Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y Presidente del Partido Ambô Legadu (AL), participó el domingo 27 de septiembre en la 50ª edición de la Alderdi Eguna, la celebración anual del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El encuentro se realizó en las campas de Foronda, en Álava, bajo el lema Alderdia Bizi. La delegación annobonesa siguió el acto desde un lugar cercano al sector de los oradores.

Para Ambô Legadu, la presencia en la fiesta del PNV tuvo un significado político que excede la celebración partidaria. La organización vinculó la defensa de la identidad annobonesa y del fa d’Ambô, la lengua de la isla, con la reivindicación de su derecho a decidir el futuro de Annobón. En Foronda, esas demandas encontraron un espacio junto a un partido cuya historia está estrechamente ligada a la defensa de la identidad y la lengua vascas.

Además, sirvió como punto de encuentro con dirigentes saharauis, palestinos y angoleños, y con representantes de otras comunidades de la diáspora africana que participaron en el Alderdi Eguna.

Durante la jornada, Orlando Cartagena Lagar fue entrevistado por diferentes medios de comunicación acreditados en el acto y denunció el genocidio estructural que sufre el pueblo de Annobón bajo la cruel y sangrienta discriminación que ha implantado de dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde hace 47 años. También aprovechó para denunciar la persecución de la lengua fa D’ Ambo, la cultura y la tradiciones así como la militarización y el bloqueo general al pueblo annobonés.

Un vínculo que continúa

La participación de Cartagena Lagar dio continuidad a la presencia de Ambô Legadu en la Alderdi Eguna de 2025. En aquella edición, la organización informó que había sido invitada por el PNV y que su delegación mantuvo encuentros con Aitor Esteban, Presidente del partido vasco, e Imanol Pradales, Jefe del Gobierno Vasco.

Un año después, la delegación annobonesa volvió a Foronda en una edición especial: el PNV celebró los 50 años de su primera Alderdi Eguna. Para Ambô Legadu, fue otra oportunidad de dar visibilidad internacional a la situación de Annobón y sostener el vínculo iniciado con el nacionalismo vasco.

La Fiscalía de Guinea Ecuatorial declaró a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED) «grupo terrorista y organización criminal». La Resolución 08/2026, fechada el 14 de septiembre y difundida el 21, ofrece recompensas por la repatriación de doce dirigentes de la coalición que viven en el exterior. La mayor, de 1,5 millones de euros, corresponde a su presidente, Salomón Abeso Ndong. CORED, por su parte, rechaza las acusaciones.

La decisión expone una contradicción política y judicial. Mientras la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo señala como terroristas a sus adversarios, tres integrantes de su propia estructura de seguridad —Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo— están procesados en España por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas contra opositores. Los tres afrontan órdenes de detención; el proceso no equivale a una condena.

La Fiscalía ecuatoguineana atribuye a CORED planes violentos y contactos con organizaciones armadas. La coalición niega esos vínculos y sostiene que busca una transición mediante elecciones libres. Las acusaciones formuladas en Malabo no pueden presentarse como hechos probados por la sola publicación de la resolución. Tampoco deberían servir para silenciar el examen internacional de las denuncias contra funcionarios del régimen.

El pueblo de Annobón reclama algo más que un cambio de gobierno

El pueblo annobonés tiene una reivindicación propia dentro de este escenario. Su demanda no consiste simplemente en sustituir a Obiang por otro dirigente en Malabo. Reclama autodeterminación, protección frente a la represión y capacidad para decidir sobre las condiciones de vida en la isla.

Esa posición fue expuesta por Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón, ante la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada a fines de agosto. Allí denunció la falta de servicios esenciales y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a decidir su futuro. La UNPO también reafirmó en esa asamblea la necesidad de que los pueblos no representados puedan expresar pacíficamente sus demandas y participar en las decisiones que los afectan. ambolegadu.com

Las denuncias sobre Annobón trascienden la declaración de sus representantes. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación a Guinea Ecuatorial por la crisis ambiental y las violaciones de derechos humanos, recientemente vinculadas a actividades extractivas en la isla. A dichas advertencias se sumaron denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Access Now, que reclamó el fin del apagón total de internet y de telefonía impuesto por el régimen de Guinea Ecuatorial desde el 20 de julio de 2024 .

Incluso antes de la ofensiva contra la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático, Cartagena comenzó a ser perseguido políticamente a través de una acción judicial impulsada por Obiang en España, a raíz de declaraciones públicas sobre la preocupante realidad de la isla de Annobón. Es un procedimiento distinto del caso CORED y de la investigación española sobre los tres altos cargos. Su existencia, sin embargo, añade otra dimensión al conflicto entre el poder de las fuerzas de ocupación colonial y las voces que denuncian sus actuaciones desde el exilio.

La ofensiva contra CORED vuelve a poner en primer plano una cuestión que Annobón conoce de cerca: qué ocurre cuando una denuncia política recibe como respuesta una acusación penal, una detención o una amenaza.

Para Annobón, esta persecución busca tapar el verdadero eje de la discusión: los derechos de un pueblo que reclama agua, servicios básicos, libertad para expresarse y participación efectiva en las decisiones sobre su territorio. Y, sobre todo, su derecho a plantear pacíficamente la autodeterminación sin que esa reivindicación quede reducida a las amenazas del clan Obiang.

Los estudiantes y otras personas residentes en Malabo y Bata que viajaron a Annobón durante las vacaciones de verano han quedado aislados en la isla. Esta situación contradice la Orden Ministerial Nro. 02/2026, de 12 de junio, que regula el calendario académico 2026/2027 y establece el inicio del curso el 1 de septiembre y de las clases presenciales el 15 de septiembre.

La falta de transporte y de comunicación con la isla de Annobón ha impedido que quienes debían presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre pudieran realizarlas, con el consiguiente riesgo de repetir el curso. También ha dejado sin acceso a las aulas a quienes tenían que reincorporarse a sus centros al inicio del nuevo año académico.

Sin transporte ni escuela para continuar los estudios

La afectación es especialmente grave para el alumnado que ha finalizado la educación primaria y necesita trasladarse a Malabo para proseguir su formación. Sin medios para desplazarse, sin una alternativa educativa operativa en Annobón y algunos sin familia en Malabo, estos estudiantes se enfrentan a la interrupción de sus estudios.

El aislamiento se ha agravado por la suspensión del servicio marítimo y de los vuelos que conectan Annobón con el resto de Guinea Ecuatorial. La escasa frecuencia de estos medios y la ausencia de alternativas privan a la población annobonesa de una conexión regular indispensable para ejercer su derecho a la educación.

