Los estudiantes y otras personas residentes en Malabo y Bata que viajaron a Annobón durante las vacaciones de verano han quedado aislados en la isla. Esta situación contradice la Orden Ministerial Nro. 02/2026, de 12 de junio, que regula el calendario académico 2026/2027 y establece el inicio del curso el 1 de septiembre y de las clases presenciales el 15 de septiembre.

La falta de transporte y de comunicación con la isla de Annobón ha impedido que quienes debían presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre pudieran realizarlas, con el consiguiente riesgo de repetir el curso. También ha dejado sin acceso a las aulas a quienes tenían que reincorporarse a sus centros al inicio del nuevo año académico.

Sin transporte ni escuela para continuar los estudios

La afectación es especialmente grave para el alumnado que ha finalizado la educación primaria y necesita trasladarse a Malabo para proseguir su formación. Sin medios para desplazarse, sin una alternativa educativa operativa en Annobón y algunos sin familia en Malabo, estos estudiantes se enfrentan a la interrupción de sus estudios.

El aislamiento se ha agravado por la suspensión del servicio marítimo y de los vuelos que conectan Annobón con el resto de Guinea Ecuatorial. La escasa frecuencia de estos medios y la ausencia de alternativas privan a la población annobonesa de una conexión regular indispensable para ejercer su derecho a la educación.

Por todo ello, se reclama una respuesta inmediata de las autoridades competentes: el restablecimiento urgente y regular del transporte marítimo y aéreo; el traslado seguro del alumnado a sus centros; la celebración de las pruebas extraordinarias sin penalizaciones derivadas del aislamiento; el establecimiento de la conectividad de líneas de teléfono e internet y la apertura efectiva del centro educativo público de Annobón.

El pueblo de Annobón exige garantías permanentes para que ningún estudiante pierda el curso ni vea limitado su futuro por su lugar de residencia.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo quiere discutir su honor. Para hacerlo, no abrió Annobón a observadores internacionales, no permitió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas, asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias y deportaciones, ni explicó por qué una isla entera permanece sometida al aislamiento, la militarización y el abandono. Eligió otro camino: llevar ante la Justicia española a Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y una de las principales voces internacionales de un pueblo que pide auxilio para sobrevivir.

El expediente pretende invertir obscenamente los lugares. El jefe de un régimen acusado durante décadas de homicidios ilícitos, torturas, desapariciones, encarcelamientos políticos y persecución sistemática se presenta como víctima; mientras que el representante de una población cercada por el hambre, la segregación y el miedo debe comparecer como acusado. Obiang no busca reparar una reputación: busca que el costo de denunciarlo sea cada vez más alto.

Un dictador preocupado por su “honor”

La causa tramita ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 2, bajo las diligencias previas 297/2026. En la documentación judicial aparece como querellante Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y como querellado Orlando Cartagena Lagar, por presuntos delitos de injurias y calumnias. La presentación fue realizada con la intervención del abogado Javier Gómez Bermúdez y la procuradora Laura Argentina Gómez Molina.

La querella fue admitida a trámite y Cartagena Lagar deberá comparecer el 20 de enero de 2027. El expediente se encuentra en una etapa preliminar. Pero su significado político resulta evidente: después de controlar durante décadas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la prensa y los tribunales de Guinea Ecuatorial, el régimen pretende utilizar ahora un juzgado europeo para condicionar la voz exterior de Annobón.

Obiang no llegó al poder por elecciones libres. Encabezó el golpe militar que derrocó en agosto de 1979 a su tío, Francisco Macías Nguema, y desde entonces construyó uno de los regímenes autoritarios más prolongados del mundo. Lleva 47 años gobernando con puño de hierro, mientras su familia ocupa posiciones centrales dentro del Estado y la oposición, el periodismo y las organizaciones sociales permanecen sometidos a vigilancia, censura y persecución.

No se trata de una caracterización retórica. Amnistía Internacional ha documentado décadas de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilícitos bajo el gobierno de Obiang. El Departamento de Estado norteamericano registró denuncias sobre presos políticos, abusos de las fuerzas de seguridad y falta de independencia judicial, mientras que Reporteros Sin Fronteras advirtió que en Guinea Ecuatorial no existe un verdadero pluralismo informativo, los medios permanecen amordazados y la censura previa constituye una práctica habitual. Access Now, por su parte, denunció el aislamiento comunicacional impuesto a Annobón, mientras que mecanismos de las Naciones Unidas respaldaron las denuncias sobre secuestros y torturas sufridos por integrantes del pueblo annobonés y formularon requerimientos que Guinea Ecuatorial se negó sistemáticamente a cumplir. Es ese aparato de poder, señalado internacionalmente por perseguir, encarcelar, torturar y silenciar, el que ahora reclama protección para el supuesto “honor” de su máximo responsable.

Las palabras que Obiang quiere castigar

La querella apunta contra declaraciones públicas de Cartagena Lagar en redes sociales, entrevistas y medios de comunicación. Entre las expresiones incorporadas por la representación de Obiang aparecen denuncias sobre “violaciones a las mujeres”, “abuso infantil y tortura a la población”, además de acusaciones contra militares por entregar “alcohol y drogas a los niños y a las niñas” y estar “prostituyendo prácticamente a toda la población”.

El régimen sostiene que esas manifestaciones serían falsas y lesionarían el honor presidencial. Pero Orlando Cartagena no habla desde la comodidad de una disputa partidaria ni protagoniza una aventura política personal. Es la voz de un pueblo que lleva décadas clamando socorro frente a políticas de castigo colectivo, aislamiento, hambre, segregación, militarización y destrucción de sus condiciones elementales de vida.

