El 3 de agosto, la policía en Guinea Ecuatorial detuvo a Joaquín Elo Ayeto, conocido como Paysa, un prominente activista de derechos humanos, por sus actividades en la plataforma de la sociedad civil Somos +, la cual está prohibida por el régimen de Obiang. El arresto de Ayeto se produjo en un contexto de creciente represión contra quienes critican al régimen ecuatoguineano.

5/ HRF calls for Ayeto's immediate release and demands the lifting of the sanctions against his lawyer, Ángel Obama. HRF condemns the Equatoguinean regime's latest effort to repress dissent following the crackdown on peaceful protesters in the Annobón province.…

— Human Rights Foundation (@HRF) August 21, 2024

Al día siguiente, la situación se agravó cuando la policía detuvo al abogado de Ayeto, Ángel Obama Obiang Eseng, durante 48 horas, sin presentar cargos formales. Eseng, líder del partido opositor CPDS, también representa al poeta Francisco Ballovera Estrada y a otros individuos arrestados por participar en las manifestaciones pacíficas en la isla de Annobón.

La presión sobre Eseng se intensificó el 16 de agosto, cuando la Asociación de Abogados de Guinea Ecuatorial, bajo el control del régimen y presidida por el cuñado y asesor del dictador Obiang, suspendió al letrado, obligándolo a cerrar su oficina, citando su vínculo con Somos + como justificativo.

En ese marco, Human Rights Foundation ha condenado enérgicamente estas acciones, describiendo la represión como un intento desesperado del régimen de silenciar a los críticos. La fundación ha exigido la liberación inmediata de Ayeto y el levantamiento de las sanciones contra Eseng, criticadondo al régimen de Obiang por sus continuos esfuerzos para reprimir la disidencia.

«El régimen de Teodoro Obiang está llevando a cabo una campaña sistemática para sofocar cualquier forma de oposición. La detención de Joaquín Elo Ayeto y su abogado, Ángel Obama, es una clara muestra de la represión y la falta de respeto por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial», afirmó la organización de derechos humanos en un comunicado.

Human Rights Foundation destaca que estas acciones no solo afectan a los activistas y sus representantes legales, sino que también envían un mensaje alarmante sobre la falta de libertad de expresión y el deterioro de los derechos fundamentales en el país. Finalmente, la organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que tome medidas contra el régimen de Obiang y apoye a aquellos que luchan por la justicia y la libertad en Guinea Ecuatorial.

Las detenciones comenzaron luego de que un grupo de representantes del pueblo de Annobón, compuesto por miembros elegidos de cada Vidjil, enviaran una carta a Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, pidiendo el cese de las explosiones que, según explicaron, estaban destruyendo el entorno natural de la isla y rajando sus viviendas. A la vez, los annoboneses denunciaron que estas explosiones han convertido áreas fértiles en terrenos estériles y dañado gravemente su capacidad agrícola.

A pesar de las peticiones pacíficas y lógicas, el régimen reaccionó mediante el uso de la fuerza. En cuestión de horas, efectivos militares fueron enviados desde Malabo a Annobón para violentar el reclamo pacífico y detener a los firmantes sin cargos claros.

Ahora, según un documento judicial al que tuvo acceso AMBÔ LEGADU, se supo con certeza cuáles son los cargos absurdos que se iniciaron contra los treinta y siete annoboneses que permanecen detenidos solo por peticionar a las autoridades. Entre ellos se incluye columnias, injurias, ejercicio abusivo de derechos fundamentales, quebrantamiento del orden constitucional y actos que comprometen la paz, incluyendo rebelión, entre otros.

Vale recordar que la autoridad judicial impuso una prisión preventiva colectiva contra los detenidos, que de por sí no cuentan con garantías procesales ni representación legal adecuada. Como corolario, el Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial decidió inhabilitar al abogado de los annoboneses, Ángel Obama Obiang Eseng.

Estas maniobras, a todas luces arbitrarias, subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional intervenga para garantizar la protección de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La represión de la disidencia y la falta de respeto por las normas básicas de convivencia son indicios preocupantes de una crisis con final abierto.

