Que ciudadanos fang sean perseguidos, encarcelados, empobrecidos o se opongan frontalmente a Obiang no elimina la pregunta que aquí planteamos: ¿cuál es la relación de poder entre el pueblo fang, «mayoritario» cuando se toma como referencia el conjunto del Estado y asentado fundamentalmente en Río Muni, y los pueblos annobonés, bubi y ndowé en sus respectivos territorios?

Son dos planos que no deben confundirse.

Una cosa es quién controla el régimen y quién se beneficia de él. Otra es qué pueblo posee, a través de las estructuras del Estado, capacidad para ejercer poder sobre otros pueblos sin que éstos dispongan de capacidad equivalente sobre él.

La distinción no pretende atribuir culpabilidad individual a cada fang. Precisamente de eso trata este artículo: de distinguir entre la responsabilidad de los individuos, la naturaleza de un régimen político y las relaciones de poder entre pueblos.

No todo era Franco. Y no todo es Obiang.

Franco y España: dos planos de poder

La propia historia de Guinea ofrece un ejemplo particularmente útil.

Cuando los territorios de Guinea estuvieron sometidos a España, los pueblos colonizados no necesitaban afirmar que cada ciudadano español fuese personalmente un colonizador para poder hablar de colonialismo español.

Había españoles pobres. Había españoles perseguidos y encarcelados por la dictadura franquista. Había españoles que combatían a Franco y españoles que se oponían al colonialismo.

Nada de ello hacía desaparecer la relación colonial.

Tampoco desapareció porque España modificara el estatuto jurídico de los territorios.

Fernando Poo y Río Muni fueron convertidos formalmente en provincias españolas. Sus habitantes quedaron jurídicamente incorporados a España.

Podían llamarlos españoles.

Podían declarar aquellos territorios provincias españolas.

Podían afirmar jurídicamente que todos pertenecían al mismo Estado.

Pero seguía existiendo una pregunta:

¿Quién decidía sobre quién?

Una cosa era Franco frente a los españoles.

Otra era España frente a los pueblos de Guinea.

Un español perseguido por Franco podía ser víctima de la dictadura y, simultáneamente, España podía ejercer dominación colonial sobre los pueblos de Guinea.

No existía ninguna contradicción.

Por eso habría resultado absurdo decir a un fang de Río Muni: «No digas que los españoles os dominan; di únicamente que Franco os domina, porque también existen españoles perseguidos por Franco».

El sufrimiento de españoles bajo Franco no hacía desaparecer la relación entre España y los pueblos colonizados.

Y tampoco la hacía desaparecer su ciudadanía común.

Cambiar el estatuto jurídico de un territorio —de colonia a provincia— no cambia necesariamente la naturaleza de la relación de poder que existe detrás.

En el interior de Río Muni se habla fang

Hay una dimensión cultural y lingüística que permite entender todavía mejor esta diferencia.

En el interior de Río Muni se habla fang.

Se hablaba fang durante la colonización española y se sigue hablando fang hoy. No ha existido una presión social que haya obligado al pueblo fang a abandonar su lengua dentro de su propio territorio. Se utiliza en la familia, en la calle, en las relaciones sociales e incluso en la administración.

Cuando durante la colonización un español llegaba al interior de Río Muni para ejercer autoridad, el fang sabía que aquella persona no era fang.

No sólo porque no hablaba fang. También por su manera de hablar, por sus referencias culturales, por su forma de comportarse y por la relación de autoridad que ejercía.

Pero aquel fang no tenía por qué saber si ese español era andaluz, gallego, catalán o madrileño.

Esas diferencias podían ser fundamentales para los propios españoles.

Para el fang podían ser completamente desconocidas.

Lo que sabía era que era español.

Nadie podía exigirle que antes de hablar de dominación española averiguara si el gobernador era catalán, el militar andaluz o el funcionario gallego.

En Annobón se habla annobonés

En Annobón ocurre algo comparable.

En Annobón se habla annobonés.

El pueblo annobonés posee su propia lengua, su cultura, su territorio, sus referencias comunitarias y sus formas de reconocerse.

Cuando un fang llega a Annobón investido de autoridad sobre los annoboneses, éstos saben que no es annobonés.

Lo saben por su lengua, por su manera de hablar y por diferencias culturales que son evidentes para quienes pertenecen a otro pueblo. Y cuando esa autoridad se ejerce mediante imposición, prepotencia o maltrato, el annobonés experimenta directamente esa relación de poder.

Pero un annobonés no tiene por qué saber si esa persona procede de Niefang, Welensá, Mongomo o cualquier otra localidad de Río Muni.

¿Por qué tendría que saberlo?

Del mismo modo que el fang no tenía por qué distinguir entre un gallego, un catalán, un andaluz o un madrileño para saber que quien tenía delante era español, el annobonés no tiene por qué conocer las diferencias internas del mundo fang para saber que quien tiene delante es fang.

Exigir lo contrario significa no comprender la profundidad de la diversidad cultural existente entre los pueblos que componen Guinea Ecuatorial.

Un fang conoce las diferencias internas de su sociedad.

Un annobonés conoce las de Annobón.

Un bubi conoce las de su pueblo.

Un ndowé conoce las suyas.

Eso no es ignorancia.

Es una consecuencia natural de pertenecer a pueblos histórica, lingüística, cultural y territorialmente diferenciados.

Naturalmente, identificar como español al español que ejercía poder colonial no significaba afirmar que todos los españoles fueran personalmente colonialistas.

Del mismo modo, identificar como fang a quien ejerce determinado poder en Annobón no significa atribuir automáticamente sus actos a todos los fang.

Identificar el origen colectivo de quien ejerce un poder no equivale a declarar culpables individualmente a todos los miembros de su pueblo.

Obiang y los fang: otra vez, dos planos

Llegamos así a la Guinea Ecuatorial actual.

Obiang es el dictador. Pero la cuestión que plantean los pueblos no termina en Obiang.

Un ciudadano fang puede ser perseguido por Obiang.

Puede estar encarcelado.

Puede vivir en la pobreza.

Puede ser opositor.

Puede combatir sinceramente contra la dictadura.

Eso describe su relación con Obiang y su régimen.

Pero no responde a otra pregunta:

¿Cuál es la relación de poder entre el pueblo fang y los demás pueblos que componen Guinea Ecuatorial?

Por eso decir a un annobonés: «No digas fang; di Obiang«, plantea el mismo problema conceptual que habría planteado decir a un fang durante la colonización: «No digas españoles; di Franco«.

Franco podía desaparecer y España seguir siendo España.

Obiang puede desaparecer y la cuestión entre los pueblos seguir sin resolverse.

La prueba de reciprocidad

Existe una forma muy sencilla de comprobar si estamos hablando únicamente de una dictadura o también de una relación desigual entre pueblos.

Preguntemos si el poder funciona en ambas direcciones.

¿Puede Annobón determinar quién gobierna Río Muni?

No.

¿Puede Annobón desplegar fuerzas annobonesas en Río Muni y mantenerlas allí?

No.

¿Puede Annobón decidir quién dirige las estructuras de seguridad en territorio fang?

No.

¿Puede Annobón decidir sobre los recursos, el territorio o la administración de Río Muni?

No.

¿Puede Annobón enviar gobernadores, administradores, militares o funcionarios para ejercer autoridad sobre las comunidades fang?

No.

Pero desde las estructuras centrales del Estado sí se puede nombrar autoridades para Annobón, desplegar fuerzas de seguridad en la isla, intervenir sobre su territorio, controlar su administración y adoptar decisiones fundamentales sobre sus recursos y sobre la vida de su población.

Ésa es la asimetría.

Cuando un pueblo posee, a través de las estructuras del Estado, capacidad para decidir sobre otro y el segundo carece de capacidad equivalente para decidir sobre el primero, existe una relación de poder entre pueblos que no desaparece simplemente cambiando al gobernante.

¿»Mayoritario», dónde?

Aquí debemos detenernos en otra palabra utilizada constantemente para describir al pueblo fang: «mayoritario».

¿Mayoritario dónde?

El pueblo fang es «mayoritario» cuando se toma como referencia la suma de toda la población comprendida dentro de las fronteras de Guinea Ecuatorial.

Pero eso no lo convierte en mayoritario en cada uno de los territorios de los pueblos que integran el Estado.

En Annobón, el pueblo mayoritario es el pueblo annobonés.

Y esta distinción no es simplemente estadística.

El problema comienza cuando la condición de «mayoría» calculada a escala estatal se transforma en criterio para distribuir el poder dentro de los territorios de otros pueblos.

Se es «mayoría» para ocupar las estructuras del Estado.

Se es «mayoría» para controlar la administración.

Se es «mayoría» para justificar determinada representación política.

Se es «mayoría» cuando se distribuyen puestos, becas y oportunidades.

Se es «mayoría» para enviar funcionarios, autoridades y fuerzas de seguridad a los territorios de otros pueblos.