El pueblo annobonés denuncia la falta crónica de agua potable, electricidad, alimentos, medicamentos, escuelas, comunicaciones y transporte regular. Denuncia la presencia intimidatoria de fuerzas militares, la persecución de quienes protestan, el encarcelamiento de opositores y la imposibilidad de recurrir a instituciones independientes.  

No son episodios aislados, sino partes de un proceso de exterminio físico, cultural y político.

Una historia escrita con sangre

La persecución tampoco comenzó ahora. La memoria de Annobón conserva la represión de diciembre de 1976, desatada después de la expedición del Kindjadja, cuando un grupo de isleños atravesó el océano para pedir ayuda tras años de epidemias jamás atendidas que barrieron con la mayoría de la población. Las denuncias annobonesas atribuyen a Obiang, entonces integrante central del aparato militar de Francisco Macías, la orden de una represalia que incluyó violaciones masivas, asesinatos y la deportación de varones de entre 15 y 75 años.

En 1993, ya durante la dictadura de Obiang, la isla volvió a rebelarse después de permanecer más de un año sin recibir un barco con provisiones. La visita del entonces Primer Ministro Silvestre Siale Bileka, recordada como el “Viaje de la vergüenza”, terminó con una nueva represión, con la tortura y detención de Orlando Cartagena Lagar y con los asesinatos de Sumene y Simplicio Llorente. Annobón aprendió hace décadas que reclamar alimentos, transporte o dignidad puede ser castigado como sedición.

Ese es el contexto que la querella intenta borrar. Las palabras de Cartagena Lagar no surgieron de una campaña publicitaria ni de una ambición electoral. Surgieron de una comunidad que vio partir a sus hombres, violar a sus mujeres, encarcelar a sus jóvenes y morir a sus habitantes mientras el mundo miraba hacia otro lado. Cuando los canales internos están clausurados, denunciar en el exterior no es una estrategia comunicacional: es una forma de supervivencia.

El victimario quiere juzgar el grito de la víctima

Si Obiang quisiera desmentir las denuncias, permitiría que organismos internacionales ingresaran libremente en Annobón. Abriría las cárceles, publicaría la nómina completa de detenidos, garantizaría entrevistas sin vigilancia, permitiría trabajar a abogados y periodistas independientes y explicaría qué ocurrió durante cada operativo militar. También debería responder por qué un país enriquecido durante años por el petróleo mantiene a comunidades enteras sin servicios esenciales y bajo fuerte opresión militar.

En cambio, el régimen elige perseguir a quien habla. Pretende que Cartagena Lagar dedique sus fuerzas a defenderse en España mientras Annobón sigue incomunicada. Busca convertir cada entrevista en un riesgo penal, cada denuncia en una amenaza y cada pedido de auxilio en una eventual prueba judicial.

No es Orlando Cartagena quien está llevando el genocidio annobonés a los tribunales. Es Obiang quien pretende sentar en el banquillo a la voz que lo denuncia. El dirigente annobonés no representa una aventura política: representa a un pueblo que intenta seguir vivo después de décadas de abusos, segregación, hambre y terror.

La Justicia española tendrá delante algo más que una querella por palabras. Tendrá que decidir si permite que sus tribunales sean utilizados como prolongación internacional de una maquinaria de silenciamiento. Porque cuando un dictador con 47 años en el poder demanda a quien denuncia torturas, persecución y muerte, la primera pregunta no debería ser por qué la víctima gritó tan fuerte, sino qué tuvo que padecer para que el mundo finalmente pudiera escucharla.

La delegación de la República de Annobón participó de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada del 27 al 30 de agosto de 2026, donde presentó una declaración política y jurídica de alto impacto contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a la libre autodeterminación.

La comitiva annobonesa estuvo integrada por el Presidente Nando Baê y por el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, quien fue el encargado de pronunciar el discurso ante los pueblos no representados reunidos en la asamblea que presidió Rubina Greenwood.

En el marco de esa agenda internacional, la representación annobonesa también realizó visitas al Rijksmuseum de Ámsterdam, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y al Archivo Nacional de los Países Bajos, instancias que permitieron enmarcar el reclamo desde una dimensión histórica, jurídica y documental. Las imágenes y videos de la delegación muestran una presencia activa de Annobón en espacios clave de memoria, derecho internacional y patrimonio europeo.

Ante la UNPO, Cartagena Lagar abrió su intervención con una definición política clara: “Annobón, miembro de la UNPO, alza su voz desde el exilio, la resistencia y el territorio ocupado”. Luego agregó: “Somos miembro de esta gran familia de las Naciones y Pueblos no Representados”.

La declaración denunció formalmente “las constantes y masivas violaciones de los derechos humanos contra el pueblo annobonés”, incluyendo “detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, desapariciones, juicios sin garantías y persecución política contra cualquier voz disidente”.

En su alocución, el Primer Ministro también describió una situación humanitaria extrema en la isla: “El abuso infantil, falta de infraestructuras de agua potable, electricidad, alimentos, ausencia de sanidad y medicamentos, falta de escuelas”. Para la delegación, no se trata de hechos aislados ni de simples carencias administrativas, sino de una política sostenida de abandono, control y sometimiento.

“Una prisión a cielo abierto”

Uno de los puntos más duros del discurso fue la denuncia sobre la militarización de la isla. Annobón acusó al régimen de imponer “la militarización total de nuestra isla, convertida en una prisión a cielo abierto”, con presencia permanente del ejército ecuatoguineano.

Según el texto leído ante la asamblea, esa presencia militar “intimida, controla y humilla a nuestra población civil”. Cartagena Lagar fue todavía más explícito: “La población vive con miedo y secuestrada en su propio territorio”.