Por todo ello, se reclama una respuesta inmediata de las autoridades competentes: el restablecimiento urgente y regular del transporte marítimo y aéreo; el traslado seguro del alumnado a sus centros; la celebración de las pruebas extraordinarias sin penalizaciones derivadas del aislamiento; el establecimiento de la conectividad de líneas de teléfono e internet y la apertura efectiva del centro educativo público de Annobón.

El pueblo de Annobón exige garantías permanentes para que ningún estudiante pierda el curso ni vea limitado su futuro por su lugar de residencia.

Según explicaron fuentes oficiales, «para el pueblo annobonés, estar presentes en este aniversario tan simbólico es un honor y un acto de profunda fraternidad entre dos pueblos que aman su identidad, su lengua -el Fa d’Ambô y el Euskera- y su libertad».

«En esta Alderdi Eguna alzaremos el remo, símbolo de paz, trabajo y resistencia de Annobón, para llevar ante Euskadi y ante el mundo la voz de un pueblo que se niega a desaparecer tras 58 años de colonización interna y ocupación militar por parte de Guinea Ecuatorial», agregaron, agradeciendo al PNV su invitación y su solidaridad histórica con las causas justas.

El cronograma del Alderdi Eguna 2026

La jornada comenzará el sábado 26 con una recepción en Bilbao. Ese domingo, las delegaciones viajarán a Foronda, donde a las 11.30 desfilarán hacia la tribuna. A las 12.00 se realizará el acto político, con discursos de un representante de las juventudes del PNV, el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del partido, Aitor Esteban. Finalmente, habrá actividades en el recinto festivo y una comida para los invitados.

Una representación del Gobierno de la República de Annobón participó este 11 de septiembre en la Diada Nacional de Catalunya, una de las principales jornadas de movilización política catalana, para visibilizar la situación que atraviesa la isla bajo la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial.

La delegación estuvo integrada por Reginaldo Piño Huesca, ministro de Asuntos Exteriores, y Nemesia Cachina Zamora, ministra de Asuntos Sociales, quienes acompañaron la marcha convocada en Barcelona por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La movilización comenzó a las 17.14, en recuerdo de la caída de Barcelona en 1714, y recorrió la Gran Vía, la plaza Universitat y la plaza Catalunya, donde se celebró el acto político central.

Representantes y activistas de distintas naciones sin Estado marcharon bajo la consigna “Por un futuro mejor: autodeterminación”. En ese marco, la presencia annobonesa permitió llevar nuevamente al escenario internacional la denuncia por la represión, el aislamiento y las vulneraciones de derechos humanos que sufre la población de Annobón.

“Hoy hemos acompañado a la Diada catalana para reivindicar también la situación de Annobón bajo el régimen de Obiang en Guinea Ecuatorial”, expresaron los representantes tras participar de la jornada.

La actividad continuará el 12 de septiembre con un encuentro internacional organizado por la ANC, destinado a fortalecer los vínculos entre organizaciones y movimientos que defienden el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo quiere discutir su honor. Para hacerlo, no abrió Annobón a observadores internacionales, no permitió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas, asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias y deportaciones, ni explicó por qué una isla entera permanece sometida al aislamiento, la militarización y el abandono. Eligió otro camino: llevar ante la Justicia española a Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón y una de las principales voces internacionales de un pueblo que pide auxilio para sobrevivir.

El expediente pretende invertir obscenamente los lugares. El jefe de un régimen acusado durante décadas de homicidios ilícitos, torturas, desapariciones, encarcelamientos políticos y persecución sistemática se presenta como víctima; mientras que el representante de una población cercada por el hambre, la segregación y el miedo debe comparecer como acusado. Obiang no busca reparar una reputación: busca que el costo de denunciarlo sea cada vez más alto.

Un dictador preocupado por su “honor”

La causa tramita ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 2, bajo las diligencias previas 297/2026. En la documentación judicial aparece como querellante Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y como querellado Orlando Cartagena Lagar, por presuntos delitos de injurias y calumnias. La presentación fue realizada con la intervención del abogado Javier Gómez Bermúdez y la procuradora Laura Argentina Gómez Molina.

La querella fue admitida a trámite y Cartagena Lagar deberá comparecer el 20 de enero de 2027. El expediente se encuentra en una etapa preliminar. Pero su significado político resulta evidente: después de controlar durante décadas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la prensa y los tribunales de Guinea Ecuatorial, el régimen pretende utilizar ahora un juzgado europeo para condicionar la voz exterior de Annobón.

Obiang no llegó al poder por elecciones libres. Encabezó el golpe militar que derrocó en agosto de 1979 a su tío, Francisco Macías Nguema, y desde entonces construyó uno de los regímenes autoritarios más prolongados del mundo. Lleva 47 años gobernando con puño de hierro, mientras su familia ocupa posiciones centrales dentro del Estado y la oposición, el periodismo y las organizaciones sociales permanecen sometidos a vigilancia, censura y persecución.

No se trata de una caracterización retórica. Amnistía Internacional ha documentado décadas de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilícitos bajo el gobierno de Obiang. El Departamento de Estado norteamericano registró denuncias sobre presos políticos, abusos de las fuerzas de seguridad y falta de independencia judicial, mientras que Reporteros Sin Fronteras advirtió que en Guinea Ecuatorial no existe un verdadero pluralismo informativo, los medios permanecen amordazados y la censura previa constituye una práctica habitual. Access Now, por su parte, denunció el aislamiento comunicacional impuesto a Annobón, mientras que mecanismos de las Naciones Unidas respaldaron las denuncias sobre secuestros y torturas sufridos por integrantes del pueblo annobonés y formularon requerimientos que Guinea Ecuatorial se negó sistemáticamente a cumplir. Es ese aparato de poder, señalado internacionalmente por perseguir, encarcelar, torturar y silenciar, el que ahora reclama protección para el supuesto “honor” de su máximo responsable.

Las palabras que Obiang quiere castigar

La querella apunta contra declaraciones públicas de Cartagena Lagar en redes sociales, entrevistas y medios de comunicación. Entre las expresiones incorporadas por la representación de Obiang aparecen denuncias sobre “violaciones a las mujeres”, “abuso infantil y tortura a la población”, además de acusaciones contra militares por entregar “alcohol y drogas a los niños y a las niñas” y estar “prostituyendo prácticamente a toda la población”.

El régimen sostiene que esas manifestaciones serían falsas y lesionarían el honor presidencial. Pero Orlando Cartagena no habla desde la comodidad de una disputa partidaria ni protagoniza una aventura política personal. Es la voz de un pueblo que lleva décadas clamando socorro frente a políticas de castigo colectivo, aislamiento, hambre, segregación, militarización y destrucción de sus condiciones elementales de vida.

