El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una nueva escalada de represión militar contra menores y jóvenes de la isla, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, interrogatorios, intimidaciones y amenazas directas contra la población civil.

Según el comunicado difundido por las autoridades annobonesas, varios de los jóvenes que habían sido detenidos y agredidos durante los primeros días de junio estarían siendo nuevamente sometidos a interrogatorios. El objetivo sería responsabilizarlos por la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido impulsada por Eduardo Mejía Villahute, identificado en el documento como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, el comunicado remarca que el aeropuerto permanece protegido por un vallado perimetral y bajo vigilancia militar permanente, una circunstancia que genera serias dudas sobre la consistencia de las imputaciones.

Amenazas contra la población civil

La denuncia se suma a una serie de hechos reportados desde el 27 de julio, cuando comenzaron a circular informaciones sobre una intensificación del control militar en la isla.

Entre las situaciones descriptas aparecen detenciones arbitrarias, secuestros, interrogatorios bajo vigilancia militar y amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

Las restricciones también alcanzarían a los menores de edad, a quienes se les prohibió jugar y reunirse libremente. Para el gobierno annobonés en el exilio, estas medidas configuran un clima de miedo permanente, vigilancia y vulneración sistemática de los derechos fundamentales.

El comunicado sostiene además que el gobernador de las fuerzas de ocupación colonial, Eduardo Minang Enzema Abeme, y el jefe del régimen destinado a Annobón, Pedro Eyene, convocaron en Palé a representantes del partido gobernante y a parte de la población para transmitir amenazas atribuidas al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Estos hechos constituyen un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el miedo.

Una represión que no constituye un hecho aislado

Desde el Gobierno de la República de Annobón remarcaron que la situación actual debe ser analizada dentro de un contexto más amplio de militarización, marginación política y denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos. “La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado”, señala el comunicado, que vincula la nueva ofensiva con una prolongada política de represión y dominación sobre el pueblo annobonés.

Las autoridades en el exilio también advirtieron que el silencio internacional favorece la impunidad y deja a la población civil, especialmente a los menores, expuesta a nuevos abusos. En ese marco, el Gobierno annobonés solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y las organizaciones internacionales de derechos humanos.

El pedido incluye la documentación independiente de los hechos denunciados, el cese inmediato de las amenazas y detenciones arbitrarias, la protección efectiva de la población civil y la apertura de una investigación imparcial que permita determinar responsabilidades conforme al derecho internacional.

“Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad”, concluye el comunicado difundido por el Gobierno de la República de Annobón.

El comunicado completo

Alerta urgente | Annobón bajo represión militar

Las informaciones recibidas desde la isla de Annobón alertan de una nueva escalada de represión contra menores y jóvenes que fueron víctimas de detenciones y graves agresiones físicas durante los primeros días del pasado mes de junio.

Según las denuncias recibidas, las autoridades militares y de seguridad desplazadas por Guinea Ecuatorial estarían sometiendo nuevamente a interrogatorios a varios de estos menores y jóvenes con el propósito de atribuirles la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido formulada por Eduardo Mejía Villahute, identificado como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, resulta llamativo que el aeropuerto permanezca permanentemente protegido por un vallado perimetral y vigilado las veinticuatro horas del día por efectivos militares, circunstancia que plantea serias dudas sobre la credibilidad de estas imputaciones.

Esta nueva actuación se produce en un contexto de creciente militarización y de una campaña de intimidación contra la población civil.

Desde el 27 de julio, diversas denuncias describen una situación de extrema gravedad en la isla, caracterizada por:

• Detenciones arbitrarias y secuestros.

• Interrogatorios e intimidación bajo control militar.

• Amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

• Restricciones impuestas incluso a menores de edad, incluyendo la prohibición de jugar y reunirse libremente.

• Un clima permanente de miedo, vigilancia y vulneración de los derechos fundamentales.

Asimismo, según las mismas denuncias, el gobernador Eduardo Minang Enzema Abeme y el jefe militar destacado en Annobón, general Pedro Eyene, habrían convocado a representantes del partido gobernante y a parte de la población en Palé para trasladar amenazas atribuidas al presidente de Guinea Ecuatorial. De confirmarse, estos hechos constituirían un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el uso del miedo como instrumento de control.

La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado. Se enmarca en un prolongado contexto de denuncias sobre represión, militarización, marginación política y vulneraciones de los derechos humanos que afectan al pueblo annobonés.

Llamamiento urgente

Solicitamos a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional que actúen con urgencia para:

• Documentar de forma independiente los hechos denunciados.

• Exigir el cese inmediato de las amenazas, detenciones arbitrarias e intimidaciones militares.

• Garantizar la protección efectiva de la población civil, especialmente de los menores de edad.

• Promover una investigación imparcial sobre las denuncias y la eventual depuración de responsabilidades conforme al derecho internacional.

Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio.

Ambo Legadu, AL

El Gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una grave agresión contra un menor annobonés ocurrida el 20 de julio de 2026 en el barrio Alcaide, también conocido como Porvenir 1, en la ciudad de Malabo.

Según el comunicado oficial, la víctima es Anselmo Aguilar, un adolescente de 15 años y nieto del fallecido médico doctor Aguilar, quien habría sido atacado por la espalda por un compañero de la misma edad y perteneciente a la comunidad Fang.

El episodio se habría producido después de un malentendido durante un partido de fútbol. De acuerdo con la denuncia, el agresor utilizó una botella rota y le provocó al joven annobonés una herida profunda en la espalda, con riesgo de afectar la columna vertebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, Anselmo Aguilar tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en un centro hospitalario de Malabo.

Desigualdad durante el interrogatorio

El comunicado señala que la Gendarmería logró localizar al presunto agresor cuando intentaba darse a la fuga. Sin embargo, la organización denunciante sostiene que durante el interrogatorio policial se produjo una situación de discriminación institucional.

Según la versión difundida, al adolescente fang y a sus familiares se les permitió declarar en lengua fang, mientras que el menor annobonés y su familia fueron obligados a expresarse exclusivamente en español.

Esta diferencia habría impedido que la familia de la víctima comprendiera plenamente las manifestaciones de la otra parte y pudiera responderlas en igualdad de condiciones.

El Gobierno annobonés en el exilio consideró que esta práctica vulnera el derecho a una defensa justa y refleja el trato desigual que reciben los ciudadanos annoboneses dentro de las instituciones de Guinea Ecuatorial.

El agresor permanece en libertad

La denuncia sostiene, además, que el agresor continúa en libertad mientras la familia de Anselmo Aguilar intenta conseguir los medicamentos necesarios para garantizar su recuperación.