Y finalmente esa misma mayoría estatal sirve para presentar como normal que quienes son mayoría en Río Muni ejerzan el poder en Annobón, mientras los annoboneses, mayoritarios en Annobón, carecen de una capacidad equivalente incluso sobre su propio territorio.

Entonces debemos preguntar nuevamente: ¿Qué significa ser «mayoritario»?

Si la superioridad numérica dentro del conjunto del Estado concede automáticamente a un pueblo el derecho permanente a decidir sobre los demás, entonces los pueblos pequeños jamás podrán ser políticamente libres.

Serán siempre minorías estatales, incluso cuando sean mayorías en sus propios territorios.

La aritmética del Estado

Aquí aparece una de las contradicciones fundamentales del modelo.

Se agrupan pueblos territorialmente diferentes dentro de una frontera.

Se suman sus poblaciones.

Uno resulta numéricamente superior.

Y después esa superioridad numérica se utiliza para justificar que tenga mayor presencia en las instituciones que deciden sobre todos.

La aritmética termina convirtiéndose en poder: «Somos más en el conjunto; por tanto gobernamos también vuestro territorio, ocupamos la administración, distribuimos los puestos, accedemos mayoritariamente a las oportunidades y decidimos cuánto poder os corresponde».

Pero eso no responde a la cuestión de los pueblos.

La oculta detrás de los números.

Una mayoría estatal no debería convertirse automáticamente en un título político para acumular poder, representación, becas, puestos públicos, recursos y oportunidades que corresponden también a los demás pueblos.

Mucho menos debería utilizarse para normalizar la implantación permanente de población, funcionarios o fuerzas procedentes del pueblo estatalmente «mayoritario» en el territorio de otro pueblo hasta alterar las relaciones de poder dentro de ese territorio.

Porque entonces la superioridad numérica deja de ser una descripción demográfica y comienza a convertirse en un mecanismo de dominación.

«Todos somos ecuatoguineanos»

Frente a estas preguntas aparece frecuentemente otra respuesta: «Todos somos ecuatoguineanos».

Pero ya conocemos ese argumento.

Hubo un tiempo en que podía decirse: «Todos somos españoles».

Fernando Poo y Río Muni eran provincias españolas y sus habitantes estaban jurídicamente integrados en España.

Eso no convertía automáticamente la relación entre España y los pueblos de Guinea en una relación libre entre pueblos iguales.

Del mismo modo, compartir hoy una nacionalidad ecuatoguineana no demuestra por sí solo que la relación entre annoboneses, bubis, ndowés y fang sea libre, igualitaria o voluntariamente consentida.

La ciudadanía responde a la pertenencia jurídica de una persona a un Estado. La autodeterminación plantea una cuestión distinta: qué capacidad posee un pueblo para decidir su propio futuro político.

Confundir ambas cuestiones fue insuficiente cuando todos podían ser jurídicamente españoles.

Y sigue siendo insuficiente porque hoy todos sean jurídicamente ecuatoguineanos.

Si molesta la expresión «dominación fang»

Si molesta que otros pueblos hablen de dominación fang, la respuesta no puede consistir simplemente en exigirles que eliminen la palabra fang.

La respuesta debe ser eliminar las condiciones que hacen posible esa acusación.

No estamos diciendo que todos los fang dominen individualmente a annoboneses, bubis o ndowés.

No estamos diciendo que todos los fang apoyen a Obiang.

No estamos diciendo que todos los fang sean responsables de los abusos del Estado.

Estamos planteando una cuestión diferente: ¿Qué pueblo ocupa una posición desde la cual las estructuras centrales pueden gobernar los territorios de otros pueblos mientras éstos carecen de capacidad recíproca para decidir sobre él?

Responder: «Nosotros también sufrimos a Obiang», puede ser absolutamente cierto.

Pero responde a la cuestión de la dictadura.

No responde a la cuestión entre los pueblos.

Los españoles perseguidos por Franco también sufrían una dictadura.

Eso no privaba a los pueblos colonizados del derecho a plantear una cuestión diferente sobre su relación con España.

¿Qué ocurre al día siguiente a Obiang?

Éste es precisamente el problema del discurso: «Primero acabemos con Obiang y después hablaremos».

La pregunta inevitable es: ¿Qué ocurre al día siguiente?

Si desaparecen Obiang y su familia pero Annobón continúa sin poder decidir libremente su relación con el Estado, habrá cambiado el régimen político. Pero no necesariamente habrá cambiado la relación entre los pueblos.

Si mañana existen elecciones libres, partidos políticos, libertad de prensa y alternancia en el poder, pero se establece de antemano que Guinea Ecuatorial es indivisible y que los pueblos que la componen carecen del derecho siquiera a decidir otra cosa, se habrá resuelto una cuestión.

La dictadura.

Pero seguirá pendiente otra: la relación entre los pueblos.

Cambiar quién gobierna no responde necesariamente a la pregunta de quién tiene derecho a decidir.

El orden importa

Por eso rechazamos también la fórmula: «Primero acabemos con Obiang y después discutiremos la cuestión de los pueblos».

No.

Porque eso significaría que los pueblos deben participar primero en la construcción de un nuevo Estado sin que previamente se reconozca siquiera su libertad para decidir si desean pertenecer a ese Estado y en qué condiciones.

La libertad de los pueblos no puede ser una concesión que un futuro gobierno otorgue después de la caída de Obiang.

Debe ser un principio anterior.

Por eso el orden importa: reconocer la libertad de los pueblos; acabar con la dictadura y después, entre pueblos libres, decidir qué queremos construir juntos.

Una oportunidad histórica para el pueblo fang

Los dirigentes, movimientos, intelectuales y ciudadanos fang que se oponen a Obiang tienen aquí una oportunidad histórica.

Si consideran injusto que el pueblo fang sea identificado con una estructura de dominación sobre otros pueblos, pueden demostrar que su proyecto político no consiste simplemente en sustituir a Obiang ni en democratizar las mismas relaciones de poder heredadas.

Pueden afirmar algo mucho más profundo: la libertad que reclamamos para nosotros frente a la dictadura también pertenece a los demás pueblos.

Eso significa libertad para el pueblo fang frente a la dictadura y libertad para los pueblos annobonés, bubi y ndowé para decidir su propio futuro.

No se pide a ningún fang que apoye necesariamente la independencia de Annobón, de Bioko o una determinada solución política para los pueblos ndowé.

Se pide algo anterior: que acepte que esa decisión no le corresponde tomarla por ellos.

Podrá defender la continuidad de Guinea Ecuatorial.

Podrá proponer una federación.

Podrá proponer una confederación.

Podrá defender un Estado descentralizado.

Podrá explicar las ventajas de permanecer juntos.

Podrá decir a los demás pueblos: «Construyamos juntos una nueva Guinea Ecuatorial».

Pero tendrá que dirigirse a ellos como pueblos libres.

Lo que no puede hacerse es decidir primero que Guinea Ecuatorial es indivisible y llamar después «unidad voluntaria» a aquello de lo que los demás pueblos no tienen derecho a salir.

Si uno de los pueblos posee de antemano el poder de decidir que todos deben permanecer juntos, entonces ya ha tomado por los demás la decisión que supuestamente debían tomar juntos.

No se trata de culpabilidad colectiva

Nada de esto pretende atribuir culpabilidad colectiva al pueblo fang.

No todos los españoles fueron Franco.

No todos los españoles apoyaron el franquismo.

No todos los españoles apoyaron el colonialismo.

Pero eso nunca impidió hablar de colonialismo español.

De la misma manera:

No todos los fang son Obiang.

No todos los fang pertenecen al régimen.

No todos los fang se benefician del régimen.

Muchos fang han sufrido y sufren sus consecuencias.

Pero ninguna de esas afirmaciones responde por sí sola a la cuestión de la relación política entre los pueblos.

Un fang puede combatir honestamente a Obiang y reconocer simultáneamente que acabar con la dictadura no basta si el nuevo orden continúa negando a otros pueblos la capacidad de decidir libremente su futuro.

Ésa sería precisamente una ruptura profunda con el pasado.

La pregunta no es solamente: ¿Qué sistema político sustituirá a Obiang?

La pregunta es también: ¿Sobre el consentimiento de qué pueblos se construirá el Estado que venga después?

Entre pueblos libres

Para Annobón, esta discusión no es académica.

Es una cuestión de territorio, gobierno, seguridad, recursos, representación, oportunidades, lengua, cultura, identidad y futuro colectivo.

Y no desaparecerá simplemente porque desaparezcan Teodoro Obiang y su familia.

Por eso debemos comprender la diferencia entre los dos planos:

Franco era el dictador. La relación de España con los pueblos colonizados era otra cuestión.

Obiang es el dictador. La relación entre los pueblos que componen Guinea Ecuatorial es otra cuestión.

Confundir ambas cosas impide abordar la segunda.

