La organización internacional de derechos digitales Access Now denunció que el apagón de internet impuesto por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Annobón cumplió dos años sin que las autoridades de Guinea Ecuatorial hayan restablecido completamente las comunicaciones.

“El 20 de julio de 2024, el gobierno de Guinea Ecuatorial cortó por completo las comunicaciones en Annobón. Dos años después, la población sigue aislada del resto del mundo”, señaló la entidad en una publicación difundida durante los últimos días.

La organización agregó que la coalición internacional #KeepItOn renovó su llamado a las autoridades ecuatoguineanas para que restituyan inmediatamente el acceso a internet en toda la isla.

La nueva intervención de Access Now confirma que el bloqueo digital no constituyó una interrupción temporal ni una falla técnica. Se trata de una decisión política que continúa vigente dos años después de las protestas realizadas por habitantes de Annobón contra las explosiones con dinamita y los daños ambientales atribuidos a las obras de la constructora marroquí SOMAGEC.

Dos años de silencio impuesto

El corte comenzó el 20 de julio de 2024, pocos días después de que ciudadanos annoboneses firmaran un documento para reclamar el fin de las detonaciones que estaban afectando viviendas, terrenos agrícolas y recursos naturales de la isla.

La respuesta fue una operación represiva. Las fuerzas de ocupación Pamues-Fang del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial realizaron redadas casa por casa, extrajeron teléfonos móviles y detuvieron a decenas de personas vinculadas con el reclamo. En total, 38 annoboneses fueron privados arbitrariamente de su libertad, sin garantías judiciales ni acusaciones formales.

Treinta y siete de ellos permanecieron encarcelados durante casi once meses y fueron liberados en junio de 2025, después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyera que las detenciones habían violado el derecho internacional.

Sin embargo, la excarcelación no puso fin a la persecución ni permitió condiciones dignas de vida. El apagón de internet continuó, mientras las comunicaciones telefónicas permanecieron sometidas a vigilancia y limitadas para los militares y los trabajadores de SOMAGEC.

Dos años después, Annobón continúa convertida en un territorio prácticamente inaccesible para periodistas, organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.

Una herramienta para ocultar la represión

Access Now sostiene que los apagones de internet son utilizados por gobiernos autoritarios para silenciar protestas, controlar la información e impedir que se documenten abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

En el caso de Annobón, el bloqueo afecta a una población históricamente marginada, ubicada a cientos de kilómetros de la parte continental de Guinea Ecuatorial y sometida a una fuerte presencia militar.

La falta de conectividad dificulta el acceso a servicios sanitarios, operaciones bancarias, educación, trabajo y comunicaciones familiares. También impide que los habitantes puedan enviar fotografías, videos y testimonios sobre lo que ocurre dentro de la isla.

Para conocer la situación de sus allegados, familias annobonesas residentes en el exilio dependen de las embarcaciones que conectan la isla con el continente a lo sumo una vez por mes.

El apagón funciona, de este modo, como una forma de castigo colectivo. No solamente limita el acceso a una herramienta tecnológica, sino que busca impedir que la población denuncie la militarización, los interrogatorios, las detenciones y otras violaciones de derechos humanos.

El régimen ignoró los reclamos internacionales

La continuidad del bloqueo se produce pese a los reiterados pedidos formulados por organizaciones internacionales, expertos de las Naciones Unidas y entidades de defensa de los derechos digitales.

En octubre de 2025, Felicia Anthonio, directora de la campaña global #KeepItOn de Access Now, había advertido en diálogo con REALPOLITIK que Guinea Ecuatorial estaba ignorando los llamados internacionales y continuaba imponiendo el apagón. Anthonio calificó la desconexión como un “castigo colectivo que aísla a la población y socava derechos fundamentales”.

La nueva publicación difundida por Access Now demuestra que la situación no se modificó. Al cumplirse dos años desde el inicio del bloqueo, el régimen de Obiang continúa sin informar públicamente las razones legales de la medida, su duración prevista ni las condiciones para restablecer el servicio.

Tampoco se conocen investigaciones independientes sobre el impacto del apagón en la salud, la economía y la vida cotidiana de los habitantes de Annobón.