Para las autoridades annobonesas en el exilio, la respuesta estatal contrasta con el trato que habría recibido un menor annobonés si hubiera sido señalado como autor de una agresión similar.

“Si el delito lo hubiera cometido el niño annobonés, ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach”, manifestó el Gobierno en su comunicado.

La organización atribuyó lo sucedido a un contexto más amplio de persecución, discriminación e impunidad contra los annoboneses y otros pueblos no fang de Guinea Ecuatorial.

Ante estos hechos, el Gobierno de la República de Annobón en el exilio exigió una investigación imparcial, desarrollada en condiciones de igualdad lingüística para las dos familias involucradas.

También reclamó el cese de la discriminación institucional contra los annoboneses y la implementación de mecanismos de protección efectiva para todos los pueblos no fang del país.

“No es un hecho aislado. Es un Estado Fang que oprime a Annobón”, concluye el comunicado oficial.

El comunicado completo

DENUNCIA: AGRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA UN MENOR ANNOBONÉS EN MALABO

El 20 de julio de 2026, un menor annobonés de 15 años fue víctima de una brutal agresión con una botella rota por parte de un compañero fang de la misma edad en el Barrio Alcaide (Porvenir 1, Malabo). El ataque, que puso en riesgo la vida del joven Anselmo Aguilar (nieto del difunto médico Dr. Aguilar), se produjo tras un malentendido durante un juego de fútbol.

HECHOS:

• El agresor fang atacó por la espalda al menor annobonés con una botella rota, causándole una herida profunda con riesgo de penetración en la columna vertebral.

• El agredido fue operado de urgencia en el hospital más cercano.

• La gendarmería localizó al agresor, que intentó darse a la fuga.

• En el interrogatorio policial, se permitió al agresor fang y a su familia declarar en fang, mientras que al menor annobonés y a su familia se les obligó a declarar en español, sin posibilidad de entender ni rebatir las declaraciones de la otra parte.

DENUNCIAMOS:

1.- Discriminación institucional: La gendarmería de Guinea Ecuatorial permite a los fang declarar en su idioma, pero obliga a los annoboneses a hacerlo en español. Esto impide una defensa justa y es un crimen de Estado.

2.- Violencia sistemática: Este ataque es un ejemplo más de la persecución y discriminación que sufren los annoboneses y otros pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

3.- Impunidad: Las instituciones estatales no protegen a los no fang, y las denuncias se silencian con represión o multas. Es un delito que si lo cometiera el niño annobonés ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach, sin el embargo el agresor declaró en fang y goza de total libertad mientras la familia annobonesa busca sin consuelo la forma de encontrar medicamentos para la atención médica de si niño. La injusticia es del estado y del gobierno totalitario y monofang.

EXIGIMOS:

• Investigación imparcial y en igualdad de condiciones lingüísticas.

• Cese de la discriminación institucional contra los annoboneses.

• Protección efectiva para los pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

NO ES UN HECHO AISLADO. ES UN ESTADO FANG QUE OPRIME A ANNOBÓN.

Gobierno de la República de Annobón en el exilio

La Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) incorporó el caso de Annobón en una presentación dirigida a Alexandra Xanthaki, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Culturales.

El documento fue elaborado como aporte para el informe que la funcionaria presentará ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 2026. Además de los annoboneses, recoge testimonios de pueblos de Asia, África y Europa que enfrentan represión lingüística, falta de reconocimiento legal, expropiación territorial y criminalización de su identidad.

Advertencia internacional

La UNPO advirtió que los mecanismos internacionales suelen partir de la existencia de un Estado que reconozca a las comunidades y les permita acceder a vías de denuncia. En el caso de los pueblos no representados, esas garantías muchas veces no existen, por lo que las violaciones culturales permanecen invisibles.

La organización sostuvo que los derechos culturales no pueden separarse de la autodeterminación. También cuestionó los espacios de participación controlados por los Estados, que exhiben tradiciones o costumbres, pero niegan a las comunidades capacidad real para decidir sobre su territorio, su lengua y sus instituciones.

Entre sus recomendaciones, pidió reconocer la autoidentificación de los pueblos, garantizar la educación en lengua materna, proteger las instituciones tradicionales y evaluar si las comunidades tienen control efectivo sobre sus procesos culturales.

La inclusión de Annobón coloca nuevamente la situación del pueblo annobonés ante un mecanismo de las Naciones Unidas y refuerza su denuncia sobre la persecución de su identidad, su cultura y su derecho a decidir su futuro.

El Gobierno de la República de Annobón en el exilio expresó sus condolencias al pueblo bubi y a la comunidad de Basupú del Oeste por la trágica caída de un árbol de ceiba ocurrida durante la madrugada de este sábado 25 de julio en Bioko Norte.

Según informó el Ejecutivo annobonés mediante un comunicado oficial, el accidente provocó la muerte de un hombre de 36 años, padre de cinco hijos, y de tres integrantes de una misma familia: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 7 años.

El padre de los menores habría resultado gravemente herido y permanece hospitalizado en el Hospital de Sampaka.

“Este accidente ha conmocionado a la comunidad bubi y nos llena de tristeza y solidaridad”, expresó el Gobierno de Annobón, que manifestó su acompañamiento a los familiares y amigos de las víctimas y su apoyo a las personas heridas.

“Todos somos Basupú”

En el documento, las autoridades annobonesas destacaron la solidaridad entre los pueblos de Guinea Ecuatorial que padecen situaciones de abandono y desprotección.

“El pueblo de Annobón, que ha sufrido también la opresión y el desamparo, se solidariza con el pueblo bubi, con las familias de las víctimas y con todos los afectados”, señala la nota firmada por el primer ministro Orlando Cartagena Lagar.

El comunicado concluye con una expresión de unidad y acompañamiento ante la tragedia: “Todos somos Basupú”.

El comunicado completo

NOTA DE CONDOLENCIA OFICIAL

Gobierno de la República de Annobón en el exilio

A: Pueblo Bubi

A: Pueblo de Basupú, Bioko Norte

Con profundo dolor y consternación, el Gobierno y el pueblo de la República de Annobón expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas humanas causada por la caída de un árbol de ceiba en Basupú del Oeste, Bioko Norte.
Hemos conocido con pesar la muerte de:

• Un señor de 36 años, padre de 5 hijos.

• Una familia que ha perdido a 2 hijos (14 y 7 años) y a su madre, mientras el padre se encuentra gravemente herido en el Hospital de Sampaka.

