“¡Annobón existe y resiste!”. Con esa consigna, el pueblo annobonés llevó hoy su reclamo frente al Congreso de los Diputados, en Madrid. La concentración puso en el centro de la capital española una exigencia concreta: que España asuma su responsabilidad histórica y abra una revisión del proceso por el cual Annobón quedó integrado en Guinea Ecuatorial en 1968, sin una consulta específica que permitiera a su población decidir libremente su futuro.

La convocatoria, prevista entre las 10.00 y las 13.00 en la Carrera de San Jerónimo, reunió las principales banderas de la causa annobonesa: el derecho a la libre determinación, la denuncia del aislamiento y la represión, la defensa de su identidad y el pedido de protección internacional. “¡No somos provincia de Guinea! ¡Somos la República de Annobón!” fue una de las consignas de la jornada.

El reclamo quedó desarrollado en un manifiesto de ocho páginas firmado por Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro del Gobierno de la República de Annobón y Presidente del partido español Ambo Legadu. Dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a los grupos parlamentarios, el documento también interpela al Gobierno español, al Senado y al Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo Pujol. Su planteo central es que el transcurso de 58 años no puede cerrar una controversia cuya raíz —la ausencia de consentimiento diferenciado— continúa sin ser examinada.

Una decisión del franquismo que la democracia debe revisar

El manifiesto cuestiona la arquitectura política y jurídica que España dejó establecida antes de la independencia de Guinea Ecuatorial. Recuerda que la Ley 191/1963 incluyó a Annobón dentro del territorio de Fernando Poo, pese a su separación geográfica y a su singularidad histórica, cultural y lingüística.

Para los representantes annoboneses, la transferencia de soberanía de 1968 no resolvió esa situación: sostienen que la isla quedó incorporada al nuevo Estado sin un procedimiento propio de consulta ni garantías específicas para proteger a su población.

“Por ello solicitamos que la democracia española examine democráticamente lo que fue decidido durante una dictadura”, expresa el documento.

La exigencia apunta a medidas verificables. El manifiesto pide una comisión o mecanismo independiente, con plazos, acceso a los archivos y participación annobonesa, que estudie el estatuto de la isla antes de 1968, las condiciones de su incorporación y las responsabilidades que pudieran derivarse de aquel proceso.

También reclama un dictamen jurídico independiente y una audiencia oficial ante el Congreso, el Senado y el Ministerio de Asuntos Exteriores que conduce José Manuel Albares. El objetivo es abrir una vía institucional para que el pueblo de Annobón pueda expresar su voluntad mediante un procedimiento libre, informado y sujeto a observación internacional.

Protección urgente frente a las denuncias de represión

La revisión histórica está acompañada por un reclamo inmediato de protección. El manifiesto denuncia militarización, detenciones arbitrarias, torturas, restricciones de las comunicaciones y de la movilidad, persecución cultural y violencia sexual. También recoge denuncias de daños ambientales y vertidos de residuos tóxicos y radiactivos, para los que exige investigación y verificación independientes.

Bajo la denuncia de “genocidio estructural”, la representación annobonesa advierte sobre los efectos acumulados del aislamiento, la represión, el desplazamiento y la erosión de su identidad. El propio texto reclama que organismos competentes investiguen los hechos y determinen su eventual encuadre en las categorías del derecho penal internacional.

Entre las medidas solicitadas figuran el ingreso de observadores independientes, la protección de víctimas y testigos y una misión urgente que evalúe la situación sanitaria, alimentaria, ambiental y humanitaria de la isla. También se pide preservar el fa d’Ambô, las tradiciones y el patrimonio annobonés, y garantizar que sus representantes en España puedan desarrollar su actividad sin intimidación ni persecución transnacional.

La concentración trasladó así una demanda que excede el reconocimiento simbólico. El Gobierno de la República de Annobón reclama que las instituciones españolas registren la petición, escuchen a sus representantes y respondan con actuaciones concretas.

“No pedimos que España acepte una conclusión sin investigar. Pedimos que España investigue, escuche y actúe”, sostiene el manifiesto.