Por eso, si verdaderamente queremos romper con el pasado, el principio debe ser claro:

Reconocer la libertad de los pueblos.

Acabar con la dictadura.

Y después, entre pueblos libres, decidir qué queremos construir juntos.

No se trata de sustituir una dictadura por una democracia que conserve intacto el derecho de unos a decidir sobre otros.

Acabar con Franco no habría legitimado que España negara indefinidamente a los pueblos de Guinea la posibilidad de decidir su futuro.

Y acabar con Obiang tampoco puede utilizarse mañana para negar esa libertad a los pueblos que hoy componen Guinea Ecuatorial.

Sólo entre pueblos libres puede existir una unión verdaderamente libre.

Y sólo cuando existe la posibilidad real de decir no adquiere verdadero significado político la decisión de decir sí.

Julio de 1993. Annobón llevaba más de un año prácticamente aislada. Los barcos procedentes de Guinea Ecuatorial apenas llegaban, faltaban alimentos, jabón, combustible, ropa y medicamentos, y las sucesivas cartas enviadas por representantes de la isla reclamando una respuesta al régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo no habían conseguido modificar la situación.

Fue entonces cuando Malabo decidió enviar a la isla al entonces Primer Ministro, Silvestre Siale Bileka, para calmar los ánimos en Palé.

Treinta y tres años después, Orlando Cartagena Lagar recuerda aquel episodio como “el viaje de la vergüenza”: una visita que, lejos de calmar el descontento, terminó convertida en una de las mayores expresiones de rechazo popular al régimen dentro de Annobón.

Siale Bileka llegó a Palé a bordo del buque Acacio Mañé con una carga que el gobierno presentó como ayuda para la población: arroz, cien sacos de cemento y varias cajas de lámparas.

Para una isla que llevaba meses denunciando hambre, abandono y falta de servicios básicos, aquella respuesta fue recibida como una provocación. No era lo que Annobón había pedido.

El reclamo era mucho más profundo: abastecimiento regular, infraestructura, atención sanitaria, electricidad, derechos políticos y el fin del aislamiento al que estaba sometida la población.

Los ancianos dijeron que no

El encuentro entre el Primer Ministro y los habitantes de la isla tuvo lugar en el ayuntamiento de Palé.

De acuerdo con el relato reconstruido por Cartagena Lagar, Siale Bileka compareció acompañado por efectivos militares mientras frente a los presentes se exhibían los productos enviados desde Malabo.

Pero el acto oficial no salió como esperaba el gobierno.

Dos referentes del Consejo de Ancianos, Pedro Panadés y Matilde Esteban Ballovera, conocida como Makus Kichi, tomaron la palabra.

Panadés cuestionó directamente por qué otras regiones de Guinea Ecuatorial contaban con generadores eléctricos, comercios y mejores condiciones de abastecimiento mientras a Annobón se le ofrecían lámparas y algunos sacos de arroz.

El mensaje fue contundente: Annobón no estaba pidiendo limosna.

Según Cartagena Lagar, Panadés llegó incluso a desafiar al representante del régimen delante de los militares y le reclamó que transmitiera personalmente a Obiang el hartazgo existente en la isla.

Matilde Esteban Ballovera planteó otra pregunta incómoda: si aquellas lámparas eran realmente una muestra de consideración hacia Annobón, ¿por qué el propio presidente no había viajado para entregarlas?

Detrás de aquellas intervenciones había algo más que una discusión sobre alimentos. Era una impugnación política al modo en que el gobierno trataba a la isla.

El arroz y el cemento quedaron abandonados

La población rechazó la entrega. Las lámparas no fueron aceptadas, los sacos de arroz quedaron sin distribuir y el cemento permaneció junto al mar hasta deteriorarse.

Cartagena Lagar interpreta aquel episodio como una declaración colectiva: Annobón prefería seguir reclamando sus derechos antes que aceptar una entrega utilizada para cerrar políticamente el conflicto.

La tensión fue tal que el Consejo de Ancianos habría dado al Primer Ministro un plazo para abandonar la isla.

Siale Bileka terminó marchándose antes de lo previsto.

La misión que había llegado para mostrar la presencia del gobierno regresó a Malabo llevando un mensaje exactamente contrario: el descontento en Annobón ya no podía ocultarse.

«El pueblo annobones esta decidido a no afiliarse a ningun partido politico», se solía escuchar.

La antesala del 13 de agosto

Lo ocurrido durante aquella visita adquirió una dimensión todavía mayor pocas semanas después.

El 13 de agosto de 1993 estalló una de las jornadas más violentas de la historia reciente de Annobón.

Cartagena Lagar sostiene que las fuerzas desplegadas en la isla reprimieron a la población. Hubo asesinatos, detenciones, torturas, saqueos y abusos.

Entre las víctimas, recuerda especialmente a Manuel Villarrubia Napoleón, conocido como “Sumene”, asesinado por Baudilio, y a Simplicio Llorente Yayé, muerto a manos de un militar llamado Pedro. Sus muertes siguen siendo, décadas después, una herida abierta en la memoria de la comunidad annobonesa.

Al día siguiente, según su testimonio, el Acacio Mañé volvió a aparecer frente a la isla, esta vez transportando un importante contingente militar.

Para quienes vivieron aquellos días, existe una línea directa entre ambos episodios: primero llegó la respuesta política a los reclamos; después, la respuesta militar.

Treinta y tres años después

La historia adquiere especial peso en 2026 porque muchas de las denuncias que rodeaban aquel episodio continúan formando parte del discurso político annobonés.

Falta de abastecimiento, restricciones de servicios básicos, aislamiento y una presencia militar considerada desproporcionada siguen apareciendo entre los principales reclamos.

Desde Ambô Legadu, Cartagena Lagar sostiene que recordar lo sucedido en 1993 no responde únicamente a un ejercicio histórico. Para el movimiento annobonés, aquellos acontecimientos explican parte del conflicto que continúa hasta nuestros días.

La imagen de Silvestre Siale Bileka llegando a Annobón con arroz, cemento y lámparas se convirtió así en el símbolo de una política que los habitantes de la isla rechazaron públicamente.

Treinta y tres años atrás, Annobón pidió derechos. Malabo respondió con sacos de arroz. Y el pueblo decidió no aceptarlos.

La presencia desde hace semanas de un buque de guerra ecuatoguineano frente a las costas de Palé ha incrementado el miedo y la incertidumbre entre los habitantes de Annobón. En una isla sometida desde hace décadas a una fuerte presencia militar, la permanencia de la embarcación es interpretada por parte de la población como una nueva demostración de fuerza y amenaza.

Según testimonios recibidos desde la isla por Ambô Legadu, el buque permanece fondeado frente al sector norte de Annobón y, según se cree, estaría esperando ser reabastecido de combustible. Aunque Palé dispone de puerto, la embarcación no habría atracado y sus tripulantes permanecen a bordo durante buena parte del día.

Extraños movimientos nocturnos

Las mismas fuentes denuncian desembarcos durante la noche mediante lanchas y el traslado de materiales hacia zonas boscosas de la isla, sin que la población conozca su contenido ni finalidad. Los movimientos, aseguran, coincidirían reiteradamente con cortes del suministro eléctrico, lo que alimenta todavía más las sospechas sobre unas operaciones realizadas sin información pública.

Antes de algunos de esos desplazamientos nocturnos, residentes aseguran haber observado militares exhibiendo armas y circulando a gran velocidad por las calles de Palé, acciones que interpretan como gestos destinados a intimidar y provocar temor.

La falta de explicaciones oficiales agrava el clima de inquietud. Para numerosos annoboneses, resulta especialmente llamativo que un buque militar ecuatoguineano permanezca durante semanas frente a una isla que cuenta con instalaciones portuarias, mientras se registran operaciones nocturnas de las que la población no recibe ninguna información.

Un despliegue militar que contrasta con la reciente pérdida de un helicóptero

La exhibición de capacidad militar en Annobón contrasta, además, con lo sucedido apenas unas semanas antes en la Región Continental, cuando las Fuerzas Armadas fueron incapaces durante casi tres semanas de localizar uno de sus propios helicópteros de combate.

El Z-9WE de las Fuerzas Armadas desapareció el 19 de junio de 2026 después de perder contacto durante una misión en la Región Continental. La operación de búsqueda terminó adquiriendo unas dimensiones extraordinarias: las propias autoridades reconocieron el despliegue de más de 2.000 efectivos en 77 poblados, además de medios aéreos, drones y operaciones terrestres. El gobierno estadounidense llegó a ofrecer apoyo mediante el envío de tres especialistas en búsqueda y salvamento.

Radio Macuto utilizó el episodio para cuestionar duramente la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, señalando la contradicción entre la imagen de poder militar proyectada por el régimen y su incapacidad para encontrar durante semanas una aeronave desaparecida dentro del propio territorio nacional. El medio destacó que en la búsqueda terminaron participando drones, helicópteros, militares, aldeanos y cazadores.