Annobón permanece fuera del mundo

Access Now volvió a utilizar el caso annobonés como ejemplo de la utilización de las comunicaciones digitales como instrumento de control político. “Dos años después, la población sigue aislada del resto del mundo”, resumió la organización.

La afirmación adquiere una dimensión especialmente grave ante las nuevas denuncias sobre interrogatorios y amenazas contra menores y jóvenes de la isla, acusados por las autoridades de haber participado en la presunta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La coalición #KeepItOn volvió a reclamar la restauración inmediata, completa e incondicional de internet y de todos los servicios de comunicación.

Después de dos años, el apagón de Annobón ya no puede presentarse como una medida excepcional. Se ha convertido en una política sostenida de aislamiento contra todo un pueblo, aplicada por el régimen de Teodoro Obiang para impedir que el mundo conozca lo que ocurre en la isla.

El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

La solicitud fue presentada por el presidente de la red, Fernando Gray, en una carta dirigida a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica, fechada el 6 de noviembre de 2025.

En la misiva, Mercociudades expresa que acompaña “la denuncia efectuada por el Primer Ministro de Annobón en el exilio ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos”, que derivó en la resolución del 12 de mayo de 2025 donde la ONU condenó a Guinea Ecuatorial por la detención arbitraria de 37 ciudadanos annoboneses durante la represión ejercida en la isla.

No obstante, el organismo advierte que las violaciones continúan profundizándose: “Conforme informes internacionales, continúa la sistemática violación de los derechos humanos. La población de la isla sufre arbitrarias privaciones de la libertad, en medio de una intensificación de restricciones a la libertad de expresión, de prensa, control del derecho de reunión y movimiento”.

La carta también señala los graves daños ambientales y sociales que padecen los annoboneses como consecuencia de actividades ilegales y prácticas contaminantes: “El impacto de la degradación ambiental, como efecto de haber sido receptora de residuos tóxicos, y actividades extractivas ilegales, reduce el área cultivable y el suministro de agua potable, con la consecuente inseguridad alimentaria, incremento de enfermedades, desigualdad y pobreza crónica”.

Frente a este cuadro, Mercociudades insta a Naciones Unidas a no mantener silencio ante lo que describe como “flagrantes violaciones de derechos fundamentales”, y solicita explícitamente “la conformación de una misión internacional de observadores a fin de investigar las referidas violaciones y garantizar a la población sus derechos sin discriminación alguna”.

Finalmente, la Red Mercociudades cierra el documento expresando su plena disposición a colaborar con la ONU para avanzar en la protección de los derechos humanos del pueblo annobonés. 

«De repente llegó un oficial y le dijo: ‘Ya ha salido la orden de tu liberación, vete a casa'», contaron allegados a este medio. Sin embargo, se sospecha que su liberación estuvo vinculada a las presiones ejercidas por Organización de las Naciones Unidas sobre el régimen de Obiang.

Un encierro extenso e ilegal

Hermelindo había sido cuestrado el 24 de enero de 2025, pocos días después de que Naciones Unidas interviniera en favor de los 37 annoboneses que obtuvieron su libertad por resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Sin embargo, a diferencia de ellos, el escritor permaneció encarcelado y en el más absoluto abandono, pese a padecer graves problemas de salud como sangrado digestivo alto, hipertensión severa y gastritis.

Durante su cautiverio, llegó a escribir una carta manuscrita en la que denunció su situación: “Ocho meses que se dice pronto, es demasiado castigo por lo que no he hecho. No he cometido ningún crimen ni delito. Por lo tanto, clamo justicia, y pido humildemente mi excarcelación”.

La noticia de su liberación trae alivio, pero también deja al descubierto el ensañamiento del régimen de Obiang contra el pueblo de Annobón, que continúa sufriendo represión, secuestros y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“HRF condena las duras condiciones de prisión que Guinea Ecuatorial impuso a 37 activistas y ciudadanos annoboneses, a quienes las autoridades encarcelaron incomunicados durante casi un año por participar en protestas medioambientales pacíficas en la isla de Annobón en julio de 2024”, señaló la organización el 7 de agosto desde su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Entre los detenidos estaban dos de las figuras más queridas y reconocidas de nuestra cultura: el poeta Francisco Ballovera y la cantante Paloma Alfaro, esta última, la única guitarrista femenina de la isla. Según HRF, ambos salieron de prisión “visiblemente debilitados”, y en el caso de Alfaro, con “la cabeza rapada, hematomas visibles y un cuerpo demacrado”.

