Teodoro Obiang Nguema Mbasogo quiere discutir su honor. Para hacerlo, no abrió Annobón a observadores internacionales, no permitió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas, asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias y deportaciones, ni explicó por qué una isla entera permanece sometida al aislamiento, la militarización y el abandono. Eligió otro camino: llevar ante la Justicia española a Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y una de las principales voces internacionales de un pueblo que pide auxilio para sobrevivir.

El expediente pretende invertir obscenamente los lugares. El jefe de un régimen acusado durante décadas de homicidios ilícitos, torturas, desapariciones, encarcelamientos políticos y persecución sistemática se presenta como víctima; mientras que el representante de una población cercada por el hambre, la segregación y el miedo debe comparecer como acusado. Obiang no busca reparar una reputación: busca que el costo de denunciarlo sea cada vez más alto.

Un dictador preocupado por su “honor”

La causa tramita ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 2, bajo las diligencias previas 297/2026. En la documentación judicial aparece como querellante Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y como querellado Orlando Cartagena Lagar, por presuntos delitos de injurias y calumnias. La presentación fue realizada con la intervención del abogado Javier Gómez Bermúdez y la procuradora Laura Argentina Gómez Molina.

La querella fue admitida a trámite y Cartagena Lagar deberá comparecer el 20 de enero de 2027. El expediente se encuentra en una etapa preliminar. Pero su significado político resulta evidente: después de controlar durante décadas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la prensa y los tribunales de Guinea Ecuatorial, el régimen pretende utilizar ahora un juzgado europeo para condicionar la voz exterior de Annobón.

Obiang no llegó al poder por elecciones libres. Encabezó el golpe militar que derrocó en agosto de 1979 a su tío, Francisco Macías Nguema, y desde entonces construyó uno de los regímenes autoritarios más prolongados del mundo. Lleva 47 años gobernando con puño de hierro, mientras su familia ocupa posiciones centrales dentro del Estado y la oposición, el periodismo y las organizaciones sociales permanecen sometidos a vigilancia, censura y persecución.

No se trata de una caracterización retórica. Amnistía Internacional ha documentado décadas de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilícitos bajo el gobierno de Obiang. El Departamento de Estado norteamericano registró denuncias sobre presos políticos, abusos de las fuerzas de seguridad y falta de independencia judicial, mientras que Reporteros Sin Fronteras advirtió que en Guinea Ecuatorial no existe un verdadero pluralismo informativo, los medios permanecen amordazados y la censura previa constituye una práctica habitual. Access Now, por su parte, denunció el aislamiento comunicacional impuesto a Annobón, mientras que mecanismos de las Naciones Unidas respaldaron las denuncias sobre secuestros y torturas sufridos por integrantes del pueblo annobonés y formularon requerimientos que Guinea Ecuatorial se negó sistemáticamente a cumplir. Es ese aparato de poder, señalado internacionalmente por perseguir, encarcelar, torturar y silenciar, el que ahora reclama protección para el supuesto “honor” de su máximo responsable.

Las palabras que Obiang quiere castigar

La querella apunta contra declaraciones públicas de Cartagena Lagar en redes sociales, entrevistas y medios de comunicación. Entre las expresiones incorporadas por la representación de Obiang aparecen denuncias sobre “violaciones a las mujeres”, “abuso infantil y tortura a la población”, además de acusaciones contra militares por entregar “alcohol y drogas a los niños y a las niñas” y estar “prostituyendo prácticamente a toda la población”.

El régimen sostiene que esas manifestaciones serían falsas y lesionarían el honor presidencial. Pero Orlando Cartagena no habla desde la comodidad de una disputa partidaria ni protagoniza una aventura política personal. Es la voz de un pueblo que lleva décadas clamando socorro frente a políticas de castigo colectivo, aislamiento, hambre, segregación, militarización y destrucción de sus condiciones elementales de vida.

El pueblo annobonés denuncia la falta crónica de agua potable, electricidad, alimentos, medicamentos, escuelas, comunicaciones y transporte regular. Denuncia la presencia intimidatoria de fuerzas militares, la persecución de quienes protestan, el encarcelamiento de opositores y la imposibilidad de recurrir a instituciones independientes.  

No son episodios aislados, sino partes de un proceso de exterminio físico, cultural y político.

Una historia escrita con sangre

La persecución tampoco comenzó ahora. La memoria de Annobón conserva la represión de diciembre de 1976, desatada después de la expedición del Kindjadja, cuando un grupo de isleños atravesó el océano para pedir ayuda tras años de epidemias jamás atendidas que barrieron con la mayoría de la población. Las denuncias annobonesas atribuyen a Obiang, entonces integrante central del aparato militar de Francisco Macías, la orden de una represalia que incluyó violaciones masivas, asesinatos y la deportación de varones de entre 15 y 75 años.

En 1993, ya durante la dictadura de Obiang, la isla volvió a rebelarse después de permanecer más de un año sin recibir un barco con provisiones. La visita del entonces Primer Ministro Silvestre Siale Bileka, recordada como el “Viaje de la vergüenza”, terminó con una nueva represión, con la tortura y detención de Orlando Cartagena Lagar y con los asesinatos de Sumene y Simplicio Llorente. Annobón aprendió hace décadas que reclamar alimentos, transporte o dignidad puede ser castigado como sedición.

Ese es el contexto que la querella intenta borrar. Las palabras de Cartagena Lagar no surgieron de una campaña publicitaria ni de una ambición electoral. Surgieron de una comunidad que vio partir a sus hombres, violar a sus mujeres, encarcelar a sus jóvenes y morir a sus habitantes mientras el mundo miraba hacia otro lado. Cuando los canales internos están clausurados, denunciar en el exterior no es una estrategia comunicacional: es una forma de supervivencia.

El victimario quiere juzgar el grito de la víctima

Si Obiang quisiera desmentir las denuncias, permitiría que organismos internacionales ingresaran libremente en Annobón. Abriría las cárceles, publicaría la nómina completa de detenidos, garantizaría entrevistas sin vigilancia, permitiría trabajar a abogados y periodistas independientes y explicaría qué ocurrió durante cada operativo militar. También debería responder por qué un país enriquecido durante años por el petróleo mantiene a comunidades enteras sin servicios esenciales y bajo fuerte opresión militar.

En cambio, el régimen elige perseguir a quien habla. Pretende que Cartagena Lagar dedique sus fuerzas a defenderse en España mientras Annobón sigue incomunicada. Busca convertir cada entrevista en un riesgo penal, cada denuncia en una amenaza y cada pedido de auxilio en una eventual prueba judicial.

No es Orlando Cartagena quien está llevando el genocidio annobonés a los tribunales. Es Obiang quien pretende sentar en el banquillo a la voz que lo denuncia. El dirigente annobonés no representa una aventura política: representa a un pueblo que intenta seguir vivo después de décadas de abusos, segregación, hambre y terror.

La Justicia española tendrá delante algo más que una querella por palabras. Tendrá que decidir si permite que sus tribunales sean utilizados como prolongación internacional de una maquinaria de silenciamiento. Porque cuando un dictador con 47 años en el poder demanda a quien denuncia torturas, persecución y muerte, la primera pregunta no debería ser por qué la víctima gritó tan fuerte, sino qué tuvo que padecer para que el mundo finalmente pudiera escucharla.