Este accidente ocurrido en la madrugada del día 25 de julio ha conmocionado a la comunidad bubi y nos llena de tristeza y solidaridad.

En este momento de dolor, nos unimos a vuestro duelo.

El pueblo de Annobón, que ha sufrido también la opresión y el desamparo, se solidariza con el pueblo bubi, con las familias de las víctimas y con todos los afectados.

TODOS SOMOS BASUPU.

Acompañamos a los familiares y amigos de los fallecidos en su dolor y expresamos nuestro apoyo a los heridos y a la comunidad de Basupú en este difícil trance.

Atentamente,

Orlando Cartagena Lagar

Primer Ministro de la República de Annobón en el exilio

Fecha: 25-07-2027

El organismo incorporó el caso de la isla a su nuevo informe y respaldó la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, que concluyó que 37 annoboneses fueron privados ilegítimamente de su libertad.

Amnistía Internacional denunció en su informe anual las detenciones arbitrarias perpetradas contra habitantes de Annobón que participaron en las protestas de julio de 2024 contra las explosiones de dinamita y la destrucción ambiental de la isla.

El organismo internacional recordó que 37 manifestantes annoboneses permanecieron encarcelados hasta ser liberado unilateralmente el 4 de junio de 2025 por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presentado oficialmente como un gesto de “perdón” con motivo del cumpleaños del mandatario.

Sin embargo, Amnistía Internacional dejó en claro que su liberación no modifica el carácter ilegal de las detenciones. En ese sentido, acompañó la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que ya había determinado que los habitantes de Annobón fueron privados de su libertad sin garantías legales ni respeto por sus derechos fundamentales.

Una protesta contra la destrucción de la isla

El informe señala que las manifestaciones surgieron como respuesta a los daños provocados por las constantes explosiones de dinamita vinculadas a operaciones mineras desarrolladas en Annobón.

Según los testimonios de la población, las detonaciones afectaron viviendas, tierras de cultivo y el ecosistema de la isla, ubicada a más de 500 kilómetros de la parte continental de Guinea Ecuatorial.

La respuesta de las autoridades no fue investigar los daños ni proteger a la población, sino detener a decenas de personas que reclamaban el fin de las explosiones y la preservación de su territorio.

El caso de Annobón llega a los informes internacionales

La inclusión del caso en el informe de Amnistía Internacional refuerza las denuncias realizadas por el Gobierno de la República de Annobón ante organismos internacionales y confirma que las detenciones no fueron hechos aislados, sino parte de una política represiva contra quienes se opusieron a la destrucción ambiental de la isla.

El pronunciamiento se suma a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó las detenciones como arbitrarias y reclamó la liberación y reparación de las personas afectadas.

Aunque los 37 manifestantes fueron finalmente liberados, hasta el momento no se conocen investigaciones contra los responsables de las detenciones, los malos tratos denunciados ni los daños causados por las explosiones de dinamita.

La denuncia de Amnistía Internacional vuelve a situar a Annobón ante la comunidad internacional y demuestra que la represión ejercida contra su población ya forma parte de los registros oficiales de los principales organismos internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de la República de Annobón denunció que Tecla Morgades Segura, alias «City», continúa sometida a torturas, humillaciones, interrogatorios y agresiones por parte de las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial desplegadas en la isla.

Según el comunicado difundido por el Ambô Legadu, Morgades sufrió entre el 1 y el 4 de junio de 2026 tratos crueles, inhumanos y degradantes que provocaron graves consecuencias sobre su salud física y psicológica.

Pese a su delicado estado, las autoridades se niegan a trasladarla a Malabo para que reciba atención médica urgente e independiente. En cambio, continúa expuesta a secuestros, presiones e interrogatorios en la comisaría emplazada en Annobón por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

“La prioridad del régimen no es proteger su vida, sino identificar a quienes difundieron en las redes sociales imágenes y videos de personas torturadas”, denunció el Gobierno annobonés. Para la administración en el exilio, el accionar oficial demuestra que las fuerzas de seguridad persiguen la prueba del crimen antes que el crimen mismo.

Una política de represión contra todo el pueblo annobonés

La denuncia sostiene que el caso de Tecla Morgades no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una política sistemática de intimidación, humillación y destrucción cultural dirigida contra el conjunto de la población de Annobón.

El documento advierte sobre una presencia desproporcionada de militares de Guinea Ecuatorial, utilizados como instrumento de control social y sometimiento de los habitantes de la isla.

También denuncia presiones destinadas a provocar el desplazamiento de la población, romper los vínculos familiares y comunitarios y debilitar la continuidad cultural del pueblo annobonés.

A esto se suman ataques contra la lengua, las tradiciones y las prácticas comunitarias; el vertido de residuos tóxicos; la explotación indiscriminada de los recursos naturales; y la distribución de alcohol y otras sustancias entre menores de edad como mecanismo de degradación social.

El Gobierno en el exilio también alertó sobre abusos, agresiones y humillaciones contra mujeres y niñas, utilizadas como herramientas para sembrar miedo y consolidar el dominio del régimen sobre la isla.

Reclamo urgente ante Naciones Unidas y la Unión Africana

La República de Annobón reclamó que la situación deje de ser tratada como un asunto interno de Guinea Ecuatorial y pidió la intervención inmediata de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

“Annobón necesita verificación, protección y presencia institucional. El silencio prolonga la impunidad y pone en riesgo la existencia misma del pueblo annobonés”, expresó el comunicado.

La administración en el exilio exigió el cese inmediato de toda agresión contra Tecla Morgades, su traslado médico urgente, garantías de seguridad y protección frente a nuevas represalias.

También reclamó la apertura de una investigación internacional sobre las torturas, detenciones y agresiones denunciadas; el fin de la militarización de la isla; y el envío de una misión internacional que documente la situación humanitaria, ambiental, cultural y de derechos humanos.

Por último, pidió medidas específicas para proteger a mujeres, niñas, menores de edad, personas detenidas y defensores de la identidad annobonesa.

“Annobón no pide privilegios. Annobón exige protección, justicia y el derecho irrenunciable a existir con dignidad”, concluyó el Gobierno de la República de Annobón.

En sintonía con las denuncias de este medio, las organizaciones denunciaron que las fuerzas invasoras del régimen terrorista de Guinea Ecuatorial utilizaron violencia física contra residentes, incluidos menores de edad, y denunciaron la posible detención de decenas de adultos y niños. Según el comunicado, los hechos podrían constituir casos de “detención arbitraria, detención incomunicada, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“La gravedad de las acusaciones conocidas hasta la fecha, en particular las que involucran a menores, exige una respuesta urgente y transparente”, sostuvieron las entidades.