La imagen de Alfaro al salir de prisión es devastadora. Lo que antes era una artista fuerte, con voz firme y presencia en la comunidad, fue devuelto al pueblo como un cuerpo frágil, encorvado, despojado de su dignidad por un sistema carcelario que solo busca quebrar.

La Fundación también publicó el testimonio desgarrador de Francisco Ballovera, quien fue arrestado simplemente por intentar llevar víveres a sus familiares, trasladados por la fuerza desde Annobón a Malabo tras protestar contra la empresa SOMAGEC y su uso indiscriminado de dinamita para la extracción de materiales preciosos con destino incierto. Su crimen fue el de la solidaridad, su castigo: casi un año de desaparición forzada.

“Ballovera fue arrestado por intentar llevar comida a los manifestantes detenidos. Salió de prisión visiblemente debilitado y con dificultades para caminar por sí mismo”, publicó HRF.

Las denuncias de HRF se suman a las declaraciones previas del empresario portugués Nuno Pimentel, quien compartió celda con los annoboneses en Black Beach. En su testimonio, reveló que los presos eran torturados, mantenidos en celdas hacinadas de 15 metros cuadrados, sin agua potable ni atención médica, y que pasaban hambre con una dieta de pan seco y leche condensada. “Como los annoboneses, yo estaba secuestrado. Ellos estaban conmigo. Personas mayores, tratadas con brutalidad. Era una pesadilla”, declaró.

HRF también denunció que la liberación del 18 de junio de 2025 no fue un acto de justicia, sino un intento deliberado del régimen de esconder a las víctimas. Todos los liberados fueron devueltos directamente a Annobón, sin pasar por Malabo ni ser presentados ante observadores internacionales. No hubo informe médico, declaración judicial, ni posibilidad de contacto con diplomáticos. Solo el silencio.

Desde la República de Annobón agradecieron el coraje de organizaciones como HRF por poner luz donde el régimen impone oscuridad. «Seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación y libertad plena para quienes han sido brutalmente castigados por alzar su voz», afirmaron fuentes oficiales.

Tras meses de denuncias y presión internacional, 37 ciudadanos annoboneses fueron liberados luego de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (WGAD) de las Naciones Unidas emitiera una opinión contundente: las detenciones fueron arbitrarias, ilegales y discriminatorias. La noticia fue celebrada por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), pero el panorama sigue siendo desolador: la isla de Annobón continúa incomunicada, sin justicia, sin reparación a las víctimas y bajo el control represivo del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

“La UNPO celebra su liberación y la opinión adoptada por el WGAD”, señala el comunicado oficial, pero también advierte que se trata de un paso parcial.

Detenidos por defender derechos humanos

Los 37 liberados fueron arrestados en julio y agosto de 2024 por participar en manifestaciones pacíficas en Annobón contra la degradación ambiental, la utilización de dinamita para extraer minerales, el abandono estatal y la discriminación sistemática. Según la UNPO, fueron acusados falsamente por su participación en protestas legítimas.

“La detención de los 37 annoboneses fue arbitraria […] como resultado directo de que los ciudadanos ejercieran sus derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y participación política”, afirma el documento.

Tal y como lo recordó la UNPO, la Organización de las Naciones Unidas determinó que el régimen violó cuatro principios fundamentales:

Categoría I: No hubo base legal para las detenciones. Los ciudadanos fueron arrestados sin órdenes judiciales y permanecieron hasta 27 días sin comparecer ante un juez.

Categoría II: Fueron perseguidos por ejercer derechos reconocidos internacionalmente.

Categoría III: Se violaron las garantías de un juicio justo. No se les permitió asistencia legal, hubo procesos colectivos sin individualización y denuncias de tortura.

Categoría V: Hubo discriminación por su identidad étnica, cultural y por su posición política en favor de la autodeterminación de Annobón.

Un fallo contundente, una realidad impune

“El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno la liberación inmediata de las 37 personas, que se les otorgue una compensación y otras reparaciones, y que se investigue exhaustivamente […] los responsables de las violaciones”, indicó la UNPO.