La acusación se inscribe en una lectura más amplia del conflicto: para Annobón, el problema no es únicamente la falta de derechos civiles o políticos, sino la existencia de una dominación estructural sobre un pueblo con identidad propia. Por eso, el documento denunció “la invasión, ocupación y dominación colonial interna de nuestro territorio ancestral”, además de “la explotación de nuestros recursos sin beneficio para nuestro pueblo”.

La delegación también volvió a poner sobre la mesa la cuestión ambiental: Cartagena Lagar denunció “el desastre ecológico impuesto por las detonaciones y actividades militares y mineras no consentidas” y la “conversión de la isla en vertedero de residuos tóxicos internacionales”.

“No es mala gestión: es genocidio estructural sin sangre”

El eje conceptual más fuerte de la intervención fue la caracterización de lo que la delegación definió como “genocidio estructural sin sangre”.

Annobón sostuvo que su pueblo sufre desde hace 58 años una forma contemporánea de colonización interna: “una colonización interna lenta, un odio institucional y un exterminio de africanos contra africanos, de negros contra negros”.

La frase marca un giro político central. La delegación no ubicó la opresión annobonesa dentro de una ocupación extranjera clásica, sino dentro de una estructura estatal africana que oprime a otro pueblo africano. “No es una ocupación extranjera clásica. Es peor. Es un régimen africano que utiliza el aparato del Estado para oprimir a otro pueblo africano, negándole su condición de pueblo y tratándolo como territorio a vaciar y dominar”, señala el documento.

En esa línea, Cartagena Lagar sostuvo que la política de Guinea Ecuatorial durante casi seis décadas no puede ser leída como abandono casual. “Esta política de 58 años de abandono deliberado, militarización, empobrecimiento forzado, destrucción ambiental y represión cultural, condiciona radicalmente la propia existencia del pueblo annobonés y provoca la pérdida progresiva e irreversible de su identidad colectiva”, afirmó.

La síntesis fue contundente: “No hay fosas comunes masivas, pero hay un vaciamiento. No hay una guerra abierta, pero hay una asfixia permanente”.

Y luego llegó una de las frases centrales de toda la intervención: “No podemos esperar más. Lo que sufre Annobón no es mala gestión. Es un genocidio estructural sin sangre: una estrategia planificada para que el pueblo annobonés, como tal, deje de existir”.

Para la delegación, el régimen de Obiang busca borrar a Annobón sin necesidad de una masacre abierta. “58 años de colonización interna y odio institucional: africanos contra africanos, negros contra negros. No es abandono, es genocidio estructural sin sangre para borrar a Annobón del mapa”, remarcó el documento presentado ante la UNPO.

La denuncia político-jurídica sobre la violencia sexual

La presentación incluyó además una nota político-jurídica especialmente sensible sobre lo que la delegación definió como “el mestizaje impuesto como arma de guerra contra el pueblo de Annobón”.

Allí sostuvo que el régimen de Guinea Ecuatorial estaría ejecutando “una política deliberada de mestizaje político impuesto como arma de guerra y de odio”. La declaración aclaró que no se refiere a relaciones interétnicas libres, sino a un supuesto patrón de violencia dirigido contra el pueblo annobonés.

“No se trata de relaciones interétnicas libres. Se trata de un patrón sistemático de violaciones sexuales, abusos sexuales a menores y embarazos forzados, perpetrados por personal militar y funcionarios enviados por Malabo a la isla”, señala el texto.

Según la delegación, el objetivo de esa práctica sería “diluir, quebrar y aniquilar la identidad biológica, cultural y política de un pueblo pequeño, aislado y vulnerable como el annobonés”.

La nota sostuvo que esta situación afectaría políticamente a Annobón porque constituiría “un intento de destrucción demográfica”. El documento recuerda que Annobón es un pueblo de menos de 6.000 habitantes en la isla y afirma que “cualquier imposición reproductiva forzada altera irreversiblemente su composición, rompe el linaje y la continuidad generacional”. Luego lo define como “ingeniería demográfica colonial”.

También lo presentó como “un arma para destruir la cohesión social”, al señalar que la violación como arma genera “trauma colectivo, estigma sobre las víctimas, ruptura familiar y éxodo forzado de mujeres annobonesas”.

La formulación más dura aparece en el tercer punto: “Es dominación política por el vientre”. Para la delegación, el régimen buscaría “crear una población ‘leal’ a Malabo, deslegitimar nuestra identidad ancestral Fa d’Ambô y justificar en el futuro que ‘ya no somos un pueblo distinto’”.

Crímenes de lesa humanidad y genocidio

La declaración político-jurídica elevó la acusación al plano del derecho internacional. Según la delegación, estos hechos, por su carácter sistemático, intencional y dirigido contra un grupo étnico específico, “pueden y deben ser calificados como crimen grave de lesa humanidad y acto constitutivo de genocidio”.

El documento citó el artículo 7 del Estatuto de Roma, referido a la violación sexual, embarazo forzado y violencia sexual grave como crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque sistemático contra población civil. También invocó el artículo 6 del Estatuto de Roma, vinculado al genocidio, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

La frase final de ese tramo resume la gravedad del planteo: “No es un exceso. Es una política de Estado para hacer desaparecer a Annobón sin necesidad de matarnos a todos”.

Por eso, la delegación reclamó que la UNPO reconozca esta práctica como crimen de lesa humanidad y solicite una investigación internacional independiente.

“No pedimos permiso para existir”

En su capítulo de exigencias, la delegación pidió al régimen de Teodoro Obiang Nguema que ponga fin inmediato a la represión, retire sus fuerzas de Annobón, libere a todos los presos políticos annoboneses y cese la persecución contra líderes, familias y voces disidentes.

A la comunidad internacional y a la UNPO, Annobón reclamó “el reconocimiento y respeto de nuestro legítimo e inalienable derecho como pueblo a la libre autodeterminación”, conforme a los pactos internacionales de derechos humanos.

