas por el silencio y la sumisión: ¡Rebeldía!

Frente a quienes creen que el miedo puede imponerse para siempre sobre la dignidad: ¡Rebeldía!

Pero nuestra rebeldía no nace del odio. Nuestra rebeldía nace del amor a Annobón. Es la rebeldía de un pueblo que se niega a desaparecer; la rebeldía de quienes defienden su tierra, su historia, su identidad y el derecho de las futuras generaciones a vivir libres de persecución y de miedo.

Que esta sea la consigna de la IV Asamblea Internacional del Pueblo de Annobón:

Frente a la opresión: ¡Rebeldía!

Frente al miedo: ¡Rebeldía!

Frente a la injusticia: ¡Rebeldía!

Frente a la dominación: ¡Rebeldía!

Frente al silencio impuesto: ¡Rebeldía!

Frente a cualquier intento de destruir al pueblo de Annobón: unidad, dignidad y rebeldía.
Ante la discriminación y los abusos: rebeldía.

Ante la injusticia, la invasión colonial extranjera y la impunidad: rebeldía.

4.- Cierre

Para finalizar, el Presidente de Annobón, Nando Palas Bahê, tendió la mano a los actores políticos de Guinea Ecuatorial, especialmente al colectivo pamue-fang, para acabar juntos con la dictadura que tanto daño hace a todos, y de forma salvaje y criminal por el odio profundo hacia el pueblo de Annobón.

El acto concluyó con un vino de honor y un almuerzo popular, seguido de una fiesta que se prolongó hasta bien entrada la noche del sábado. El presidente envió un mensaje claro al pueblo de Annobón: la lucha por la independencia no comenzó hace cuatro años ni se agota en la actual etapa política. “La demanda de la independencia de Annobón no data de solo cuatro años. Hoy estamos festejando el 50.º aniversario de esta lucha, y va más allá”, afirmó, al reivindicar la continuidad histórica de una causa atravesada por décadas de resistencia.

También dejó en claro que el reclamo annobonés no está dirigido contra otros pueblos, sino contra un sistema de dominación que niega sus derechos fundamentales. “Annobón está pidiendo simplemente justicia, porque quiere vivir como todos los pueblos. Annobón no exige nada más que el derecho a la vida”, sostuvo. Y concluyó con una definición política central: “Annobón pide el derecho a su autodeterminación y a su descolonización”.

Este IV Aniversario posiciona a Annobón como actor principal frente a la dictadura más longeva y cruel del momento.

Pone en escena la situación general de Guinea Ecuatorial y exige a la comunidad internacional una intervención urgente. No mirar hacia otro lado. El silencio ante el genocidio annobonés y el sufrimiento del pueblo de Guinea Ecuatorial es complicidad.

Alertamos de las atrocidades del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo: limpieza étnica, aniquilación identitaria, acoso y derribo del pueblo de Annobón bajo invasión y ocupación militar extranjera e impunidad y las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Annobón en su versión de odio étnico como fórmula del gobierno desde 1968.

La situación exige reflexión y actuación inmediata en la isla de Annobón. Es urgente.