A pesar del fallo, el régimen no ha ofrecido disculpas, ni iniciado investigaciones, ni compensado a las víctimas. La liberación fue forzada por el dictamen internacional, no por voluntad política del Gobierno.

La UNPO también subraya que las condiciones de detención fueron extremadamente duras: “Su liberación […] se produjo solo después de importantes retrasos y bajo duras condiciones físicas”.

Annobón sigue incomunicada

A casi un año del inicio de las protestas, la isla de Annobón permanece bajo castigo colectivo. El régimen bloqueó el acceso a internet el 20 de julio de 2024, suspendió el servicio de Starlink y prohibió el uso de dispositivos satelitales.

“La población de la isla permanece aislada e incapaz de comunicarse o documentar los abusos”, denunció la UNPO.

En este contexto, se lanzó una petición urgente ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para exigir el restablecimiento del acceso a internet y el fin de las represalias.

Firmá la petición acá: https://act.accessnow.org/page/173891/action/1

El reclamo sigue vigente

“La UNPO insta al Gobierno de Guinea Ecuatorial a cumplir plenamente con las recomendaciones del WGAD y pide al Gobierno que se comprometa en un diálogo significativo con el pueblo de Annobón, respetando sus derechos humanos fundamentales […] incluido su derecho a la libre determinación”.

Desde Ambô Legadu adherimos a ese reclamo. La liberación no es suficiente. La represión continúa, la isla sigue censurada y el régimen sigue impune. Annobón merece justicia, comunicación libre y respeto a su soberanía.

“El 20 de julio del 2024, las autoridades interrumpieron el acceso a internet, desconectando a la isla del resto del mundo tras una serie de protestas. Para asegurar que la población de Annobón permaneciera sin conectividad. Posteriormente, las autoridades también prohibieron la venta y el uso de dispositivos satelitales y ordenaron a Starlink que suspendiera sus servicios en el país”, explica la misiva. Y agregaron: “Nos dirigimos a usted, Comisionada Topsy-Sonoo, a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y a los Estados parte de la Carta Africana, para que condenen las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Guinea Ecuatorial, denuncien el prolongado apagón, y contribuyan a restablecer el acceso al internet en Annobón”.

Según consta en la carta, “antes de que se impusiera el apagón, habitantes de Annobón enviaron dos cartas a las autoridades en Malabo alertando sobre preocupantes cambios en el entorno de la isla y exigiendo el cese de explosiones con dinamita. En respuesta, las autoridades arrestaron a quienes firmaron dichas cartas. Cuando la comunidad presentó resistencia al traslado de las personas detenidas a Malabo, el gobierno respondió con redadas domiciliarias y detuvo a más de treinta personas adicionales”.

Luego, añade: “Informes indican que soldados que respondieron a las protestas en Annobón actuaron con uso excesivo de la fuerza, incluso disparando contra personas reunidas en una vigilia en oración por los detenidos. Con el acceso a internet interrumpido y los dispositivos confiscados, es extremadamente difícil para quienes están en la isla seguir documentando y denunciando violaciones a los derechos humanos o generar conciencia sobre la situación, lo que permite que estos abusos persistan”.

“El actual apagón en Annobón contraviene el Artículo 13 de la Constitución de Guinea Ecuatorial, que garantiza el respeto a la libertad de expresión, pensamiento, ideas y opiniones. Cabe destacar que la Constitución también garantiza la libertad de reunión. Esta medida adoptada por las autoridades representa una flagrante violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR en inglés) —instrumentos de los que el Estado es firmante—, así como de la Resolución de la Comisión Africana sobre el Derecho a la Libertad de Información y de Expresión en Internet y su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a través de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información en África, también ha expresado su preocupación ante el uso creciente de apagones de internet en la región”.

Finalmente, expresa: “Hasta la fecha, las autoridades responsables del apagón y de las violaciones de derechos humanos en Annobón han hecho caso omiso a todos los llamados de organizaciones locales e internacionales que les instan a reconectar a la población. Es momento de que la CADHP y sus Estados miembros condenen públicamente el apagón prolongado e insten al gobierno de Guinea Ecuatorial a restablecer el acceso a internet”.