El pueblo annobonés denuncia la falta crónica de agua potable, electricidad, alimentos, medicamentos, escuelas, comunicaciones y transporte regular. Denuncia la presencia intimidatoria de fuerzas militares, la persecución de quienes protestan, el encarcelamiento de opositores y la imposibilidad de recurrir a instituciones independientes.  

No son episodios aislados, sino partes de un proceso de exterminio físico, cultural y político.

Una historia escrita con sangre

La persecución tampoco comenzó ahora. La memoria de Annobón conserva la represión de diciembre de 1976, desatada después de la expedición del Kindjadja, cuando un grupo de isleños atravesó el océano para pedir ayuda tras años de epidemias jamás atendidas que barrieron con la mayoría de la población. Las denuncias annobonesas atribuyen a Obiang, entonces integrante central del aparato militar de Francisco Macías, la orden de una represalia que incluyó violaciones masivas, asesinatos y la deportación de varones de entre 15 y 75 años.

En 1993, ya durante la dictadura de Obiang, la isla volvió a rebelarse después de permanecer más de un año sin recibir un barco con provisiones. La visita del entonces Primer Ministro Silvestre Siale Bileka, recordada como el “Viaje de la vergüenza”, terminó con una nueva represión, con la tortura y detención de Orlando Cartagena Lagar y con los asesinatos de Sumene y Simplicio Llorente. Annobón aprendió hace décadas que reclamar alimentos, transporte o dignidad puede ser castigado como sedición.

Ese es el contexto que la querella intenta borrar. Las palabras de Cartagena Lagar no surgieron de una campaña publicitaria ni de una ambición electoral. Surgieron de una comunidad que vio partir a sus hombres, violar a sus mujeres, encarcelar a sus jóvenes y morir a sus habitantes mientras el mundo miraba hacia otro lado. Cuando los canales internos están clausurados, denunciar en el exterior no es una estrategia comunicacional: es una forma de supervivencia.

El victimario quiere juzgar el grito de la víctima

Si Obiang quisiera desmentir las denuncias, permitiría que organismos internacionales ingresaran libremente en Annobón. Abriría las cárceles, publicaría la nómina completa de detenidos, garantizaría entrevistas sin vigilancia, permitiría trabajar a abogados y periodistas independientes y explicaría qué ocurrió durante cada operativo militar. También debería responder por qué un país enriquecido durante años por el petróleo mantiene a comunidades enteras sin servicios esenciales y bajo fuerte opresión militar.

En cambio, el régimen elige perseguir a quien habla. Pretende que Cartagena Lagar dedique sus fuerzas a defenderse en España mientras Annobón sigue incomunicada. Busca convertir cada entrevista en un riesgo penal, cada denuncia en una amenaza y cada pedido de auxilio en una eventual prueba judicial.

No es Orlando Cartagena quien está llevando el genocidio annobonés a los tribunales. Es Obiang quien pretende sentar en el banquillo a la voz que lo denuncia. El dirigente annobonés no representa una aventura política: representa a un pueblo que intenta seguir vivo después de décadas de abusos, segregación, hambre y terror.

La Justicia española tendrá delante algo más que una querella por palabras. Tendrá que decidir si permite que sus tribunales sean utilizados como prolongación internacional de una maquinaria de silenciamiento. Porque cuando un dictador con 47 años en el poder demanda a quien denuncia torturas, persecución y muerte, la primera pregunta no debería ser por qué la víctima gritó tan fuerte, sino qué tuvo que padecer para que el mundo finalmente pudiera escucharla.

La delegación de la República de Annobón participó de la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), celebrada del 27 al 30 de agosto de 2026, donde presentó una declaración política y jurídica de alto impacto contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y reclamó el reconocimiento del derecho del pueblo annobonés a la libre autodeterminación.

La comitiva annobonesa estuvo integrada por el Presidente Nando Baê y por el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, quien fue el encargado de pronunciar el discurso ante los pueblos no representados reunidos en la asamblea que presidió Rubina Greenwood.

En el marco de esa agenda internacional, la representación annobonesa también realizó visitas al Rijksmuseum de Ámsterdam, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y al Archivo Nacional de los Países Bajos, instancias que permitieron enmarcar el reclamo desde una dimensión histórica, jurídica y documental. Las imágenes y videos de la delegación muestran una presencia activa de Annobón en espacios clave de memoria, derecho internacional y patrimonio europeo.

Ante la UNPO, Cartagena Lagar abrió su intervención con una definición política clara: “Annobón, miembro de la UNPO, alza su voz desde el exilio, la resistencia y el territorio ocupado”. Luego agregó: “Somos miembro de esta gran familia de las Naciones y Pueblos no Representados”.

La declaración denunció formalmente “las constantes y masivas violaciones de los derechos humanos contra el pueblo annobonés”, incluyendo “detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, desapariciones, juicios sin garantías y persecución política contra cualquier voz disidente”.

En su alocución, el Primer Ministro también describió una situación humanitaria extrema en la isla: “El abuso infantil, falta de infraestructuras de agua potable, electricidad, alimentos, ausencia de sanidad y medicamentos, falta de escuelas”. Para la delegación, no se trata de hechos aislados ni de simples carencias administrativas, sino de una política sostenida de abandono, control y sometimiento.

“Una prisión a cielo abierto”

Uno de los puntos más duros del discurso fue la denuncia sobre la militarización de la isla. Annobón acusó al régimen de imponer “la militarización total de nuestra isla, convertida en una prisión a cielo abierto”, con presencia permanente del ejército ecuatoguineano.

Según el texto leído ante la asamblea, esa presencia militar “intimida, controla y humilla a nuestra población civil”. Cartagena Lagar fue todavía más explícito: “La población vive con miedo y secuestrada en su propio territorio”.

La acusación se inscribe en una lectura más amplia del conflicto: para Annobón, el problema no es únicamente la falta de derechos civiles o políticos, sino la existencia de una dominación estructural sobre un pueblo con identidad propia. Por eso, el documento denunció “la invasión, ocupación y dominación colonial interna de nuestro territorio ancestral”, además de “la explotación de nuestros recursos sin beneficio para nuestro pueblo”.

La delegación también volvió a poner sobre la mesa la cuestión ambiental: Cartagena Lagar denunció “el desastre ecológico impuesto por las detonaciones y actividades militares y mineras no consentidas” y la “conversión de la isla en vertedero de residuos tóxicos internacionales”.

“No es mala gestión: es genocidio estructural sin sangre”

El eje conceptual más fuerte de la intervención fue la caracterización de lo que la delegación definió como “genocidio estructural sin sangre”.

Annobón sostuvo que su pueblo sufre desde hace 58 años una forma contemporánea de colonización interna: “una colonización interna lenta, un odio institucional y un exterminio de africanos contra africanos, de negros contra negros”.