La delegación de la República de Annobón participó de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada del 27 al 30 de agosto de 2026, donde presentó una declaración política y jurídica de alto impacto contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a la libre autodeterminación.

La comitiva annobonesa estuvo integrada por el Presidente Nando Baê y por el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, quien fue el encargado de pronunciar el discurso ante los pueblos no representados reunidos en la asamblea que presidió Rubina Greenwood.

En el marco de esa agenda internacional, la representación annobonesa también realizó visitas al Rijksmuseum de Ámsterdam, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y al Archivo Nacional de los Países Bajos, instancias que permitieron enmarcar el reclamo desde una dimensión histórica, jurídica y documental. Las imágenes y videos de la delegación muestran una presencia activa de Annobón en espacios clave de memoria, derecho internacional y patrimonio europeo.

Ante la UNPO, Cartagena Lagar abrió su intervención con una definición política clara: “Annobón, miembro de la UNPO, alza su voz desde el exilio, la resistencia y el territorio ocupado”. Luego agregó: “Somos miembro de esta gran familia de las Naciones y Pueblos no Representados”.

La declaración denunció formalmente “las constantes y masivas violaciones de los derechos humanos contra el pueblo annobonés”, incluyendo “detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, desapariciones, juicios sin garantías y persecución política contra cualquier voz disidente”.

En su alocución, el Primer Ministro también describió una situación humanitaria extrema en la isla: “El abuso infantil, falta de infraestructuras de agua potable, electricidad, alimentos, ausencia de sanidad y medicamentos, falta de escuelas”. Para la delegación, no se trata de hechos aislados ni de simples carencias administrativas, sino de una política sostenida de abandono, control y sometimiento.

“Una prisión a cielo abierto”

Uno de los puntos más duros del discurso fue la denuncia sobre la militarización de la isla. Annobón acusó al régimen de imponer “la militarización total de nuestra isla, convertida en una prisión a cielo abierto”, con presencia permanente del ejército ecuatoguineano.

Según el texto leído ante la asamblea, esa presencia militar “intimida, controla y humilla a nuestra población civil”. Cartagena Lagar fue todavía más explícito: “La población vive con miedo y secuestrada en su propio territorio”.

La acusación se inscribe en una lectura más amplia del conflicto: para Annobón, el problema no es únicamente la falta de derechos civiles o políticos, sino la existencia de una dominación estructural sobre un pueblo con identidad propia. Por eso, el documento denunció “la invasión, ocupación y dominación colonial interna de nuestro territorio ancestral”, además de “la explotación de nuestros recursos sin beneficio para nuestro pueblo”.

La delegación también volvió a poner sobre la mesa la cuestión ambiental: Cartagena Lagar denunció “el desastre ecológico impuesto por las detonaciones y actividades militares y mineras no consentidas” y la “conversión de la isla en vertedero de residuos tóxicos internacionales”.

“No es mala gestión: es genocidio estructural sin sangre”

El eje conceptual más fuerte de la intervención fue la caracterización de lo que la delegación definió como “genocidio estructural sin sangre”.

Annobón sostuvo que su pueblo sufre desde hace 58 años una forma contemporánea de colonización interna: “una colonización interna lenta, un odio institucional y un exterminio de africanos contra africanos, de negros contra negros”.

La frase marca un giro político central. La delegación no ubicó la opresión annobonesa dentro de una ocupación extranjera clásica, sino dentro de una estructura estatal africana que oprime a otro pueblo africano. “No es una ocupación extranjera clásica. Es peor. Es un régimen africano que utiliza el aparato del Estado para oprimir a otro pueblo africano, negándole su condición de pueblo y tratándolo como territorio a vaciar y dominar”, señala el documento.

En esa línea, Cartagena Lagar sostuvo que la política de Guinea Ecuatorial durante casi seis décadas no puede ser leída como abandono casual. “Esta política de 58 años de abandono deliberado, militarización, empobrecimiento forzado, destrucción ambiental y represión cultural, condiciona radicalmente la propia existencia del pueblo annobonés y provoca la pérdida progresiva e irreversible de su identidad colectiva”, afirmó.

La síntesis fue contundente: “No hay fosas comunes masivas, pero hay un vaciamiento. No hay una guerra abierta, pero hay una asfixia permanente”.

Y luego llegó una de las frases centrales de toda la intervención: “No podemos esperar más. Lo que sufre Annobón no es mala gestión. Es un genocidio estructural sin sangre: una estrategia planificada para que el pueblo annobonés, como tal, deje de existir”.

Para la delegación, el régimen de Obiang busca borrar a Annobón sin necesidad de una masacre abierta. “58 años de colonización interna y odio institucional: africanos contra africanos, negros contra negros. No es abandono, es genocidio estructural sin sangre para borrar a Annobón del mapa”, remarcó el documento presentado ante la UNPO.

La denuncia político-jurídica sobre la violencia sexual

La presentación incluyó además una nota político-jurídica especialmente sensible sobre lo que la delegación definió como “el mestizaje impuesto como arma de guerra contra el pueblo de Annobón”.

Allí sostuvo que el régimen de Guinea Ecuatorial estaría ejecutando “una política deliberada de mestizaje político impuesto como arma de guerra y de odio”. La declaración aclaró que no se refiere a relaciones interétnicas libres, sino a un supuesto patrón de violencia dirigido contra el pueblo annobonés.

“No se trata de relaciones interétnicas libres. Se trata de un patrón sistemático de violaciones sexuales, abusos sexuales a menores y embarazos forzados, perpetrados por personal militar y funcionarios enviados por Malabo a la isla”, señala el texto.

Según la delegación, el objetivo de esa práctica sería “diluir, quebrar y aniquilar la identidad biológica, cultural y política de un pueblo pequeño, aislado y vulnerable como el annobonés”.

La nota sostuvo que esta situación afectaría políticamente a Annobón porque constituiría “un intento de destrucción demográfica”. El documento recuerda que Annobón es un pueblo de menos de 6.000 habitantes en la isla y afirma que “cualquier imposición reproductiva forzada altera irreversiblemente su composición, rompe el linaje y la continuidad generacional”. Luego lo define como “ingeniería demográfica colonial”.

También lo presentó como “un arma para destruir la cohesión social”, al señalar que la violación como arma genera “trauma colectivo, estigma sobre las víctimas, ruptura familiar y éxodo forzado de mujeres annobonesas”.

La formulación más dura aparece en el tercer punto: “Es dominación política por el vientre”. Para la delegación, el régimen buscaría “crear una población ‘leal’ a Malabo, deslegitimar nuestra identidad ancestral Fa d’Ambô y justificar en el futuro que ‘ya no somos un pueblo distinto’”.

Crímenes de lesa humanidad y genocidio

La declaración político-jurídica elevó la acusación al plano del derecho internacional. Según la delegación, estos hechos, por su carácter sistemático, intencional y dirigido contra un grupo étnico específico, “pueden y deben ser calificados como crimen grave de lesa humanidad y acto constitutivo de genocidio”.

El documento citó el artículo 7 del Estatuto de Roma, referido a la violación sexual, embarazo forzado y violencia sexual grave como crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque sistemático contra población civil. También invocó el artículo 6 del Estatuto de Roma, vinculado al genocidio, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

La frase final de ese tramo resume la gravedad del planteo: “No es un exceso. Es una política de Estado para hacer desaparecer a Annobón sin necesidad de matarnos a todos”.