El comunicado insta a la Comisionada Topsy-Sonoo a:

• Denunciar el apagón de internet, que ya se acerca al año de duración en Annobón, y apoyar nuestro llamado a poner fin tanto al apagón como a las violaciones de derechos humanos en el país;

• Emitir un Llamado Urgente al gobierno de Guinea Ecuatorial para que se abstenga de seguir interrumpiendo el acceso a internet, en cumplimiento del mandato de protección de la CADHP, con el fin de prevenir futuras violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información en el país; y

• Exigir la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en el país y el cese del uso de arrestos y detenciones como herramienta para suprimir la libertad de expresión.

Las organizaciones firmantes son: Access Now, Afia-Amani Grands-Lacs, African Freedom of Expression Exchange (AFEX), Africa Freedom of Information Centre (AFIC), AFKANERD Information Technologies, Africa Internet Rights Alliance, Africa Media and Information Technology Initiative (AfriMITI), Africa Open Data and Internet Research Foundation (AODIRF), AfricTivistes, Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR), Bloggers Association of Kenya (BAKE), Bloggers of Zambia- BloggersZM, Center for Media studies and peacebuilding (CEMESP-Liberia), Centre for Community Empowerment and Development, Colectivas Namé Paléa, Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA), Common Cause Zambia, Computech Institute (Senegal), Conexión Segura y Libre – VE sin Filtro, Digital Rights Nepal (DRN), Digital Rights Kashmir, Digital Access, Digital Woman Uganda, Ecuatoguinean Commission of Jurists, EG Justice, Forumvert, Friends of Angola (FOA), Gambia Press Union (GPU), Haki na sharia, Human Rights Foundation, Human Rights Journalists Network Nigeria, International Press Centre (IPC), Internet Society DRCongo chapter, KICTANet Kijiji Yeetu, Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan, JCA-NET(Japan), Media Diversity Institute – Armenia, Media Foundation for West Africa (MFWA), Miaan Group, Nanone Pale – NAP Jóvenes de Pale – Annobón, Office of Civil Freedoms, OONI (Open Observatory of Network Interference), Opening Central Africa Coalition, Open Secrets, Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), Organization of the Justice Campaign, Paradigm Initiative (PIN), Reach Out Tanzani, Reclaiming Spaces Initiative, Robert F Kennedy Human Rights, Rudi International, Sassoufit Collective, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Ubunteam, West Africa Digital Rights Defenders Coalition, Women Empower and Mentor All, Women of Uganda Network (WOUGNET), YODET y Zaina Foundation.

Lejos de abrir un diálogo, el gobierno politizó la petición y respondió con redadas masivas contra sus firmantes. Al menos 42 personas fueron detenidas: 19 secuestradas en Annobón y el resto, ciudadanos annoboneses residentes en Malabo que habían intentado visitar a sus familiares y también fueron arrestados arbitrariamente. Entre los detenidos había cinco mujeres mayores, que fueron liberadas meses después, no sin antes ser obligadas a comparecer en la televisión estatal controlada por el régimen, donde, bajo coacción, se las forzó a contradecir públicamente la voluntad del pueblo y a elogiar al presidente Obiang como benefactor.

Durante casi un año, muchas de las personas detenidas permanecieron desaparecidas forzosamente, incomunicadas, sin acceso a abogados ni familiares. Algunas fueron encarceladas en Black Beach, otras en la cárcel de máxima seguridad ubicada en el interior de Río Muni, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.

La histórica resolución de la Organización de las Naciones Unidas: tortura, racismo y represión sistemática

El 13 de junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo pública la Resolución 13/2025, declarando que la detención de los 37 annoboneses fue arbitraria, ilegal y discriminatoria. La ONU exigió su liberación inmediata, reparaciones económicas, investigación penal contra los responsables y la difusión pública del fallo.

El documento jurídico califica las violaciones bajo cuatro categorías del derecho internacional (I, II, III y V):

• Detenciones sin base legal

• Criminalización del ejercicio de derechos civiles

• Violaciones del debido proceso

• Discriminación estructural por motivos étnicos, lingüísticos y culturales

La resolución recuerda que las víctimas no cometieron ningún delito: solo firmaron un manifiesto pacífico para exigir el fin de las detonaciones en su territorio. El régimen respondió militarizando la isla, cortando las comunicaciones (internet y teléfono) y secuestrando a los firmantes y sus familias.

