El proceso de autodeterminación de la República de Annobón encontró un marco político renovado en la declaración de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO). Reunidos en La Haya los días 29 y 30 de agosto, sus miembros reafirmaron que todos los pueblos tienen derecho a decidir su futuro político, económico, social y cultural, y reclamaron mecanismos para que puedan intervenir en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Para Annobón, integrante de la organización desde 2024, ese principio tiene una dimensión concreta: la posibilidad de decidir sobre su territorio, proteger su identidad y hacer escuchar sus demandas fuera de las estructuras de poder que controlan Guinea Ecuatorial. La pertenencia a esta red permite situar la causa annobonesa junto a las de otros pueblos que buscan representación y capacidad de decisión sobre su destino.

El vínculo con la UNPO tiene antecedentes que van más allá de las declaraciones generales. En su informe sobre Annobón publicado en 2024, la organización denunció detenciones arbitrarias, el corte de las comunicaciones y la exclusión política de la población. También señaló que las decisiones sobre proyectos de construcción y explotación de recursos se adoptaban sin consultar a los habitantes, con consecuencias para sus viviendas, cultivos y fuentes de agua.

Autodeterminación y participación para Annobón

Leída desde esa realidad, la declaración de La Haya aporta un criterio para evaluar la actuación del poder en la isla: el futuro de un pueblo requiere la participación de quienes lo habitan. La defensa de los derechos humanos y el reclamo de autodeterminación se encuentran precisamente allí, en la capacidad de una comunidad para intervenir en las decisiones sobre su vida y su territorio.

La asamblea estuvo precedida por la segunda conferencia Reimaginar la autodeterminación, celebrada el 27 y 28 de agosto, en el año del 35.º aniversario de la UNPO. Su declaración defendió la participación política efectiva, la representación y la protección de las historias, identidades y culturas de los pueblos. También advirtió sobre los riesgos de vigilancia, intimidación y desinformación asociados a las tecnologías digitales.

Ese planteo resulta especialmente relevante para la causa annobonesa. La denuncia del bloqueo de las comunicaciones recogida por la propia UNPO muestra hasta qué punto el acceso a la información está vinculado con la posibilidad de denunciar abusos, sostener vínculos con el exterior y organizar una voz colectiva. El aislamiento también reduce las posibilidades de que lo que ocurre en la isla sea conocido y sometido a escrutinio internacional.

En ese marco, la organización eligió además a Rubina Greenwood, de Sindh, como presidenta para el período 2026–2028. La acompañarán en las vicepresidencias Abdirahman Mahdi, de Ogaden, y Sofia Amini, del Kurdistán iraní. La nueva conducción asumió el compromiso de impulsar acciones coordinadas para llevar las demandas de los pueblos no representados ante responsables políticos e instituciones internacionales.

El pronunciamiento final incorpora una exigencia que merece atención desde Annobón: que las organizaciones regionales, incluidas las africanas, establezcan espacios permanentes donde los pueblos sin representación puedan expresar pacíficamente sus reclamos, defender sus derechos y participar en las decisiones sobre su futuro.

Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y Presidente del Partido Ambô Legadu (AL), participó el domingo 27 de septiembre en la 50ª edición de la Alderdi Eguna, la celebración anual del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El encuentro se realizó en las campas de Foronda, en Álava, bajo el lema Alderdia Bizi. La delegación annobonesa siguió el acto desde un lugar cercano al sector de los oradores.

Para Ambô Legadu, la presencia en la fiesta del PNV tuvo un significado político que excede la celebración partidaria. La organización vinculó la defensa de la identidad annobonesa y del fa d’Ambô, la lengua de la isla, con la reivindicación de su derecho a decidir el futuro de Annobón. En Foronda, esas demandas encontraron un espacio junto a un partido cuya historia está estrechamente ligada a la defensa de la identidad y la lengua vascas.

Además, sirvió como punto de encuentro con dirigentes saharauis, palestinos y angoleños, y con representantes de otras comunidades de la diáspora africana que participaron en el Alderdi Eguna.

Durante la jornada, Orlando Cartagena Lagar fue entrevistado por diferentes medios de comunicación acreditados en el acto y denunció el genocidio estructural que sufre el pueblo de Annobón bajo la cruel y sangrienta discriminación que ha implantado de dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde hace 47 años. También aprovechó para denunciar la persecución de la lengua fa D’ Ambo, la cultura y la tradiciones así como la militarización y el bloqueo general al pueblo annobonés.

Un vínculo que continúa

La participación de Cartagena Lagar dio continuidad a la presencia de Ambô Legadu en la Alderdi Eguna de 2025. En aquella edición, la organización informó que había sido invitada por el PNV y que su delegación mantuvo encuentros con Aitor Esteban, Presidente del partido vasco, e Imanol Pradales, Jefe del Gobierno Vasco.

Un año después, la delegación annobonesa volvió a Foronda en una edición especial: el PNV celebró los 50 años de su primera Alderdi Eguna. Para Ambô Legadu, fue otra oportunidad de dar visibilidad internacional a la situación de Annobón y sostener el vínculo iniciado con el nacionalismo vasco.