Desde Madrid, el mensaje fue dirigido también a la sociedad española y a la comunidad internacional: Annobón reclama verdad histórica, protección y el derecho a decidir su futuro. ¡Remos en alto!

La situación del pueblo de Annobón y la responsabilidad histórica de España serán los ejes de una charla debate que se realizará el próximo miércoles 21 de octubre, a las 19.00, en el local de Más Madrid Compromiso con Getafe, ubicado en la calle Leganés 2, en Getafe Centro.

Bajo el título “La República de Annobón”, la convocatoria propone escuchar a representantes annoboneses y abordar las denuncias de discriminación étnica, persecución política y graves vulneraciones de los derechos humanos bajo el régimen de Guinea Ecuatorial.

Participarán Juan Badya y Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro en el exilio de la República de Annobón, quienes intervendrán en una conversación sobre la situación de la isla, la defensa de su territorio y la lucha por el reconocimiento de sus derechos y su autodeterminación.

La responsabilidad de España

Uno de los puntos centrales del encuentro será el papel de España en el proceso de descolonización de 1968 y en la incorporación de Annobón a Guinea Ecuatorial. La convocatoria cuestiona aquella decisión y plantea la necesidad de debatir sus consecuencias para la población annobonesa.

El encuentro también pondrá el foco en las denuncias sobre explotación del territorio y represión contra quienes se organizan para defenderlo. Los organizadores presentan estas actuaciones como parte de una situación sostenida de discriminación estructural y persecución.

Entre los antecedentes mencionados se encuentran las detenciones de julio de 2024, producidas tras las protestas contra las explosiones y las actividades extractivas que amenazaban el territorio. Según recuerda el anuncio, la Organización de las Naciones Unidas determinó que 37 de aquellas detenciones fueron arbitrarias y discriminatorias.

La convocatoria advierte, además, que las denuncias continuaron después de aquellos hechos, con nuevos señalamientos sobre abusos, detenciones y actuaciones represivas contra los habitantes de la isla.

Desde Más Madrid Compromiso con Getafe proponen que la charla permita conocer esa realidad a través de sus protagonistas y reflexionar sobre la respuesta de la comunidad internacional, con especial atención a España.

“Frente al silencio y la indiferencia, solidaridad internacional y defensa de los derechos humanos”, expresa el anuncio del encuentro, que busca dar visibilidad a los reclamos annoboneses y ampliar su presencia en el debate público español.

El Gobierno de la República de Annobón y el partido político Ambô Legadu (AL) reclamaron a las autoridades españolas una solución habitacional definitiva para Josefina, una annobonesa de 62 años, viuda, con discapacidad reconocida y madre de cinco hijos, que enfrenta la amenaza de desalojo de su vivienda pública en Leganés, Comunidad de Madrid.

En un comunicado conjunto fechado el 13 de octubre, ambas organizaciones celebraron la suspensión temporal del lanzamiento previsto para esa jornada, pero advirtieron que la medida no resuelve el problema: “Los aplazamientos parciales no constituyen una solución, sino una prolongación de la tortura psicológica e incertidumbre a la que se somete a una familia vulnerable”.

Siete años de incertidumbre

Según el documento, Josefina reside en esa vivienda desde el año 2000 y lleva siete años atravesando un “calvario burocrático”. Junto con su esposo, ya fallecido, había acondicionado un inmueble que, de acuerdo con el comunicado, la administración entregó en condiciones precarias.

La muerte del titular del contrato abrió una situación que las organizaciones describen como una “trampa administrativa”, agravada por la falta de asistencia adecuada ante las dificultades de lectoescritura de Josefina.

El reclamo apunta especialmente a la Comunidad de Madrid y a la Agencia de Vivienda Social (AVS), a las que solicitan regularizar definitivamente el contrato de alquiler social a su nombre, paralizar los expedientes de lanzamiento y activar mecanismos de mediación.

Un reclamo que también interpela a España

El Gobierno de Annobón y Ambô Legadu vincularon el caso con la situación de la diáspora annobonesa y con lo que consideran una “descolonización inconclusa”. En ese marco, sostuvieron que España tiene una responsabilidad histórica frente a una comunidad marcada por el aislamiento, la represión y la persecución política en Guinea Ecuatorial.