Obiang fingió un indulto y trasladó a los liberados a una isla sin recursos

Aunque el dictamen fue adoptado en abril, el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo evitó su notificación oficial, lo que le permitió fingir de forma anticipada una liberación encubierta como un “indulto” presidencial. Pero como es lógico, no se puede indultar a quien no ha sido juzgado ni condenado.

Se trató de una maniobra propagandística que no cumplió los términos del fallo y sirvió para prolongar el castigo colectivo. Tras su forzada comparecencia en televisión, los liberados fueron deportados en condiciones inhumanas a la isla de Annobón, donde muchos ni siquiera residían antes de ser secuestrados.

Allí sobreviven sin alimentos, sin medicamentos, sin hospitales ni comunicación con el exterior. El aislamiento continúa. El único barco del Estado que conecta con la isla no volverá a operar hasta dentro de uno o dos meses, impidiendo cualquier reencuentro con sus familiares.

“Llegaron raquíticos, devastados física y emocionalmente. No tienen ni calzoncillo que ponerse”, denunciaron familiares, y agregaron: “Sobreviven sin comida y bajo vigilancia constante”.

Annobón, el Gulag a cielo abierto más grande del mundo

La deportación forzosa de los liberados a Annobón fue denunciada como una forma encubierta de castigo. El partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS) declaró que el traslado viola el derecho a elegir libremente el lugar de residencia.

Por su parte, el Gobierno de la República de Annobón responsabilizó directamente al régimen de Obiang por la seguridad y salud de los liberados: “Si alguno muere, será crimen de Estado”.

El papel de la UNPO: internacionalizar la causa annobonesa

La denuncia fue respaldada y visibilizada internacionalmente por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), que ha seguido de cerca la situación del pueblo annobonés y ha contribuido a elevar su causa ante organismos internacionales. Su apoyo ha sido clave para internacionalizar las demandas de justicia y protección frente al régimen de Obiang.

Un precedente internacional por justicia, reparación y verdad

La Resolución 13/2025 no solo exigió la liberación, reparación e investigación penal, sino que también advirtió que si el Estado no colabora, Naciones Unidas se reserva el derecho de intervenir. Mientras tanto, la isla sigue militarizada y reina la ley del silencio. El pueblo junto con los liberados forman parte de una sociedad que, estigmatizada por diferencias étnicas, sufre el miedo en una prisión a cielo abierto: Annobón.

Aitor Martínez Jiménez.

La denuncia que dio lugar a esta histórica resolución fue presentada por el abogado Aitor Martínez Jiménez y el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, quienes ahora reclaman lo esencial: “Justicia. Reparación. Garantías de no repetición”.

Porque ningún pueblo debe ser castigado por defender su tierra.

Porque ningún régimen debe quedar impune cuando tortura y discrimina.

Porque la libertad no se negocia.

“Los annoboneses fueron detenidos en Annobón, Malabo y Bata, donde residían. Sin embargo, tras ser liberados, todos fueron deportados a Annobón”, expresó el CPDS en su nota oficial, fechada el 20 de junio de 2025.

Durante las últimas horas, el Gobierno de la República de Annobón manifestó que esta acción representa una continuidad en la política sistemática de represión y control territorial del régimen neocolonial de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que ha convertido a Annobón en el Gulag a cielo abierto más grande del planeta, donde solo hay castigo, aislamiento y tortura. “Deportarlos a Annobón es llevarles enfermos a morir sin asistencia sanitaria, lejos de los focos de las cámaras, de los medios de comunicación y al destierro a una muerte lenta y segura. Es ocultar se extrema delgadez, su estado de enfermos terminales”.

En esa sintonía, el CPDS subrayó que este hecho constituye una gravísima violación de los derechos humanos, ya que vulnera artículos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y de la propia Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. Todos estos marcos normativos garantizan la libertad de circulación y la elección libre del lugar de residencia.

“Este vergonzoso hecho (…) es una violación flagrante del derecho de cada ciudadano a residir libremente en cualquier parte del territorio nacional”, manifestó la Comisión Ejecutiva del CPDS.