La Fiscalía de Guinea Ecuatorial declaró a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED) «grupo terrorista y organización criminal». La Resolución 08/2026, fechada el 14 de septiembre y difundida el 21, ofrece recompensas por la repatriación de doce dirigentes de la coalición que viven en el exterior. La mayor, de 1,5 millones de euros, corresponde a su presidente, Salomón Abeso Ndong. CORED, por su parte, rechaza las acusaciones.

La decisión expone una contradicción política y judicial. Mientras la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo señala como terroristas a sus adversarios, tres integrantes de su propia estructura de seguridad —Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo— están procesados en España por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas contra opositores. Los tres afrontan órdenes de detención; el proceso no equivale a una condena.

La Fiscalía ecuatoguineana atribuye a CORED planes violentos y contactos con organizaciones armadas. La coalición niega esos vínculos y sostiene que busca una transición mediante elecciones libres. Las acusaciones formuladas en Malabo no pueden presentarse como hechos probados por la sola publicación de la resolución. Tampoco deberían servir para silenciar el examen internacional de las denuncias contra funcionarios del régimen.

El pueblo de Annobón reclama algo más que un cambio de gobierno

El pueblo annobonés tiene una reivindicación propia dentro de este escenario. Su demanda no consiste simplemente en sustituir a Obiang por otro dirigente en Malabo. Reclama autodeterminación, protección frente a la represión y capacidad para decidir sobre las condiciones de vida en la isla.

Esa posición fue expuesta por Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón, ante la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada a fines de agosto. Allí denunció la falta de servicios esenciales y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a decidir su futuro. La UNPO también reafirmó en esa asamblea la necesidad de que los pueblos no representados puedan expresar pacíficamente sus demandas y participar en las decisiones que los afectan. ambolegadu.com

Las denuncias sobre Annobón trascienden la declaración de sus representantes. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación a Guinea Ecuatorial por la crisis ambiental y las violaciones de derechos humanos, recientemente vinculadas a actividades extractivas en la isla. A dichas advertencias se sumaron denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Access Now, que reclamó el fin del apagón total de internet y de telefonía impuesto por el régimen de Guinea Ecuatorial desde el 20 de julio de 2024 .

Incluso antes de la ofensiva contra la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático, Cartagena comenzó a ser perseguido políticamente a través de una acción judicial impulsada por Obiang en España, a raíz de declaraciones públicas sobre la preocupante realidad de la isla de Annobón. Es un procedimiento distinto del caso CORED y de la investigación española sobre los tres altos cargos. Su existencia, sin embargo, añade otra dimensión al conflicto entre el poder de las fuerzas de ocupación colonial y las voces que denuncian sus actuaciones desde el exilio.

La ofensiva contra CORED vuelve a poner en primer plano una cuestión que Annobón conoce de cerca: qué ocurre cuando una denuncia política recibe como respuesta una acusación penal, una detención o una amenaza.

Para Annobón, esta persecución busca tapar el verdadero eje de la discusión: los derechos de un pueblo que reclama agua, servicios básicos, libertad para expresarse y participación efectiva en las decisiones sobre su territorio. Y, sobre todo, su derecho a plantear pacíficamente la autodeterminación sin que esa reivindicación quede reducida a las amenazas del clan Obiang.

Según explicaron fuentes oficiales, «para el pueblo annobonés, estar presentes en este aniversario tan simbólico es un honor y un acto de profunda fraternidad entre dos pueblos que aman su identidad, su lengua -el Fa d’Ambô y el Euskera- y su libertad».

«En esta Alderdi Eguna alzaremos el remo, símbolo de paz, trabajo y resistencia de Annobón, para llevar ante Euskadi y ante el mundo la voz de un pueblo que se niega a desaparecer tras 58 años de colonización interna y ocupación militar por parte de Guinea Ecuatorial», agregaron, agradeciendo al PNV su invitación y su solidaridad histórica con las causas justas.

El cronograma del Alderdi Eguna 2026

La jornada comenzará el sábado 26 con una recepción en Bilbao. Ese domingo, las delegaciones viajarán a Foronda, donde a las 11.30 desfilarán hacia la tribuna. A las 12.00 se realizará el acto político, con discursos de un representante de las juventudes del PNV, el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del partido, Aitor Esteban. Finalmente, habrá actividades en el recinto festivo y una comida para los invitados.

Una representación del Gobierno de la República de Annobón participó este 11 de septiembre en la Diada Nacional de Catalunya, una de las principales jornadas de movilización política catalana, para visibilizar la situación que atraviesa la isla bajo la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial.

La delegación estuvo integrada por Reginaldo Piño Huesca, ministro de Asuntos Exteriores, y Nemesia Cachina Zamora, ministra de Asuntos Sociales, quienes acompañaron la marcha convocada en Barcelona por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La movilización comenzó a las 17.14, en recuerdo de la caída de Barcelona en 1714, y recorrió la Gran Vía, la plaza Universitat y la plaza Catalunya, donde se celebró el acto político central.