“La legalidad administrativa no puede ser ejecutada con insensibilidad humana ni al margen de la memoria histórica y los compromisos de protección social”, expresaron.

También solicitaron al Ayuntamiento de Leganés una intervención activa para garantizar una alternativa habitacional digna y estable, y al Gobierno de España, atención prioritaria a la vulnerabilidad de la comunidad annobonesa.

El comunicado destacó, además, el compromiso de Josefina con las reivindicaciones de libertad y derechos humanos para su pueblo. “El Gobierno de Annobón y Ambô Legadu no dejarán sola a Josefina”, afirmaron, y convocaron a las organizaciones de vivienda, la sociedad civil y los medios de comunicación a acompañar el reclamo.

COMUNICADO INSTITUCIONAL COMPLETO

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ANNOBÓN Y EL PARTIDO POLÍTICO AMBÔ LEGADU (AL) SOLICITAN UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL DIGNA PARA JOSEFINA Y EL FIN DE SU ACOSO BUROCRÁTICO EN ESPAÑA

El Gobierno de la República de Annobón y la junta directiva del partido político Ambô Legadu (AL), formación política legalmente registrada e inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior de España, emiten la presente declaración institucional en relación con la crítica situación de vulnerabilidad que atraviesa nuestra compatriota y militante, Josefina, y su familia en la localidad de Leganés (Comunidad de Madrid).

1.- Denuncia de una injusticia social e institucional

Josefina, viuda de 62 años, con grado de discapacidad reconocido y madre de cinco hijos, se enfrenta desde hace siete años a un calvario burocrático y a la amenaza recurrente de desahucio de la vivienda pública en la que reside desde el año 2000. Tras haber construido y acondicionado con sus propias manos junto a su difunto esposo un hogar entregado en condiciones precarias por la administración, el fallecimiento del titular del contrato derivó en una trampa administrativa agravada por la falta de asistencia adecuada frente a sus dificultades de lectoescritura.

Aunque saludamos la suspensión temporal del lanzamiento previsto para el día de hoy, denunciamos que los aplazamientos parciales no constituyen una solución, sino una prolongación de la tortura psicológica e incertidumbre a la que se somete a una familia vulnerable.

2.- La responsabilidad histórica e institucional de España

La presencia de Josefina y de miles de annoboneses en territorio español no es un hecho aislado ni puramente coyuntural. Es el resultado directo de los lazos históricos y de las consecuencias de una descolonización inconclusa de la antigua provincia española de Annobón. Tras décadas de aislamiento, represión, persecución política y atropellos a los derechos humanos ejercidos por la dictadura de Guinea Ecuatorial, la diáspora annobonesa ha encontrado en España su refugio legítimo.

Como partido político legalizado en España, Ambô Legadu recuerda a las instituciones españolas —en especial a la Comunidad de Madrid, a la Agencia de Vivienda Social (AVS) y al Gobierno de España— que la legalidad administrativa no puede ser ejecutada con insensibilidad humana ni al margen de la memoria histórica y los compromisos de protección social.

3.- Reconocimiento a una mujer comprometida con la libertad de su pueblo

Josefina no es solo una víctima de la crisis habitacional; es una ciudadana ejemplar y una militante activa de la causa annobonesa. Con dignidad e incansable compromiso, Josefina ha abanderado en las calles de Madrid las reivindicaciones de Ambô Legadu, exigiendo libertad, soberanía y derechos humanos para Annobón. Su derecho a residir con dignidad en España, mientras perduren las condiciones que impiden un retorno seguro a su patria natal, debe ser plenamente garantizado.