Las voces intervinientes

Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, calificó como “profundamente preocupantes” las imágenes y testimonios recibidos desde la isla y afirmó que “ningún Estado puede justificar la violencia contra menores, la detención incomunicada de personas detenidas ni la represión de expresiones culturales pacíficas”.

“Lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la rendición de cuentas de todos los responsables”, reclamó.

El documento también puso el foco en las denuncias sobre restricciones a las prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa, entre ellas las limitaciones al uso de vestimenta tradicional y a la realización de actividades comunitarias.

El presidente de ASAFED, Cruz Melchor Eya Nchama, advirtió que Annobón enfrenta “un riesgo creciente de aislamiento político y cultural” y aseguró que las denuncias afectan “al ejercicio colectivo de la identidad cultural, religiosa y comunitaria del pueblo annobonés”.

“La protección de la diversidad cultural no es una concesión del Estado; es una obligación reconocida por el derecho africano e internacional”, remarcó.

Las organizaciones exigieron al gobierno de Guinea Ecuatorial que informe públicamente la identidad y situación jurídica de todas las personas detenidas, garantice el contacto con sus familiares y abogados, investigue las denuncias de violencia y permita el ingreso a Annobón de observadores independientes y organismos humanitarios.

En ese marco, pidieron la intervención de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), cuya secretaria ejecutiva actualmente se encuentra en manos de María de Fátima Monteiro Jardim. Además, solicitaron la intermediación de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

“La protección de la dignidad humana, las garantías procesales y los derechos fundamentales no admiten excepciones”, concluyeron.

El 16 de julio de 1976, ocho hombres subieron al Kindjadja, el cayuco más grande de Annobón, levantaron sus remos y abandonaron la isla. No huían de su pueblo. Partían para salvarlo.

Dejaron atrás a sus esposas, sus hijos, sus padres y una población devastada por las epidemias, el hambre y el abandono absoluto del Estado ecuatoguineano. Durante siete u ocho días navegaron por el océano hasta alcanzar las costas de Gabón, donde denunciaron la tragedia que se vivía en Annobón y reclamaron ayuda humanitaria.

Cincuenta años después, la hazaña del Kindjadja permanece como uno de los actos más extraordinarios de resistencia de la historia annobonesa. También representa el origen de una de las represalias más brutales ejecutadas contra la isla.

“Unos hombres tuvieron que coger un remo, darle la espalda a la isla y remar hacia no se sabía dónde, en busca de ayuda humanitaria, de apoyo y de una vida mejor”, recordó Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón, quien reconstruyó los hechos que vivió durante su infancia.

Una isla devastada por las epidemias

La expedición del Kindjadja fue la respuesta desesperada de un pueblo abandonado.

En 1974, una epidemia de sarampión, poliomielitis y otras enfermedades arrasó con la población de Annobón. La falta de médicos, medicamentos, vacunas, alimentos y conexiones regulares con el exterior convirtió las enfermedades en una catástrofe.
El aislamiento no era una fatalidad geográfica. Era una política de Estado.

Annobón había quedado incorporada a Guinea Ecuatorial durante el proceso de descolonización español, pese a encontrarse separada geográfica, histórica, lingüística y culturalmente de Fernando Poo —actual Bioko— y del territorio continental de Río Muni.

La formación de Guinea Ecuatorial reunió bajo un único gobierno territorios diferentes, sin consultar libremente a sus poblaciones y colocando el poder político, militar y administrativo en manos de una estructura étnica dominante.

El origen colonial de aquella imposición era todavía más antiguo. Portugal entregó Annobón a España en el Tratado de El Pardo de 1778, como parte de un acuerdo destinado a resolver disputas territoriales entre las dos potencias en América del Sur. La isla fue utilizada como moneda de cambio entre imperios y quedó vinculada administrativamente al Virreinato del Río de la Plata.

Casi dos siglos después, España volvió a decidir el destino de Annobón sin escuchar a los annoboneses. En 1968 entregó la isla al nuevo Estado de Guinea Ecuatorial, gobernado por Francisco Macías Nguema.

Apenas ocho años después de aquella independencia, los habitantes de Annobón ya necesitaban arriesgar la vida en el océano para pedir auxilio.

La partida del Kindjadja

El Kindjadja pertenecía al señor Tamai y era conocido en toda la isla. Cuando no se encontraba en la playa de Palé, estaba en Mabana, el pueblo de su propietario. No frecuentaba otras playas.

La tarde del 16 de julio, el cayuco desapareció.

Al día siguiente, la población comenzó a preguntarse dónde estaba. No se encontraba en Palé ni en Mabana. Había partido con ocho hombres a bordo.

Los expedicionarios navegaron sin medios modernos de comunicación ni instrumentos de seguridad. Mientras remaban, arrojaban al mar botellas con mensajes. Habían dejado una isla enferma, aislada y sin recursos para buscar ayuda en tierra africana.

Después de siete u ocho jornadas alcanzaron Gabón. Allí denunciaron el abandono de Annobón, la represión ejercida por el régimen de Macías y la persecución sufrida por los annoboneses tanto en la isla como en Bioko y Río Muni.

La denuncia quebró el cerco de silencio que el régimen había impuesto sobre Annobón.

La dictadura decidió vengarse.

La orden de castigar a Annobón

En diciembre de 1976, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, entonces jefe militar del régimen de Francisco Macías, ordenó dar una lección a la población annobonesa.

La expedición punitiva estuvo dirigida por Feliciano Bato Obama. Lo acompañaron milicianos de la Juventud en Marcha con Macías y mujeres de la Sección Femenina del régimen.

Cartagena Lagar tenía diez años cuando los represores desembarcaron en la isla. “No me lo han contado. Os lo cuento como una persona que lo vivió en primera persona”, afirmó.

Los enviados del régimen reunieron a la población en la plaza mayor. Exhibieron lanzallamas, granadas y ametralladoras. Dispararon al aire y advirtieron que harían correr “un río de sangre” ante cualquier resistencia.

No llegaron a prestar ayuda ni a investigar las causas de la expedición del Kindjadja. Llegaron a castigar a toda la comunidad por haber denunciado su abandono.

Las violaciones masivas de las niñas

Los represores obligaron a las niñas y adolescentes de Annobón a presentarse en el ayuntamiento. Allí ejecutaron un plan de violencia sexual colectiva.