Representantes y activistas de distintas naciones sin Estado marcharon bajo la consigna “Por un futuro mejor: autodeterminación”. En ese marco, la presencia annobonesa permitió llevar nuevamente al escenario internacional la denuncia por la represión, el aislamiento y las vulneraciones de derechos humanos que sufre la población de Annobón.

“Hoy hemos acompañado a la Diada catalana para reivindicar también la situación de Annobón bajo el régimen de Obiang en Guinea Ecuatorial”, expresaron los representantes tras participar de la jornada.

La actividad continuará el 12 de septiembre con un encuentro internacional organizado por la ANC, destinado a fortalecer los vínculos entre organizaciones y movimientos que defienden el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo quiere discutir su honor. Para hacerlo, no abrió Annobón a observadores internacionales, no permitió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas, asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias y deportaciones, ni explicó por qué una isla entera permanece sometida al aislamiento, la militarización y el abandono. Eligió otro camino: llevar ante la Justicia española a Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y una de las principales voces internacionales de un pueblo que pide auxilio para sobrevivir.

El expediente pretende invertir obscenamente los lugares. El jefe de un régimen acusado durante décadas de homicidios ilícitos, torturas, desapariciones, encarcelamientos políticos y persecución sistemática se presenta como víctima; mientras que el representante de una población cercada por el hambre, la segregación y el miedo debe comparecer como acusado. Obiang no busca reparar una reputación: busca que el costo de denunciarlo sea cada vez más alto.

Un dictador preocupado por su “honor”

La causa tramita ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 2, bajo las diligencias previas 297/2026. En la documentación judicial aparece como querellante Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y como querellado Orlando Cartagena Lagar, por presuntos delitos de injurias y calumnias. La presentación fue realizada con la intervención del abogado Javier Gómez Bermúdez y la procuradora Laura Argentina Gómez Molina.

La querella fue admitida a trámite y Cartagena Lagar deberá comparecer el 20 de enero de 2027. El expediente se encuentra en una etapa preliminar. Pero su significado político resulta evidente: después de controlar durante décadas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la prensa y los tribunales de Guinea Ecuatorial, el régimen pretende utilizar ahora un juzgado europeo para condicionar la voz exterior de Annobón.

Obiang no llegó al poder por elecciones libres. Encabezó el golpe militar que derrocó en agosto de 1979 a su tío, Francisco Macías Nguema, y desde entonces construyó uno de los regímenes autoritarios más prolongados del mundo. Lleva 47 años gobernando con puño de hierro, mientras su familia ocupa posiciones centrales dentro del Estado y la oposición, el periodismo y las organizaciones sociales permanecen sometidos a vigilancia, censura y persecución.

No se trata de una caracterización retórica. Amnistía Internacional ha documentado décadas de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilícitos bajo el gobierno de Obiang. El Departamento de Estado norteamericano registró denuncias sobre presos políticos, abusos de las fuerzas de seguridad y falta de independencia judicial, mientras que Reporteros Sin Fronteras advirtió que en Guinea Ecuatorial no existe un verdadero pluralismo informativo, los medios permanecen amordazados y la censura previa constituye una práctica habitual. Access Now, por su parte, denunció el aislamiento comunicacional impuesto a Annobón, mientras que mecanismos de las Naciones Unidas respaldaron las denuncias sobre secuestros y torturas sufridos por integrantes del pueblo annobonés y formularon requerimientos que Guinea Ecuatorial se negó sistemáticamente a cumplir. Es ese aparato de poder, señalado internacionalmente por perseguir, encarcelar, torturar y silenciar, el que ahora reclama protección para el supuesto “honor” de su máximo responsable.

Las palabras que Obiang quiere castigar

La querella apunta contra declaraciones públicas de Cartagena Lagar en redes sociales, entrevistas y medios de comunicación. Entre las expresiones incorporadas por la representación de Obiang aparecen denuncias sobre “violaciones a las mujeres”, “abuso infantil y tortura a la población”, además de acusaciones contra militares por entregar “alcohol y drogas a los niños y a las niñas” y estar “prostituyendo prácticamente a toda la población”.

El régimen sostiene que esas manifestaciones serían falsas y lesionarían el honor presidencial. Pero Orlando Cartagena no habla desde la comodidad de una disputa partidaria ni protagoniza una aventura política personal. Es la voz de un pueblo que lleva décadas clamando socorro frente a políticas de castigo colectivo, aislamiento, hambre, segregación, militarización y destrucción de sus condiciones elementales de vida.

El pueblo annobonés denuncia la falta crónica de agua potable, electricidad, alimentos, medicamentos, escuelas, comunicaciones y transporte regular. Denuncia la presencia intimidatoria de fuerzas militares, la persecución de quienes protestan, el encarcelamiento de opositores y la imposibilidad de recurrir a instituciones independientes.  

No son episodios aislados, sino partes de un proceso de exterminio físico, cultural y político.