«Este mensaje que quiero transmitir hoy es de unidad, es de entendimiento y es de fortalecimiento de la poca amistad que durante 56 años hemos podido forjar entre nosotros mismos», inició Cartagena Lagar. El Primer Ministro annobonés criticó severamente tanto al régimen de Francisco Macías como de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, por la falta de atención y apoyo a las necesidades de la población.

Según Cartagena Lagar, «Annobón ha sido discriminado desde siempre» y no por culpa de los pueblos Fang, Bubi, Combe o Ndowé, sino por los sucesivos gobiernos guineoecuatorianos. «Ha sido discriminado sistemáticamente por todos los gobiernos habidos y por haber en Guinea Ecuatorial», afirmó, señalando que la falta de gestión adecuada ha llevado a una situación de aislamiento y abandono para la isla.

La autoridad annobonesa resaltó la gravedad de la situación al señalar: «¿Ustedes se imaginan que cortamos la comunicación entre Fernando Poo, Malabo y Río Muni hoy durante un mes, que no vaya ni barco, que no vaya ni avión y que no haya ni internet ni teléfono? ¿Ustedes se imaginan esto? Pues es lo que hemos vivido desde los tiempos remotos hasta hoy». Cartagena Lagar describió la vida en Annobón como una experiencia de aislamiento extremo que ha marcado profundamente a sus habitantes.

Además, el Primer Ministro hizo un llamado a la solidaridad internacional: «El día 21 de agosto tenemos una concentración frente a la Embajada de Guinea Ecuatorial en España», anunció, aclarando que el objetivo no es atacar a los pueblos específicos, sino protestar contra la tortura y las injusticias del régimen. Cartagena Lagar enfatizó que la concentración es contra «la tortura, la persecución y el régimen de Guinea Ecuatorial, que no nos gusta a ninguno».

En un esfuerzo por concientizar a la comunidad global, el mandatario también instó a acudir a una segunda protesta, organizada inmediatamente después, frente al Congreso de los Diputados en España, de 1.00 a 2.30 PM, para solicitar una intervención urgente del gobierno de Pedro Sánchez. «Cuando Obiáng dio el golpe, España intervino. Hoy necesitamos su mano para liberar al pueblo de Annobón de esta esclavitud», subrayó.

La convocatoria a la protesta refleja la desesperación y el clamor del pueblo de Annobón por un cambio urgente. «Vamos a acudir masivamente a la Embajada de Guinea Ecuatorial en España para protestar contra estas persecuciones y pedir que liberen inmediatamente a nuestra gente de las cárceles», concluyó.

El llamado de Cartagena Lagar resuena con fuerza, subrayando la necesidad inmediata de una respuesta global para abordar la crisis en Guinea Ecuatorial y asegurar justicia para Annobón y sus ciudadanos.

La manifestación responde a la creciente preocupación por las agresiones, secuestros, deportaciones y encarcelamientos ilegales que enfrentan los ciudadanos annoboneses tanto en la isla de Annobón como en la capital, Malabo, y otras regiones del país. También se denuncia la desaparición forzada de personas desde las cárceles de Black Beach hasta el interior de Río Muni.

Bajo el lema “¡No más dinamitas en Annobón! ¡Libertad para todos los secuestrados, deportados, detenidos y encarcelados! ¡No más desapariciones forzadas!”, los organizadores exigen:

1. Liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados, deportados y encarcelados ilegalmente.
2. Respeto a los derechos humanos en Annobón y en toda Guinea Ecuatorial.
3. Respeto a la libertad de expresión del pueblo annobonés.

La convocatoria hace un llamado a todos los colectivos y personas solidarias con el pueblo de Annobón para unirse a esta manifestación en apoyo a los derechos fundamentales y en protesta contra la tiranía del régimen que ha sumido a la región en un clima de opresión y temor.

La resolución sancionadora número 64/024 del Colegio le prohibió a Eseng ejercer la abogacía y lo obligó a cerrar su despacho jurídico. La entidad que nuclea a los abogados acusó a Eseng de estar vinculado a la organización civil no legalizada, Somos Más, y de defender los derechos de sus miembros, una alegación que parece más una estrategia para silenciar a un abogado comprometido con los derechos humanos que una verdadera causa legal.