Secuestraron y violaron a niñas de doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete años. Mujeres uniformadas sujetaron a las menores mientras los hombres las violaban.

“No sucedió una, dos o tres veces. Violaron a todas las niñas del colegio de Annobón”, relató Cartagena Lagar.

Las menores que lograron esconderse fueron buscadas al día siguiente. Los agresores recorrieron las viviendas puerta por puerta hasta encontrarlas y también las violaron.

La violencia sexual fue utilizada como un instrumento de dominación étnica, humillación colectiva y destrucción de la comunidad. Los represores buscaban quebrar la identidad annobonesa mediante el cuerpo de sus niñas.

Los padres que se opusieron a entregar a sus hijas fueron asesinados. Tres hombres murieron por intentar defenderlas.

Muchas menores quedaron gravemente heridas. Otras contrajeron enfermedades o quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones.

“El silencio no dura para siempre. La barbaridad perdura”, sentenció el Primer Ministro annobonés.

El saqueo de toda la isla

Después de las violaciones comenzó el saqueo. Las familias annobonesas acostumbraban almacenar petróleo, jabón, anzuelos, nailon, ropa, toallas y alimentos porque la isla carecía de comercios y recibía barcos de manera irregular.

Los milicianos se llevaron todo.

Robaron bidones de combustible, cajas de jabón, herramientas, ropa, baúles, gallinas, pollos, cerdos y patos. Entraron en las viviendas y vaciaron las reservas que las familias habían reunido durante años. Se llevaron hasta la ropa interior guardada en las maletas de las niñas.

La isla acababa de atravesar epidemias, hambre y falta de alimentos. Gran parte de la población no tenía fuerzas para trabajar los campos. La expedición enviada por el régimen terminó de destruir aquello que las enfermedades no habían destruido.
Annobón quedó despojada de sus reservas, de sus animales y de sus medios elementales de subsistencia.
La deportación de los hombres

La represión no terminó con las violaciones, los asesinatos y el saqueo.

Los enviados del régimen secuestraron a los hombres annoboneses de entre quince y setenta y cinco años. Dejaron en la isla principalmente a mujeres, niños y una población físicamente devastada.

Annobón quedó sin hombres capaces de remar, pescar y sostener la vida cotidiana.

Los detenidos fueron deportados a las plantaciones de cacao de Fernando Poo, donde fueron sometidos a trabajos forzados.
La deportación respondió a una necesidad económica del régimen. Durante los primeros años de la dictadura de Macías, decenas de miles de trabajadores nigerianos abandonaron Guinea Ecuatorial tras sufrir persecuciones y malos tratos. La producción de cacao de Bioko quedó sin la mano de obra que durante décadas había sostenido las plantaciones.

Macías reemplazó a esos trabajadores mediante el reclutamiento forzoso de habitantes de Río Muni y Annobón. Los deportados trabajaban sin salario suficiente, recibían poca comida y carecían de atención médica. Distintos estudios sobre el trabajo en Guinea Ecuatorial documentaron que la población fue trasladada por la fuerza a las plantaciones para evitar el derrumbe de la producción cacaotera.

Los annoboneses eran pescadores. No eran trabajadores profesionales de las grandes explotaciones de cacao.
Fueron enviados a morir.

Trabajaban jornadas extenuantes, padecían hambre y eran golpeados constantemente. Cuando intentaban pescar para alimentarse, los militares les quitaban los anzuelos, rompían sus cayucos y se apropiaban del pescado.

Muchos murieron en las plantaciones. Otros fueron asesinados en las playas. Solo una parte consiguió regresar alguna vez a Annobón.

Macías gobernó durante once años sin incorporar a un solo annobonés a su gobierno. Lo que la isla recibió de aquel Estado fue persecución, trabajos forzados y muerte.

Obiang: de ejecutor militar a dictador

Teodoro Obiang derrocó y ejecutó a su tío Francisco Macías en 1979. No desmanteló la maquinaria represiva. Se apoderó de ella. El hombre que ocupaba responsabilidades militares durante la expedición punitiva de 1976 se convirtió en presidente y construyó la dictadura más prolongada de África.

Durante su gobierno, Annobón continuó sometida al aislamiento, la pobreza, la falta de agua potable, la ausencia de servicios sanitarios adecuados y la carencia de oportunidades educativas.

Las denuncias sobre el uso de la isla como depósito de residuos tóxicos comenzaron a adquirir repercusión internacional durante la década de 1980. Posteriormente se sumaron la explotación minera, las detonaciones con dinamita y la destrucción de tierras, viviendas y fuentes de agua.

En julio de 2024, habitantes de Annobón protestaron contra las explosiones ejecutadas por una empresa constructora. El régimen respondió con detenciones masivas y un corte de internet que paralizó las comunicaciones y la atención de emergencias sanitarias.

La historia volvió a repetirse: cuando Annobón denunció su destrucción, el Estado respondió con aislamiento y represión.
El mismo remo, cincuenta años después

La República de Annobón solicitó una autonomía que permitiera a la población gestionar sus recursos, sus servicios públicos y sus asuntos internos. El régimen rechazó el reclamo.

En lugar de transferir competencias, militarizó la isla. Cientos de efectivos fueron desplegados para vigilar a una población de alrededor de 5 mil habitantes, perseguir a sus referentes comunitarios e impedir cualquier organización autónoma.

Cincuenta años después de la partida del Kindjadja, Annobón continúa reclamando aquello que buscaban los ocho expedicionarios: ayuda, libertad y el derecho a decidir su propio destino.

“Hoy hemos vuelto a levantar el remo para pedir socorro”, afirmó Cartagena Lagar.

La imagen atraviesa medio siglo de historia. En 1976, ocho hombres levantaron el remo frente al abandono de Macías. En 2026, el pueblo annobonés vuelve a levantarlo frente a la dictadura de Obiang.

La Hazaña del Kindjadja no fue una aventura marítima. Fue una misión de supervivencia. Sus tripulantes atravesaron el océano para denunciar que Annobón estaba siendo destruida.

El régimen respondió violando a sus niñas, asesinando a sus padres, saqueando sus casas y deportando a sus hombres.

Pero no consiguió borrar la memoria.

El Kindjadja sigue navegando en cada annobonés que denuncia, resiste y lucha por la libertad de la isla.

“Podemos respetarnos, podemos visitarnos. Pero no vengas a mi casa a violar a mi hija, a violar a mi mujer, a matar a mi padre, a matar a mi hermano mayor y a convertirme en tu esclavo”, expresó Cartagena Lagar.