Una historia escrita con sangre

La persecución tampoco comenzó ahora. La memoria de Annobón conserva la represión de diciembre de 1976, desatada después de la expedición del Kindjadja, cuando un grupo de isleños atravesó el océano para pedir ayuda tras años de epidemias jamás atendidas que barrieron con la mayoría de la población. Las denuncias annobonesas atribuyen a Obiang, entonces integrante central del aparato militar de Francisco Macías, la orden de una represalia que incluyó violaciones masivas, asesinatos y la deportación de varones de entre 15 y 75 años.

En 1993, ya durante la dictadura de Obiang, la isla volvió a rebelarse después de permanecer más de un año sin recibir un barco con provisiones. La visita del entonces Primer Ministro Silvestre Siale Bileka, recordada como el “Viaje de la vergüenza”, terminó con una nueva represión, con la tortura y detención de Orlando Cartagena Lagar y con los asesinatos de Sumene y Simplicio Llorente. Annobón aprendió hace décadas que reclamar alimentos, transporte o dignidad puede ser castigado como sedición.

Ese es el contexto que la querella intenta borrar. Las palabras de Cartagena Lagar no surgieron de una campaña publicitaria ni de una ambición electoral. Surgieron de una comunidad que vio partir a sus hombres, violar a sus mujeres, encarcelar a sus jóvenes y morir a sus habitantes mientras el mundo miraba hacia otro lado. Cuando los canales internos están clausurados, denunciar en el exterior no es una estrategia comunicacional: es una forma de supervivencia.

El victimario quiere juzgar el grito de la víctima

Si Obiang quisiera desmentir las denuncias, permitiría que organismos internacionales ingresaran libremente en Annobón. Abriría las cárceles, publicaría la nómina completa de detenidos, garantizaría entrevistas sin vigilancia, permitiría trabajar a abogados y periodistas independientes y explicaría qué ocurrió durante cada operativo militar. También debería responder por qué un país enriquecido durante años por el petróleo mantiene a comunidades enteras sin servicios esenciales y bajo fuerte opresión militar.

En cambio, el régimen elige perseguir a quien habla. Pretende que Cartagena Lagar dedique sus fuerzas a defenderse en España mientras Annobón sigue incomunicada. Busca convertir cada entrevista en un riesgo penal, cada denuncia en una amenaza y cada pedido de auxilio en una eventual prueba judicial.

No es Orlando Cartagena quien está llevando el genocidio annobonés a los tribunales. Es Obiang quien pretende sentar en el banquillo a la voz que lo denuncia. El dirigente annobonés no representa una aventura política: representa a un pueblo que intenta seguir vivo después de décadas de abusos, segregación, hambre y terror.

La Justicia española tendrá delante algo más que una querella por palabras. Tendrá que decidir si permite que sus tribunales sean utilizados como prolongación internacional de una maquinaria de silenciamiento. Porque cuando un dictador con 47 años en el poder demanda a quien denuncia torturas, persecución y muerte, la primera pregunta no debería ser por qué la víctima gritó tan fuerte, sino qué tuvo que padecer para que el mundo finalmente pudiera escucharla.

La delegación de la República de Annobón participó de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada del 27 al 30 de agosto de 2026, donde presentó una declaración política y jurídica de alto impacto contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a la libre autodeterminación.

La comitiva annobonesa estuvo integrada por el Presidente Nando Baê y por el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, quien fue el encargado de pronunciar el discurso ante los pueblos no representados reunidos en la asamblea que presidió Rubina Greenwood.

En el marco de esa agenda internacional, la representación annobonesa también realizó visitas al Rijksmuseum de Ámsterdam, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y al Archivo Nacional de los Países Bajos, instancias que permitieron enmarcar el reclamo desde una dimensión histórica, jurídica y documental. Las imágenes y videos de la delegación muestran una presencia activa de Annobón en espacios clave de memoria, derecho internacional y patrimonio europeo.

Ante la UNPO, Cartagena Lagar abrió su intervención con una definición política clara: “Annobón, miembro de la UNPO, alza su voz desde el exilio, la resistencia y el territorio ocupado”. Luego agregó: “Somos miembro de esta gran familia de las Naciones y Pueblos no Representados”.

La declaración denunció formalmente “las constantes y masivas violaciones de los derechos humanos contra el pueblo annobonés”, incluyendo “detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, desapariciones, juicios sin garantías y persecución política contra cualquier voz disidente”.

En su alocución, el Primer Ministro también describió una situación humanitaria extrema en la isla: “El abuso infantil, falta de infraestructuras de agua potable, electricidad, alimentos, ausencia de sanidad y medicamentos, falta de escuelas”. Para la delegación, no se trata de hechos aislados ni de simples carencias administrativas, sino de una política sostenida de abandono, control y sometimiento.

“Una prisión a cielo abierto”

Uno de los puntos más duros del discurso fue la denuncia sobre la militarización de la isla. Annobón acusó al régimen de imponer “la militarización total de nuestra isla, convertida en una prisión a cielo abierto”, con presencia permanente del ejército ecuatoguineano.

Según el texto leído ante la asamblea, esa presencia militar “intimida, controla y humilla a nuestra población civil”. Cartagena Lagar fue todavía más explícito: “La población vive con miedo y secuestrada en su propio territorio”.