Exigencias institucionales

Por todo ello, el Gobierno de la República de Annobón y el partido Ambô Legadu (AL) solicitan formalmente:

• A la Comunidad de Madrid y a la Agencia de Vivienda Social (AVS): La regularización inmediata y definitiva del contrato de alquiler social a nombre de Josefina, paralizando de manera permanente todo expediente de lanzamiento e instruyendo los mecanismos de mediación social oportunos.
• Al Ayuntamiento de Leganés: Su intervención activa e intercesión institucional ante las autoridades autonómicas para garantizar una alternativa habitacional digna y estable para esta familia.
• Al Gobierno de España y a las Instituciones del Estado: La atención prioritaria a las situaciones de vulnerabilidad que afectan a la comunidad annobonesa en España, reconociendo el contexto político y humanitario de nuestra diáspora.
  El Gobierno de Annobón y Ambô Legadu no dejarán sola a Josefina. Hacemos un llamamiento a la sociedad civil española, a las plataformas de defensa del derecho a la vivienda y a los medios de comunicación para acompañar esta causa justa.

Por la dignidad de Josefina. Por los derechos del pueblo annobonés.

Firmas:

Dirección Ejecutiva del Partido Político Ambô Legadu (AL) (Inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior de España)

Gobierno de la República de Annobón

Bajo la consigna “¡Annobón existe y resiste!”, el próximo miércoles 21 de octubre se realizará una concentración frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, para denunciar la situación del pueblo annobonés y exigir que España asuma su responsabilidad histórica por la descolonización de la isla.

La movilización tendrá lugar de 10:00 a 13:00 horas, en la Carrera de San Jerónimo. La convocatoria pone en el centro del reclamo los 58 años transcurridos desde la incorporación de Annobón a Guinea Ecuatorial en 1968, un proceso que denuncia como realizado sin consulta ni consentimiento de sus habitantes.

Un reclamo dirigido al Estado español

El anuncio describe ese período como “58 años de colonización interna y genocidio estructural” y exige a la España de Pedro Sánchez que responda por una “descolonización viciada e inconclusa”. La elección del Congreso de los Diputados como escenario busca situar esa responsabilidad ante una de las principales instituciones del Estado español.

La protesta plantea que el vínculo histórico con España sigue abierto mientras el pueblo de Annobón no pueda decidir libremente su futuro. Con ese eje, la concentración llevará a Madrid una reivindicación que une memoria, identidad y autodeterminación.

“¡No somos provincia de Guinea! ¡Somos la República de Annobón!”, expresa la convocatoria, que cierra con el llamado “¡Remos en alto!”, símbolo de la resistencia annobonesa.

La jornada buscará dar visibilidad a una causa que reclama ser escuchada y trasladar a las instituciones españolas una exigencia concreta: asumir las consecuencias del proceso de 1968 y responder a los derechos pendientes del pueblo annobonés.

El proceso de autodeterminación de la República de Annobón encontró un marco político renovado en la declaración de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO). Reunidos en La Haya los días 29 y 30 de agosto, sus miembros reafirmaron que todos los pueblos tienen derecho a decidir su futuro político, económico, social y cultural, y reclamaron mecanismos para que puedan intervenir en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Para Annobón, integrante de la organización desde 2024, ese principio tiene una dimensión concreta: la posibilidad de decidir sobre su territorio, proteger su identidad y hacer escuchar sus demandas fuera de las estructuras de poder que controlan Guinea Ecuatorial. La pertenencia a esta red permite situar la causa annobonesa junto a las de otros pueblos que buscan representación y capacidad de decisión sobre su destino.

El vínculo con la UNPO tiene antecedentes que van más allá de las declaraciones generales. En su informe sobre Annobón publicado en 2024, la organización denunció detenciones arbitrarias, el corte de las comunicaciones y la exclusión política de la población. También señaló que las decisiones sobre proyectos de construcción y explotación de recursos se adoptaban sin consultar a los habitantes, con consecuencias para sus viviendas, cultivos y fuentes de agua.

Autodeterminación y participación para Annobón

Leída desde esa realidad, la declaración de La Haya aporta un criterio para evaluar la actuación del poder en la isla: el futuro de un pueblo requiere la participación de quienes lo habitan. La defensa de los derechos humanos y el reclamo de autodeterminación se encuentran precisamente allí, en la capacidad de una comunidad para intervenir en las decisiones sobre su vida y su territorio.