Desde Annobón explicaron que la comunidad internacional debe comprender que este tipo de medidas no son simples errores administrativos ni irregularidades aisladas: son parte de un patrón de castigo colectivo, intimidación y asfixia política contra un pueblo históricamente discriminado que lucha por su autodeterminación.

Mientras el régimen intenta silenciar la resistencia annobonesa con prisión, exilio forzoso o manipulación territorial, la voz del pueblo no se apaga. La deportación masiva de liberados a la isla –donde no hay hospitales, ni libertad de prensa, ni servicios básicos pero sí una fuerte presencia militar– no es un gesto humanitario, sino una estrategia de aislamiento y desmovilización.

Las imágenes que comienzan a circular tras la liberación de los 37 annoboneses detenidos ilegalmente por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo son un golpe directo al alma de cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad. Lejos de tratarse de una restitución de derechos, lo que ha hecho el gobierno de Guinea Ecuatorial es perpetuar la tortura a cielo abierto, humillar a sus víctimas y desafiar, con cinismo brutal, la resolución de Organización de las Naciones Unidas.

Uno de los casos más desgarradores es el de Estrella Alfaro Aracil, de cincuenta años. En las escuetas fotografías que han trascendido hasta el momento, Estrella aparece rapada, con el rostro magullado, ojeras profundas y una delgadez alarmante, apenas reconocible. Su cuerpo y su mirada gritan lo que las palabras ya no alcanzan a decir: ha sido quebrada, física y emocionalmente, por un Estado que ha hecho de la represión su forma de gobierno. Tras las torturas, la cantante annobonesa precisa de ayuda y asistencia para poder andar.

Estrella fue secuestrada en horas de la madrugada, arrastrada por un grupo de civiles sin identificación, sin orden judicial, sin explicación. Como tantos otros annoboneses, fue torturada, incomunicada, desnutrida y finalmente soltada, no por justicia ni humanidad, sino porque una resolución internacional lo exigía. Pero el régimen respondió con burla: la liberación fue solo una transición de celda. De la prisión de máxima seguridad del interior de Río Muni, Mongomo (Oven Aseng), al Gulag a cielo abierto más grande del mundo. Un lugar sitiado, arrasado, sin hospitales, sin medicinas, sin comida.

Hoy, Estrella y el resto de los liberados sobreviven en Annobón, un territorio completamente incomunicado, empobrecido a propósito, convertido en una suerte de campo de concentración a cielo abierto. Allí no hay abrigo. No hay ayuda humanitaria. No hay posibilidad alguna de recuperación. Lo que hay es hambre, miedo y vigilancia militar. Y una comunidad entera, condenada por diferencias étnicas.

Lo más trágico es que Estrella no es un caso aislado. Es un símbolo: todos los annoboneses fueron liberados con distintos grados y tipos de afecciones y enfermedades, incluso dos de ellos tienen paralizada parte de su cuerpo.

Estrella es el espejo roto en el que se reflejan todos los rostros de esta tragedia: docentes, artistas, ancianos, líderes barriales. Gente que alguna vez creyó que era posible vivir con dignidad, y que hoy paga ese sueño con una vida hecha ruinas. La mayoría no tienen ni ropa para cambiarse. Visten los mismos harapos que llevaban al ser secuestrados hace casi un año.

La ONU fue clara: estas detenciones fueron arbitrarias, racistas y sistemáticas. Actos de persecución por motivos étnicos, culturales y nacionales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no solo exigió la liberación inmediata de los detenidos, sino también una investigación penal, una reparación económica y la difusión pública de la condena. El régimen no cumplió nada. Fingió un indulto masivo para ganar tiempo, exigiendo alabarle por su bondad. Y mientras tanto, los cuerpos y las almas de sus víctimas siguen cayendo a pedazos.

Según lo manifestaron autoridades del Gobierno de la República de Annobón, si alguno de los 37 liberados colapsa física o mentalmente en esa isla de hambre y silencio, la responsabilidad será exclusiva del régimen de Obiang. No hay excusas. No hay doble discurso. El derecho internacional ha hablado. Ahora le toca a la comunidad internacional actuar. Porque lo que ocurre en Annobón ya no es solo una tragedia local. Es una herida abierta en la conciencia del mundo. Y cada minuto de silencio que se le concede a Obiang es un permiso tácito para seguir torturando.