La acusación se inscribe en una lectura más amplia del conflicto: para Annobón, el problema no es únicamente la falta de derechos civiles o políticos, sino la existencia de una dominación estructural sobre un pueblo con identidad propia. Por eso, el documento denunció “la invasión, ocupación y dominación colonial interna de nuestro territorio ancestral”, además de “la explotación de nuestros recursos sin beneficio para nuestro pueblo”.

La delegación también volvió a poner sobre la mesa la cuestión ambiental: Cartagena Lagar denunció “el desastre ecológico impuesto por las detonaciones y actividades militares y mineras no consentidas” y la “conversión de la isla en vertedero de residuos tóxicos internacionales”.

“No es mala gestión: es genocidio estructural sin sangre”

El eje conceptual más fuerte de la intervención fue la caracterización de lo que la delegación definió como “genocidio estructural sin sangre”.

Annobón sostuvo que su pueblo sufre desde hace 58 años una forma contemporánea de colonización interna: “una colonización interna lenta, un odio institucional y un exterminio de africanos contra africanos, de negros contra negros”.

La frase marca un giro político central. La delegación no ubicó la opresión annobonesa dentro de una ocupación extranjera clásica, sino dentro de una estructura estatal africana que oprime a otro pueblo africano. “No es una ocupación extranjera clásica. Es peor. Es un régimen africano que utiliza el aparato del Estado para oprimir a otro pueblo africano, negándole su condición de pueblo y tratándolo como territorio a vaciar y dominar”, señala el documento.

En esa línea, Cartagena Lagar sostuvo que la política de Guinea Ecuatorial durante casi seis décadas no puede ser leída como abandono casual. “Esta política de 58 años de abandono deliberado, militarización, empobrecimiento forzado, destrucción ambiental y represión cultural, condiciona radicalmente la propia existencia del pueblo annobonés y provoca la pérdida progresiva e irreversible de su identidad colectiva”, afirmó.

La síntesis fue contundente: “No hay fosas comunes masivas, pero hay un vaciamiento. No hay una guerra abierta, pero hay una asfixia permanente”.

Y luego llegó una de las frases centrales de toda la intervención: “No podemos esperar más. Lo que sufre Annobón no es mala gestión. Es un genocidio estructural sin sangre: una estrategia planificada para que el pueblo annobonés, como tal, deje de existir”.

Para la delegación, el régimen de Obiang busca borrar a Annobón sin necesidad de una masacre abierta. “58 años de colonización interna y odio institucional: africanos contra africanos, negros contra negros. No es abandono, es genocidio estructural sin sangre para borrar a Annobón del mapa”, remarcó el documento presentado ante la UNPO.

La denuncia político-jurídica sobre la violencia sexual

La presentación incluyó además una nota político-jurídica especialmente sensible sobre lo que la delegación definió como “el mestizaje impuesto como arma de guerra contra el pueblo de Annobón”.

Allí sostuvo que el régimen de Guinea Ecuatorial estaría ejecutando “una política deliberada de mestizaje político impuesto como arma de guerra y de odio”. La declaración aclaró que no se refiere a relaciones interétnicas libres, sino a un supuesto patrón de violencia dirigido contra el pueblo annobonés.

“No se trata de relaciones interétnicas libres. Se trata de un patrón sistemático de violaciones sexuales, abusos sexuales a menores y embarazos forzados, perpetrados por personal militar y funcionarios enviados por Malabo a la isla”, señala el texto.

Según la delegación, el objetivo de esa práctica sería “diluir, quebrar y aniquilar la identidad biológica, cultural y política de un pueblo pequeño, aislado y vulnerable como el annobonés”.

La nota sostuvo que esta situación afectaría políticamente a Annobón porque constituiría “un intento de destrucción demográfica”. El documento recuerda que Annobón es un pueblo de menos de 6.000 habitantes en la isla y afirma que “cualquier imposición reproductiva forzada altera irreversiblemente su composición, rompe el linaje y la continuidad generacional”. Luego lo define como “ingeniería demográfica colonial”.

También lo presentó como “un arma para destruir la cohesión social”, al señalar que la violación como arma genera “trauma colectivo, estigma sobre las víctimas, ruptura familiar y éxodo forzado de mujeres annobonesas”.

La formulación más dura aparece en el tercer punto: “Es dominación política por el vientre”. Para la delegación, el régimen buscaría “crear una población ‘leal’ a Malabo, deslegitimar nuestra identidad ancestral Fa d’Ambô y justificar en el futuro que ‘ya no somos un pueblo distinto’”.

Crímenes de lesa humanidad y genocidio

La declaración político-jurídica elevó la acusación al plano del derecho internacional. Según la delegación, estos hechos, por su carácter sistemático, intencional y dirigido contra un grupo étnico específico, “pueden y deben ser calificados como crimen grave de lesa humanidad y acto constitutivo de genocidio”.