La frase marca un giro político central. La delegación no ubicó la opresión annobonesa dentro de una ocupación extranjera clásica, sino dentro de una estructura estatal africana que oprime a otro pueblo africano. “No es una ocupación extranjera clásica. Es peor. Es un régimen africano que utiliza el aparato del Estado para oprimir a otro pueblo africano, negándole su condición de pueblo y tratándolo como territorio a vaciar y dominar”, señala el documento.

En esa línea, Cartagena Lagar sostuvo que la política de Guinea Ecuatorial durante casi seis décadas no puede ser leída como abandono casual. “Esta política de 58 años de abandono deliberado, militarización, empobrecimiento forzado, destrucción ambiental y represión cultural, condiciona radicalmente la propia existencia del pueblo annobonés y provoca la pérdida progresiva e irreversible de su identidad colectiva”, afirmó.

La síntesis fue contundente: “No hay fosas comunes masivas, pero hay un vaciamiento. No hay una guerra abierta, pero hay una asfixia permanente”.

Y luego llegó una de las frases centrales de toda la intervención: “No podemos esperar más. Lo que sufre Annobón no es mala gestión. Es un genocidio estructural sin sangre: una estrategia planificada para que el pueblo annobonés, como tal, deje de existir”.

Para la delegación, el régimen de Obiang busca borrar a Annobón sin necesidad de una masacre abierta. “58 años de colonización interna y odio institucional: africanos contra africanos, negros contra negros. No es abandono, es genocidio estructural sin sangre para borrar a Annobón del mapa”, remarcó el documento presentado ante la UNPO.

La denuncia político-jurídica sobre la violencia sexual

La presentación incluyó además una nota político-jurídica especialmente sensible sobre lo que la delegación definió como “el mestizaje impuesto como arma de guerra contra el pueblo de Annobón”.

Allí sostuvo que el régimen de Guinea Ecuatorial estaría ejecutando “una política deliberada de mestizaje político impuesto como arma de guerra y de odio”. La declaración aclaró que no se refiere a relaciones interétnicas libres, sino a un supuesto patrón de violencia dirigido contra el pueblo annobonés.

“No se trata de relaciones interétnicas libres. Se trata de un patrón sistemático de violaciones sexuales, abusos sexuales a menores y embarazos forzados, perpetrados por personal militar y funcionarios enviados por Malabo a la isla”, señala el texto.

Según la delegación, el objetivo de esa práctica sería “diluir, quebrar y aniquilar la identidad biológica, cultural y política de un pueblo pequeño, aislado y vulnerable como el annobonés”.

La nota sostuvo que esta situación afectaría políticamente a Annobón porque constituiría “un intento de destrucción demográfica”. El documento recuerda que Annobón es un pueblo de menos de 6.000 habitantes en la isla y afirma que “cualquier imposición reproductiva forzada altera irreversiblemente su composición, rompe el linaje y la continuidad generacional”. Luego lo define como “ingeniería demográfica colonial”.

También lo presentó como “un arma para destruir la cohesión social”, al señalar que la violación como arma genera “trauma colectivo, estigma sobre las víctimas, ruptura familiar y éxodo forzado de mujeres annobonesas”.

La formulación más dura aparece en el tercer punto: “Es dominación política por el vientre”. Para la delegación, el régimen buscaría “crear una población ‘leal’ a Malabo, deslegitimar nuestra identidad ancestral Fa d’Ambô y justificar en el futuro que ‘ya no somos un pueblo distinto’”.

Crímenes de lesa humanidad y genocidio

La declaración político-jurídica elevó la acusación al plano del derecho internacional. Según la delegación, estos hechos, por su carácter sistemático, intencional y dirigido contra un grupo étnico específico, “pueden y deben ser calificados como crimen grave de lesa humanidad y acto constitutivo de genocidio”.

El documento citó el artículo 7 del Estatuto de Roma, referido a la violación sexual, embarazo forzado y violencia sexual grave como crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque sistemático contra población civil. También invocó el artículo 6 del Estatuto de Roma, vinculado al genocidio, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

La frase final de ese tramo resume la gravedad del planteo: “No es un exceso. Es una política de Estado para hacer desaparecer a Annobón sin necesidad de matarnos a todos”.

Por eso, la delegación reclamó que la UNPO reconozca esta práctica como crimen de lesa humanidad y solicite una investigación internacional independiente.

“No pedimos permiso para existir”

En su capítulo de exigencias, la delegación pidió al régimen de Teodoro Obiang Nguema que ponga fin inmediato a la represión, retire sus fuerzas de Annobón, libere a todos los presos políticos annoboneses y cese la persecución contra líderes, familias y voces disidentes.

A la comunidad internacional y a la UNPO, Annobón reclamó “el reconocimiento y respeto de nuestro legítimo e inalienable derecho como pueblo a la libre autodeterminación”, conforme a los pactos internacionales de derechos humanos.

La declaración subrayó una idea política central: “El pueblo de Annobón no es una provincia de Guinea Ecuatorial. Somos un pueblo distinto, con lengua, cultura, historia e identidad propias. No pedimos permiso para existir”.

Luego agregó: “No buscamos la confrontación, buscamos la libertad. No pedimos caridad, exigimos justicia. Queremos volver a nuestra tierra”.

El cierre de la intervención condensó la consigna política de la delegación: “Desde Annobón ocupado hasta esta Asamblea, decimos: remo en alto”.

Y finalmente, ante los pueblos reunidos en la UNPO, el mensaje fue directo: “¡Fuera de Annobón! ¡Annobón libre y soberana! Pueblos de la UNPO, no nos dejen solos”.

La presencia annobonesa en la XXI Asamblea General de la UNPO, con una delegación integrada por el Presidente Nando Baê y el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar, dejó así una definición de fondo: Annobón no busca ser tratado como una periferia olvidada de Guinea Ecuatorial, sino como un pueblo con identidad propia, sometido a colonización interna, militarización y destrucción cultural, que reclama ante el mundo su derecho a existir, decidir y vivir libre en su territorio ancestral.

El Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, dirigió un mensaje a la nación annobonesa y a la comunidad internacional en el que reclamó el derecho del pueblo annobonés a existir, preservar su identidad y decidir libremente su futuro político.

En el comunicado, Cartagena Lagar sostuvo que comparecía “no sólo como Primer Ministro de la República de Annobón, sino como voz de un pueblo antiguo que se niega a desaparecer”. En esa línea, afirmó que Annobón fue “silenciada, aislada, ocupada y empujada al borde de la extinción identitaria”.