Finalmente, el 10 de julio, las autoridades anunciaron que el aparato había sido localizado en una cordillera situada entre los poblados de Mongom y Miduma, entre Niefang y Evinayong. Ninguno de sus cuatro tripulantes sobrevivió. El propio régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo agradeció públicamente la ayuda recibida de países amigos durante las labores de búsqueda y localización.

El episodio plantea un contraste difícil de ignorar: mientras las autoridades despliegan ahora un buque militar durante semanas frente a una pequeña población insular, exhibiendo una capacidad destinada aparentemente a controlar Annobón, semanas antes necesitaron un enorme dispositivo humano y asistencia exterior para localizar uno de sus propios helicópteros militares.

¿Cuál es la misión del buque?

En Annobón, donde la relación entre los habitantes y las fuerzas de ocupación enviadas desde el continente permanece marcada por la desconfianza, la presencia prolongada del buque vuelve a instalar preguntas que las autoridades continúan sin responder: ¿qué misión está desarrollando frente a Palé?, ¿por qué permanece fondeado durante semanas?, ¿por qué se producen desembarcos nocturnos y qué materiales están siendo trasladados hacia el interior de la isla?

Mientras no existan respuestas públicas, cada movimiento nocturno, cada corte de electricidad y cada exhibición de armas contribuyen a aumentar el miedo de una población que desconoce qué operación militar se está desarrollando en su propio territorio.

La polémica por el buque Viteoca terminó exponiendo, desde las propias filas del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, la gravedad del desabastecimiento que atraviesa Annobón.

En un audio difundido en las últimas horas, el vicepresidente primero de la Comisión Distrital de Seguimiento del PDGE reconoce que en la isla “no hay agua” y que prácticamente no existen suministros.

“Martínez ya no tenía ni chicle”, afirma en referencia a Martínez Hermanos, la empresa cuya instalación en la isla fue presentada en 2023 por el propio régimen como una supuesta solución al abastecimiento, después de las reiteradas denuncias del Gobierno de la República de Annobón sobre la escasez permanente que sufre la comunidad.

El dirigente también admite que los propios annoboneses dependen de lo que consiguen comprar y enviar desde Malabo: “Todos hemos hecho todo lo posible para poder comprar las necesidades de nuestras familias y poder aguantar en Annobón”, explicaron.

La situación quedó nuevamente expuesta con el último viaje del Viteoca. Según se desprende del audio, más de 1.200 personas pretendían trasladarse hacia Annobón, pero el barco tiene capacidad para apenas unos 450 pasajeros. A eso se suma una enorme cantidad de alimentos, pertenencias particulares y productos comerciales acumulados después de meses sin un servicio regular, además del aumento de la población implantada por la fuerza de ocupación colonial, denunciado por los annoboneses como parte de una política destinada a desplazar a la población originaria.

El Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, explicó que detrás de esa saturación existe un problema todavía más profundo. “Llevamos 58 años de independencia de Guinea Ecuatorial. Nunca se ha mandado ningún barco con provisiones. Simplemente cada annobonés envía lo que puede a su familia”, aseguró.

Las familias que no tienen parientes en Malabo o Bata son las que peor atraviesan el aislamiento. “Es un pueblo que no tiene nada. Necesita de todo”, resumió Cartagena Lagar.

Para los annoboneses, el problema tampoco se limita a conseguir un barco. Denuncian que las autoridades controlan quién puede entrar a la isla y que quienes no responden al régimen se exponen a detenciones, represalias y otras formas de persecución.

Así, el intento del PDGE de justificar las restricciones del Viteoca terminó dejando una admisión incómoda: tres años después de que la fuerza de ocupación colonial intentara presentar un supermercado como símbolo de progreso, Annobón sigue dependiendo de un barco irregular y de los paquetes que cada familia logra enviar para conseguir hasta los productos más básicos. Una situación que, según denuncian las autoridades annobonesas, se agrava con el paso del tiempo y con el crecimiento de la población implantada en la isla.

Martínez Hermanos: una puesta en escena que no resolvió el desabastecimiento 

La llegada de Martínez Hermanos a Annobón se produjo después de las reiteradas denuncias públicas de Ambô Legadu sobre la escasez de alimentos y productos básicos que sufría la población de la isla.

Su instalación fue presentada entonces como una muestra de abastecimiento y progreso. Sin embargo, tres años después, es un propio dirigente del PDGE quien reconoce que ni siquiera ese establecimiento dispone ya de productos suficientes.

La situación permite entender cómo funciona realmente buena parte del abastecimiento de Annobón.

Las familias compran en Malabo alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros artículos esenciales y deben esperar hasta que exista una oportunidad para enviarlos a la isla.

Quienes no tienen familiares o personas de confianza en Malabo o Bata se encuentran en una situación todavía más vulnerable.

De viajar en una barcaza de carga al Viteoca 

El problema del abastecimiento está directamente relacionado con otro de los grandes problemas estructurales de Annobón: su aislamiento marítimo.

Durante años, la isla ni siquiera dispuso de un servicio regular y adecuado para el transporte de pasajeros. Los annoboneses llegaron a depender para sus desplazamientos de una barcaza de carga utilizada por SOMAGEC.

No se trataba de una embarcación acondicionada para prestar un servicio regular de pasajeros. Los annoboneses realizaban la travesía a la intemperie, sin instalaciones adecuadas para pasajeros, agua potable ni condiciones apropiadas de saneamiento.

Esta situación fue denunciada públicamente por Embô Legadu, junto con el aislamiento y las enormes dificultades que encontraba la población para entrar o salir de su propia isla.

Posteriormente, el 8 de mayo de 2024, Teodorín Nguema Obiang anunció públicamente la contratación de San Valentín y Viteoca para realizar los desplazamientos marítimos hasta Annobón. La medida fue presentada como una solución al problema de las comunicaciones marítimas.

Según lo anunciado entonces, cada una de las dos compañías realizaría dos viajes mensuales, lo que suponía hasta cuatro conexiones al mes. Dos años después, la realidad reconocida desde las propias estructuras del PDGE está muy lejos de aquella promesa.

De cuatro viajes mensuales prometidos a más de dos meses sin un solo barco

El contraste resulta difícil de ignorar. En mayo de 2024 se anunciaron hasta cuatro conexiones mensuales entre San Valentín y Viteoca. En agosto de 2026, un dirigente del propio PDGE reconoce que Annobón lleva más de dos meses sin recibir ningún barco.

La irregularidad no constituye una excepción aislada. El servicio marítimo hacia Annobón puede espaciarse durante semanas y, en ocasiones, durante dos o incluso tres meses. Esta situación tiene consecuencias directas.

Durante todo ese tiempo se acumulan en Malabo personas que necesitan viajar, alimentos, medicamentos, mercancías, equipajes y, especialmente, los paquetes que las familias preparan para mantener a sus familiares en la isla.

Cuando finalmente se anuncia un viaje, toda esa demanda acumulada converge sobre un único barco. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido ahora.

Más población, los mismos recursos escasos

A esta situación se añade otro elemento que preocupa especialmente a los annoboneses: el aumento de la población implantada en la isla por la fuerza de ocupación colonial.

La presencia creciente de militares, funcionarios y otras personas trasladadas desde el continente incrementa la demanda de transporte, alimentos, agua y otros recursos en una isla que ya carece de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su población originaria.

Para las autoridades annobonesas, este crecimiento de población implantada no puede analizarse únicamente como un problema logístico. Lo denuncian como parte de una política destinada a modificar progresivamente la composición demográfica de Annobón y desplazar a su población originaria.

El episodio actual permite observar además una consecuencia inmediata: cada incremento de población en una isla sin un sistema estable de abastecimiento aumenta la presión sobre unos recursos que ya son extremadamente escasos.

Si, como reconoce el propio dirigente del PDGE, en Annobón «no hay agua» y los establecimientos se quedan sin productos básicos, aumentar la población sin incrementar paralelamente la capacidad de abastecimiento, transporte, agua y saneamiento agrava necesariamente la precariedad existente.

«No hay agua«

Por todo lo antedicho, resulta particularmente significativa la admisión realizada ahora desde las propias estructuras del PDGE. No se trata únicamente de las denuncias que Ambô Legadu, las autoridades annobonesas y las propias familias vienen realizando desde hace años.

Es un dirigente del partido gobernante quien reconoce que «no hay agua», que Martínez Hermanos prácticamente se ha quedado sin productos y que las propias familias deben comprar desde Malabo lo necesario para poder «aguantar en Annobón».

Sus palabras terminan describiendo precisamente la realidad que durante años se ha intentado presentar de otra manera.

La realidad ambiental de Annobón ha dejado de estar confinada al aislamiento geográfico e informativo impuesto durante décadas a su población.