Ángel Obama Obiang Eseng, además de ser el secretario Ejecutivo de Relaciones Institucionales del Partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS), ha estado defendiendo a los secuestrados annoboneses, quienes fueron arrestados el pasado julio por manifestarse pacíficamente contra las explosiones provocadas por la empresa SOMAGEC, en San Antonio de Palé. Este cuestionamiento a las prácticas abusivas de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha sido, evidentemente, demasiado incómodo para el régimen, que no ha tardado en actuar violentamente para sofocar cualquier voz disidente.

El Colegio de Abogados, en su resolución, ha demostrado un desdén absoluto por el debido proceso. Según la ley del Procedimiento Administrativo número 1/2014, las sanciones deben estar claramente delimitadas por las regulaciones y las medidas adoptadas en este caso no parecen ajustarse a esta normativa. El artículo 137 de dicha norma establece que las medidas cautelares deben estar previstas en las leyes que regulen el procedimiento sancionador, y la suspensión temporal del ejercicio de la abogacía, así como el cierre del despacho, no se encuentran contempladas en el Estatuto del Colegio.

En ese marco, la comunidad internacional empieza a prestar atención. El informe del Barreau de París, enviado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denuncia la falta de independencia del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial y critica el sistema de justicia guineano. Este informe señala que el Colegio no solo carece de democracia interna, sino que lleva más de dos décadas sin celebrar elecciones, lo que subraya la corrupción y el control absoluto del régimen sobre las instituciones legales.

La inhabilitación de Ángel Obama Obiang Eseng constituye otra pieza en el ajedrez de la represión ecuatoguineana. La situación en Guinea Ecuatorial no solo es una triste demostración de la falta de respeto por los derechos fundamentales, sino también un recordatorio de la necesidad urgente de solidaridad y apoyo a aquellos que luchan por la justicia en condiciones tan adversas.

Los primeros han sido aislados en una especie de sala subterránea en la capital de Guinea Ecuatorial, mientras que los segundos han sido trasladados a una prisión ubicada en Río Muni. Sin embargo, este medio no pudo determinar con certeza en cuál de todas las cárceles de la parte continental se encuentran, ya que no hay información oficial y pública precisa sobre estas instalaciones. De hecho, vale recordar que el régimen de Obiang ha sido históricamente criticado por campañas de detención masivas, especialmente durante operativos policiales que llevan a la encarcelación de muchas personas sin juicio previo, como en este caso.

Sin embargo, si trascendió que la cárcel en cuestión es notoriamente temida por sus duras condiciones, con rumores de que quienes entran allí no salen con vida.

UN ACTO DE IMPUNIDAD QUE YA LLEVA MÁS DE TRES SEMANAS

Este drama comenzó el 18 de julio, cuando un grupo de annoboneses fue injustamente arrestado tras participar en una manifestación pacífica en la isla de Annobón. La protesta exigía el fin del uso de dinamita en la isla, lo que llevó a una campaña de secuestros ilegales bajo la acusación de incitar a la separación del territorio de Guinea Ecuatorial.

Los familiares de los detenidos, sumidos en la desesperación, viven en la más absoluta incertidumbre. Inicialmente habían sido informados de que los arrestados fueron llevados a Black Beach, una prisión infame por sus condiciones extremas. Allí, se les rapó la cabeza y se les vistió con ropa de presidiario. Sin embargo, desde su traslado a esta prisión, el destino de estos hombres y mujeres se desconoce.

El estado de los detenidos es grave; ha trascendido que han sido interrogados sin piedad y mantenidos sin acceso a comida ni agua. Los familiares exigen respuestas, mientras el juez encargado del caso ha decretado prisión provisional, dejando a los detenidos en un limbo legal y físico del que nadie pareciera hacerse responsable.

El caso de los treinta y siete secuestrados no solo refleja una grave violación de derechos humanos, sino también una crisis social en Guinea Ecuatorial, donde la incertidumbre y la desesperación se han apoderado de las familias de los detenidos mientras el mundo observa los hechos con creciente preocupación.

En ese marco, el próximo 21 de agosto, entre las 10.00 a 12.00, se llevará a cabo una nueva concentración de protesta frente a la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid, España. Convocada por ella sociedad civil, esta movilización busca visibilizar y denunciar la grave situación que atraviesan los annoboneses secuestrados hace tres semanas, quienes han sido víctimas permanentes de una política de represión extrema por parte del por el régimen de Obiang.