La asamblea estuvo precedida por la segunda conferencia Reimaginar la autodeterminación, celebrada el 27 y 28 de agosto, en el año del 35.º aniversario de la UNPO. Su declaración defendió la participación política efectiva, la representación y la protección de las historias, identidades y culturas de los pueblos. También advirtió sobre los riesgos de vigilancia, intimidación y desinformación asociados a las tecnologías digitales.

Ese planteo resulta especialmente relevante para la causa annobonesa. La denuncia del bloqueo de las comunicaciones recogida por la propia UNPO muestra hasta qué punto el acceso a la información está vinculado con la posibilidad de denunciar abusos, sostener vínculos con el exterior y organizar una voz colectiva. El aislamiento también reduce las posibilidades de que lo que ocurre en la isla sea conocido y sometido a escrutinio internacional.

En ese marco, la organización eligió además a Rubina Greenwood, de Sindh, como presidenta para el período 2026–2028. La acompañarán en las vicepresidencias Abdirahman Mahdi, de Ogaden, y Sofia Amini, del Kurdistán iraní. La nueva conducción asumió el compromiso de impulsar acciones coordinadas para llevar las demandas de los pueblos no representados ante responsables políticos e instituciones internacionales.

El pronunciamiento final incorpora una exigencia que merece atención desde Annobón: que las organizaciones regionales, incluidas las africanas, establezcan espacios permanentes donde los pueblos sin representación puedan expresar pacíficamente sus reclamos, defender sus derechos y participar en las decisiones sobre su futuro.

Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y Presidente del Partido Ambô Legadu (AL), participó el domingo 27 de septiembre en la 50ª edición de la Alderdi Eguna, la celebración anual del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El encuentro se realizó en las campas de Foronda, en Álava, bajo el lema Alderdia Bizi. La delegación annobonesa siguió el acto desde un lugar cercano al sector de los oradores.

Para Ambô Legadu, la presencia en la fiesta del PNV tuvo un significado político que excede la celebración partidaria. La organización vinculó la defensa de la identidad annobonesa y del fa d’Ambô, la lengua de la isla, con la reivindicación de su derecho a decidir el futuro de Annobón. En Foronda, esas demandas encontraron un espacio junto a un partido cuya historia está estrechamente ligada a la defensa de la identidad y la lengua vascas.

Además, sirvió como punto de encuentro con dirigentes saharauis, palestinos y angoleños, y con representantes de otras comunidades de la diáspora africana que participaron en el Alderdi Eguna.

Durante la jornada, Orlando Cartagena Lagar fue entrevistado por diferentes medios de comunicación acreditados en el acto y denunció el genocidio estructural que sufre el pueblo de Annobón bajo la cruel y sangrienta discriminación que ha implantado de dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde hace 47 años. También aprovechó para denunciar la persecución de la lengua fa D’ Ambo, la cultura y la tradiciones así como la militarización y el bloqueo general al pueblo annobonés.

Un vínculo que continúa

La participación de Cartagena Lagar dio continuidad a la presencia de Ambô Legadu en la Alderdi Eguna de 2025. En aquella edición, la organización informó que había sido invitada por el PNV y que su delegación mantuvo encuentros con Aitor Esteban, Presidente del partido vasco, e Imanol Pradales, Jefe del Gobierno Vasco.

Un año después, la delegación annobonesa volvió a Foronda en una edición especial: el PNV celebró los 50 años de su primera Alderdi Eguna. Para Ambô Legadu, fue otra oportunidad de dar visibilidad internacional a la situación de Annobón y sostener el vínculo iniciado con el nacionalismo vasco.

La Fiscalía de Guinea Ecuatorial declaró a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED) «grupo terrorista y organización criminal». La Resolución 08/2026, fechada el 14 de septiembre y difundida el 21, ofrece recompensas por la repatriación de doce dirigentes de la coalición que viven en el exterior. La mayor, de 1,5 millones de euros, corresponde a su presidente, Salomón Abeso Ndong. CORED, por su parte, rechaza las acusaciones.

La decisión expone una contradicción política y judicial. Mientras la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo señala como terroristas a sus adversarios, tres integrantes de su propia estructura de seguridad —Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo— están procesados en España por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas contra opositores. Los tres afrontan órdenes de detención; el proceso no equivale a una condena.