El EJAtlas ha incorporado a su base de datos internacional dos casos clave que demuestran cómo Annobón ha sido convertida históricamente en una verdadera zona de sacrificio ambiental (primero con vertidos tóxicos internacionales y ahora con la destrucción mediante voladuras): los vertidos de residuos tóxicos denunciados desde finales de los años 1980 por corporaciones británicas y estadounidenses, y la utilización intensiva de explosivos por la empresa constructora marroquí SOMAGEC para la extracción de minerales y canteras en la isla.

Las dos investigaciones pueden consultarse directamente en EJAtlas:

1.- Toxic dumping on Annobón Island — Consultar el caso en EJAtlas

2.- SOMAGEC’s use of dynamite for mineral extraction on Annobón — Consultar el caso en EJAtlas

De una denuncia local a un registro internacional de racismo ambiental

La importancia de estas publicaciones va mucho más allá de la incorporación de dos nuevas páginas a una base de datos. EJAtlas constituye un archivo internacional de conflictos relacionados con la justicia ambiental. Sus fichas documentan con rigor científico casos de contaminación, minería, extracción de recursos naturales, residuos peligrosos, grandes infraestructuras, desplazamientos de comunidades y otras formas de afectación ambiental y social en diferentes regiones del mundo.

La incorporación de Annobón permite, por tanto, situar lo ocurrido en la isla dentro de un fenómeno internacional más amplio y profundamente asimétrico: la injusticia y el racismo ambiental, donde comunidades pequeñas, insulares o políticamente marginadas soportan los devastadores costes ecológicos de decisiones adoptadas sin una participación ni consentimiento efectivo de las poblaciones afectadas.

Para el pueblo annobonés, cuya capacidad para hacer llegar información al exterior se encuentra gravemente limitada, disponer de este registro internacional tiene un significado especial. Lo que durante años podía ser presentado de forma aislada pasa a formar parte de un archivo global de conflictos ambientales susceptible de ser consultado por investigadores, universidades, periodistas, organizaciones ambientales, defensores de derechos humanos y organismos internacionales.

El crimen histórico: los vertidos tóxicos en Annobón y el colonialismo ambiental impune

La primera ficha aborda uno de los capítulos más graves de la historia reciente de Annobón: las denuncias sobre la utilización de la isla y sus aguas territoriales como vertedero de desechos tóxicos y peligrosos procedentes del exterior.

El caso recupera documentación histórica y fuentes sobre los acuerdos y concesiones entre el régimen de Guinea Ecuatorial y corporaciones privadas británicas y estadounidenses, negociados principalmente durante las décadas de 1980 y 1990 para el depósito de hasta más de dos millones de bidones de residuos peligrosos.

Décadas después, los efectos acumulativos sobre el frágil e interconectado ecosistema insular son alarmantes: la ficha destaca la mortandad marina observada en las aguas costeras de las que depende la pesca tradicional, la degradación de los suelos agrícolas de subsistencia y la contaminación de las escasas fuentes naturales de agua potable. Estas afectaciones se traducen en un impacto severo en la salud humana, evidenciado en el incremento de enfermedades crónicas en la población local.

Pero la cuestión fundamental continúa abierta. ​Si bien el gobierno de Guinea Ecuatorial no ha llevado a cabo auditorías ambientales independientes, informes de organismos como la UNPO, la ONU y el Atlas Mundial de Justicia Ambiental confirman el vertido masivo de residuos altamente peligrosos en Annobón desde la década de 1980. Entre las sustancias documentadas se identifican asbesto, acrilonitrilo, piridina, diclorometano, cloruro de etilo, tetracloroetileno y diversos químicos de laboratorio desconocidos, lo que abre graves interrogantes sobre los riesgos toxicológicos acumulados a los que ha estado expuesta la población annobonesa durante décadas.

Por ello, la incorporación del caso a EJAtlas no debe entenderse como el final de una investigación, sino como la base legítima para exigir análisis científicos independientes del suelo, las aguas costeras, los acuíferos y los sedimentos marinos, así como la determinación de responsabilidades históricas.

El ecocidio presente: SOMAGEC, las explosiones y la transformación física de la isla

La segunda investigación documenta el conflicto relacionado con las actividades de la empresa marroquí SOMAGEC y la utilización continuada e intensiva de dinamita y explosivos para la apertura de canteras y extracción de piedra desde 2007.

En una isla de dimensiones extremadamente reducidas y con un ecosistema sumamente frágil, las detonaciones diarias y la extracción intensiva adquieren una dimensión destructiva singular:

• Erosión y deslizamientos: la fragmentación del relieve mediante voladuras ha desestabilizado las laderas, acelerando la erosión, alterando el paisaje natural y provocando desprendimientos de tierra.
• Afectación de recursos hídricos: las explosiones han alterado el curso de los manantiales subterráneos y contaminado las fuentes de agua dulce de la isla, desencadenando inundaciones relámpago y desabastecimiento para el consumo diario.
• Daños estructurales e inseguridad: las vibraciones han agrietado viviendas tradicionales, destruido parcelas de cultivo de subsistencia y generado episodios continuos de polvo y contaminación acústica.

El caso adquiere además una dimensión humana y dolorosa con la muerte de Petronila Álfaro León, conocida afectuosamente como “Nanana”, de 75 años, fallecida el 24 de septiembre de 2024 tras ser alcanzada por una roca mientras trabajaba en su finca, en un contexto que las denuncias locales vincularon directamente con la inestabilidad del terreno provocada por las voladuras. Su muerte recuerda que la degradación ambiental no constituye únicamente una cuestión de conservación de la naturaleza: es una amenaza inmediata a la seguridad, la dignidad y la vida humana.

Justicia ambiental y derechos humanos

Los dos casos muestran una realidad que Ambô Legadu viene señalando desde hace años: en Annobón resulta imposible separar la protección ambiental de la protección de los derechos humanos.

Cuando una comunidad no dispone de mecanismos efectivos para decidir sobre la explotación de su territorio; cuando quienes protestan contra el ecocidio sufren persecución o represalias; y cuando existen severas restricciones sobre las comunicaciones con el exterior, la degradación ambiental adquiere un carácter de violación sistémica de derechos humanos.

Esta relación ha adquirido una dimensión institucional de primer orden. En agosto de 2025, nueve mandatos de los Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron una comunicación oficial al régimen de Guinea Ecuatorial sobre las denuncias en Annobón. El requerimiento involucró a los relatores especiales sobre medio ambiente, sustancias y desechos peligrosos, agua potable y saneamiento, empresas y derechos humanos, detención arbitraria, defensores de derechos humanos, minorías, vivienda adecuada y libertades de reunión y asociación.

La convergencia entre la rigurosa documentación ambiental del EJAtlas y la intervención de los mecanismos de la ONU demuestra que la crisis socioambiental de Annobón no es una controversia local o un asunto administrativo interno, sino un caso de repercusión internacional sobre justicia socioambiental.

Romper el aislamiento documental de Annobón

Durante décadas, el mayor obstáculo para la defensa de Annobón ha sido su aislamiento geográfico e informativo. Una comunidad pequeña y alejada corre el riesgo de ser invisibilizada por completo ante los ojos del mundo.

Por eso, la documentación rigurosa es un acto de resistencia. Cada archivo histórico recuperado, cada testimonio preservado, cada análisis científico y cada registro incorporado a plataformas globales contribuye a construir una memoria verificable e inalienable.

La incorporación de estos dos conflictos a EJAtlas sitúa a Annobón dentro del mapa global donde sus problemas pueden ser analizados a la par de otras luchas ambientales de África, América Latina, Asia y el Pacífico.

Un reconocimiento al trabajo de investigación

Desde Ambô Legadu queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Lyra Bartell y a todo el equipo del EJAtlas (ICTA-UAB) por su riguroso trabajo de investigación, revisión y systematización que ha hecho posibles estas publicaciones.

Documentar una realidad compleja como la de Annobón exige contrastar fuentes históricas y contemporáneas en condiciones extremas de opacidad y censura. Este esfuerzo internacional dota al pueblo annobonés de un expediente técnico y académico de inestimable valor para la exigencia de sus derechos.

¿Por qué es crucial el trabajo de EJAtlas para Ambô Legadu y el pueblo de Annobón?

El EJAtlas no es solo una base de datos académica; es una herramienta de resistencia y denuncia internacional. Que los conflictos de Annobón formen parte de este atlas científico ofrece tres ventajas estratégicas cruciales:

• Legitimación y evidencia científica: traduce el sufrimiento de la comunidad a datos, mapas y hechos académicos reconocidos por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y la comunidad científica global.
• Romper el cerco informativo: sitúa los crímenes ambientales en Annobón al mismo nivel de visibilidad que otras grandes luchas ambientales en América Latina, Asia o el resto de África.
• Respaldo para la exigencia de justicia y reparación: proporciona un marco conceptual de «Injusticia Socioambiental» que fortalece los reclamos históricos de la población ambonesa por la reparación del daño, la protección de sus bienes comunes naturales y la autodeterminación sobre su propio territorio.