El documento citó el artículo 7 del Estatuto de Roma, referido a la violación sexual, embarazo forzado y violencia sexual grave como crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque sistemático contra población civil. También invocó el artículo 6 del Estatuto de Roma, vinculado al genocidio, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

La frase final de ese tramo resume la gravedad del planteo: “No es un exceso. Es una política de Estado para hacer desaparecer a Annobón sin necesidad de matarnos a todos”.

Por eso, la delegación reclamó que la UNPO reconozca esta práctica como crimen de lesa humanidad y solicite una investigación internacional independiente.

“No pedimos permiso para existir”

En su capítulo de exigencias, la delegación pidió al régimen de Teodoro Obiang Nguema que ponga fin inmediato a la represión, retire sus fuerzas de Annobón, libere a todos los presos políticos annoboneses y cese la persecución contra líderes, familias y voces disidentes.

A la comunidad internacional y a la UNPO, Annobón reclamó “el reconocimiento y respeto de nuestro legítimo e inalienable derecho como pueblo a la libre autodeterminación”, conforme a los pactos internacionales de derechos humanos.

La declaración subrayó una idea política central: “El pueblo de Annobón no es una provincia de Guinea Ecuatorial. Somos un pueblo distinto, con lengua, cultura, historia e identidad propias. No pedimos permiso para existir”.

Luego agregó: “No buscamos la confrontación, buscamos la libertad. No pedimos caridad, exigimos justicia. Queremos volver a nuestra tierra”.

El cierre de la intervención condensó la consigna política de la delegación: “Desde Annobón ocupado hasta esta Asamblea, decimos: remo en alto”.

Y finalmente, ante los pueblos reunidos en la UNPO, el mensaje fue directo: “¡Fuera de Annobón! ¡Annobón libre y soberana! Pueblos de la UNPO, no nos dejen solos”.

La presencia annobonesa en la XXI Asamblea General de la UNPO, con una delegación integrada por el Presidente Nando Baê y el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, dejó así una definición de fondo: Annobón no busca ser tratado como una periferia olvidada de Guinea Ecuatorial, sino como un pueblo con identidad propia, sometido a colonización interna, militarización y destrucción cultural, que reclama ante el mundo su derecho a existir, decidir y vivir libre en su territorio ancestral.

La realidad ambiental de Annobón ha dejado de estar confinada al aislamiento geográfico e informativo impuesto durante décadas a su población.

El EJAtlas ha incorporado a su base de datos internacional dos casos clave que demuestran cómo Annobón ha sido convertida históricamente en una verdadera zona de sacrificio ambiental (primero con vertidos tóxicos internacionales y ahora con la destrucción mediante voladuras): los vertidos de residuos tóxicos denunciados desde finales de los años 1980 por corporaciones británicas y estadounidenses, y la utilización intensiva de explosivos por la empresa constructora marroquí SOMAGEC para la extracción de minerales y canteras en la isla.

Las dos investigaciones pueden consultarse directamente en EJAtlas:

1.- Toxic dumping on Annobón Island — Consultar el caso en EJAtlas

2.- SOMAGEC’s use of dynamite for mineral extraction on Annobón — Consultar el caso en EJAtlas

De una denuncia local a un registro internacional de racismo ambiental

La importancia de estas publicaciones va mucho más allá de la incorporación de dos nuevas páginas a una base de datos. EJAtlas constituye un archivo internacional de conflictos relacionados con la justicia ambiental. Sus fichas documentan con rigor científico casos de contaminación, minería, extracción de recursos naturales, residuos peligrosos, grandes infraestructuras, desplazamientos de comunidades y otras formas de afectación ambiental y social en diferentes regiones del mundo.

La incorporación de Annobón permite, por tanto, situar lo ocurrido en la isla dentro de un fenómeno internacional más amplio y profundamente asimétrico: la injusticia y el racismo ambiental, donde comunidades pequeñas, insulares o políticamente marginadas soportan los devastadores costes ecológicos de decisiones adoptadas sin una participación ni consentimiento efectivo de las poblaciones afectadas.

Para el pueblo annobonés, cuya capacidad para hacer llegar información al exterior se encuentra gravemente limitada, disponer de este registro internacional tiene un significado especial. Lo que durante años podía ser presentado de forma aislada pasa a formar parte de un archivo global de conflictos ambientales susceptible de ser consultado por investigadores, universidades, periodistas, organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos y organismos internacionales.

El crimen histórico: los vertidos tóxicos en Annobón y el colonialismo ambiental impune

La primera ficha aborda uno de los capítulos más graves de la historia reciente de Annobón: las denuncias sobre la utilización de la isla y sus aguas territoriales como vertedero de desechos tóxicos y peligrosos procedentes del exterior.

El caso recupera documentación histórica y fuentes sobre los acuerdos y concesiones entre el régimen de Guinea Ecuatorial y corporaciones privadas británicas y estadounidenses, negociados principalmente durante las décadas de 1980 y 1990 para el depósito de hasta más de dos millones de bidones de residuos peligrosos.