«Es una lucha por la justicia, el respeto de los derechos humanos y la libertad,» señala uno de los comunicados difundidos de cara a la protesta. La concentración no solo busca llamar la atención sobre las atrocidades cometidas contra la comunidad annobonesa, sino también hacer un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas efectivas contra un régimen que ha silenciado a sus opositores durante más de cuatro décadas.

Bajo el mandato de Obiang, Guinea Ecuatorial se ha convertido en un estado donde la libertad de expresión es inexistente y cualquier forma de disidencia es castigada de manera severa. Los secuestros y encarcelamientos sin juicio previo, así como las deportaciones forzadas, se han convertido en herramientas comunes para mantener el control sobre la población. Como se sabe, los annoboneses, en particular, han sido objeto de una persecución despiadada, que ha llevado a muchos a buscar refugio en el exilio.

El comunicado de los organizadores también resalta que esta protesta es un grito de auxilio para un pueblo que ha sido sistemáticamente marginado y oprimido por un régimen que, lejos de protegerlo, ha optado por someterlo a través del miedo, la miseria y la violencia.

«No faltes a la lucha por la justicia,» se insta en el mensaje, subrayando la urgencia de apoyar esta causa en defensa de los derechos fundamentales, que son negados diariamente en Guinea Ecuatorial desde hace al menos 56 años.

A través de un comunicado oficial, las organizaciones que integran la coalición #KeepItOn manifestaron su preocupación por el corte de internet y servicios móviles en Annobón, en respuesta a las protestas del 20 de julio de 2024. Los habitantes quedaron incomunicados tras el arresto y confiscación de teléfonos por las fuerzas de seguridad, por protestas pacíficas contra explosiones de dinamita para minería. El gobierno prohibió el uso de servicios de internet satelital no autorizados y ordenó a Starlink cesar sus operaciones.

Según recuerda #KeepItOn, Annobón sufre marginación y violaciones de derechos humanos. Ya antes, el régimen había cortado el acceso a internet en momentos políticos clave, como las elecciones de 2013 y 2017, impidiendo la libre expresión y reunión. Estas acciones dificultan documentar y reportar abusos, dejando a periodistas y ciudadanos sin acceso a información confiable.

En ese marco, los firmantes expresan que los cortes de internet violan los derechos humanos y leyes internacionales, afectando el acceso a educación, salud y servicios públicos. La Constitución de Guinea Ecuatorial y tratados internacionales garantizan la libertad de expresión y acceso a la información, tanto en línea como fuera de línea. Las empresas de telecomunicaciones que funcionan en el régimen de Obiang tienen la responsabilidad de asegurar acceso fiable y seguro a todos, incluso en Annobón.

Las organizaciones nucleadas en #KeepItOn instaron al gobierno de Guinea Ecuatorial a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en derechos humanos, restablecer el acceso a internet y telecomunicaciones en Annobón, y garantizar un internet abierto y seguro para todos. Además, exigieron investigaciones transparentes sobre la confiscación de teléfonos móviles en la isla, el retorno de dichos dispositivos y medidas para prevenir violaciones de derechos humanos cometidas por empresas como GITGE y GETESA.

Por otro lado, exigieron a los proveedores de telecomunicaciones cumplir con las obligaciones de derechos humanos según los Principios Rectores de la ONU, prevenir daños durante sus operaciones, no interferir en el acceso a internet y hacer públicas las órdenes que restrinjan el acceso. Finalmente, solicitaron a la Unión Africana y organismos de la ONU exhortar a las autoridades y empresas de Guinea Ecuatorial a implementar estas medidas y solicitar investigaciones sobre detenciones arbitrarias, confiscaciones de teléfonos, cortes de internet y otras violaciones de derechos humanos en Annobón.