La configuración colonial que dio origen a Guinea Ecuatorial fracasó. El Estado construido sobre la imposición, la persecución étnica y el sometimiento de sus pueblos se convirtió en una maquinaria de terror.

La memoria del Kindjadja obliga a mirar esa realidad de frente.

Porque cuando el plan de exterminio se encuentra a la vista, mirar hacia otro lado es convertirse en cómplice.

Annobón libre.

El régimen de Teodoro Obiang aisló a todo un pueblo, encarceló a quienes denunciaron la destrucción de su territorio y convirtió la isla en una zona sin testigos. Las señales coinciden con los procesos que preceden a las atrocidades masivas: discriminación, persecución, militarización, castigo colectivo y ocultamiento.

El silencio impuesto a Annobón no es una consecuencia accidental de la falta de infraestructura. Es una política de control.

El gobierno de Guinea Ecuatorial cortó el acceso a internet y a la telefonía móvil después de que los habitantes de la isla protestaran contra las explosiones con dinamita que dañaban sus viviendas, sus campos y sus fuentes de agua. Desde entonces, el régimen mantuvo incomunicada a una población de aproximadamente 5.300 personas, dificultó la documentación de los abusos y dejó a las víctimas sin una vía segura para pedir ayuda.

El apagón comenzó el 20 de julio de 2024. Durante ese período se agravaron las dificultades sanitarias y las familias quedaron separadas del exterior. Las llamadas telefónicas, costosas y sometidas a vigilancia, se convirtieron prácticamente en la única forma de comunicación.

No fue una falla técnica. Fue una represalia.

La organización internacional Access Now documentó que el corte fue impuesto después de las protestas contra las detonaciones y advirtió que el bloqueo puso vidas en riesgo, destruyó servicios esenciales y permitió que la represión continuara sin observación externa. Associated Press confirmó que el apagón sigue vigente y que habitantes y activistas lo identificaban como un instrumento deliberado para sofocar la protesta.

La pregunta ya no es si el régimen utilizó las comunicaciones como arma. Lo hizo.

La pregunta es qué puede ocurrir cuando un Estado autoritario consigue aislar completamente a un pueblo perseguido, desplegar fuerzas sobre su territorio y evitar que el resto del mundo vea lo que sucede.

El genocidio no comienza el día de la matanza

Las atrocidades masivas no aparecen espontáneamente. Antes del asesinato colectivo se construyen las condiciones que lo hacen posible: se separa al grupo del resto de la población, se lo discrimina, se criminalizan sus reclamos, se persigue a sus dirigentes, se organiza el aparato represivo y se eliminan los testigos.

El jurista estadounidense Gregory Stanton, fundador de Genocide Watch, sistematizó ese proceso mediante sus conocidas “diez etapas del genocidio”: clasificación, simbolización, discriminación, deshumanización, organización, polarización, preparación, persecución, exterminio y negación.

No se trata de una escalera rígida ni de un mecanismo automático. Las etapas pueden desarrollarse simultáneamente y reforzarse unas a otras. Pero el valor del modelo reside precisamente en permitir que las señales sean reconocidas antes de que aparezcan los muertos.

Annobón ya exhibe varias de ellas.

Existe clasificación porque los annoboneses constituyen un pueblo diferenciado dentro del Estado ecuatoguineano.

Existe discriminación porque padecen décadas de marginación política, abandono de servicios, explotación de su territorio y exclusión de las decisiones que afectan su propia supervivencia.

Existe organización porque la persecución no fue ejecutada por individuos aislados, sino por fuerzas estatales que detuvieron habitantes, controlaron los transportes, interrumpieron las comunicaciones, perpetraron destierros masivos y trasladaron secuestrados fuera de la isla.

Existe polarización porque una protesta ambiental fue presentada y tratada como una amenaza política contra el Estado.

Y existe persecución porque decenas de personas fueron encarceladas por firmar o apoyar una mera petición comunitaria.

El silenciamiento no aparece como una etapa separada en el modelo de Stanton. Es algo más grave: una herramienta que atraviesa todo el proceso. Sin comunicaciones, las detenciones pueden ocultarse, las torturas no se documentan, las familias desconocen el destino de los arrestados y las fuerzas represivas actúan sin cámaras, periodistas ni observadores.

El silencio no acompaña a la represión. La hace posible.

Un pueblo diferenciado sometido por el poder central

Los annoboneses no son simplemente los habitantes de una isla remota. Constituyen una comunidad histórica, territorial, cultural y lingüísticamente diferenciada, formada durante siglos de aislamiento.

Su identidad se expresa especialmente mediante el fá d’Ambô, una lengua criolla de base portuguesa, y mediante prácticas culturales propias que los distinguen claramente de los grupos que controlan el aparato político y militar de Guinea Ecuatorial.

La Organización de Naciones y Pueblos No Representados —UNPO— reconoce a Annobón como un pueblo con una cultura afroportuguesa singular. La organización incorporó a la República de Annobón como miembro en mayo de 2024 y calcula que en la isla viven alrededor de 5.300 personas.

Su reducido número no disminuye la gravedad del conflicto. La aumenta.

Una comunidad de poco más de 5.000 personas, concentrada en apenas 17 kilómetros cuadrados, puede ser controlada por un despliegue militar relativamente pequeño. El Estado domina el aeropuerto, el puerto, los transportes, el combustible, las comunicaciones y el ingreso de alimentos. También decide quién puede entrar y quién puede salir.

Annobón se encuentra a más de 500 kilómetros del territorio continental de Guinea Ecuatorial. Esa distancia no produjo autonomía: creó sometimiento.

El poder político se ejerce desde fuera de la isla, sin participación efectiva de sus habitantes y mediante funcionarios, fuerzas de seguridad y empresas que responden al gobierno central.

El informe de la UNPO sobre Annobón documenta marginación política, daños ambientales, restricciones de derechos civiles, carencia de servicios esenciales y decisiones impuestas sin consulta a la comunidad. El documento describe a los annoboneses como un objetivo creciente de la exclusión ejercida por el régimen.

No se trata de una desigualdad abstracta. Existe un centro que decide, explota y castiga, y una población insular que soporta las consecuencias sin ningún tipo de protección.

Una protesta ambiental respondida con cárceles

La actual fase represiva comenzó con una denuncia concreta.

El 17 de julio de 2024, referentes comunitarios, defensores de derechos humanos y habitantes de Annobón redactaron el manifiesto “Voz del pueblo annobonés en cuanto a la explosión de las dinamitas”.