Décadas después, los efectos acumulativos sobre el frágil e interconectado ecosistema insular son alarmantes: la ficha destaca la mortandad marina observada en las aguas costeras de las que depende la pesca tradicional, la degradación de los suelos agrícolas de subsistencia y la contaminación de las escasas fuentes naturales de agua potable. Estas afectaciones se traducen en un impacto severo en la salud humana, evidenciado en el incremento de enfermedades crónicas en la población local.

Pero la cuestión fundamental continúa abierta. ​Si bien el gobierno de Guinea Ecuatorial no ha llevado a cabo auditorías ambientales independientes, informes de organismos como la UNPO, la ONU y el Atlas Mundial de Justicia Ambiental confirman el vertido masivo de residuos altamente peligrosos en Annobón desde la década de 1980. Entre las sustancias documentadas se identifican asbesto, acrilonitrilo, piridina, diclorometano, cloruro de etilo, tetracloroetileno y diversos químicos de laboratorio desconocidos, lo que abre graves interrogantes sobre los riesgos toxicológicos acumulados a los que ha estado expuesta la población annobonesa durante décadas.

Por ello, la incorporación del caso a EJAtlas no debe entenderse como el final de una investigación, sino como la base legítima para exigir análisis científicos independientes del suelo, las aguas costeras, los acuíferos y los sedimentos marinos, así como la determinación de responsabilidades históricas.

El ecocidio presente: SOMAGEC, las explosiones y la transformación física de la isla

La segunda investigación documenta el conflicto relacionado con las actividades de la empresa marroquí SOMAGEC y la utilización continuada e intensiva de dinamita y explosivos para la apertura de canteras y extracción de piedra desde 2007.

En una isla de dimensiones extremadamente reducidas y con un ecosistema sumamente frágil, las detonaciones diarias y la extracción intensiva adquieren una dimensión destructiva singular:

• Erosión y deslizamientos: la fragmentación del relieve mediante voladuras ha desestabilizado las laderas, acelerando la erosión, alterando el paisaje natural y provocando desprendimientos de tierra.
• Afectación de recursos hídricos: las explosiones han alterado el curso de los manantiales subterráneos y contaminado las fuentes de agua dulce de la isla, desencadenando inundaciones relámpago y desabastecimiento para el consumo diario.
• Daños estructurales e inseguridad: las vibraciones han agrietado viviendas tradicionales, destruido parcelas de cultivo de subsistencia y generado episodios continuos de polvo y contaminación acústica.

El caso adquiere además una dimensión humana y dolorosa con la muerte de Petronila Álfaro León, conocida afectuosamente como “Nanana”, de 75 años, fallecida el 24 de septiembre de 2024 tras ser alcanzada por una roca mientras trabajaba en su finca, en un contexto que las denuncias locales vincularon directamente con la inestabilidad del terreno provocada por las voladuras. Su muerte recuerda que la degradación ambiental no constituye únicamente una cuestión de conservación de la naturaleza: es una amenaza inmediata a la seguridad, la dignidad y la vida humana.

Justicia ambiental y derechos humanos

Los dos casos muestran una realidad que Ambô Legadu viene señalando desde hace años: en Annobón resulta imposible separar la protección ambiental de la protección de los derechos humanos.

Cuando una comunidad no dispone de mecanismos efectivos para decidir sobre la explotación de su territorio; cuando quienes protestan contra el ecocidio sufren persecución o represalias; y cuando existen severas restricciones sobre las comunicaciones con el exterior, la degradación ambiental adquiere un carácter de violación sistémica de derechos humanos.

Esta relación ha adquirido una dimensión institucional de primer orden. En agosto de 2025, nueve mandatos de los Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación oficial al régimen de Guinea Ecuatorial sobre las denuncias en Annobón. El requerimiento involucró a los relatores especiales sobre medio ambiente, sustancias y desechos peligrosos, agua potable y saneamiento, empresas y derechos humanos, detención arbitraria, defensores de derechos humanos, minorías, vivienda adecuada y libertades de reunión y asociación.

La convergencia entre la rigurosa documentación ambiental del EJAtlas y la intervención de los mecanismos de la ONU demuestra que la crisis socioambiental de Annobón no es una controversia local o un asunto administrativo interno, sino un caso de repercusión internacional sobre justicia socioambiental.

Romper el aislamiento documental de Annobón

Durante décadas, el mayor obstáculo para la defensa de Annobón ha sido su aislamiento geográfico e informativo. Una comunidad pequeña y alejada corre el riesgo de ser invisibilizada por completo ante los ojos del mundo.

Por eso, la documentación rigurosa es un acto de resistencia. Cada archivo histórico recuperado, cada testimonio preservado, cada análisis científico y cada registro incorporado a plataformas globales contribuye a construir una memoria verificable e inalienable.

La incorporación de estos dos conflictos a EJAtlas sitúa a Annobón dentro del mapa global donde sus problemas pueden ser analizados a la par de otras luchas ambientales de África, América Latina, Asia y el Pacífico.

Un reconocimiento al trabajo de investigación

Desde Ambô Legadu queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Lyra Bartell y a todo el equipo del EJAtlas (ICTA-UAB) por su riguroso trabajo de investigación, revisión y systematización que ha hecho posibles estas publicaciones.