La declaración subrayó una idea política central: “El pueblo de Annobón no es una provincia de Guinea Ecuatorial. Somos un pueblo distinto, con lengua, cultura, historia e identidad propias. No pedimos permiso para existir”.

Luego agregó: “No buscamos la confrontación, buscamos la libertad. No pedimos caridad, exigimos justicia. Queremos volver a nuestra tierra”.

El cierre de la intervención condensó la consigna política de la delegación: “Desde Annobón ocupado hasta esta Asamblea, decimos: remo en alto”.

Y finalmente, ante los pueblos reunidos en la UNPO, el mensaje fue directo: “¡Fuera de Annobón! ¡Annobón libre y soberana! Pueblos de la UNPO, no nos dejen solos”.

La presencia annobonesa en la XXI Asamblea General de la UNPO, con una delegación integrada por el Presidente Nando Baê y el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, dejó así una definición de fondo: Annobón no busca ser tratado como una periferia olvidada de Guinea Ecuatorial, sino como un pueblo con identidad propia, sometido a colonización interna, militarización y destrucción cultural, que reclama ante el mundo su derecho a existir, decidir y vivir libre en su territorio ancestral.

El Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, dirigió un mensaje a la nación annobonesa y a la comunidad internacional en el que reclamó el derecho del pueblo annobonés a existir, preservar su identidad y decidir libremente su futuro político.

En el comunicado, Cartagena Lagar sostuvo que comparecía “no sólo como Primer Ministro de la República de Annobón, sino como voz de un pueblo antiguo que se niega a desaparecer”. En esa línea, afirmó que Annobón fue “silenciada, aislada, ocupada y empujada al borde de la extinción identitaria”.

“Nuestra causa no nace del odio, nace del derecho”, expresó. Y agregó que el reclamo no se dirige contra personas por su origen, lengua o identidad, sino contra “un sistema de imposición, desigualdad, militarización, contaminación, aislamiento, traslado forzoso, represión cultural y ocupación territorial”.

Cartagena Lagar también remarcó que Annobón no pide permiso para existir. “Nuestra existencia no es una concesión. Nuestra dignidad no está en venta. Nuestra identidad no se borra por la fuerza, ni por el abandono, ni por la imposición lingüística”, señaló.

Denuncias y reclamo internacional

El comunicado incluyó una serie de denuncias sobre la situación de la isla, que apuntan directamente contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinea Ecuatorial. El Primer Ministro habló de una “política de asfixia contra el pueblo annobonés” y apuntó contra la contaminación ambiental, los vertidos de residuos tóxicos y radioactivos internacionales, la militarización, el aislamiento, la desconexión y la ocupación territorial.

“Denunciamos la prohibición o marginación de la lengua fa d’ambô, la imposición de la lengua Fang en espacios gubernamentales y oficiales, la prohibición de actos culturales, la discriminación institucional y la implantación de autoridades civiles, policiales, militares, religiosas y educativas ajenas al pueblo annobonés”, sostuvo.

Para Cartagena Lagar, cuando una lengua es expulsada de las instituciones, una cultura prohibida y un territorio ocupado, “no estamos ante un simple error administrativo”, sino ante “una amenaza directa a la continuidad de una identidad colectiva”.

El dirigente annobonés pidió a África y a la comunidad internacional que escuchen la voz de la isla. “Annobón también es África. Nuestra isla, pequeña en tamaño, posee una dignidad inmensa”, afirmó.

También solicitó “observación, protección, investigación independiente, solidaridad diplomática y apertura a canales de reconocimiento político”, además de atención internacional sobre las denuncias de contaminación, represión, militarización, aislamiento, desplazamiento forzado e imposición cultural.

En el tramo más directo de su mensaje, Cartagena Lagar resumió el reclamo central: “Annobón no amenaza a nadie. Annobón pide vivir. Annobón pide hablar su lengua sin miedo. Annobón pide respirar un territorio limpio. Annobón pide que sus hijos no sean obligados a renunciar a su memoria”.

El comunicado cerró con una afirmación política de continuidad histórica: “Annobón vivirá, su lengua vivirá, su cultura vivirá, su derecho a decidir vivirá”.

“No pedimos compasión, pedimos justicia; no pedimos silencio diplomático, pedimos valentía moral; no pedimos que hablen por nosotros, pedimos que nos reconozcan el derecho a hablar y decidir por nosotros mismos”, concluyó.

La presencia desde hace semanas de un buque de guerra ecuatoguineano frente a las costas de Palé ha incrementado el miedo y la incertidumbre entre los habitantes de Annobón. En una isla sometida desde hace décadas a una fuerte presencia militar, la permanencia de la embarcación es interpretada por parte de la población como una nueva demostración de fuerza y amenaza.

Según testimonios recibidos desde la isla por Ambô Legadu, el buque permanece fondeado frente al sector norte de Annobón y, según se cree, estaría esperando ser reabastecido de combustible. Aunque Palé dispone de puerto, la embarcación no habría atracado y sus tripulantes permanecen a bordo durante buena parte del día.

Extraños movimientos nocturnos

Las mismas fuentes denuncian desembarcos durante la noche mediante lanchas y el traslado de materiales hacia zonas boscosas de la isla, sin que la población conozca su contenido ni finalidad. Los movimientos, aseguran, coincidirían reiteradamente con cortes del suministro eléctrico, lo que alimenta todavía más las sospechas sobre unas operaciones realizadas sin información pública.

Antes de algunos de esos desplazamientos nocturnos, residentes aseguran haber observado militares exhibiendo armas y circulando a gran velocidad por las calles de Palé, acciones que interpretan como gestos destinados a intimidar y provocar temor.