No reclamaban privilegios. Exigían que cesaran las detonaciones que estaban destruyendo viviendas, dañando campos, afectando las fuentes de agua y poniendo en peligro los humildes medios de subsistencia de la comunidad.

La respuesta del régimen fue inmediata: secuestros, traslados, intimidación, torturas y apagón.

Associated Press informó que decenas de firmantes y habitantes fueron secuestrados y que algunos pasaron cerca de once meses privados de libertad. Detenidos describieron la situación como “extremadamente grave y preocupante”.

El régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo jamás abrió una investigación ambiental independiente. No permitió una consulta comunitaria. No garantizó el acceso público a estudios sobre el impacto de las explosiones.

En lugar de responder al contenido de la denuncia, persiguió a quienes la formularon.

La protesta por el agua, la tierra y las viviendas fue convertida en una amenaza contra la seguridad estatal. Los ciudadanos que exigían protección pasaron a ser tratados como enemigos.

Ese reciente desplazamiento es uno de los signos más claros de una política persecutoria: el problema deja de ser el daño denunciado y pasa a ser la existencia misma de quienes se atreven a denunciarlo.

Las denuncias llegaron a Naciones Unidas

La represión de Annobón no es únicamente una acusación formulada por activistas o por el gobierno annobonés en el exilio.

Nueve expertos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas remitieron en agosto de 2025 una comunicación a los gobiernos de Guinea Ecuatorial y Marruecos y a la empresa marroquí Société Maghrébine de Génie Civil —SOMAGEC—.

La comunicación reunió denuncias sobre daños ambientales, detenciones arbitrarias, represión de defensores de derechos humanos, restricciones a las comunicaciones y afectaciones que alcanzaban potencialmente a los 5.300 habitantes de la isla.

Los relatores actuaron desde mandatos vinculados con detenciones arbitrarias, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación, defensores de derechos humanos, medioambiente, minorías, empresas y derechos humanos, agua potable y sustancias tóxicas.

La dimensión del pronunciamiento importa: Naciones Unidas no recibió una denuncia limitada a una obra pública. Recibió información sobre un conjunto coordinado de violaciones que afecta a toda una comunidad diferenciada.

La UNPO informó posteriormente que los expertos identificaron el secuestro de 42 integrantes de la comunidad y defensores después de la presentación del manifiesto.

El régimen ecuatoguineano no puede presentar lo sucedido como un incidente administrativo local. La represión ya ingresó formalmente en el sistema internacional de derechos humanos.

El apagón como infraestructura represiva

El bloqueo de internet cumple funciones políticas precisas.

Impide que la comunidad se organice.

Evita que los habitantes envíen fotografías, documentos y videos.

Dificulta conocer la identidad y el lugar de detención de las personas arrestadas.

Separa a los prisioneros de sus familias y abogados.

Bloquea la llegada de denuncias a periodistas y organizaciones internacionales.

Destruye servicios sanitarios y comerciales indispensables.

Y permite que el régimen desacredite las acusaciones alegando que no existen pruebas suficientes, después de haber impedido que esas pruebas fueran producidas y difundidas.

Access Now señaló que el apagón dejó a los 5.300 habitantes desconectados entre sí, de sus familiares y del resto del mundo. La organización también describió el corte como parte de una ofensiva estatal contra la disidencia.

Associated Press comprobó que las comunicaciones telefónicas eran vigiladas y que hablar libremente podía exponer a los residentes a represalias. Algunos habitantes abandonaron la isla por temor a perder la vida y por la imposibilidad de sostener una existencia normal sin internet ni atención adecuada de emergencias.

No existe aquí una mera “dificultad para verificar”.

Existe una política diseñada para impedir la verificación.

El régimen creó una zona sin testigos y luego se benefició de la ausencia de testigos.

Una isla bajo control

La geografía de Annobón convirtió el apagón en una herramienta todavía más poderosa.

La isla depende de las conexiones marítimas y aéreas exclusivamente autorizadas por el régimen de Obiang. No existen fronteras terrestres por las que puedan ingresar periodistas, abogados, diplomáticos u observadores sin pasar por los controles estatales.

Una fuerza desplegada en un territorio de 17 kilómetros cuadrados puede vigilar los movimientos, controlar el abastecimiento, identificar rápidamente a quienes protestan y limitar cualquier intento de resistencia.

Los detenidos fueron trasladados fuera de Annobón, alejados de sus familias, de su comunidad y del lugar donde se produjeron los hechos.

Ese traslado no fue un detalle logístico. Fue una forma de desarraigo y aislamiento.

El Estado controla el territorio, los transportes, la información y el acceso internacional. Las víctimas, en cambio, carecen de tribunales independientes, medios libres, organismos nacionales capaces de investigar al poder político y hasta de internet.

Annobón no es simplemente una isla aislada.

Es una comunidad colocada deliberadamente bajo control estatal total.

El deterioro material también destruye a un pueblo

La destrucción de una comunidad no se produce únicamente mediante ejecuciones.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio incluye entre los actos punibles el sometimiento deliberado de un grupo a condiciones de existencia destinadas a provocar su destrucción física, total o parcial.

La aplicación jurídica del delito de genocidio exige demostrar la intención específica de destruir total o parcialmente al grupo. Esa intención debe ser investigada y probada. Pero la persecución étnica y política que rodea al caso de Annobón ya recibió un reconocimiento institucional de Naciones Unidas.

En su Opinión núm. 13/2025, adoptada tras la denuncia presentada por el abogado Aitor Martínez Jiménez en representación de 37 detenidos annoboneses, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que las autoridades actuaron de manera discriminatoria contra los habitantes de la isla. También sostuvo que el corte de internet y de las comunicaciones constituyó una “forma de castigo colectivo”, declaró arbitrarias las detenciones y reclamó la liberación, reparación e indemnización de las víctimas, además de una investigación independiente sobre los responsables.

La ONU no calificó los hechos como genocidio, pero confirmó elementos que resultan centrales para analizar ese riesgo: la persecución de una comunidad diferenciada, la discriminación, el aislamiento deliberado y la aplicación de represalias colectivas. Por eso, la ausencia de una sentencia que determine una intención genocida no vuelve irrelevantes las condiciones materiales impuestas a Annobón.

En una población pequeña, aislada y dependiente de sus recursos locales, el daño simultáneo sobre el agua, la tierra cultivable, la pesca, la salud, el transporte y las comunicaciones amenaza la continuidad física y social del pueblo.