Por eso, la delegación reclamó que la UNPO reconozca esta práctica como crimen de lesa humanidad y solicite una investigación internacional independiente.

“No pedimos permiso para existir”

En su capítulo de exigencias, la delegación pidió al régimen de Teodoro Obiang Nguema que ponga fin inmediato a la represión, retire sus fuerzas de Annobón, libere a todos los presos políticos annoboneses y cese la persecución contra líderes, familias y voces disidentes.

A la comunidad internacional y a la UNPO, Annobón reclamó “el reconocimiento y respeto de nuestro legítimo e inalienable derecho como pueblo a la libre autodeterminación”, conforme a los pactos internacionales de derechos humanos.

La declaración subrayó una idea política central: “El pueblo de Annobón no es una provincia de Guinea Ecuatorial. Somos un pueblo distinto, con lengua, cultura, historia e identidad propias. No pedimos permiso para existir”.

Luego agregó: “No buscamos la confrontación, buscamos la libertad. No pedimos caridad, exigimos justicia. Queremos volver a nuestra tierra”.

El cierre de la intervención condensó la consigna política de la delegación: “Desde Annobón ocupado hasta esta Asamblea, decimos: remo en alto”.

Y finalmente, ante los pueblos reunidos en la UNPO, el mensaje fue directo: “¡Fuera de Annobón! ¡Annobón libre y soberana! Pueblos de la UNPO, no nos dejen solos”.

La presencia annobonesa en la XXI Asamblea General de la UNPO, con una delegación integrada por el Presidente Nando Baê y el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, dejó así una definición de fondo: Annobón no busca ser tratado como una periferia olvidada de Guinea Ecuatorial, sino como un pueblo con identidad propia, sometido a colonización interna, militarización y destrucción cultural, que reclama ante el mundo su derecho a existir, decidir y vivir libre en su territorio ancestral.

La polémica por el buque Viteoca terminó exponiendo, desde las propias filas del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, la gravedad del desabastecimiento que atraviesa Annobón.

En un audio difundido en las últimas horas, el vicepresidente primero de la Comisión Distrital de Seguimiento del PDGE reconoce que en la isla “no hay agua” y que prácticamente no existen suministros.

“Martínez ya no tenía ni chicle”, afirma en referencia a Martínez Hermanos, la empresa cuya instalación en la isla fue presentada en 2023 por el propio régimen como una supuesta solución al abastecimiento, después de las reiteradas denuncias del Gobierno de la República de Annobón sobre la escasez permanente que sufre la comunidad.

El dirigente también admite que los propios annoboneses dependen de lo que consiguen comprar y enviar desde Malabo: “Todos hemos hecho todo lo posible para poder comprar las necesidades de nuestras familias y poder aguantar en Annobón”, explicaron.

La situación quedó nuevamente expuesta con el último viaje del Viteoca. Según se desprende del audio, más de 1.200 personas pretendían trasladarse hacia Annobón, pero el barco tiene capacidad para apenas unos 450 pasajeros. A eso se suma una enorme cantidad de alimentos, pertenencias particulares y productos comerciales acumulados después de meses sin un servicio regular, además del aumento de la población implantada por la fuerza de ocupación colonial, denunciado por los annoboneses como parte de una política destinada a desplazar a la población originaria.

El Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, explicó que detrás de esa saturación existe un problema todavía más profundo. “Llevamos 58 años de independencia de Guinea Ecuatorial. Nunca se ha mandado ningún barco con provisiones. Simplemente cada annobonés envía lo que puede a su familia”, aseguró.

Las familias que no tienen parientes en Malabo o Bata son las que peor atraviesan el aislamiento. “Es un pueblo que no tiene nada. Necesita de todo”, resumió Cartagena Lagar.

Para los annoboneses, el problema tampoco se limita a conseguir un barco. Denuncian que las autoridades controlan quién puede entrar a la isla y que quienes no responden al régimen se exponen a detenciones, represalias y otras formas de persecución.

Así, el intento del PDGE de justificar las restricciones del Viteoca terminó dejando una admisión incómoda: tres años después de que la fuerza de ocupación colonial intentara presentar un supermercado como símbolo de progreso, Annobón sigue dependiendo de un barco irregular y de los paquetes que cada familia logra enviar para conseguir hasta los productos más básicos. Una situación que, según denuncian las autoridades annobonesas, se agrava con el paso del tiempo y con el crecimiento de la población implantada en la isla.

Martínez Hermanos: una puesta en escena que no resolvió el desabastecimiento 

La llegada de Martínez Hermanos a Annobón se produjo después de las reiteradas denuncias públicas de Ambô Legadu sobre la escasez de alimentos y productos básicos que sufría la población de la isla.

Su instalación fue presentada entonces como una muestra de abastecimiento y progreso. Sin embargo, tres años después, es un propio dirigente del PDGE quien reconoce que ni siquiera ese establecimiento dispone ya de productos suficientes.

La situación permite entender cómo funciona realmente buena parte del abastecimiento de Annobón.

Las familias compran en Malabo alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros artículos esenciales y deben esperar hasta que exista una oportunidad para enviarlos a la isla.

Quienes no tienen familiares o personas de confianza en Malabo o Bata se encuentran en una situación todavía más vulnerable.

De viajar en una barcaza de carga al Viteoca 

El problema del abastecimiento está directamente relacionado con otro de los grandes problemas estructurales de Annobón: su aislamiento marítimo.

Durante años, la isla ni siquiera dispuso de un servicio regular y adecuado para el transporte de pasajeros. Los annoboneses llegaron a depender para sus desplazamientos de una barcaza de carga utilizada por SOMAGEC.

No se trataba de una embarcación acondicionada para prestar un servicio regular de pasajeros. Los annoboneses realizaban la travesía a la intemperie, sin instalaciones adecuadas para pasajeros, agua potable ni condiciones apropiadas de saneamiento.

Esta situación fue denunciada públicamente por Embô Legadu, junto con el aislamiento y las enormes dificultades que encontraba la población para entrar o salir de su propia isla.

Posteriormente, el 8 de mayo de 2024, Teodorín Nguema Obiang anunció públicamente la contratación de San Valentín y Viteoca para realizar los desplazamientos marítimos hasta Annobón. La medida fue presentada como una solución al problema de las comunicaciones marítimas.

Según lo anunciado entonces, cada una de las dos compañías realizaría dos viajes mensuales, lo que suponía hasta cuatro conexiones al mes. Dos años después, la realidad reconocida desde las propias estructuras del PDGE está muy lejos de aquella promesa.

De cuatro viajes mensuales prometidos a más de dos meses sin un solo barco

El contraste resulta difícil de ignorar. En mayo de 2024 se anunciaron hasta cuatro conexiones mensuales entre San Valentín y Viteoca. En agosto de 2026, un dirigente del propio PDGE reconoce que Annobón lleva más de dos meses sin recibir ningún barco.

La irregularidad no constituye una excepción aislada. El servicio marítimo hacia Annobón puede espaciarse durante semanas y, en ocasiones, durante dos o incluso tres meses. Esta situación tiene consecuencias directas.