La Fiscalía ecuatoguineana atribuye a CORED planes violentos y contactos con organizaciones armadas. La coalición niega esos vínculos y sostiene que busca una transición mediante elecciones libres. Las acusaciones formuladas en Malabo no pueden presentarse como hechos probados por la sola publicación de la resolución. Tampoco deberían servir para silenciar el examen internacional de las denuncias contra funcionarios del régimen.

El pueblo de Annobón reclama algo más que un cambio de gobierno

El pueblo annobonés tiene una reivindicación propia dentro de este escenario. Su demanda no consiste simplemente en sustituir a Obiang por otro dirigente en Malabo. Reclama autodeterminación, protección frente a la represión y capacidad para decidir sobre las condiciones de vida en la isla.

Esa posición fue expuesta por Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón, ante la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada a fines de agosto. Allí denunció la falta de servicios esenciales y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a decidir su futuro. La UNPO también reafirmó en esa asamblea la necesidad de que los pueblos no representados puedan expresar pacíficamente sus demandas y participar en las decisiones que los afectan. ambolegadu.com

Las denuncias sobre Annobón trascienden la declaración de sus representantes. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación a Guinea Ecuatorial por la crisis ambiental y las violaciones de derechos humanos, recientemente vinculadas a actividades extractivas en la isla. A dichas advertencias se sumaron denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Access Now, que reclamó el fin del apagón total de internet y de telefonía impuesto por el régimen de Guinea Ecuatorial desde el 20 de julio de 2024 .

Incluso antes de la ofensiva contra la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático, Cartagena comenzó a ser perseguido políticamente a través de una acción judicial impulsada por Obiang en España, a raíz de declaraciones públicas sobre la preocupante realidad de la isla de Annobón. Es un procedimiento distinto del caso CORED y de la investigación española sobre los tres altos cargos. Su existencia, sin embargo, añade otra dimensión al conflicto entre el poder de las fuerzas de ocupación colonial y las voces que denuncian sus actuaciones desde el exilio.

La ofensiva contra CORED vuelve a poner en primer plano una cuestión que Annobón conoce de cerca: qué ocurre cuando una denuncia política recibe como respuesta una acusación penal, una detención o una amenaza.

Para Annobón, esta persecución busca tapar el verdadero eje de la discusión: los derechos de un pueblo que reclama agua, servicios básicos, libertad para expresarse y participación efectiva en las decisiones sobre su territorio. Y, sobre todo, su derecho a plantear pacíficamente la autodeterminación sin que esa reivindicación quede reducida a las amenazas del clan Obiang.

Según explicaron fuentes oficiales, «para el pueblo annobonés, estar presentes en este aniversario tan simbólico es un honor y un acto de profunda fraternidad entre dos pueblos que aman su identidad, su lengua -el Fa d’Ambô y el Euskera- y su libertad».

«En esta Alderdi Eguna alzaremos el remo, símbolo de paz, trabajo y resistencia de Annobón, para llevar ante Euskadi y ante el mundo la voz de un pueblo que se niega a desaparecer tras 58 años de colonización interna y ocupación militar por parte de Guinea Ecuatorial», agregaron, agradeciendo al PNV su invitación y su solidaridad histórica con las causas justas.

El cronograma del Alderdi Eguna 2026

La jornada comenzará el sábado 26 con una recepción en Bilbao. Ese domingo, las delegaciones viajarán a Foronda, donde a las 11.30 desfilarán hacia la tribuna. A las 12.00 se realizará el acto político, con discursos de un representante de las juventudes del PNV, el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del partido, Aitor Esteban. Finalmente, habrá actividades en el recinto festivo y una comida para los invitados.

Una representación del Gobierno de la República de Annobón participó este 11 de septiembre en la Diada Nacional de Catalunya, una de las principales jornadas de movilización política catalana, para visibilizar la situación que atraviesa la isla bajo la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial.

La delegación estuvo integrada por Reginaldo Piño Huesca, ministro de Asuntos Exteriores, y Nemesia Cachina Zamora, ministra de Asuntos Sociales, quienes acompañaron la marcha convocada en Barcelona por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La movilización comenzó a las 17.14, en recuerdo de la caída de Barcelona en 1714, y recorrió la Gran Vía, la plaza Universitat y la plaza Catalunya, donde se celebró el acto político central.