Documentar una realidad compleja como la de Annobón exige contrastar fuentes históricas y contemporáneas en condiciones extremas de opacidad y censura. Este esfuerzo internacional dota al pueblo annobonés de un expediente técnico y académico de inestimable valor para la exigencia de sus derechos.

¿Por qué es crucial el trabajo de EJAtlas para Ambô Legadu y el pueblo de Annobón?

El EJAtlas no es solo una base de datos académica; es una herramienta de resistencia y denuncia internacional. Que los conflictos de Annobón formen parte de este atlas científico ofrece tres ventajas estratégicas cruciales:

• Legitimación y evidencia científica: traduce el sufrimiento de la comunidad a datos, mapas y hechos académicos reconocidos por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y la comunidad científica global.
• Romper el cerco informativo: sitúa los crímenes ambientales en Annobón al mismo nivel de visibilidad que otras grandes luchas ambientales en América Latina, Asia o el resto de África.
• Respaldo para la exigencia de justicia y reparación: proporciona un marco conceptual de «Injusticia Socioambiental» que fortalece los reclamos históricos de la población ambonesa por la reparación del daño, la protección de sus bienes comunes naturales y la autodeterminación sobre su propio territorio.

El trabajo apenas comienza

La publicación de estas investigaciones en el atlas mundial no cierra los casos; al contrario, abre una agenda clara de exigencias internacionales:

¿Qué sustancias tóxicas permanecen en el territorio y en las aguas costeras de Annobón tras los vertidos de las últimas décadas?

¿Cuál es el impacto ecológico y geológico acumulativo de las voladuras continuadas de SOMAGEC sobre los acuíferos y la estabilidad física de la isla?

¿Cuándo se realizarán los estudios socioambientales y sanitarios independientes que la población requiere con urgencia?

¿Quiénes responderán por las pérdidas humanas, materiales y ecológicas causadas en el territorio insular?

Responder a estas interrogantes requerirá cooperación internacional, fiscalización científica e inspecciones sobre el terreno. Pero hoy existe una certeza determinante: Annobón forma parte oficial del mapa mundial de la justicia ambiental. El silencio y la invisibilidad ya no son una opción.

Para un pueblo sometido durante décadas al aislamiento, conseguir que su historia quede documentada fuera de la isla es ya un paso fundamental. La voz de Annobón resuena hoy con más fuerza. A través del trabajo de plataformas como EJAtlas y el compromiso informativo de espacios como Ambô Legadu, la memoria histórica, la denuncia del presente y la defensa del territorio insular se convierten en un frente común por la justicia y el futuro de nuestra tierra.

El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

El organismo incorporó el caso de la isla a su nuevo informe y respaldó la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, que concluyó que 37 annoboneses fueron privados ilegítimamente de su libertad.

Amnistía Internacional denunció en su informe anual las detenciones arbitrarias perpetradas contra habitantes de Annobón que participaron en las protestas de julio de 2024 contra las explosiones de dinamita y la destrucción ambiental de la isla.

El organismo internacional recordó que 37 manifestantes annoboneses permanecieron encarcelados hasta ser liberado unilateralmente el 4 de junio de 2025 por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presentado oficialmente como un gesto de “perdón” con motivo del cumpleaños del mandatario.

Sin embargo, Amnistía Internacional dejó en claro que su liberación no modifica el carácter ilegal de las detenciones. En ese sentido, acompañó la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que ya había determinado que los habitantes de Annobón fueron privados de su libertad sin garantías legales ni respeto por sus derechos fundamentales.

Una protesta contra la destrucción de la isla

El informe señala que las manifestaciones surgieron como respuesta a los daños provocados por las constantes explosiones de dinamita vinculadas a operaciones mineras desarrolladas en Annobón.

Según los testimonios de la población, las detonaciones afectaron viviendas, tierras de cultivo y el ecosistema de la isla, ubicada a más de 500 kilómetros de la parte continental de Guinea Ecuatorial.

La respuesta de las autoridades no fue investigar los daños ni proteger a la población, sino detener a decenas de personas que reclamaban el fin de las explosiones y la preservación de su territorio.

El caso de Annobón llega a los informes internacionales

La inclusión del caso en el informe de Amnistía Internacional refuerza las denuncias realizadas por el Gobierno de la República de Annobón ante organismos internacionales y confirma que las detenciones no fueron hechos aislados, sino parte de una política represiva contra quienes se opusieron a la destrucción ambiental de la isla.

El pronunciamiento se suma a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó las detenciones como arbitrarias y reclamó la liberación y reparación de las personas afectadas.

Aunque los 37 manifestantes fueron finalmente liberados, hasta el momento no se conocen investigaciones contra los responsables de las detenciones, los malos tratos denunciados ni los daños causados por las explosiones de dinamita.

La denuncia de Amnistía Internacional vuelve a situar a Annobón ante la comunidad internacional y demuestra que la represión ejercida contra su población ya forma parte de los registros oficiales de los principales organismos internacionales de derechos humanos.