Durante todo ese tiempo se acumulan en Malabo personas que necesitan viajar, alimentos, medicamentos, mercancías, equipajes y, especialmente, los paquetes que las familias preparan para mantener a sus familiares en la isla.

Cuando finalmente se anuncia un viaje, toda esa demanda acumulada converge sobre un único barco. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido ahora.

Más población, los mismos recursos escasos

A esta situación se añade otro elemento que preocupa especialmente a los annoboneses: el aumento de la población implantada en la isla por la fuerza de ocupación colonial.

La presencia creciente de militares, funcionarios y otras personas trasladadas desde el continente incrementa la demanda de transporte, alimentos, agua y otros recursos en una isla que ya carece de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su población originaria.

Para las autoridades annobonesas, este crecimiento de población implantada no puede analizarse únicamente como un problema logístico. Lo denuncian como parte de una política destinada a modificar progresivamente la composición demográfica de Annobón y desplazar a su población originaria.

El episodio actual permite observar además una consecuencia inmediata: cada incremento de población en una isla sin un sistema estable de abastecimiento aumenta la presión sobre unos recursos que ya son extremadamente escasos.

Si, como reconoce el propio dirigente del PDGE, en Annobón «no hay agua» y los establecimientos se quedan sin productos básicos, aumentar la población sin incrementar paralelamente la capacidad de abastecimiento, transporte, agua y saneamiento agrava necesariamente la precariedad existente.

«No hay agua«

Por todo lo antedicho, resulta particularmente significativa la admisión realizada ahora desde las propias estructuras del PDGE. No se trata únicamente de las denuncias que Ambô Legadu, las autoridades annobonesas y las propias familias vienen realizando desde hace años.

Es un dirigente del partido gobernante quien reconoce que «no hay agua», que Martínez Hermanos prácticamente se ha quedado sin productos y que las propias familias deben comprar desde Malabo lo necesario para poder «aguantar en Annobón».

Sus palabras terminan describiendo precisamente la realidad que durante años se ha intentado presentar de otra manera.

La realidad ambiental de Annobón ha dejado de estar confinada al aislamiento geográfico e informativo impuesto durante décadas a su población.

El EJAtlas ha incorporado a su base de datos internacional dos casos clave que demuestran cómo Annobón ha sido convertida históricamente en una verdadera zona de sacrificio ambiental (primero con vertidos tóxicos internacionales y ahora con la destrucción mediante voladuras): los vertidos de residuos tóxicos denunciados desde finales de los años 1980 por corporaciones británicas y estadounidenses, y la utilización intensiva de explosivos por la empresa constructora marroquí SOMAGEC para la extracción de minerales y canteras en la isla.

Las dos investigaciones pueden consultarse directamente en EJAtlas:

1.- Toxic dumping on Annobón Island — Consultar el caso en EJAtlas

2.- SOMAGEC’s use of dynamite for mineral extraction on Annobón — Consultar el caso en EJAtlas

De una denuncia local a un registro internacional de racismo ambiental

La importancia de estas publicaciones va mucho más allá de la incorporación de dos nuevas páginas a una base de datos. EJAtlas constituye un archivo internacional de conflictos relacionados con la justicia ambiental. Sus fichas documentan con rigor científico casos de contaminación, minería, extracción de recursos naturales, residuos peligrosos, grandes infraestructuras, desplazamientos de comunidades y otras formas de afectación ambiental y social en diferentes regiones del mundo.

La incorporación de Annobón permite, por tanto, situar lo ocurrido en la isla dentro de un fenómeno internacional más amplio y profundamente asimétrico: la injusticia y el racismo ambiental, donde comunidades pequeñas, insulares o políticamente marginadas soportan los devastadores costes ecológicos de decisiones adoptadas sin una participación ni consentimiento efectivo de las poblaciones afectadas.

Para el pueblo annobonés, cuya capacidad para hacer llegar información al exterior se encuentra gravemente limitada, disponer de este registro internacional tiene un significado especial. Lo que durante años podía ser presentado de forma aislada pasa a formar parte de un archivo global de conflictos ambientales susceptible de ser consultado por investigadores, universidades, periodistas, organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos y organismos internacionales.

El crimen histórico: los vertidos tóxicos en Annobón y el colonialismo ambiental impune

La primera ficha aborda uno de los capítulos más graves de la historia reciente de Annobón: las denuncias sobre la utilización de la isla y sus aguas territoriales como vertedero de desechos tóxicos y peligrosos procedentes del exterior.

El caso recupera documentación histórica y fuentes sobre los acuerdos y concesiones entre el régimen de Guinea Ecuatorial y corporaciones privadas británicas y estadounidenses, negociados principalmente durante las décadas de 1980 y 1990 para el depósito de hasta más de dos millones de bidones de residuos peligrosos.

Décadas después, los efectos acumulativos sobre el frágil e interconectado ecosistema insular son alarmantes: la ficha destaca la mortandad marina observada en las aguas costeras de las que depende la pesca tradicional, la degradación de los suelos agrícolas de subsistencia y la contaminación de las escasas fuentes naturales de agua potable. Estas afectaciones se traducen en un impacto severo en la salud humana, evidenciado en el incremento de enfermedades crónicas en la población local.

Pero la cuestión fundamental continúa abierta. ​Si bien el gobierno de Guinea Ecuatorial no ha llevado a cabo auditorías ambientales independientes, informes de organismos como la UNPO, la ONU y el Atlas Mundial de Justicia Ambiental confirman el vertido masivo de residuos altamente peligrosos en Annobón desde la década de 1980. Entre las sustancias documentadas se identifican asbesto, acrilonitrilo, piridina, diclorometano, cloruro de etilo, tetracloroetileno y diversos químicos de laboratorio desconocidos, lo que abre graves interrogantes sobre los riesgos toxicológicos acumulados a los que ha estado expuesta la población annobonesa durante décadas.

Por ello, la incorporación del caso a EJAtlas no debe entenderse como el final de una investigación, sino como la base legítima para exigir análisis científicos independientes del suelo, las aguas costeras, los acuíferos y los sedimentos marinos, así como la determinación de responsabilidades históricas.

El ecocidio presente: SOMAGEC, las explosiones y la transformación física de la isla

La segunda investigación documenta el conflicto relacionado con las actividades de la empresa marroquí SOMAGEC y la utilización continuada e intensiva de dinamita y explosivos para la apertura de canteras y extracción de piedra desde 2007.

En una isla de dimensiones extremadamente reducidas y con un ecosistema sumamente frágil, las detonaciones diarias y la extracción intensiva adquieren una dimensión destructiva singular:

• Erosión y deslizamientos: la fragmentación del relieve mediante voladuras ha desestabilizado las laderas, acelerando la erosión, alterando el paisaje natural y provocando desprendimientos de tierra.
• Afectación de recursos hídricos: las explosiones han alterado el curso de los manantiales subterráneos y contaminado las fuentes de agua dulce de la isla, desencadenando inundaciones relámpago y desabastecimiento para el consumo diario.
• Daños estructurales e inseguridad: las vibraciones han agrietado viviendas tradicionales, destruido parcelas de cultivo de subsistencia y generado episodios continuos de polvo y contaminación acústica.