Representantes y activistas de distintas naciones sin Estado marcharon bajo la consigna “Por un futuro mejor: autodeterminación”. En ese marco, la presencia annobonesa permitió llevar nuevamente al escenario internacional la denuncia por la represión, el aislamiento y las vulneraciones de derechos humanos que sufre la población de Annobón.

“Hoy hemos acompañado a la Diada catalana para reivindicar también la situación de Annobón bajo el régimen de Obiang en Guinea Ecuatorial”, expresaron los representantes tras participar de la jornada.

La actividad continuará el 12 de septiembre con un encuentro internacional organizado por la ANC, destinado a fortalecer los vínculos entre organizaciones y movimientos que defienden el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo quiere discutir su honor. Para hacerlo, no abrió Annobón a observadores internacionales, no permitió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas, asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias y deportaciones, ni explicó por qué una isla entera permanece sometida al aislamiento, la militarización y el abandono. Eligió otro camino: llevar ante la Justicia española a Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y una de las principales voces internacionales de un pueblo que pide auxilio para sobrevivir.

El expediente pretende invertir obscenamente los lugares. El jefe de un régimen acusado durante décadas de homicidios ilícitos, torturas, desapariciones, encarcelamientos políticos y persecución sistemática se presenta como víctima; mientras que el representante de una población cercada por el hambre, la segregación y el miedo debe comparecer como acusado. Obiang no busca reparar una reputación: busca que el costo de denunciarlo sea cada vez más alto.

Un dictador preocupado por su “honor”

La causa tramita ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 2, bajo las diligencias previas 297/2026. En la documentación judicial aparece como querellante Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y como querellado Orlando Cartagena Lagar, por presuntos delitos de injurias y calumnias. La presentación fue realizada con la intervención del abogado Javier Gómez Bermúdez y la procuradora Laura Argentina Gómez Molina.

La querella fue admitida a trámite y Cartagena Lagar deberá comparecer el 20 de enero de 2027. El expediente se encuentra en una etapa preliminar. Pero su significado político resulta evidente: después de controlar durante décadas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la prensa y los tribunales de Guinea Ecuatorial, el régimen pretende utilizar ahora un juzgado europeo para condicionar la voz exterior de Annobón.

Obiang no llegó al poder por elecciones libres. Encabezó el golpe militar que derrocó en agosto de 1979 a su tío, Francisco Macías Nguema, y desde entonces construyó uno de los regímenes autoritarios más prolongados del mundo. Lleva 47 años gobernando con puño de hierro, mientras su familia ocupa posiciones centrales dentro del Estado y la oposición, el periodismo y las organizaciones sociales permanecen sometidos a vigilancia, censura y persecución.

No se trata de una caracterización retórica. Amnistía Internacional ha documentado décadas de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilícitos bajo el gobierno de Obiang. El Departamento de Estado norteamericano registró denuncias sobre presos políticos, abusos de las fuerzas de seguridad y falta de independencia judicial, mientras que Reporteros Sin Fronteras advirtió que en Guinea Ecuatorial no existe un verdadero pluralismo informativo, los medios permanecen amordazados y la censura previa constituye una práctica habitual. Access Now, por su parte, denunció el aislamiento comunicacional impuesto a Annobón, mientras que mecanismos de las Naciones Unidas respaldaron las denuncias sobre secuestros y torturas sufridos por integrantes del pueblo annobonés y formularon requerimientos que Guinea Ecuatorial se negó sistemáticamente a cumplir. Es ese aparato de poder, señalado internacionalmente por perseguir, encarcelar, torturar y silenciar, el que ahora reclama protección para el supuesto “honor” de su máximo responsable.

Las palabras que Obiang quiere castigar

La querella apunta contra declaraciones públicas de Cartagena Lagar en redes sociales, entrevistas y medios de comunicación. Entre las expresiones incorporadas por la representación de Obiang aparecen denuncias sobre “violaciones a las mujeres”, “abuso infantil y tortura a la población”, además de acusaciones contra militares por entregar “alcohol y drogas a los niños y a las niñas” y estar “prostituyendo prácticamente a toda la población”.