El trabajo apenas comienza

La publicación de estas investigaciones en el atlas mundial no cierra los casos; al contrario, abre una agenda clara de exigencias internacionales:

¿Qué sustancias tóxicas permanecen en el territorio y en las aguas costeras de Annobón tras los vertidos de las últimas décadas?

¿Cuál es el impacto ecológico y geológico acumulativo de las voladuras continuadas de SOMAGEC sobre los acuíferos y la estabilidad física de la isla?

¿Cuándo se realizarán los estudios socioambientales y sanitarios independientes que la población requiere con urgencia?

¿Quiénes responderán por las pérdidas humanas, materiales y ecológicas causadas en el territorio insular?

Responder a estas interrogantes requerirá cooperación internacional, fiscalización científica e inspecciones sobre el terreno. Pero hoy existe una certeza determinante: Annobón forma parte oficial del mapa mundial de la justicia ambiental. El silencio y la invisibilidad ya no son una opción.

Para un pueblo sometido durante décadas al aislamiento, conseguir que su historia quede documentada fuera de la isla es ya un paso fundamental. La voz de Annobón resuena hoy con más fuerza. A través del trabajo de plataformas como EJAtlas y el compromiso informativo de espacios como Ambô Legadu, la memoria histórica, la denuncia del presente y la defensa del territorio insular se convierten en un frente común por la justicia y el futuro de nuestra tierra.

La organización internacional de derechos digitales Access Now denunció que el apagón de internet impuesto por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Annobón cumplió dos años sin que las autoridades de Guinea Ecuatorial hayan restablecido completamente las comunicaciones.

“El 20 de julio de 2024, el gobierno de Guinea Ecuatorial cortó por completo las comunicaciones en Annobón. Dos años después, la población sigue aislada del resto del mundo”, señaló la entidad en una publicación difundida durante los últimos días.

La organización agregó que la coalición internacional #KeepItOn renovó su llamado a las autoridades ecuatoguineanas para que restituyan inmediatamente el acceso a internet en toda la isla.

La nueva intervención de Access Now confirma que el bloqueo digital no constituyó una interrupción temporal ni una falla técnica. Se trata de una decisión política que continúa vigente dos años después de las protestas realizadas por habitantes de Annobón contra las explosiones con dinamita y los daños ambientales atribuidos a las obras de la constructora marroquí SOMAGEC.

Dos años de silencio impuesto

El corte comenzó el 20 de julio de 2024, pocos días después de que ciudadanos annoboneses firmaran un documento para reclamar el fin de las detonaciones que estaban afectando viviendas, terrenos agrícolas y recursos naturales de la isla.

La respuesta fue una operación represiva. Las fuerzas de ocupación Pamues-Fang del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial realizaron redadas casa por casa, extrajeron teléfonos móviles y detuvieron a decenas de personas vinculadas con el reclamo. En total, 38 annoboneses fueron privados arbitrariamente de su libertad, sin garantías judiciales ni acusaciones formales.

Treinta y siete de ellos permanecieron encarcelados durante casi once meses y fueron liberados en junio de 2025, después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyera que las detenciones habían violado el derecho internacional.

Sin embargo, la excarcelación no puso fin a la persecución ni permitió condiciones dignas de vida. El apagón de internet continuó, mientras las comunicaciones telefónicas permanecieron sometidas a vigilancia y limitadas para los militares y los trabajadores de SOMAGEC.

Dos años después, Annobón continúa convertida en un territorio prácticamente inaccesible para periodistas, organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.

Una herramienta para ocultar la represión

Access Now sostiene que los apagones de internet son utilizados por gobiernos autoritarios para silenciar protestas, controlar la información e impedir que se documenten abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

En el caso de Annobón, el bloqueo afecta a una población históricamente marginada, ubicada a cientos de kilómetros de la parte continental de Guinea Ecuatorial y sometida a una fuerte presencia militar.

La falta de conectividad dificulta el acceso a servicios sanitarios, operaciones bancarias, educación, trabajo y comunicaciones familiares. También impide que los habitantes puedan enviar fotografías, videos y testimonios sobre lo que ocurre dentro de la isla.

Para conocer la situación de sus allegados, familias annobonesas residentes en el exilio dependen de las embarcaciones que conectan la isla con el continente a lo sumo una vez por mes.

El apagón funciona, de este modo, como una forma de castigo colectivo. No solamente limita el acceso a una herramienta tecnológica, sino que busca impedir que la población denuncie la militarización, los interrogatorios, las detenciones y otras violaciones de derechos humanos.

El régimen ignoró los reclamos internacionales

La continuidad del bloqueo se produce pese a los reiterados pedidos formulados por organizaciones internacionales, expertos de las Naciones Unidas y entidades de defensa de los derechos digitales.

En octubre de 2025, Felicia Anthonio, directora de la campaña global #KeepItOn de Access Now, había advertido en diálogo con REALPOLITIK que Guinea Ecuatorial estaba ignorando los llamados internacionales y continuaba imponiendo el apagón. Anthonio calificó la desconexión como un “castigo colectivo que aísla a la población y socava derechos fundamentales”.

La nueva publicación difundida por Access Now demuestra que la situación no se modificó. Al cumplirse dos años desde el inicio del bloqueo, el régimen de Obiang continúa sin informar públicamente las razones legales de la medida, su duración prevista ni las condiciones para restablecer el servicio.

Tampoco se conocen investigaciones independientes sobre el impacto del apagón en la salud, la economía y la vida cotidiana de los habitantes de Annobón.

Annobón permanece fuera del mundo

Access Now volvió a utilizar el caso annobonés como ejemplo de la utilización de las comunicaciones digitales como instrumento de control político. “Dos años después, la población sigue aislada del resto del mundo”, resumió la organización.

La afirmación adquiere una dimensión especialmente grave ante las nuevas denuncias sobre interrogatorios y amenazas contra menores y jóvenes de la isla, acusados por las autoridades de haber participado en la presunta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La coalición #KeepItOn volvió a reclamar la restauración inmediata, completa e incondicional de internet y de todos los servicios de comunicación.

Después de dos años, el apagón de Annobón ya no puede presentarse como una medida excepcional. Se ha convertido en una política sostenida de aislamiento contra todo un pueblo, aplicada por el régimen de Teodoro Obiang para impedir que el mundo conozca lo que ocurre en la isla.

El gobierno del Reino de Marruecos respondió finalmente a la comunicación conjunta de nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis ambiental y las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las actividades de la constructora SOMAGEC en Annobón. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, Rabat optó por una defensa estrictamente jurídica y diplomática: no desmintió las denuncias, no presentó estudios ambientales sobre las obras y tampoco informó si abrió una investigación sobre la compañía.

En el documento, la Misión Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas sostiene que las actividades desarrolladas por SOMAGEC en Annobón se encuentran regidas por acuerdos celebrados entre la compañía y el régimen de Guinea Ecuatorial, bajo la legislación de ese país.

Con ese argumento, las autoridades marroquíes invocaron los principios de soberanía estatal, no injerencia y jurisdicción territorial para señalar que las acusaciones formuladas por los expertos de la ONU “no conciernen” a Marruecos y que el Estado marroquí no es responsable por ellas.

La respuesta evita así la cuestión central: qué hizo Marruecos para determinar si una empresa constituida, registrada y domiciliada en su territorio pudo haber contribuido a la destrucción ambiental, al deterioro de las condiciones de vida o a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Annobón.

Ninguna respuesta sobre las víctimas

La comunicación original de los procedimientos especiales de la ONU fue dirigida a Marruecos, Guinea Ecuatorial y SOMAGEC debido a las denuncias recibidas sobre una crisis ambiental y presuntas vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de la constructora marroquí en la isla. La intervención reunió mandatos vinculados con el medio ambiente, la detención arbitraria, las empresas y los derechos humanos, la libertad de reunión, la vivienda, las minorías, los defensores de derechos humanos, los residuos peligrosos, el agua potable y el saneamiento.

Pese a la gravedad y amplitud de la presentación, Marruecos no abordó en su respuesta la situación concreta de los habitantes de Annobón.

No informó si pidió explicaciones a SOMAGEC, si exigió los estudios de impacto ambiental de las obras, si verificó los procedimientos utilizados para las explosiones con dinamita, si consultó a la población afectada o si evaluó la posibilidad de reparar los daños denunciados.

Tampoco expresó preocupación por las personas detenidas, perseguidas o reprimidas luego de las protestas contra las actividades de la empresa.

En septiembre de 2025, Associated Press informó que el corte de internet impuesto sobre Annobón había comenzado después de que habitantes de la isla reclamaran contra las explosiones realizadas por SOMAGEC. Según residentes y organizaciones consultadas por la agencia, decenas de firmantes fueron encarcelados y la interrupción del servicio afectó las comunicaciones, la atención sanitaria y las operaciones bancarias.