El caso adquiere además una dimensión humana y dolorosa con la muerte de Petronila Álfaro León, conocida afectuosamente como “Nanana”, de 75 años, fallecida el 24 de septiembre de 2024 tras ser alcanzada por una roca mientras trabajaba en su finca, en un contexto que las denuncias locales vincularon directamente con la inestabilidad del terreno provocada por las voladuras. Su muerte recuerda que la degradación ambiental no constituye únicamente una cuestión de conservación de la naturaleza: es una amenaza inmediata a la seguridad, la dignidad y la vida humana.

Justicia ambiental y derechos humanos

Los dos casos muestran una realidad que Ambô Legadu viene señalando desde hace años: en Annobón resulta imposible separar la protección ambiental de la protección de los derechos humanos.

Cuando una comunidad no dispone de mecanismos efectivos para decidir sobre la explotación de su territorio; cuando quienes protestan contra el ecocidio sufren persecución o represalias; y cuando existen severas restricciones sobre las comunicaciones con el exterior, la degradación ambiental adquiere un carácter de violación sistémica de derechos humanos.

Esta relación ha adquirido una dimensión institucional de primer orden. En agosto de 2025, nueve mandatos de los Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación oficial al régimen de Guinea Ecuatorial sobre las denuncias en Annobón. El requerimiento involucró a los relatores especiales sobre medio ambiente, sustancias y desechos peligrosos, agua potable y saneamiento, empresas y derechos humanos, detención arbitraria, defensores de derechos humanos, minorías, vivienda adecuada y libertades de reunión y asociación.

La convergencia entre la rigurosa documentación ambiental del EJAtlas y la intervención de los mecanismos de la ONU demuestra que la crisis socioambiental de Annobón no es una controversia local o un asunto administrativo interno, sino un caso de repercusión internacional sobre justicia socioambiental.

Romper el aislamiento documental de Annobón

Durante décadas, el mayor obstáculo para la defensa de Annobón ha sido su aislamiento geográfico e informativo. Una comunidad pequeña y alejada corre el riesgo de ser invisibilizada por completo ante los ojos del mundo.

Por eso, la documentación rigurosa es un acto de resistencia. Cada archivo histórico recuperado, cada testimonio preservado, cada análisis científico y cada registro incorporado a plataformas globales contribuye a construir una memoria verificable e inalienable.

La incorporación de estos dos conflictos a EJAtlas sitúa a Annobón dentro del mapa global donde sus problemas pueden ser analizados a la par de otras luchas ambientales de África, América Latina, Asia y el Pacífico.

Un reconocimiento al trabajo de investigación

Desde Ambô Legadu queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Lyra Bartell y a todo el equipo del EJAtlas (ICTA-UAB) por su riguroso trabajo de investigación, revisión y systematización que ha hecho posibles estas publicaciones.

Documentar una realidad compleja como la de Annobón exige contrastar fuentes históricas y contemporáneas en condiciones extremas de opacidad y censura. Este esfuerzo internacional dota al pueblo annobonés de un expediente técnico y académico de inestimable valor para la exigencia de sus derechos.

¿Por qué es crucial el trabajo de EJAtlas para Ambô Legadu y el pueblo de Annobón?

El EJAtlas no es solo una base de datos académica; es una herramienta de resistencia y denuncia internacional. Que los conflictos de Annobón formen parte de este atlas científico ofrece tres ventajas estratégicas cruciales:

• Legitimación y evidencia científica: traduce el sufrimiento de la comunidad a datos, mapas y hechos académicos reconocidos por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y la comunidad científica global.
• Romper el cerco informativo: sitúa los crímenes ambientales en Annobón al mismo nivel de visibilidad que otras grandes luchas ambientales en América Latina, Asia o el resto de África.
• Respaldo para la exigencia de justicia y reparación: proporciona un marco conceptual de «Injusticia Socioambiental» que fortalece los reclamos históricos de la población ambonesa por la reparación del daño, la protección de sus bienes comunes naturales y la autodeterminación sobre su propio territorio.

El trabajo apenas comienza

La publicación de estas investigaciones en el atlas mundial no cierra los casos; al contrario, abre una agenda clara de exigencias internacionales:

¿Qué sustancias tóxicas permanecen en el territorio y en las aguas costeras de Annobón tras los vertidos de las últimas décadas?

¿Cuál es el impacto ecológico y geológico acumulativo de las voladuras continuadas de SOMAGEC sobre los acuíferos y la estabilidad física de la isla?

¿Cuándo se realizarán los estudios socioambientales y sanitarios independientes que la población requiere con urgencia?

¿Quiénes responderán por las pérdidas humanas, materiales y ecológicas causadas en el territorio insular?

Responder a estas interrogantes requerirá cooperación internacional, fiscalización científica e inspecciones sobre el terreno. Pero hoy existe una certeza determinante: Annobón forma parte oficial del mapa mundial de la justicia ambiental. El silencio y la invisibilidad ya no son una opción.

Para un pueblo sometido durante décadas al aislamiento, conseguir que su historia quede documentada fuera de la isla es ya un paso fundamental. La voz de Annobón resuena hoy con más fuerza. A través del trabajo de plataformas como EJAtlas y el compromiso informativo de espacios como Ambô Legadu, la memoria histórica, la denuncia del presente y la defensa del territorio insular se convierten en un frente común por la justicia y el futuro de nuestra tierra.

El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

En sintonía con las denuncias de este medio, las organizaciones denunciaron que las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial utilizaron violencia física contra residentes, incluidos menores de edad, y denunciaron la posible detención de decenas de adultos y niños. Según el comunicado, los hechos podrían constituir casos de “detención arbitraria, detención incomunicada, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“La gravedad de las acusaciones conocidas hasta la fecha, en particular las que involucran a menores, exige una respuesta urgente y transparente”, sostuvieron las entidades.

Las voces intervinientes

Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, calificó como “profundamente preocupantes” las imágenes y testimonios recibidos desde la isla y afirmó que “ningún Estado puede justificar la violencia contra menores, la detención incomunicada de personas detenidas ni la represión de expresiones culturales pacíficas”.

“Lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la rendición de cuentas de todos los responsables”, reclamó.

El documento también puso el foco en las denuncias sobre restricciones a las prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa, entre ellas las limitaciones al uso de vestimenta tradicional y a la realización de actividades comunitarias.

El presidente de ASAFED, Cruz Melchor Eya Nchama, advirtió que Annobón enfrenta “un riesgo creciente de aislamiento político y cultural” y aseguró que las denuncias afectan “al ejercicio colectivo de la identidad cultural, religiosa y comunitaria del pueblo annobonés”.

“La protección de la diversidad cultural no es una concesión del Estado; es una obligación reconocida por el derecho africano e internacional”, remarcó.

Las organizaciones exigieron al gobierno de Guinea Ecuatorial que informe públicamente la identidad y situación jurídica de todas las personas detenidas, garantice el contacto con sus familiares y abogados, investigue las denuncias de violencia y permita el ingreso a Annobón de observadores independientes y organismos humanitarios.

En ese marco, pidieron la intervención de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), cuya secretaria ejecutiva actualmente se encuentra en manos de María de Fátima Monteiro Jardim. Además, solicitaron la intermediación de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

“La protección de la dignidad humana, las garantías procesales y los derechos fundamentales no admiten excepciones”, concluyeron.