“Nuestra causa no nace del odio, nace del derecho”, expresó. Y agregó que el reclamo no se dirige contra personas por su origen, lengua o identidad, sino contra “un sistema de imposición, desigualdad, militarización, contaminación, aislamiento, traslado forzoso, represión cultural y ocupación territorial”.

Cartagena Lagar también remarcó que Annobón no pide permiso para existir. “Nuestra existencia no es una concesión. Nuestra dignidad no está en venta. Nuestra identidad no se borra por la fuerza, ni por el abandono, ni por la imposición lingüística”, señaló.

Denuncias y reclamo internacional

El comunicado incluyó una serie de denuncias sobre la situación de la isla, que apuntan directamente contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinea Ecuatorial. El Primer Ministro habló de una “política de asfixia contra el pueblo annobonés” y apuntó contra la contaminación ambiental, los vertidos de residuos tóxicos y radioactivos internacionales, la militarización, el aislamiento, la desconexión y la ocupación territorial.

“Denunciamos la prohibición o marginación de la lengua fa d’ambô, la imposición de la lengua Fang en espacios gubernamentales y oficiales, la prohibición de actos culturales, la discriminación institucional y la implantación de autoridades civiles, policiales, militares, religiosas y educativas ajenas al pueblo annobonés”, sostuvo.

Para Cartagena Lagar, cuando una lengua es expulsada de las instituciones, una cultura prohibida y un territorio ocupado, “no estamos ante un simple error administrativo”, sino ante “una amenaza directa a la continuidad de una identidad colectiva”.

El dirigente annobonés pidió a África y a la comunidad internacional que escuchen la voz de la isla. “Annobón también es África. Nuestra isla, pequeña en tamaño, posee una dignidad inmensa”, afirmó.

También solicitó “observación, protección, investigación independiente, solidaridad diplomática y apertura a canales de reconocimiento político”, además de atención internacional sobre las denuncias de contaminación, represión, militarización, aislamiento, desplazamiento forzado e imposición cultural.

En el tramo más directo de su mensaje, Cartagena Lagar resumió el reclamo central: “Annobón no amenaza a nadie. Annobón pide vivir. Annobón pide hablar su lengua sin miedo. Annobón pide respirar un territorio limpio. Annobón pide que sus hijos no sean obligados a renunciar a su memoria”.

El comunicado cerró con una afirmación política de continuidad histórica: “Annobón vivirá, su lengua vivirá, su cultura vivirá, su derecho a decidir vivirá”.

“No pedimos compasión, pedimos justicia; no pedimos silencio diplomático, pedimos valentía moral; no pedimos que hablen por nosotros, pedimos que nos reconozcan el derecho a hablar y decidir por nosotros mismos”, concluyó.

Que ciudadanos fang sean perseguidos, encarcelados, empobrecidos o se opongan frontalmente a Obiang no elimina la pregunta que aquí planteamos: ¿cuál es la relación de poder entre el pueblo fang, «mayoritario» cuando se toma como referencia el conjunto del Estado y asentado fundamentalmente en Río Muni, y los pueblos annobonés, bubi y ndowé en sus respectivos territorios?

Son dos planos que no deben confundirse.

Una cosa es quién controla el régimen y quién se beneficia de él. Otra es qué pueblo posee, a través de las estructuras del Estado, capacidad para ejercer poder sobre otros pueblos sin que éstos dispongan de capacidad equivalente sobre él.

La distinción no pretende atribuir culpabilidad individual a cada fang. Precisamente de eso trata este artículo: de distinguir entre la responsabilidad de los individuos, la naturaleza de un régimen político y las relaciones de poder entre pueblos.

No todo era Franco. Y no todo es Obiang.

Franco y España: dos planos de poder

La propia historia de Guinea ofrece un ejemplo particularmente útil.

Cuando los territorios de Guinea estuvieron sometidos a España, los pueblos colonizados no necesitaban afirmar que cada ciudadano español fuese personalmente un colonizador para poder hablar de colonialismo español.

Había españoles pobres. Había españoles perseguidos y encarcelados por la dictadura franquista. Había españoles que combatían a Franco y españoles que se oponían al colonialismo.

Nada de ello hacía desaparecer la relación colonial.

Tampoco desapareció porque España modificara el estatuto jurídico de los territorios.

Fernando Poo y Río Muni fueron convertidos formalmente en provincias españolas. Sus habitantes quedaron jurídicamente incorporados a España.

Podían llamarlos españoles.

Podían declarar aquellos territorios provincias españolas.

Podían afirmar jurídicamente que todos pertenecían al mismo Estado.

Pero seguía existiendo una pregunta:

¿Quién decidía sobre quién?

Una cosa era Franco frente a los españoles.

Otra era España frente a los pueblos de Guinea.

Un español perseguido por Franco podía ser víctima de la dictadura y, simultáneamente, España podía ejercer dominación colonial sobre los pueblos de Guinea.

No existía ninguna contradicción.

Por eso habría resultado absurdo decir a un fang de Río Muni: «No digas que los españoles os dominan; di únicamente que Franco os domina, porque también existen españoles perseguidos por Franco».

El sufrimiento de españoles bajo Franco no hacía desaparecer la relación entre España y los pueblos colonizados.

Y tampoco la hacía desaparecer su ciudadanía común.

Cambiar el estatuto jurídico de un territorio —de colonia a provincia— no cambia necesariamente la naturaleza de la relación de poder que existe detrás.

En el interior de Río Muni se habla fang

Hay una dimensión cultural y lingüística que permite entender todavía mejor esta diferencia.

En el interior de Río Muni se habla fang.

Se hablaba fang durante la colonización española y se sigue hablando fang hoy. No ha existido una presión social que haya obligado al pueblo fang a abandonar su lengua dentro de su propio territorio. Se utiliza en la familia, en la calle, en las relaciones sociales e incluso en la administración.

Cuando durante la colonización un español llegaba al interior de Río Muni para ejercer autoridad, el fang sabía que aquella persona no era fang.

No sólo porque no hablaba fang. También por su manera de hablar, por sus referencias culturales, por su forma de comportarse y por la relación de autoridad que ejercía.

Pero aquel fang no tenía por qué saber si ese español era andaluz, gallego, catalán o madrileño.

Esas diferencias podían ser fundamentales para los propios españoles.

Para el fang podían ser completamente desconocidas.

Lo que sabía era que era español.

Nadie podía exigirle que antes de hablar de dominación española averiguara si el gobernador era catalán, el militar andaluz o el funcionario gallego.

En Annobón se habla annobonés

En Annobón ocurre algo comparable.

En Annobón se habla annobonés.

El pueblo annobonés posee su propia lengua, su cultura, su territorio, sus referencias comunitarias y sus formas de reconocerse.