El régimen sostiene que esas manifestaciones serían falsas y lesionarían el honor presidencial. Pero Orlando Cartagena no habla desde la comodidad de una disputa partidaria ni protagoniza una aventura política personal. Es la voz de un pueblo que lleva décadas clamando socorro frente a políticas de castigo colectivo, aislamiento, hambre, segregación, militarización y destrucción de sus condiciones elementales de vida.

El pueblo annobonés denuncia la falta crónica de agua potable, electricidad, alimentos, medicamentos, escuelas, comunicaciones y transporte regular. Denuncia la presencia intimidatoria de fuerzas militares, la persecución de quienes protestan, el encarcelamiento de opositores y la imposibilidad de recurrir a instituciones independientes.  

No son episodios aislados, sino partes de un proceso de exterminio físico, cultural y político.

Una historia escrita con sangre

La persecución tampoco comenzó ahora. La memoria de Annobón conserva la represión de diciembre de 1976, desatada después de la expedición del Kindjadja, cuando un grupo de isleños atravesó el océano para pedir ayuda tras años de epidemias jamás atendidas que barrieron con la mayoría de la población. Las denuncias annobonesas atribuyen a Obiang, entonces integrante central del aparato militar de Francisco Macías, la orden de una represalia que incluyó violaciones masivas, asesinatos y la deportación de varones de entre 15 y 75 años.

En 1993, ya durante la dictadura de Obiang, la isla volvió a rebelarse después de permanecer más de un año sin recibir un barco con provisiones. La visita del entonces Primer Ministro Silvestre Siale Bileka, recordada como el “Viaje de la vergüenza”, terminó con una nueva represión, con la tortura y detención de Orlando Cartagena Lagar y con los asesinatos de Sumene y Simplicio Llorente. Annobón aprendió hace décadas que reclamar alimentos, transporte o dignidad puede ser castigado como sedición.

Ese es el contexto que la querella intenta borrar. Las palabras de Cartagena Lagar no surgieron de una campaña publicitaria ni de una ambición electoral. Surgieron de una comunidad que vio partir a sus hombres, violar a sus mujeres, encarcelar a sus jóvenes y morir a sus habitantes mientras el mundo miraba hacia otro lado. Cuando los canales internos están clausurados, denunciar en el exterior no es una estrategia comunicacional: es una forma de supervivencia.

El victimario quiere juzgar el grito de la víctima

Si Obiang quisiera desmentir las denuncias, permitiría que organismos internacionales ingresaran libremente en Annobón. Abriría las cárceles, publicaría la nómina completa de detenidos, garantizaría entrevistas sin vigilancia, permitiría trabajar a abogados y periodistas independientes y explicaría qué ocurrió durante cada operativo militar. También debería responder por qué un país enriquecido durante años por el petróleo mantiene a comunidades enteras sin servicios esenciales y bajo fuerte opresión militar.

En cambio, el régimen elige perseguir a quien habla. Pretende que Cartagena Lagar dedique sus fuerzas a defenderse en España mientras Annobón sigue incomunicada. Busca convertir cada entrevista en un riesgo penal, cada denuncia en una amenaza y cada pedido de auxilio en una eventual prueba judicial.

No es Orlando Cartagena quien está llevando el genocidio annobonés a los tribunales. Es Obiang quien pretende sentar en el banquillo a la voz que lo denuncia. El dirigente annobonés no representa una aventura política: representa a un pueblo que intenta seguir vivo después de décadas de abusos, segregación, hambre y terror.

La Justicia española tendrá delante algo más que una querella por palabras. Tendrá que decidir si permite que sus tribunales sean utilizados como prolongación internacional de una maquinaria de silenciamiento. Porque cuando un dictador con 47 años en el poder demanda a quien denuncia torturas, persecución y muerte, la primera pregunta no debería ser por qué la víctima gritó tan fuerte, sino qué tuvo que padecer para que el mundo finalmente pudiera escucharla.