1.- Participación y ausencias

Al acto fueron invitados, por tercer año consecutivo, numerosos actores políticos del colectivo Fang. Como era de esperar, no acudió ninguno. También fueron invitadas representaciones de los pueblos bubi, ndowé, saharaui, partidos políticos y miembros de la diáspora africana.

Nos acompañaron:

• Don Honorato Maho, en representación del pueblo bubi.

• Nieves González Sánchez, representante de FRENIGE en el extranjero, quien pudo vivir in situ el acto y constatar las reivindicaciones de soledad, abandono, discriminación y aislamiento del pueblo annobonés

• Doña Elisenda Paluzie, Vicepresidenta de la UNPO, quien pronunció un discurso de apoyo a la autodeterminación de Annobón e informó del respaldo institucional de la ONU: 9 relatores que cuestionan la dictadura de terror de Guinea Ecuatorial, en manos de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde 1979 tras el golpe militar a su tío Francisco Macías Nguema.

La señora Paluzie alertó de la represión y persecución sistemática contra el pueblo annobonés, que lo sitúa al borde del riesgo existencial por un exterminio lento, institucionalizado y ejecutado progresivamente durante los últimos 58 años por las dos dictaduras que asolan el país. Síntesis: un Estado fallido en forma, fondo y desarrollo.

También nos acompañaron periodistas de distintos medios y responsables de Realpolitik, desplazados desde Argentina para cubrir este Acto Internacional de Annobón y hacer extensiva nuestra voz al espacio político y al pueblo hermano, al que deseamos una noche gloriosa en la final del mundial.

2.- Mensajes centrales del Gobierno de Annobón en el exilio

Los representantes del Gobierno salieron con la vestimenta tradicional, con la tela anudada al hombro derecho, como reclamo cultural y en solidaridad con los 39 annoboneses secuestrados y torturados por las fuerzas de ocupación colonial pamue-fang de Guinea Ecuatorial.

En sus intervenciones se centraron en:

• Los 50 años de la expedición de Kindjadja una hazaña que marcó el inicio de la lucha por existir del pueblo de Annobón, y la respuesta represiva de Guinea Ecuatorial: la amenaza de «hacer derramar un río de sangre y no pasará nada”, porque a “esta maldita isla hay que abandonarla y borrarla del mapa». 50 años de la Hazaña del Kindjadja y nada ha cambiado…todo ha ido de mal en peor desde 1968.

• La Ministra de Asuntos Sociales, Nemesia Cachina Zamora, denunció que no es un hecho aislado. Es un patrón continuado de discriminación y abusos: impiden el acceso al agua y a los alimentos y someten a la población a la miseria absoluta y sobre todo denunció las violaciones a mujeres y niñas como metodología de humillación.

• El Primer Ministro, Orlando Cartagena Lagar, denunció el aislamiento provocado por el corte de internet, la falta de comunicación y la ausencia de transporte marítimo y aéreo.

El Alzamiento del Remo es el símbolo de la resistencia del pueblo de Annobón frente a la ocupación colonial de Guinea Ecuatorial.

El 8 de julio, la Asamblea de Annobón en el exilio denuncia:

• Ocupación, represión y abandono impuestos por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

• Uso del hambre como arma de control.

• Secuestros, agresiones y violencia sexual infantil como mecanismos de deshumanización.

• El pueblo de Annobón afirma:

• No van a desaparecer.

• No aceptan la opresión.

• Defienden su tierra, mar, identidad y derecho a existir.

• Exigen justicia a la comunidad internacional, ONU y España. Denuncian que la indiferencia es complicidad.

• Estas reivindicaciones tienen un mensaje final: “Annobón no se rinde. Annobón no se borra. Annobón se levanta”.

3.- La consigna de nuestro pueblo ante la IV Asamblea

Finalmente, el Primer Ministro lanzó la consigna del IV Aniversario:

Frente a décadas de aislamiento, incomunicación, discriminación, invasión, desplazamientos forzados, amenaza de limpieza étnica, destrucción de nuestra identidad y una política de terror destinada a quebrar la voluntad del pueblo annobonés: ¡Rebeldía!

Frente al programa permanente de militarización, represión, dominación, abuso de poder y a la utilización del hambre, el aislamiento y el miedo como instrumentos de sometimiento contra nuestra población: ¡Rebeldía!

Frente a los secuestros, las detenciones arbitrarias, las torturas, los apaleamientos, la violencia sexual contra menores y las gravísimas violaciones de los derechos humanos denunciadas por nuestro pueblo: ¡Rebeldía!

Frente a quienes pretenden borrar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra memoria y nuestra condición de pueblo para sustituirlas por el silencio y la sumisión: ¡Rebeldía!

Frente a quienes creen que el miedo puede imponerse para siempre sobre la dignidad: ¡Rebeldía!

Pero nuestra rebeldía no nace del odio. Nuestra rebeldía nace del amor a Annobón. Es la rebeldía de un pueblo que se niega a desaparecer; la rebeldía de quienes defienden su tierra, su historia, su identidad y el derecho de las futuras generaciones a vivir libres de persecución y de miedo.

Que esta sea la consigna de la IV Asamblea Internacional del Pueblo de Annobón:

Frente a la opresión: ¡Rebeldía!

Frente al miedo: ¡Rebeldía!

Frente a la injusticia: ¡Rebeldía!

Frente a la dominación: ¡Rebeldía!

Frente al silencio impuesto: ¡Rebeldía!

Frente a cualquier intento de destruir al pueblo de Annobón: unidad, dignidad y rebeldía.
Ante la discriminación y los abusos: rebeldía.

Ante la injusticia, la invasión colonial extranjera y la impunidad: rebeldía.

4.- Cierre

Para finalizar, el Presidente de Annobón, Nando Palas Bahê, tendió la mano a los actores políticos de Guinea Ecuatorial, especialmente al colectivo pamue-fang, para acabar juntos con la dictadura que tanto daño hace a todos, y de forma salvaje y criminal por el odio profundo hacia el pueblo de Annobón.

El acto concluyó con un vino de honor y un almuerzo popular, seguido de una fiesta que se prolongó hasta bien entrada la noche del sábado. El presidente envió un mensaje claro al pueblo de Annobón: la lucha por la independencia no comenzó hace cuatro años ni se agota en la actual etapa política. “La demanda de la independencia de Annobón no data de solo cuatro años. Hoy estamos festejando el 50.º aniversario de esta lucha, y va más allá”, afirmó, al reivindicar la continuidad histórica de una causa atravesada por décadas de resistencia.

También dejó en claro que el reclamo annobonés no está dirigido contra otros pueblos, sino contra un sistema de dominación que niega sus derechos fundamentales. “Annobón está pidiendo simplemente justicia, porque quiere vivir como todos los pueblos. Annobón no exige nada más que el derecho a la vida”, sostuvo. Y concluyó con una definición política central: “Annobón pide el derecho a su autodeterminación y a su descolonización”.

Este IV Aniversario posiciona a Annobón como actor principal frente a la dictadura más longeva y cruel del momento.

Pone en escena la situación general de Guinea Ecuatorial y exige a la comunidad internacional una intervención urgente. No mirar hacia otro lado. El silencio ante el genocidio annobonés y el sufrimiento del pueblo de Guinea Ecuatorial es complicidad.