Cuando un fang llega a Annobón investido de autoridad sobre los annoboneses, éstos saben que no es annobonés.

Lo saben por su lengua, por su manera de hablar y por diferencias culturales que son evidentes para quienes pertenecen a otro pueblo. Y cuando esa autoridad se ejerce mediante imposición, prepotencia o maltrato, el annobonés experimenta directamente esa relación de poder.

Pero un annobonés no tiene por qué saber si esa persona procede de Niefang, Welensá, Mongomo o cualquier otra localidad de Río Muni.

¿Por qué tendría que saberlo?

Del mismo modo que el fang no tenía por qué distinguir entre un gallego, un catalán, un andaluz o un madrileño para saber que quien tenía delante era español, el annobonés no tiene por qué conocer las diferencias internas del mundo fang para saber que quien tiene delante es fang.

Exigir lo contrario significa no comprender la profundidad de la diversidad cultural existente entre los pueblos que componen Guinea Ecuatorial.

Un fang conoce las diferencias internas de su sociedad.

Un annobonés conoce las de Annobón.

Un bubi conoce las de su pueblo.

Un ndowé conoce las suyas.

Eso no es ignorancia.

Es una consecuencia natural de pertenecer a pueblos histórica, lingüística, cultural y territorialmente diferenciados.

Naturalmente, identificar como español al español que ejercía poder colonial no significaba afirmar que todos los españoles fueran personalmente colonialistas.

Del mismo modo, identificar como fang a quien ejerce determinado poder en Annobón no significa atribuir automáticamente sus actos a todos los fang.

Identificar el origen colectivo de quien ejerce un poder no equivale a declarar culpables individualmente a todos los miembros de su pueblo.

Obiang y los fang: otra vez, dos planos

Llegamos así a la Guinea Ecuatorial actual.

Obiang es el dictador. Pero la cuestión que plantean los pueblos no termina en Obiang.

Un ciudadano fang puede ser perseguido por Obiang.

Puede estar encarcelado.

Puede vivir en la pobreza.

Puede ser opositor.

Puede combatir sinceramente contra la dictadura.

Eso describe su relación con Obiang y su régimen.

Pero no responde a otra pregunta:

¿Cuál es la relación de poder entre el pueblo fang y los demás pueblos que componen Guinea Ecuatorial?

Por eso decir a un annobonés: «No digas fang; di Obiang«, plantea el mismo problema conceptual que habría planteado decir a un fang durante la colonización: «No digas españoles; di Franco«.

Franco podía desaparecer y España seguir siendo España.

Obiang puede desaparecer y la cuestión entre los pueblos seguir sin resolverse.

La prueba de reciprocidad

Existe una forma muy sencilla de comprobar si estamos hablando únicamente de una dictadura o también de una relación desigual entre pueblos.

Preguntemos si el poder funciona en ambas direcciones.

¿Puede Annobón determinar quién gobierna Río Muni?

No.

¿Puede Annobón desplegar fuerzas annobonesas en Río Muni y mantenerlas allí?

No.

¿Puede Annobón decidir quién dirige las estructuras de seguridad en territorio fang?

No.

¿Puede Annobón decidir sobre los recursos, el territorio o la administración de Río Muni?

No.

¿Puede Annobón enviar gobernadores, administradores, militares o funcionarios para ejercer autoridad sobre las comunidades fang?

No.

Pero desde las estructuras centrales del Estado sí se puede nombrar autoridades para Annobón, desplegar fuerzas de seguridad en la isla, intervenir sobre su territorio, controlar su administración y adoptar decisiones fundamentales sobre sus recursos y sobre la vida de su población.

Ésa es la asimetría.

Cuando un pueblo posee, a través de las estructuras del Estado, capacidad para decidir sobre otro y el segundo carece de capacidad equivalente para decidir sobre el primero, existe una relación de poder entre pueblos que no desaparece simplemente cambiando al gobernante.

¿»Mayoritario», dónde?

Aquí debemos detenernos en otra palabra utilizada constantemente para describir al pueblo fang: «mayoritario».

¿Mayoritario dónde?

El pueblo fang es «mayoritario» cuando se toma como referencia la suma de toda la población comprendida dentro de las fronteras de Guinea Ecuatorial.

Pero eso no lo convierte en mayoritario en cada uno de los territorios de los pueblos que integran el Estado.

En Annobón, el pueblo mayoritario es el pueblo annobonés.

Y esta distinción no es simplemente estadística.

El problema comienza cuando la condición de «mayoría» calculada a escala estatal se transforma en criterio para distribuir el poder dentro de los territorios de otros pueblos.

Se es «mayoría» para ocupar las estructuras del Estado.

Se es «mayoría» para controlar la administración.

Se es «mayoría» para justificar determinada representación política.

Se es «mayoría» cuando se distribuyen puestos, becas y oportunidades.

Se es «mayoría» para enviar funcionarios, autoridades y fuerzas de seguridad a los territorios de otros pueblos.

Y finalmente esa misma mayoría estatal sirve para presentar como normal que quienes son mayoría en Río Muni ejerzan el poder en Annobón, mientras los annoboneses, mayoritarios en Annobón, carecen de una capacidad equivalente incluso sobre su propio territorio.

Entonces debemos preguntar nuevamente: ¿Qué significa ser «mayoritario»?

Si la superioridad numérica dentro del conjunto del Estado concede automáticamente a un pueblo el derecho permanente a decidir sobre los demás, entonces los pueblos pequeños jamás podrán ser políticamente libres.

Serán siempre minorías estatales, incluso cuando sean mayorías en sus propios territorios.

La aritmética del Estado

Aquí aparece una de las contradicciones fundamentales del modelo.

Se agrupan pueblos territorialmente diferentes dentro de una frontera.

Se suman sus poblaciones.

Uno resulta numéricamente superior.

Y después esa superioridad numérica se utiliza para justificar que tenga mayor presencia en las instituciones que deciden sobre todos.

La aritmética termina convirtiéndose en poder: «Somos más en el conjunto; por tanto gobernamos también vuestro territorio, ocupamos la administración, distribuimos los puestos, accedemos mayoritariamente a las oportunidades y decidimos cuánto poder os corresponde».

Pero eso no responde a la cuestión de los pueblos.

La oculta detrás de los números.

Una mayoría estatal no debería convertirse automáticamente en un título político para acumular poder, representación, becas, puestos públicos, recursos y oportunidades que corresponden también a los demás pueblos.

Mucho menos debería utilizarse para normalizar la implantación permanente de población, funcionarios o fuerzas procedentes del pueblo estatalmente «mayoritario» en el territorio de otro pueblo hasta alterar las relaciones de poder dentro de ese territorio.