Los habitantes denunciaron que las explosiones con dinamita contaminaron o dañaron campos y suministros de agua. Por su parte, SOMAGEC defendió su postura y, a la vez, confirmó que debió utilizar una conexión satelital privada mientras los habitantes continuaban desconectados. Es decir, dentro de la misma isla, la compañía pudo sostener sus comunicaciones mientras la población permanecía aislada.

Esa desigualdad resume el funcionamiento del territorio: la obra continúa, la empresa conserva sus medios y quienes cuestionaron sus consecuencias son encarcelados y silenciados.

Los estudios mencionados por SOMAGEC no reemplazan una auditoría independiente ni una consulta real a la población afectada.

El responsable de una actividad no puede ser el único encargado de certificar que esa actividad no causó daño.

La memoria del castigo colectivo

Annobón ya conoce el castigo colectivo.

Durante la década de 1970, en medio de epidemias, aislamiento y ausencia de asistencia sanitaria, ocho hombres abandonaron la isla en una embarcación precaria para llegar a Gabón y pedir ayuda internacional.

La travesía, conocida en la memoria annobonesa como la hazaña del Kindjadja, buscó romper otro cerco de silencio.

Según los testimonios históricos reunidos por organizaciones annobonesas y recogidos por la UNPO, la respuesta del régimen de Francisco Macías incluyó deportaciones, trabajos forzados, saqueos, violencia sexual y represalias contra la población.

Esos crímenes nunca fueron investigados de manera independiente ni reparados.

La impunidad no pertenece solamente al pasado. Es una condición que facilita la repetición.

Por eso, cuando fuerzas enviadas desde el continente detienen habitantes, los trasladan fuera de la isla y vuelven a cortar las comunicaciones, la comunidad no interpreta los hechos como una crisis aislada. Reconoce un método histórico.

Primero se impide que Annobón hable.

Después se castiga a quienes intentaron hablar.

Las señales ya están presentes

El Marco de Análisis para Crímenes Atroces de Naciones Unidas identifica factores que permiten evaluar el riesgo de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Annobón reúne una cantidad alarmante de esos factores:

• Hay antecedentes de violaciones graves y castigos colectivos que permanecen impunes.

• Existe una población diferenciada, pequeña y concentrada en un territorio fácilmente controlable.

• El aparato estatal carece de contrapesos independientes.

• Los reclamos comunitarios son tratados como amenazas políticas.

• Decenas de habitantes fueron detenidos por participar en una protesta pacífica.

• Los prisioneros fueron trasladados fuera de su territorio.

• El gobierno controla el ingreso, la salida y el abastecimiento de la isla.

• Las fuerzas estatales dominan las comunicaciones y los transportes.

• Los periodistas y observadores internacionales no tienen acceso libre.

• Los recursos básicos de la comunidad fueron afectados por actividades ejecutadas sin participación efectiva de sus habitantes.

• La población carece de mecanismos nacionales capaces de protegerla.

• El apagón impide documentar con rapidez cualquier escalada represiva.

Estos elementos no son hipótesis. Son hechos documentados por organizaciones internacionales, procedimientos especiales de Naciones Unidas, periodistas y testimonios directos.

Lo que debe determinar una investigación internacional es la intención del régimen y los crímenes concretos se cometieron.

Pero la existencia del riesgo no depende de esperar esa conclusión.

El riesgo ya existe porque el Estado creó las condiciones materiales para perseguir a la comunidad sin control exterior.

Vísperas de una masacre étnica

Las condiciones para ocultar una escalada represiva están instaladas.

Annobón es una isla pequeña, militarmente controlable, incomunicada y sin observadores independientes. El Estado ya demostró que está dispuesto a cortar las comunicaciones de toda la población, encarcelar a quienes protestan y trasladarlos lejos de sus familias.

Eso significa algo suficientemente grave: si el régimen decidiera profundizar la violencia, contaría con el aislamiento, el control territorial y la ausencia de testigos necesarios para ocultarla durante días, semanas o meses.

No es posible descartar una masacre definitiva porque el propio régimen de Obiang destruyó los mecanismos que permitirían advertirla.

La falta de información no reduce el riesgo.

Es una de sus principales evidencias.

No hace falta esperar las fosas comunes

La prevención de atrocidades no comienza después del crimen. Comienza cuando aparecen los mecanismos que lo preparan o facilitan.

Guinea Ecuatorial debe restablecer de forma inmediata, plena y verificable las comunicaciones de Annobón.

Debe publicar la identidad, ubicación, estado de salud y situación judicial de todas las personas violentadas durante los últimos años.

Debe permitir el contacto irrestricto con familiares y abogados.

Debe garantizar el regreso de los detenidos trasladados arbitrariamente.

Debe abrir la isla a periodistas, observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos.

Debe permitir una investigación independiente sobre detenciones, torturas, malos tratos y vigilancia de las comunicaciones.

Debe suspender las explosiones y autorizar una auditoría ambiental autónoma, con participación efectiva de la comunidad.

Los procedimientos especiales de Naciones Unidas, la Oficina para la Prevención del Genocidio, la Unión Africana y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos deben exigir acceso directo a Annobón.

La comunicación enviada por nueve expertos de la ONU constituye un antecedente institucional importante, pero no alcanza. Un régimen que controla toda la información no puede ser supervisado únicamente mediante pedidos escritos enviados desde el exterior.

También deben investigarse las responsabilidades empresariales. Ninguna compañía puede beneficiarse de un territorio militarizado, continuar sus actividades mientras la población permanece incomunicada y limitarse a negar su participación en la represión.

La obligación de respetar los derechos humanos no desaparece porque el socio comercial sea una dictadura.

Cuando el silencio se vuelve método

El régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo no solo reprimió una protesta. Construyó un cerco alrededor de todo un pueblo.

Cortó las comunicaciones.

Encarceló a quienes denunciaron la destrucción de su territorio.

Trasladó habitantes fuera de la isla.

Mantuvo las obras cuestionadas.

Impidió el ingreso de observadores.

Y dejó a la comunidad internacional sin herramientas inmediatas para saber qué ocurre.

El silencio se convirtió en infraestructura de la represión.

Reduce testigos, elimina pruebas, fragmenta a las familias, paraliza servicios esenciales y transforma cada denuncia en un relato difícil de confirmar.

Por eso, la pregunta no es si Annobón ya llegó a la última etapa de una atrocidad masiva.

La pregunta es cuánto más debe hacer un régimen contra una comunidad pequeña, diferenciada y aislada para que el mundo decida intervenir.

Esperar una sentencia por genocidio, una lista de muertos o la aparición de fosas comunes no sería prudencia.

Sería llegar cuando la prevención ya fracasó.