Alertamos de las atrocidades del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo: limpieza étnica, aniquilación identitaria, acoso y derribo del pueblo de Annobón bajo invasión y ocupación militar extranjera e impunidad y las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Annobón en su versión de odio étnico como fórmula del gobierno desde 1968.

La situación exige reflexión y actuación inmediata en la isla de Annobón. Es urgente.

Un nuevo informe internacional volvió a poner en evidencia la situación que atraviesa el pueblo de Annobón bajo el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El BTI 2026 Country Report sobre Guinea Ecuatorial, elaborado en el marco del Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, reconoció expresamente que los annoboneses fueron víctimas de “discriminación sistémica, violencia política y genocidio cultural”.

El documento también se refirió a los acontecimientos ocurridos en la isla durante 2024 y denunció que la comunidad annobonesa enfrentó “una severa represión, incluidas detenciones masivas y deportaciones a prisiones de Malabo”, después de las protestas contra las obras impulsadas por el régimen de Obiang.

La afirmación adquiere especial relevancia porque no se limita a describir hechos aislados, sino que incorpora la persecución actual de Annobón dentro de una historia prolongada de discriminación étnica y violencia estatal contra las poblaciones no Fang de Guinea Ecuatorial.

“Discriminación sistémica, violencia política y genocidio cultural”

Al analizar las dificultades del régimen para alcanzar una verdadera reconciliación nacional, el informe advierte que los abusos cometidos contra las minorías durante la dictadura de Francisco Macías Nguema siguen condicionando la realidad política del país.

En ese apartado, sostiene: “Los agravios históricos de Guinea Ecuatorial, particularmente aquellos originados durante la época de Francisco Macías, cuando minorías no Fang como los bubis, los bengas y los annoboneses fueron sometidas a discriminación sistémica, violencia política y genocidio cultural, continúan proyectando una larga sombra sobre el panorama político del país”.
El reconocimiento del “genocidio cultural” resulta especialmente significativo para Annobón, cuya población autóctona mantiene desde hace siglos una identidad propia, una lengua, formas tradicionales de organización comunitaria y una relación histórica particular con su territorio.

El informe señala además que las aparentes aperturas políticas promovidas periódicamente por el régimen de Obiang suelen ser utilizadas para mejorar su imagen exterior, pero terminan seguidas por nuevas campañas de persecución.

“Aunque el régimen de Obiang ha convocado periódicamente diálogos nacionales e incluso ofrecido amnistías a presos y exiliados para mejorar su imagen internacional, tales medidas han sido normalmente breves y estuvieron seguidas por nuevas oleadas de represión selectiva”.

Detenciones masivas y deportaciones a Malabo

El BTI dedica otra mención específica a la represión desplegada en Annobón durante 2024, después de que los habitantes de la isla denunciaran los daños ambientales ocasionados por las obras públicas ejecutadas por el régimen.

“La comunidad annobonesa, aunque pequeña, ha enfrentado una severa represión, incluidas detenciones masivas y deportaciones a prisiones de Malabo, después de las protestas ambientales contra las obras públicas del gobierno en la isla durante 2024”.

La utilización del término “deportaciones” es relevante porque los detenidos no fueron trasladados dentro de su propio entorno territorial, sino sacados por la fuerza de Annobón y enviados a establecimientos penitenciarios ubicados a cientos de kilómetros, en la isla de Bioko.

De esta forma, el informe reconoce uno de los principales reclamos formulados por las organizaciones annobonesas: que el traslado de los detenidos a Malabo no constituye únicamente una medida carcelaria, sino también una forma de desarraigo, aislamiento y castigo colectivo contra una población que permanece prácticamente incomunicada.

El documento agrega que las peticiones políticas formuladas por los annoboneses fueron ignoradas por las autoridades de Guinea Ecuatorial.

“Ante la falta de respuesta a sus peticiones de autonomía, el 8 de julio de 2022 annoboneses exiliados en España declararon simbólicamente la independencia”.

Aunque el reporte califica aquella proclamación como simbólica, reconoce que fue consecuencia directa de la negativa del régimen a responder los reclamos de la comunidad.

Una isla “extremadamente aislada”

El aislamiento de Annobón también aparece reflejado en el apartado dedicado a las dificultades estructurales de Guinea Ecuatorial.
El informe explica que la separación geográfica entre las distintas regiones del país, sumada a los altos costos y a la escasez de transportes, dificulta la integración económica, la prestación de servicios públicos y el funcionamiento administrativo.
“Las islas más pequeñas, como Corisco y Annobón, permanecen extremadamente aisladas, con conexiones de transporte mínimas, lo que agrava todavía más la fragmentación administrativa”.

Esta falta de conectividad no constituye un problema meramente geográfico. En el caso annobonés, la dependencia de los transportes controlados por el gobierno condiciona el ingreso de alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes esenciales, al mismo tiempo que dificulta la salida de los habitantes y la difusión de información sobre lo que ocurre en la isla.
El propio documento advierte que la administración pública ecuatoguineana se concentra principalmente en Malabo y Bata, mientras que las zonas alejadas permanecen desatendidas.

Qué es el BTI y quién elabora el informe

El Transformation Index BTI es un índice internacional elaborado por la Bertelsmann Stiftung, una fundación privada alemana con sede en Gütersloh que desarrolla investigaciones sobre democracia, economía, gobernanza y transformación institucional.

El proyecto analiza periódicamente la situación política, económica y social de 137 países en desarrollo y en transformación. Para ello, trabaja con cerca de 300 especialistas nacionales y regionales vinculados con universidades y centros de investigación de distintos países.

El índice no se limita a medir la realización de elecciones. También examina la vigencia del Estado de derecho, la participación política, la independencia judicial, los derechos civiles, la integración social, el funcionamiento económico y la capacidad de los gobiernos para administrar sus recursos. Sus resultados se organizan en un índice de transformación política y económica y en otro dedicado a la calidad de la gobernanza.

Desde 2006, el BTI realiza esta evaluación con una periodicidad bienal. La edición 2026 estudió el período comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2025, por lo que incluye tanto las detenciones ocurridas en Annobón durante 2024 como sus consecuencias políticas y humanitarias.

En el caso de Guinea Ecuatorial, el informe ubicó al país entre los de peor desempeño en materia de transformación política y describió al régimen como un sistema profundamente autoritario, caracterizado por la concentración familiar del poder, la ausencia de instituciones independientes y la persecución de las voces disidentes.

Una denuncia que rompe el silencio internacional

Las conclusiones del BTI 2026 incorporan la tragedia annobonesa a una evaluación internacional más amplia sobre el carácter represivo del Estado ecuatoguineano.

El documento confirma que lo ocurrido en Annobón no puede reducirse a un conflicto administrativo por obras públicas. Habla de “severa represión”, “detenciones masivas”, “deportaciones”, “discriminación sistémica”, “violencia política” y “genocidio cultural”.

También reconoce que Annobón permanece “extremadamente aislada”, con conexiones mínimas y una administración incapaz —o deliberadamente renuente— a garantizar condiciones básicas de comunicación e integración.

En un contexto marcado por el silencio de numerosos gobiernos y organismos internacionales, el informe de la Fundación Bertelsmann aporta una nueva constatación independiente sobre una situación denunciada desde hace años por el pueblo annobonés: la existencia de una política prolongada de persecución, desarraigo y destrucción de su identidad colectiva.