Nueve expertos de la ONU también manifestaron preocupación por un posible patrón de degradación ambiental, represión y detenciones arbitrarias contra el pueblo annobonés. La presentación tuvo como antecedente información aportada por organizaciones que documentaron las denuncias ambientales y la persecución de defensores de derechos humanos.

Una defensa general de SOMAGEC, pero ninguna explicación sobre Annobón

Una parte significativa de la respuesta marroquí está destinada a presentar a SOMAGEC como una empresa de ingeniería civil experimentada, fundada en 1967, especializada en infraestructura, puertos, obras marítimas, carreteras, energía, saneamiento y explotación de canteras.

Rabat destaca sus recursos técnicos, sus equipos y su participación en proyectos que, según el documento, cumplen con estándares internacionales. Sin embargo, no aporta ninguna prueba concreta de que esos estándares hayan sido respetados en Annobón.

La omisión resulta especialmente grave porque las denuncias no se refieren a la trayectoria general de SOMAGEC, sino a las consecuencias específicas de sus actividades sobre una pequeña población insular que permanece sometida a una fuerte presencia militar, aislamiento comunicacional y restricciones para denunciar lo que ocurre.

El director ejecutivo de SOMAGEC, Roger Sahyoun, reconoció ante Associated Press que la empresa utilizó explosivos y sostuvo que las detonaciones eran necesarias para sus proyectos. También afirmó que se habían realizado estudios geotécnicos y ambientales. Sin embargo, esos estudios no fueron incorporados a la respuesta marroquí ni puestos a disposición de los habitantes de Annobón en el documento analizado.

La estrecha relación entre SOMAGEC y el rey de Marruecos

Desde hace años circulan versiones que vinculan a SOMAGEC con el entorno del rey Mohamed VI. Aunque no existe documentación pública que permita afirmar que el monarca sea propietario o accionista de la empresa, sí está acreditada su estrecha inserción en la estrategia económica y diplomática impulsada por la monarquía marroquí.

La revista marroquí TelQuel describió a SOMAGEC como una de las compañías involucradas en los principales proyectos de infraestructura de la era de Mohamed VI. Su presidente, Roger Sahyoun, también integró delegaciones empresariales que acompañaron al rey en sus giras por África y reconoció públicamente en 2018 que el monarca les había “abierto las puertas de África”.

La propia compañía volvió a presentarse en 2025 como alineada con la visión africana de Mohamed VI. Al mismo tiempo, Sahyoun consolidó una relación privilegiada con el régimen de Obiang y SOMAGEC se convirtió en uno de los grandes contratistas de Guinea Ecuatorial, donde ejecutó importantes obras portuarias y de infraestructura, incluidos los cuestionados proyectos extractivistas desarrollados en Annobón.

Estos antecedentes dejan en evidencia que SOMAGEC no es una empresa ajena al poder político marroquí. Su crecimiento estuvo ligado a grandes contratos estatales, a las giras diplomáticas de Mohamed VI y a la expansión económica promovida por Rabat en el continente.

Por eso resulta contradictorio que Marruecos exhiba a SOMAGEC como una de las empresas emblemáticas de su proyección africana y, cuando aparecen denuncias por daños ambientales, represión y detenciones en Annobón, sostenga que las actividades de la compañía “no le conciernen”.

La contradicción de Marruecos

La respuesta marroquí enumera extensamente las leyes, instituciones y políticas que supuestamente protegen los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Marruecos recuerda que cuenta con normas sobre impacto ambiental, evaluaciones ambientales, responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. También destaca la existencia de un Punto Nacional de Contacto para las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre conducta empresarial responsable.

Según la propia respuesta, ese organismo puede actuar como intermediario cuando una empresa multinacional no cumple las directrices internacionales. Sin embargo, Marruecos no informa si el caso SOMAGEC fue remitido a ese mecanismo, si existe una investigación abierta o si los habitantes de Annobón pueden presentar una reclamación.

Allí aparece la principal contradicción del documento: Marruecos reivindica su sistema de protección frente a los abusos empresariales, pero se niega a aplicarlo o siquiera a explicar cómo podría aplicarse cuando las denuncias comprometen a una empresa marroquí fuera de sus fronteras.

Annobón no puede quedar atrapada entre dos Estados

La posición de Marruecos corre el riesgo de dejar a los habitantes de Annobón encerrados en un círculo de impunidad.

Guinea Ecuatorial protege las actividades desarrolladas en la isla, reprime las protestas y controla la información. Marruecos, por su parte, sostiene que no es responsable porque los hechos ocurrieron en territorio ecuatoguineano.

Entre ambas posiciones queda el ancestral pueblo de Annobón: sin acceso suficiente a información ambiental, sin garantías para reclamar, bajo vigilancia militar y expuestos a represalias por defender sus hogares, sus tierras, sus fuentes de agua y su integridad física.

La soberanía estatal no puede utilizarse como una barrera para impedir que se investiguen posibles abusos. Tampoco puede servir para desentenderse de la actuación internacional de una empresa constituida en el propio país.

Marruecos no desmintió las denuncias contra SOMAGEC. No demostró que las actividades desarrolladas en Annobón fueran inocuas. No informó si investigó a la empresa. No presentó los estudios ambientales invocados por sus directivos y no ofreció ningún mecanismo concreto de protección o reparación para la población afectada.

Su respuesta se limita a afirmar que el caso no le concierne.

Pero cuando una empresa marroquí desarrolla obras de enorme impacto en una isla militarizada, sus actividades provocan protestas y quienes reclaman terminan detenidos, incomunicados o perseguidos, el silencio y la evasión institucional dejan de ser neutrales.

La prioridad debe ser la vida, la seguridad y la dignidad del pueblo annobonés. Por encima de los contratos, de las alianzas diplomáticas y de los intereses económicos, Marruecos y Guinea Ecuatorial tienen la obligación de garantizar una investigación independiente, publicar los estudios ambientales, detener cualquier actividad potencialmente dañina y proteger de inmediato a todos los habitantes de Annobón.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una nueva escalada de represión militar contra menores y jóvenes de la isla, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, interrogatorios, intimidaciones y amenazas directas contra la población civil.

Según el comunicado difundido por las autoridades annobonesas, varios de los jóvenes que habían sido detenidos y agredidos durante los primeros días de junio estarían siendo nuevamente sometidos a interrogatorios. El objetivo sería responsabilizarlos por la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido impulsada por Eduardo Mejía Villahute, identificado en el documento como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, el comunicado remarca que el aeropuerto permanece protegido por un vallado perimetral y bajo vigilancia militar permanente, una circunstancia que genera serias dudas sobre la consistencia de las imputaciones.

Amenazas contra la población civil

La denuncia se suma a una serie de hechos reportados desde el 27 de julio, cuando comenzaron a circular informaciones sobre una intensificación del control militar en la isla.

Entre las situaciones descriptas aparecen detenciones arbitrarias, secuestros, interrogatorios bajo vigilancia militar y amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

Las restricciones también alcanzarían a los menores de edad, a quienes se les prohibió jugar y reunirse libremente. Para el gobierno annobonés en el exilio, estas medidas configuran un clima de miedo permanente, vigilancia y vulneración sistemática de los derechos fundamentales.

El comunicado sostiene además que el gobernador de las fuerzas de ocupación colonial, Eduardo Minang Enzema Abeme, y el jefe del régimen destinado a Annobón, Pedro Eyene, convocaron en Palé a representantes del partido gobernante y a parte de la población para transmitir amenazas atribuidas al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Estos hechos constituyen un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el miedo.

Una represión que no constituye un hecho aislado

Desde el Gobierno de la República de Annobón remarcaron que la situación actual debe ser analizada dentro de un contexto más amplio de militarización, marginación política y denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos. “La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado”, señala el comunicado, que vincula la nueva ofensiva con una prolongada política de represión y dominación sobre el pueblo annobonés.

Las autoridades en el exilio también advirtieron que el silencio internacional favorece la impunidad y deja a la población civil, especialmente a los menores, expuesta a nuevos abusos. En ese marco, el Gobierno annobonés solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y las organizaciones internacionales de derechos humanos.

El pedido incluye la documentación independiente de los hechos denunciados, el cese inmediato de las amenazas y detenciones arbitrarias, la protección efectiva de la población civil y la apertura de una investigación imparcial que permita determinar responsabilidades conforme al derecho internacional.

“Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad”, concluye el comunicado difundido por el Gobierno de la República de Annobón.

El comunicado completo

Alerta urgente | Annobón bajo represión militar

Las informaciones recibidas desde la isla de Annobón alertan de una nueva escalada de represión contra menores y jóvenes que fueron víctimas de detenciones y graves agresiones físicas durante los primeros días del pasado mes de junio.