La falta de explicaciones oficiales agrava el clima de inquietud. Para numerosos annoboneses, resulta especialmente llamativo que un buque militar ecuatoguineano permanezca durante semanas frente a una isla que cuenta con instalaciones portuarias, mientras se registran operaciones nocturnas de las que la población no recibe ninguna información.

Un despliegue militar que contrasta con la reciente pérdida de un helicóptero

La exhibición de capacidad militar en Annobón contrasta, además, con lo sucedido apenas unas semanas antes en la Región Continental, cuando las Fuerzas Armadas fueron incapaces durante casi tres semanas de localizar uno de sus propios helicópteros de combate.

El Z-9WE de las Fuerzas Armadas desapareció el 19 de junio de 2026 después de perder contacto durante una misión en la Región Continental. La operación de búsqueda terminó adquiriendo unas dimensiones extraordinarias: las propias autoridades reconocieron el despliegue de más de 2.000 efectivos en 77 poblados, además de medios aéreos, drones y operaciones terrestres. El gobierno estadounidense llegó a ofrecer apoyo mediante el envío de tres especialistas en búsqueda y salvamento.

Radio Macuto utilizó el episodio para cuestionar duramente la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, señalando la contradicción entre la imagen de poder militar proyectada por el régimen y su incapacidad para encontrar durante semanas una aeronave desaparecida dentro del propio territorio nacional. El medio destacó que en la búsqueda terminaron participando drones, helicópteros, militares, aldeanos y cazadores.

Finalmente, el 10 de julio, las autoridades anunciaron que el aparato había sido localizado en una cordillera situada entre los poblados de Mongom y Miduma, entre Niefang y Evinayong. Ninguno de sus cuatro tripulantes sobrevivió. El propio régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo agradeció públicamente la ayuda recibida de países amigos durante las labores de búsqueda y localización.

El episodio plantea un contraste difícil de ignorar: mientras las autoridades despliegan ahora un buque militar durante semanas frente a una pequeña población insular, exhibiendo una capacidad destinada aparentemente a controlar Annobón, semanas antes necesitaron un enorme dispositivo humano y asistencia exterior para localizar uno de sus propios helicópteros militares.

¿Cuál es la misión del buque?

En Annobón, donde la relación entre los habitantes y las fuerzas de ocupación enviadas desde el continente permanece marcada por la desconfianza, la presencia prolongada del buque vuelve a instalar preguntas que las autoridades continúan sin responder: ¿qué misión está desarrollando frente a Palé?, ¿por qué permanece fondeado durante semanas?, ¿por qué se producen desembarcos nocturnos y qué materiales están siendo trasladados hacia el interior de la isla?

Mientras no existan respuestas públicas, cada movimiento nocturno, cada corte de electricidad y cada exhibición de armas contribuyen a aumentar el miedo de una población que desconoce qué operación militar se está desarrollando en su propio territorio.

La realidad ambiental de Annobón ha dejado de estar confinada al aislamiento geográfico e informativo impuesto durante décadas a su población.

El EJAtlas ha incorporado a su base de datos internacional dos casos clave que demuestran cómo Annobón ha sido convertida históricamente en una verdadera zona de sacrificio ambiental (primero con vertidos tóxicos internacionales y ahora con la destrucción mediante voladuras): los vertidos de residuos tóxicos denunciados desde finales de los años 1980 por corporaciones británicas y estadounidenses, y la utilización intensiva de explosivos por la empresa constructora marroquí SOMAGEC para la extracción de minerales y canteras en la isla.

Las dos investigaciones pueden consultarse directamente en EJAtlas:

1.- Toxic dumping on Annobón Island — Consultar el caso en EJAtlas

2.- SOMAGEC’s use of dynamite for mineral extraction on Annobón — Consultar el caso en EJAtlas

De una denuncia local a un registro internacional de racismo ambiental

La importancia de estas publicaciones va mucho más allá de la incorporación de dos nuevas páginas a una base de datos. EJAtlas constituye un archivo internacional de conflictos relacionados con la justicia ambiental. Sus fichas documentan con rigor científico casos de contaminación, minería, extracción de recursos naturales, residuos peligrosos, grandes infraestructuras, desplazamientos de comunidades y otras formas de afectación ambiental y social en diferentes regiones del mundo.

La incorporación de Annobón permite, por tanto, situar lo ocurrido en la isla dentro de un fenómeno internacional más amplio y profundamente asimétrico: la injusticia y el racismo ambiental, donde comunidades pequeñas, insulares o políticamente marginadas soportan los devastadores costes ecológicos de decisiones adoptadas sin una participación ni consentimiento efectivo de las poblaciones afectadas.

Para el pueblo annobonés, cuya capacidad para hacer llegar información al exterior se encuentra gravemente limitada, disponer de este registro internacional tiene un significado especial. Lo que durante años podía ser presentado de forma aislada pasa a formar parte de un archivo global de conflictos ambientales susceptible de ser consultado por investigadores, universidades, periodistas, organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos y organismos internacionales.

El crimen histórico: los vertidos tóxicos en Annobón y el colonialismo ambiental impune

La primera ficha aborda uno de los capítulos más graves de la historia reciente de Annobón: las denuncias sobre la utilización de la isla y sus aguas territoriales como vertedero de desechos tóxicos y peligrosos procedentes del exterior.

El caso recupera documentación histórica y fuentes sobre los acuerdos y concesiones entre el régimen de Guinea Ecuatorial y corporaciones privadas británicas y estadounidenses, negociados principalmente durante las décadas de 1980 y 1990 para el depósito de hasta más de dos millones de bidones de residuos peligrosos.