Porque entonces la superioridad numérica deja de ser una descripción demográfica y comienza a convertirse en un mecanismo de dominación.

«Todos somos ecuatoguineanos»

Frente a estas preguntas aparece frecuentemente otra respuesta: «Todos somos ecuatoguineanos».

Pero ya conocemos ese argumento.

Hubo un tiempo en que podía decirse: «Todos somos españoles».

Fernando Poo y Río Muni eran provincias españolas y sus habitantes estaban jurídicamente integrados en España.

Eso no convertía automáticamente la relación entre España y los pueblos de Guinea en una relación libre entre pueblos iguales.

Del mismo modo, compartir hoy una nacionalidad ecuatoguineana no demuestra por sí solo que la relación entre annoboneses, bubis, ndowés y fang sea libre, igualitaria o voluntariamente consentida.

La ciudadanía responde a la pertenencia jurídica de una persona a un Estado. La autodeterminación plantea una cuestión distinta: qué capacidad posee un pueblo para decidir su propio futuro político.

Confundir ambas cuestiones fue insuficiente cuando todos podían ser jurídicamente españoles.

Y sigue siendo insuficiente porque hoy todos sean jurídicamente ecuatoguineanos.

Si molesta la expresión «dominación fang»

Si molesta que otros pueblos hablen de dominación fang, la respuesta no puede consistir simplemente en exigirles que eliminen la palabra fang.

La respuesta debe ser eliminar las condiciones que hacen posible esa acusación.

No estamos diciendo que todos los fang dominen individualmente a annoboneses, bubis o ndowés.

No estamos diciendo que todos los fang apoyen a Obiang.

No estamos diciendo que todos los fang sean responsables de los abusos del Estado.

Estamos planteando una cuestión diferente: ¿Qué pueblo ocupa una posición desde la cual las estructuras centrales pueden gobernar los territorios de otros pueblos mientras éstos carecen de capacidad recíproca para decidir sobre él?

Responder: «Nosotros también sufrimos a Obiang», puede ser absolutamente cierto.

Pero responde a la cuestión de la dictadura.

No responde a la cuestión entre los pueblos.

Los españoles perseguidos por Franco también sufrían una dictadura.

Eso no privaba a los pueblos colonizados del derecho a plantear una cuestión diferente sobre su relación con España.

¿Qué ocurre al día siguiente a Obiang?

Éste es precisamente el problema del discurso: «Primero acabemos con Obiang y después hablaremos».

La pregunta inevitable es: ¿Qué ocurre al día siguiente?

Si desaparecen Obiang y su familia pero Annobón continúa sin poder decidir libremente su relación con el Estado, habrá cambiado el régimen político. Pero no necesariamente habrá cambiado la relación entre los pueblos.

Si mañana existen elecciones libres, partidos políticos, libertad de prensa y alternancia en el poder, pero se establece de antemano que Guinea Ecuatorial es indivisible y que los pueblos que la componen carecen del derecho siquiera a decidir otra cosa, se habrá resuelto una cuestión.

La dictadura.

Pero seguirá pendiente otra: la relación entre los pueblos.

Cambiar quién gobierna no responde necesariamente a la pregunta de quién tiene derecho a decidir.

El orden importa

Por eso rechazamos también la fórmula: «Primero acabemos con Obiang y después discutiremos la cuestión de los pueblos».

No.

Porque eso significaría que los pueblos deben participar primero en la construcción de un nuevo Estado sin que previamente se reconozca siquiera su libertad para decidir si desean pertenecer a ese Estado y en qué condiciones.

La libertad de los pueblos no puede ser una concesión que un futuro gobierno otorgue después de la caída de Obiang.

Debe ser un principio anterior.

Por eso el orden importa: reconocer la libertad de los pueblos; acabar con la dictadura y después, entre pueblos libres, decidir qué queremos construir juntos.

Una oportunidad histórica para el pueblo fang

Los dirigentes, movimientos, intelectuales y ciudadanos fang que se oponen a Obiang tienen aquí una oportunidad histórica.

Si consideran injusto que el pueblo fang sea identificado con una estructura de dominación sobre otros pueblos, pueden demostrar que su proyecto político no consiste simplemente en sustituir a Obiang ni en democratizar las mismas relaciones de poder heredadas.

Pueden afirmar algo mucho más profundo: la libertad que reclamamos para nosotros frente a la dictadura también pertenece a los demás pueblos.

Eso significa libertad para el pueblo fang frente a la dictadura y libertad para los pueblos annobonés, bubi y ndowé para decidir su propio futuro.

No se pide a ningún fang que apoye necesariamente la independencia de Annobón, de Bioko o una determinada solución política para los pueblos ndowé.

Se pide algo anterior: que acepte que esa decisión no le corresponde tomarla por ellos.

Podrá defender la continuidad de Guinea Ecuatorial.

Podrá proponer una federación.

Podrá proponer una confederación.

Podrá defender un Estado descentralizado.

Podrá explicar las ventajas de permanecer juntos.

Podrá decir a los demás pueblos: «Construyamos juntos una nueva Guinea Ecuatorial».

Pero tendrá que dirigirse a ellos como pueblos libres.

Lo que no puede hacerse es decidir primero que Guinea Ecuatorial es indivisible y llamar después «unidad voluntaria» a aquello de lo que los demás pueblos no tienen derecho a salir.

Si uno de los pueblos posee de antemano el poder de decidir que todos deben permanecer juntos, entonces ya ha tomado por los demás la decisión que supuestamente debían tomar juntos.

No se trata de culpabilidad colectiva

Nada de esto pretende atribuir culpabilidad colectiva al pueblo fang.

No todos los españoles fueron Franco.

No todos los españoles apoyaron el franquismo.

No todos los españoles apoyaron el colonialismo.

Pero eso nunca impidió hablar de colonialismo español.

De la misma manera:

No todos los fang son Obiang.

No todos los fang pertenecen al régimen.

No todos los fang se benefician del régimen.

Muchos fang han sufrido y sufren sus consecuencias.

Pero ninguna de esas afirmaciones responde por sí sola a la cuestión de la relación política entre los pueblos.

Un fang puede combatir honestamente a Obiang y reconocer simultáneamente que acabar con la dictadura no basta si el nuevo orden continúa negando a otros pueblos la capacidad de decidir libremente su futuro.

Ésa sería precisamente una ruptura profunda con el pasado.

La pregunta no es solamente: ¿Qué sistema político sustituirá a Obiang?

La pregunta es también: ¿Sobre el consentimiento de qué pueblos se construirá el Estado que venga después?

Entre pueblos libres

Para Annobón, esta discusión no es académica.

Es una cuestión de territorio, gobierno, seguridad, recursos, representación, oportunidades, lengua, cultura, identidad y futuro colectivo.