Según las denuncias recibidas, las autoridades militares y de seguridad desplazadas por Guinea Ecuatorial estarían sometiendo nuevamente a interrogatorios a varios de estos menores y jóvenes con el propósito de atribuirles la supuesta destrucción de las luces de balizaje del aeropuerto de Palé.

La acusación habría sido formulada por Eduardo Mejía Villahute, identificado como agente de seguridad y delegado de Información del Estado. Sin embargo, resulta llamativo que el aeropuerto permanezca permanentemente protegido por un vallado perimetral y vigilado las veinticuatro horas del día por efectivos militares, circunstancia que plantea serias dudas sobre la credibilidad de estas imputaciones.

Esta nueva actuación se produce en un contexto de creciente militarización y de una campaña de intimidación contra la población civil.

Desde el 27 de julio, diversas denuncias describen una situación de extrema gravedad en la isla, caracterizada por:

• Detenciones arbitrarias y secuestros.

• Interrogatorios e intimidación bajo control militar.

• Amenazas de abrir fuego con armas de guerra contra cualquier grupo de más de tres personas reunidas.

• Restricciones impuestas incluso a menores de edad, incluyendo la prohibición de jugar y reunirse libremente.

• Un clima permanente de miedo, vigilancia y vulneración de los derechos fundamentales.

Asimismo, según las mismas denuncias, el gobernador Eduardo Minang Enzema Abeme y el jefe militar destacado en Annobón, general Pedro Eyene, habrían convocado a representantes del partido gobernante y a parte de la población en Palé para trasladar amenazas atribuidas al presidente de Guinea Ecuatorial. De confirmarse, estos hechos constituirían un nuevo episodio de coacción dirigido a someter a la población mediante la presencia militar, la intimidación y el uso del miedo como instrumento de control.

La situación que vive Annobón no puede entenderse como un hecho aislado. Se enmarca en un prolongado contexto de denuncias sobre represión, militarización, marginación política y vulneraciones de los derechos humanos que afectan al pueblo annobonés.

Llamamiento urgente

Solicitamos a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional que actúen con urgencia para:

• Documentar de forma independiente los hechos denunciados.

• Exigir el cese inmediato de las amenazas, detenciones arbitrarias e intimidaciones militares.

• Garantizar la protección efectiva de la población civil, especialmente de los menores de edad.

• Promover una investigación imparcial sobre las denuncias y la eventual depuración de responsabilidades conforme al derecho internacional.

Annobón necesita protección internacional. El silencio frente a estas denuncias solo favorece la impunidad.

El gobierno de la República de Annobón en el exilio.

Ambo Legadu, AL

El Gobierno de la República de Annobón en el exilio denunció una grave agresión contra un menor annobonés ocurrida el 20 de julio de 2026 en el barrio Alcaide, también conocido como Porvenir 1, en la ciudad de Malabo.

Según el comunicado oficial, la víctima es Anselmo Aguilar, un adolescente de 15 años y nieto del fallecido médico doctor Aguilar, quien habría sido atacado por la espalda por un compañero de la misma edad y perteneciente a la comunidad Fang.

El episodio se habría producido después de un malentendido durante un partido de fútbol. De acuerdo con la denuncia, el agresor utilizó una botella rota y le provocó al joven annobonés una herida profunda en la espalda, con riesgo de afectar la columna vertebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, Anselmo Aguilar tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en un centro hospitalario de Malabo.

Desigualdad durante el interrogatorio

El comunicado señala que la Gendarmería logró localizar al presunto agresor cuando intentaba darse a la fuga. Sin embargo, la organización denunciante sostiene que durante el interrogatorio policial se produjo una situación de discriminación institucional.

Según la versión difundida, al adolescente fang y a sus familiares se les permitió declarar en lengua fang, mientras que el menor annobonés y su familia fueron obligados a expresarse exclusivamente en español.

Esta diferencia habría impedido que la familia de la víctima comprendiera plenamente las manifestaciones de la otra parte y pudiera responderlas en igualdad de condiciones.

El Gobierno annobonés en el exilio consideró que esta práctica vulnera el derecho a una defensa justa y refleja el trato desigual que reciben los ciudadanos annoboneses dentro de las instituciones de Guinea Ecuatorial.

El agresor permanece en libertad

La denuncia sostiene, además, que el agresor continúa en libertad mientras la familia de Anselmo Aguilar intenta conseguir los medicamentos necesarios para garantizar su recuperación.

Para las autoridades annobonesas en el exilio, la respuesta estatal contrasta con el trato que habría recibido un menor annobonés si hubiera sido señalado como autor de una agresión similar.

“Si el delito lo hubiera cometido el niño annobonés, ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach”, manifestó el Gobierno en su comunicado.

La organización atribuyó lo sucedido a un contexto más amplio de persecución, discriminación e impunidad contra los annoboneses y otros pueblos no fang de Guinea Ecuatorial.

Ante estos hechos, el Gobierno de la República de Annobón en el exilio exigió una investigación imparcial, desarrollada en condiciones de igualdad lingüística para las dos familias involucradas.

También reclamó el cese de la discriminación institucional contra los annoboneses y la implementación de mecanismos de protección efectiva para todos los pueblos no fang del país.

“No es un hecho aislado. Es un Estado Fang que oprime a Annobón”, concluye el comunicado oficial.

El comunicado completo

DENUNCIA: AGRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA UN MENOR ANNOBONÉS EN MALABO

El 20 de julio de 2026, un menor annobonés de 15 años fue víctima de una brutal agresión con una botella rota por parte de un compañero fang de la misma edad en el Barrio Alcaide (Porvenir 1, Malabo). El ataque, que puso en riesgo la vida del joven Anselmo Aguilar (nieto del difunto médico Dr. Aguilar), se produjo tras un malentendido durante un juego de fútbol.

HECHOS:

• El agresor fang atacó por la espalda al menor annobonés con una botella rota, causándole una herida profunda con riesgo de penetración en la columna vertebral.

• El agredido fue operado de urgencia en el hospital más cercano.

• La gendarmería localizó al agresor, que intentó darse a la fuga.

• En el interrogatorio policial, se permitió al agresor fang y a su familia declarar en fang, mientras que al menor annobonés y a su familia se les obligó a declarar en español, sin posibilidad de entender ni rebatir las declaraciones de la otra parte.

DENUNCIAMOS:

1.- Discriminación institucional: La gendarmería de Guinea Ecuatorial permite a los fang declarar en su idioma, pero obliga a los annoboneses a hacerlo en español. Esto impide una defensa justa y es un crimen de Estado.

2.- Violencia sistemática: Este ataque es un ejemplo más de la persecución y discriminación que sufren los annoboneses y otros pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

3.- Impunidad: Las instituciones estatales no protegen a los no fang, y las denuncias se silencian con represión o multas. Es un delito que si lo cometiera el niño annobonés ya estaría encerrado en las inmediaciones de la cárcel de Black Beach, sin el embargo el agresor declaró en fang y goza de total libertad mientras la familia annobonesa busca sin consuelo la forma de encontrar medicamentos para la atención médica de si niño. La injusticia es del estado y del gobierno totalitario y monofang.

EXIGIMOS:

• Investigación imparcial y en igualdad de condiciones lingüísticas.

• Cese de la discriminación institucional contra los annoboneses.

• Protección efectiva para los pueblos no fang en Guinea Ecuatorial.

NO ES UN HECHO AISLADO. ES UN ESTADO FANG QUE OPRIME A ANNOBÓN.

Gobierno de la República de Annobón en el exilio

La Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) incorporó el caso de Annobón en una presentación dirigida a Alexandra Xanthaki, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Culturales.

El documento fue elaborado como aporte para el informe que la funcionaria presentará ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 2026. Además de los annoboneses, recoge testimonios de pueblos de Asia, África y Europa que enfrentan represión lingüística, falta de reconocimiento legal, expropiación territorial y criminalización de su identidad.

Advertencia internacional

La UNPO advirtió que los mecanismos internacionales suelen partir de la existencia de un Estado que reconozca a las comunidades y les permita acceder a vías de denuncia. En el caso de los pueblos no representados, esas garantías muchas veces no existen, por lo que las violaciones culturales permanecen invisibles.

La organización sostuvo que los derechos culturales no pueden separarse de la autodeterminación. También cuestionó los espacios de participación controlados por los Estados, que exhiben tradiciones o costumbres, pero niegan a las comunidades capacidad real para decidir sobre su territorio, su lengua y sus instituciones.

Entre sus recomendaciones, pidió reconocer la autoidentificación de los pueblos, garantizar la educación en lengua materna, proteger las instituciones tradicionales y evaluar si las comunidades tienen control efectivo sobre sus procesos culturales.

La inclusión de Annobón coloca nuevamente la situación del pueblo annobonés ante un mecanismo de las Naciones Unidas y refuerza su denuncia sobre la persecución de su identidad, su cultura y su derecho a decidir su futuro.