Décadas después, los efectos acumulativos sobre el frágil e interconectado ecosistema insular son alarmantes: la ficha destaca la mortandad marina observada en las aguas costeras de las que depende la pesca tradicional, la degradación de los suelos agrícolas de subsistencia y la contaminación de las escasas fuentes naturales de agua potable. Estas afectaciones se traducen en un impacto severo en la salud humana, evidenciado en el incremento de enfermedades crónicas en la población local.

Pero la cuestión fundamental continúa abierta. ​Si bien el gobierno de Guinea Ecuatorial no ha llevado a cabo auditorías ambientales independientes, informes de organismos como la UNPO, la ONU y el Atlas Mundial de Justicia Ambiental confirman el vertido masivo de residuos altamente peligrosos en Annobón desde la década de 1980. Entre las sustancias documentadas se identifican asbesto, acrilonitrilo, piridina, diclorometano, cloruro de etilo, tetracloroetileno y diversos químicos de laboratorio desconocidos, lo que abre graves interrogantes sobre los riesgos toxicológicos acumulados a los que ha estado expuesta la población annobonesa durante décadas.

Por ello, la incorporación del caso a EJAtlas no debe entenderse como el final de una investigación, sino como la base legítima para exigir análisis científicos independientes del suelo, las aguas costeras, los acuíferos y los sedimentos marinos, así como la determinación de responsabilidades históricas.

El ecocidio presente: SOMAGEC, las explosiones y la transformación física de la isla

La segunda investigación documenta el conflicto relacionado con las actividades de la empresa marroquí SOMAGEC y la utilización continuada e intensiva de dinamita y explosivos para la apertura de canteras y extracción de piedra desde 2007.

En una isla de dimensiones extremadamente reducidas y con un ecosistema sumamente frágil, las detonaciones diarias y la extracción intensiva adquieren una dimensión destructiva singular:

• Erosión y deslizamientos: la fragmentación del relieve mediante voladuras ha desestabilizado las laderas, acelerando la erosión, alterando el paisaje natural y provocando desprendimientos de tierra.
• Afectación de recursos hídricos: las explosiones han alterado el curso de los manantiales subterráneos y contaminado las fuentes de agua dulce de la isla, desencadenando inundaciones relámpago y desabastecimiento para el consumo diario.
• Daños estructurales e inseguridad: las vibraciones han agrietado viviendas tradicionales, destruido parcelas de cultivo de subsistencia y generado episodios continuos de polvo y contaminación acústica.

El caso adquiere además una dimensión humana y dolorosa con la muerte de Petronila Álfaro León, conocida afectuosamente como “Nanana”, de 75 años, fallecida el 24 de septiembre de 2024 tras ser alcanzada por una roca mientras trabajaba en su finca, en un contexto que las denuncias locales vincularon directamente con la inestabilidad del terreno provocada por las voladuras. Su muerte recuerda que la degradación ambiental no constituye únicamente una cuestión de conservación de la naturaleza: es una amenaza inmediata a la seguridad, la dignidad y la vida humana.

Justicia ambiental y derechos humanos

Los dos casos muestran una realidad que Ambô Legadu viene señalando desde hace años: en Annobón resulta imposible separar la protección ambiental de la protección de los derechos humanos.

Cuando una comunidad no dispone de mecanismos efectivos para decidir sobre la explotación de su territorio; cuando quienes protestan contra el ecocidio sufren persecución o represalias; y cuando existen severas restricciones sobre las comunicaciones con el exterior, la degradación ambiental adquiere un carácter de violación sistémica de derechos humanos.

Esta relación ha adquirido una dimensión institucional de primer orden. En agosto de 2025, nueve mandatos de los Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación oficial al régimen de Guinea Ecuatorial sobre las denuncias en Annobón. El requerimiento involucró a los relatores especiales sobre medio ambiente, sustancias y desechos peligrosos, agua potable y saneamiento, empresas y derechos humanos, detención arbitraria, defensores de derechos humanos, minorías, vivienda adecuada y libertades de reunión y asociación.

La convergencia entre la rigurosa documentación ambiental del EJAtlas y la intervención de los mecanismos de la ONU demuestra que la crisis socioambiental de Annobón no es una controversia local o un asunto administrativo interno, sino un caso de repercusión internacional sobre justicia socioambiental.

Romper el aislamiento documental de Annobón

Durante décadas, el mayor obstáculo para la defensa de Annobón ha sido su aislamiento geográfico e informativo. Una comunidad pequeña y alejada corre el riesgo de ser invisibilizada por completo ante los ojos del mundo.

Por eso, la documentación rigurosa es un acto de resistencia. Cada archivo histórico recuperado, cada testimonio preservado, cada análisis científico y cada registro incorporado a plataformas globales contribuye a construir una memoria verificable e inalienable.

La incorporación de estos dos conflictos a EJAtlas sitúa a Annobón dentro del mapa global donde sus problemas pueden ser analizados a la par de otras luchas ambientales de África, América Latina, Asia y el Pacífico.

Un reconocimiento al trabajo de investigación

Desde Ambô Legadu queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Lyra Bartell y a todo el equipo del EJAtlas (ICTA-UAB) por su riguroso trabajo de investigación, revisión y systematización que ha hecho posibles estas publicaciones.

Documentar una realidad compleja como la de Annobón exige contrastar fuentes históricas y contemporáneas en condiciones extremas de opacidad y censura. Este esfuerzo internacional dota al pueblo annobonés de un expediente técnico y académico de inestimable valor para la exigencia de sus derechos.

¿Por qué es crucial el trabajo de EJAtlas para Ambô Legadu y el pueblo de Annobón?