La República de Annobón conmemoró en Madrid el cuarto aniversario de su declaración de independencia con un acto marcado por la memoria histórica, la defensa de la identidad cultural y la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos que atraviesa la población de la isla.

El encuentro reunió a autoridades del gobierno annobonés, representantes de organizaciones internacionales, integrantes de la diáspora e invitados que acompañan el reclamo de autodeterminación. La ceremonia comenzó con un homenaje a los antepasados, el sonido ritual del Lolín, la interpretación del himno nacional y una presentación de instrumentos tradicionales.

El ministro de Información, Gaudencio Isabel Vilá, conocido también por su nombre annobonés Gutïn Baê Töngalãn, explicó que los tambores no son únicamente instrumentos musicales, sino también herramientas de comunicación, convocatoria y conexión espiritual.

“Cada instrumento tiene distintos mensajes”, señaló. Y resumió: “Si oyen una música y no aparece ninguno de estos sonidos, es porque no es auténticamente annobonesa”.

“Annobón eligió vivir y resistir”

Durante la apertura, Clemente Menejal Pelayo vinculó la declaración de independencia con una historia atravesada por las epidemias, el abandono, la represión y el aislamiento.

“Hoy conmemoramos una fecha que está en nuestra memoria: dignidad, coraje, esperanza y vida”, expresó.

Pelayo recordó las epidemias de cólera, sarampión y polio, así como la ausencia de asistencia por parte de Guinea Ecuatorial. También denunció que al pueblo annobonés “se le negó la dignidad, la voz y el derecho a existir como pueblo”.

“Annobón no murió. Annobón eligió vivir, eligió resistir, eligió luchar y hoy luchamos por existir como pueblo”, afirmó.

Kindjadja y el “río de sangre”

La ministra de Asuntos Sociales, Nemesia Cachina Zamora, recordó la expedición de Kindjadja, protagonizada en 1976 por ocho hombres que abandonaron la isla en un cayuco para denunciar ante el mundo la situación humanitaria de Annobón.

La ministra denunció los posteriores traslados forzados de hombres annoboneses hacia las plantaciones de cacao y café, la destrucción de familias, las torturas, los abusos sexuales y la militarización de la isla. “El barco del cacao no fue solo un episodio de violencia, fue un crimen. Fue un pueblo entero sometido”, sostuvo.

“La cuestión de Annobón no está cerrada. Es una descolonización pendiente, una cuestión de derecho internacional y de justicia histórica”, remarcó.

Cachina Zamora reivindicó además la declaración de independencia de 2022 como “un acto de supervivencia” y formuló un llamado a la comunidad internacional.

“Hoy el pueblo de Annobón no comparece para pedir permiso, comparece para exigir justicia”, afirmó.

“Tenemos derecho a vivir en nuestra tierra”

El primer ministro y jefe de Gobierno, Orlando Cartagena Lagar, advirtió que Annobón atraviesa “una situación de emergencia y un genocidio lento”.

“Nuestra lucha es simple: tenemos derecho a vivir y tenemos que poder vivir en nuestra tierra”, expresó.

Cartagena denunció detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, apaleamientos contra mujeres, pérdidas de embarazos, restricciones a la lengua fá d’Ambô y el traslado de militares y familias desde el continente.

También presentó el proyecto de país que impulsa el gobierno annobonés, basado en una constitución democrática, educación y salud universales, agua potable, saneamiento, electrificación permanente, vivienda digna y protección ambiental.

“El mundo no puede permanecer indiferente. Es hora de actuar”, reclamó.

Al finalizar su intervención, levantó un remo como símbolo de la expedición de Kindjadja y del pedido de auxilio que el pueblo annobonés sostiene desde hace medio siglo.

“La indiferencia ya no es neutralidad, es complicidad. Annobón no se rinde, Annobón no se calla y Annobón no se borra”, concluyó.

Finalmente, Cartagena propuso la “rebeldía” como consigna del aniversario frente al aislamiento, la represión, las torturas y los intentos de borrar la identidad annobonesa. “Nuestra rebeldía no nace del odio, nace del amor a Annobón, de un pueblo que se niega a desaparecer”, afirmó.

“Frente a la opresión, rebeldía. Frente al miedo, rebeldía. Frente a la injusticia, rebeldía. Frente a la dominación extranjera, rebeldía”, proclamó.

Respaldo de la UNPO

La vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, Elisenda Paluzie, calificó el caso annobonés como “una causa justa de autodeterminación” y destacó la gravedad de las violaciones denunciadas ante la Organización de las Naciones Unidas.

Paluzie recordó que la UNPO presentó informes sobre degradación ambiental, aislamiento, discriminación, violencia, detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades fundamentales.

También reclamó al gobierno de España, que preside Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que asuma su responsabilidad como antigua potencia colonial y adopte una posición clara frente a la situación de Annobón.

El cierre de Pa Nando Palas Bahê

El presidente y jefe de Estado, Pa Nando Palas Bahê, cerró el acto con un llamado a los gobiernos democráticos y organismos internacionales para que acompañen la causa annobonesa.

“La demanda de independencia de Annobón no data solamente de hace cuatro años. Hoy estamos conmemorando cincuenta años de esta lucha”, afirmó.

También aclaró que el reclamo no está dirigido contra el conjunto del pueblo fang y concluyó: “Annobón pide el derecho a su autodeterminación y a su descolonización”.

La jornada finalizó con música, bailes, expresiones religiosas, una comida comunitaria y la proyección de imágenes sobre la historia de la isla. El mensaje central quedó resumido en una frase repetida durante la conmemoración: “Somos un pueblo con memoria, somos un pueblo con dignidad y somos un pueblo que ha decidido no desaparecer”.

El Movimiento por la Independencia de Röl Naath (RIM) hizo llegar una felicitación oficial al pueblo de Annobón con motivo del cuarto aniversario de su declaración de independencia, celebrada el 8 de julio de 2022. La organización representa las aspiraciones de autodeterminación del pueblo Nuer, una comunidad asentada principalmente en Sudán del Sur y también en zonas fronterizas de Etiopía.

En el documento, firmado por el jefe Gatwech Ruey, la organización destacó la resistencia del pueblo annobonés y sostuvo que la conmemoración representa mucho más que una fecha: “Es un testimonio de coraje, dignidad y un compromiso inquebrantable con la libertad”.

El movimiento también valoró la continuidad de la lucha a pesar del desplazamiento, la persecución y las dificultades que supone sostener instituciones desde el exilio. “El espíritu de una nación no puede ser silenciado ni borrado”, afirmó.

Röl Naath aseguró sentirse identificado con el reclamo de Annobón por el derecho a decidir su propio futuro y alentó a sus autoridades a continuar fortaleciendo sus instituciones y construyendo alianzas internacionales.

“Sepan que no están solos. El pueblo de Röl Naath se solidariza con Annobón. Su causa es justa, su lucha es reconocida y su futuro sigue estando a su alcance”, manifestó la organización.

Finalmente, el comunicado expresó su deseo de que este nuevo aniversario renueve las fuerzas del pueblo annobonés y contribuya a que la comunidad internacional comprenda y respalde su causa.