Y no desaparecerá simplemente porque desaparezcan Teodoro Obiang y su familia.

Por eso debemos comprender la diferencia entre los dos planos:

Franco era el dictador. La relación de España con los pueblos colonizados era otra cuestión.

Obiang es el dictador. La relación entre los pueblos que componen Guinea Ecuatorial es otra cuestión.

Confundir ambas cosas impide abordar la segunda.

Por eso, si verdaderamente queremos romper con el pasado, el principio debe ser claro:

Reconocer la libertad de los pueblos.

Acabar con la dictadura.

Y después, entre pueblos libres, decidir qué queremos construir juntos.

No se trata de sustituir una dictadura por una democracia que conserve intacto el derecho de unos a decidir sobre otros.

Acabar con Franco no habría legitimado que España negara indefinidamente a los pueblos de Guinea la posibilidad de decidir su futuro.

Y acabar con Obiang tampoco puede utilizarse mañana para negar esa libertad a los pueblos que hoy componen Guinea Ecuatorial.

Sólo entre pueblos libres puede existir una unión verdaderamente libre.

Y sólo cuando existe la posibilidad real de decir no adquiere verdadero significado político la decisión de decir sí.

Julio de 1993. Annobón llevaba más de un año prácticamente aislada. Los barcos procedentes de Guinea Ecuatorial apenas llegaban, faltaban alimentos, jabón, combustible, ropa y medicamentos, y las sucesivas cartas enviadas por representantes de la isla reclamando una respuesta al régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo no habían conseguido modificar la situación.

Fue entonces cuando Malabo decidió enviar a la isla al entonces Primer Ministro, Silvestre Siale Bileka, para calmar los ánimos en Palé.

Treinta y tres años después, Orlando Cartagena Lagar recuerda aquel episodio como “el viaje de la vergüenza”: una visita que, lejos de calmar el descontento, terminó convertida en una de las mayores expresiones de rechazo popular al régimen dentro de Annobón.

Siale Bileka llegó a Palé a bordo del buque Acacio Mañé con una carga que el gobierno presentó como ayuda para la población: arroz, cien sacos de cemento y varias cajas de lámparas.

Para una isla que llevaba meses denunciando hambre, abandono y falta de servicios básicos, aquella respuesta fue recibida como una provocación. No era lo que Annobón había pedido.

El reclamo era mucho más profundo: abastecimiento regular, infraestructura, atención sanitaria, electricidad, derechos políticos y el fin del aislamiento al que estaba sometida la población.

Los ancianos dijeron que no

El encuentro entre el Primer Ministro y los habitantes de la isla tuvo lugar en el ayuntamiento de Palé.

De acuerdo con el relato reconstruido por Cartagena Lagar, Siale Bileka compareció acompañado por efectivos militares mientras frente a los presentes se exhibían los productos enviados desde Malabo.

Pero el acto oficial no salió como esperaba el gobierno.

Dos referentes del Consejo de Ancianos, Pedro Panadés y Matilde Esteban Ballovera, conocida como Makus Kichi, tomaron la palabra.

Panadés cuestionó directamente por qué otras regiones de Guinea Ecuatorial contaban con generadores eléctricos, comercios y mejores condiciones de abastecimiento mientras a Annobón se le ofrecían lámparas y algunos sacos de arroz.

El mensaje fue contundente: Annobón no estaba pidiendo limosna.

Según Cartagena Lagar, Panadés llegó incluso a desafiar al representante del régimen delante de los militares y le reclamó que transmitiera personalmente a Obiang el hartazgo existente en la isla.

Matilde Esteban Ballovera planteó otra pregunta incómoda: si aquellas lámparas eran realmente una muestra de consideración hacia Annobón, ¿por qué el propio presidente no había viajado para entregarlas?

Detrás de aquellas intervenciones había algo más que una discusión sobre alimentos. Era una impugnación política al modo en que el gobierno trataba a la isla.

El arroz y el cemento quedaron abandonados

La población rechazó la entrega. Las lámparas no fueron aceptadas, los sacos de arroz quedaron sin distribuir y el cemento permaneció junto al mar hasta deteriorarse.

Cartagena Lagar interpreta aquel episodio como una declaración colectiva: Annobón prefería seguir reclamando sus derechos antes que aceptar una entrega utilizada para cerrar políticamente el conflicto.

La tensión fue tal que el Consejo de Ancianos habría dado al Primer Ministro un plazo para abandonar la isla.

Siale Bileka terminó marchándose antes de lo previsto.

La misión que había llegado para mostrar la presencia del gobierno regresó a Malabo llevando un mensaje exactamente contrario: el descontento en Annobón ya no podía ocultarse.

«El pueblo annobones esta decidido a no afiliarse a ningun partido politico», se solía escuchar.

La antesala del 13 de agosto

Lo ocurrido durante aquella visita adquirió una dimensión todavía mayor pocas semanas después.

El 13 de agosto de 1993 estalló una de las jornadas más violentas de la historia reciente de Annobón.

Cartagena Lagar sostiene que las fuerzas desplegadas en la isla reprimieron a la población. Hubo asesinatos, detenciones, torturas, saqueos y abusos.

Entre las víctimas, recuerda especialmente a Manuel Villarrubia Napoleón, conocido como “Sumene”, asesinado por Baudilio, y a Simplicio Llorente Yayé, muerto a manos de un militar llamado Pedro. Sus muertes siguen siendo, décadas después, una herida abierta en la memoria de la comunidad annobonesa.

Al día siguiente, según su testimonio, el Acacio Mañé volvió a aparecer frente a la isla, esta vez transportando un importante contingente militar.

Para quienes vivieron aquellos días, existe una línea directa entre ambos episodios: primero llegó la respuesta política a los reclamos; después, la respuesta militar.

Treinta y tres años después

La historia adquiere especial peso en 2026 porque muchas de las denuncias que rodeaban aquel episodio continúan formando parte del discurso político annobonés.

Falta de abastecimiento, restricciones de servicios básicos, aislamiento y una presencia militar considerada desproporcionada siguen apareciendo entre los principales reclamos.

Desde Ambô Legadu, Cartagena Lagar sostiene que recordar lo sucedido en 1993 no responde únicamente a un ejercicio histórico. Para el movimiento annobonés, aquellos acontecimientos explican parte del conflicto que continúa hasta nuestros días.

La imagen de Silvestre Siale Bileka llegando a Annobón con arroz, cemento y lámparas se convirtió así en el símbolo de una política que los habitantes de la isla rechazaron públicamente.

Treinta y tres años atrás, Annobón pidió derechos. Malabo respondió con sacos de arroz. Y el pueblo decidió no aceptarlos.