El EJAtlas no es solo una base de datos académica; es una herramienta de resistencia y denuncia internacional. Que los conflictos de Annobón formen parte de este atlas científico ofrece tres ventajas estratégicas cruciales:

• Legitimación y evidencia científica: traduce el sufrimiento de la comunidad a datos, mapas y hechos académicos reconocidos por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y la comunidad científica global.
• Romper el cerco informativo: sitúa los crímenes ambientales en Annobón al mismo nivel de visibilidad que otras grandes luchas ambientales en América Latina, Asia o el resto de África.
• Respaldo para la exigencia de justicia y reparación: proporciona un marco conceptual de «Injusticia Socioambiental» que fortalece los reclamos históricos de la población ambonesa por la reparación del daño, la protección de sus bienes comunes naturales y la autodeterminación sobre su propio territorio.

El trabajo apenas comienza

La publicación de estas investigaciones en el atlas mundial no cierra los casos; al contrario, abre una agenda clara de exigencias internacionales:

¿Qué sustancias tóxicas permanecen en el territorio y en las aguas costeras de Annobón tras los vertidos de las últimas décadas?

¿Cuál es el impacto ecológico y geológico acumulativo de las voladuras continuadas de SOMAGEC sobre los acuíferos y la estabilidad física de la isla?

¿Cuándo se realizarán los estudios socioambientales y sanitarios independientes que la población requiere con urgencia?

¿Quiénes responderán por las pérdidas humanas, materiales y ecológicas causadas en el territorio insular?

Responder a estas interrogantes requerirá cooperación internacional, fiscalización científica e inspecciones sobre el terreno. Pero hoy existe una certeza determinante: Annobón forma parte oficial del mapa mundial de la justicia ambiental. El silencio y la invisibilidad ya no son una opción.

Para un pueblo sometido durante décadas al aislamiento, conseguir que su historia quede documentada fuera de la isla es ya un paso fundamental. La voz de Annobón resuena hoy con más fuerza. A través del trabajo de plataformas como EJAtlas y el compromiso informativo de espacios como Ambô Legadu, la memoria histórica, la denuncia del presente y la defensa del territorio insular se convierten en un frente común por la justicia y el futuro de nuestra tierra.

El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

El Gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una grave agresión contra un menor annobonés ocurrida el 20 de julio de 2026 en el barrio Alcaide, también conocido como Porvenir 1, en la ciudad de Malabo.

Según el comunicado oficial, la víctima es Anselmo Aguilar, un adolescente de 15 años y nieto del fallecido médico doctor Aguilar, quien habría sido atacado por la espalda por un compañero de la misma edad y perteneciente a la comunidad Fang.

El episodio se habría producido después de un malentendido durante un partido de fútbol. De acuerdo con la denuncia, el agresor utilizó una botella rota y le provocó al joven annobonés una herida profunda en la espalda, con riesgo de afectar la columna vertebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, Anselmo Aguilar tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en un centro hospitalario de Malabo.

Desigualdad durante el interrogatorio

El comunicado señala que la Gendarmería logró localizar al presunto agresor cuando intentaba darse a la fuga. Sin embargo, la organización denunciante sostiene que durante el interrogatorio policial se produjo una situación de discriminación institucional.

Según la versión difundida, al adolescente fang y a sus familiares se les permitió declarar en lengua fang, mientras que el menor annobonés y su familia fueron obligados a expresarse exclusivamente en español.

Esta diferencia habría impedido que la familia de la víctima comprendiera plenamente las manifestaciones de la otra parte y pudiera responderlas en igualdad de condiciones.

El Gobierno annobonés en el exilio consideró que esta práctica vulnera el derecho a una defensa justa y refleja el trato desigual que reciben los ciudadanos annoboneses dentro de las instituciones de Guinea Ecuatorial.

El agresor permanece en libertad

La denuncia sostiene, además, que el agresor continúa en libertad mientras la familia de Anselmo Aguilar intenta conseguir los medicamentos necesarios para garantizar su recuperación.

Para las autoridades annobonesas en el exilio, la respuesta estatal contrasta con el trato que habría recibido un menor annobonés si hubiera sido señalado como autor de una agresión similar.

“Si el delito lo hubiera cometido el niño annobonés, ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach”, manifestó el Gobierno en su comunicado.

La organización atribuyó lo sucedido a un contexto más amplio de persecución, discriminación e impunidad contra los annoboneses y otros pueblos no fang de Guinea Ecuatorial.

Ante estos hechos, el Gobierno de la República de Annobón en el exilio exigió una investigación imparcial, desarrollada en condiciones de igualdad lingüística para las dos familias involucradas.

También reclamó el cese de la discriminación institucional contra los annoboneses y la implementación de mecanismos de protección efectiva para todos los pueblos no fang del país.

“No es un hecho aislado. Es un Estado Fang que oprime a Annobón”, concluye el comunicado oficial.

El comunicado completo

DENUNCIA: AGRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA UN MENOR ANNOBONÉS EN MALABO

El 20 de julio de 2026, un menor annobonés de 15 años fue víctima de una brutal agresión con una botella rota por parte de un compañero fang de la misma edad en el Barrio Alcaide (Porvenir 1, Malabo). El ataque, que puso en riesgo la vida del joven Anselmo Aguilar (nieto del difunto médico Dr. Aguilar), se produjo tras un malentendido durante un juego de fútbol.

HECHOS:

• El agresor fang atacó por la espalda al menor annobonés con una botella rota, causándole una herida profunda con riesgo de penetración en la columna vertebral.

• El agredido fue operado de urgencia en el hospital más cercano.

• La gendarmería localizó al agresor, que intentó darse a la fuga.

• En el interrogatorio policial, se permitió al agresor fang y a su familia declarar en fang, mientras que al menor annobonés y a su familia se les obligó a declarar en español, sin posibilidad de entender ni rebatir las declaraciones de la otra parte.

DENUNCIAMOS:

1.- Discriminación institucional: La gendarmería de Guinea Ecuatorial permite a los fang declarar en su idioma, pero obliga a los annoboneses a hacerlo en español. Esto impide una defensa justa y es un crimen de Estado.

2.- Violencia sistemática: Este ataque es un ejemplo más de la persecución y discriminación que sufren los annoboneses y otros pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

3.- Impunidad: Las instituciones estatales no protegen a los no fang, y las denuncias se silencian con represión o multas. Es un delito que si lo cometiera el niño annobonés ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach, sin el embargo el agresor declaró en fang y goza de total libertad mientras la familia annobonesa busca sin consuelo la forma de encontrar medicamentos para la atención médica de si niño. La injusticia es del estado y del gobierno totalitario y monofang.

EXIGIMOS:

• Investigación imparcial y en igualdad de condiciones lingüísticas.

• Cese de la discriminación institucional contra los annoboneses.

• Protección efectiva para los pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

NO ES UN HECHO AISLADO. ES UN ESTADO FANG QUE OPRIME A ANNOBÓN.

Gobierno de la República de Annobón en el exilio

El Gobierno de la República de Annobón en el exilio expresó sus condolencias al pueblo bubi y a la comunidad de Basupú del Oeste por la trágica caída de un árbol de ceiba ocurrida durante la madrugada de este sábado 25 de julio en Bioko Norte.

Según informó el Ejecutivo annobonés mediante un comunicado oficial, el accidente provocó la muerte de un hombre de 36 años, padre de cinco hijos, y de tres integrantes de una misma familia: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 7 años.

El padre de los menores habría resultado gravemente herido y permanece hospitalizado en el Hospital de Sampaka.

“Este accidente ha conmocionado a la comunidad bubi y nos llena de tristeza y solidaridad”, expresó el Gobierno de Annobón, que manifestó su acompañamiento a los familiares y amigos de las víctimas y su apoyo a las personas heridas.

“Todos somos Basupú”

En el documento, las autoridades annobonesas destacaron la solidaridad entre los pueblos de Guinea Ecuatorial que padecen situaciones de abandono y desprotección.

“El pueblo de Annobón, que ha sufrido también la opresión y el desamparo, se solidariza con el pueblo bubi, con las familias de las víctimas y con todos los afectados”, señala la nota firmada por el primer ministro Orlando Cartagena Lagar.

El comunicado concluye con una expresión de unidad y acompañamiento ante la tragedia: “Todos somos Basupú”.

El comunicado completo

NOTA DE CONDOLENCIA OFICIAL

Gobierno de la República de Annobón en el exilio

A: Pueblo Bubi

A: Pueblo de Basupú, Bioko Norte

Con profundo dolor y consternación, el Gobierno y el pueblo de la República de Annobón expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas humanas causada por la caída de un árbol de ceiba en Basupú del Oeste, Bioko Norte.
Hemos conocido con pesar la muerte de:

• Un señor de 36 años, padre de 5 hijos.

• Una familia que ha perdido a 2 hijos (14 y 7 años) y a su madre, mientras el padre se encuentra gravemente herido en el Hospital de Sampaka.

Este accidente ocurrido en la madrugada del día 25 de julio ha conmocionado a la comunidad bubi y nos llena de tristeza y solidaridad.

En este momento de dolor, nos unimos a vuestro duelo.

El pueblo de Annobón, que ha sufrido también la opresión y el desamparo, se solidariza con el pueblo bubi, con las familias de las víctimas y con todos los afectados.

TODOS SOMOS BASUPU.

Acompañamos a los familiares y amigos de los fallecidos en su dolor y expresamos nuestro apoyo a los heridos y a la comunidad de Basupú en este difícil trance.

Atentamente,

Orlando Cartagena Lagar

Primer Ministro de la República de Annobón en el exilio

Fecha: 25-07-2027

En sintonía con las denuncias de este medio, las organizaciones denunciaron que las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial utilizaron violencia física contra residentes, incluidos menores de edad, y denunciaron la posible detención de decenas de adultos y niños. Según el comunicado, los hechos podrían constituir casos de “detención arbitraria, detención incomunicada, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“La gravedad de las acusaciones conocidas hasta la fecha, en particular las que involucran a menores, exige una respuesta urgente y transparente”, sostuvieron las entidades.

Las voces intervinientes

Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, calificó como “profundamente preocupantes” las imágenes y testimonios recibidos desde la isla y afirmó que “ningún Estado puede justificar la violencia contra menores, la detención incomunicada de personas detenidas ni la represión de expresiones culturales pacíficas”.

“Lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la rendición de cuentas de todos los responsables”, reclamó.

El documento también puso el foco en las denuncias sobre restricciones a las prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa, entre ellas las limitaciones al uso de vestimenta tradicional y a la realización de actividades comunitarias.

El presidente de ASAFED, Cruz Melchor Eya Nchama, advirtió que Annobón enfrenta “un riesgo creciente de aislamiento político y cultural” y aseguró que las denuncias afectan “al ejercicio colectivo de la identidad cultural, religiosa y comunitaria del pueblo annobonés”.

“La protección de la diversidad cultural no es una concesión del Estado; es una obligación reconocida por el derecho africano e internacional”, remarcó.

Las organizaciones exigieron al gobierno de Guinea Ecuatorial que informe públicamente la identidad y situación jurídica de todas las personas detenidas, garantice el contacto con sus familiares y abogados, investigue las denuncias de violencia y permita el ingreso a Annobón de observadores independientes y organismos humanitarios.

En ese marco, pidieron la intervención de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), cuya secretaria ejecutiva actualmente se encuentra en manos de María de Fátima Monteiro Jardim. Además, solicitaron la intermediación de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

“La protección de la dignidad humana, las garantías procesales y los derechos fundamentales no admiten excepciones”, concluyeron.