El documento lleva la firma de las siguientes organizaciones: Access Now, Africa Freedom of Information Centre (AFIC), African Freedom of Expression Exchange (AFEX), AfricTivistes, Africa Media and Information Technology Initiative (AfriMITI), African Association of Education for Development (ASAFED), Africa Open Data and Internet Research Foundation  (AODIRF), Bloggers Association of Kenya (BAKE), Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD), Center of Studies and Initiatives for the Development of Equatorial Guinea (CEID-GE), Collaboration on International ICT Policy For East And Southern Africa (CIPESA), Common Cause Zambia, Computech Institute, Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations (CEHRO Ethiopia), Digital Grassroots (DIGRA), Digital Rights Kashmir, Digital Rights Nepal (DRN), EG Justice, Human Rights Foundation, Human Rights Journalists Network Nigeria, Innovation for Change (I4C) South Asia, International Press Institute, Internet Protection Society (ex-Russia), Internet Sans Frontières, JCA-NET(Japan), Kijiji Yeetu, Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan, Manushya Foundation, Media Foundation for West Africa (MFWA), The Nubian Rights Forum, OONI (Open Observatory of Network Interference), OpenNetAfrica, Organization of the Justice Campaign, Paradigm Initiative (PIN), Sassoufit collective, Southern Africa Human Rights Defenders Network- SouthernDefenders, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), West African Digital Rights Defenders coalition, Women of Uganda Network (WOUGNET), YEAC Community Energy and Development (YEAC-CEAD), Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC-Nigeria) y Zaina Foundation.

Joaquín Elo Ayeto, quien ha sido un defensor incansable de los derechos humanos en un país donde estos principios son sistemáticamente violados, fue arrestado en su hogar en Malabo el pasado jueves. Las autoridades justificaron su detención alegando que su organización promotora de buenas prácticas humanitarias, considerada ilegal por el gobierno, estaba operando clandestinamente y buscando apoyo externo. Sin embargo, esta justificación no es más que una excusa para continuar con la campaña de represión que el régimen de Obiang ha sostenido durante más de cuatro décadas.

Es preocupante que, en pleno siglo XXI, Guinea Ecuatorial siga bajo el yugo de un régimen que, en lugar de proteger los derechos de sus ciudadanos, se dedique a perseguir y encarcelar a quienes se atreven a alzar la voz contra las injusticias. La negativa sistemática del régimen a reconocer la labor de la asociación Somos+ evidencia un desprecio total por las leyes que deberían regir en el país.

El arresto de Ayeto no es un hecho aislado. El activista ya había sido detenido en diciembre de 2022 por organizar una conferencia sobre derechos humanos y corrupción sin permiso oficial, y en 2019 fue acusado de intentar asesinar al presidente Obiang, cargos que luego fueron reducidos a difamación. Estos antecedentes dejan en claro que el régimen utiliza la detención arbitraria como herramienta para amedrentar y silenciar a los críticos.

La detención de Joaquín Elo Ayeto debe ser condenada enérgicamente por la comunidad internacional, que tiene la responsabilidad de presionar al régimen de Obiang para que respete los derechos humanos y libere a todos los presos políticos existentes en el país.

Una madre desesperada clama por ayuda, narrando cómo su hija, afectada por un tumor cerebral, ha sido desahuciada por un sistema de salud incapaz de ofrecerle el tratamiento necesario. En su recorrido por los hospitales, la niña fue rechazada en múltiples centros de salud, desde Sampaka hasta La Paz, donde le dijeron que debía ser evacuada al extranjero si deseaba recibir atención adecuada. Esta situación pone de manifiesto la falta de recursos, infraestructura y voluntad política para atender a los más vulnerables en Guinea Ecuatorial.

La crisis del sistema de salud en Guinea Ecuatorial no es un problema aislado, sino el resultado de la marginalidad y el abandono sistemático de la población bajo el régimen de Obiang. La riqueza petrolera del país contrasta brutalmente con la pobreza y la falta de servicios básicos para sus ciudadanos. Mientras las élites del país disfrutan de los beneficios de los recursos naturales, la inmensa mayoría de la población queda relegada a una subsistencia, sin acceso a una atención médica digna.

El caso de esta niña es un reflejo doloroso de una realidad más amplia: un régimen que, en lugar de proteger y cuidar a su gente, perpetúa la desigualdad y el sufrimiento. La comunidad internacional debe prestar atención a estas historias y ejercer presión sobre el gobierno de Obiang para que priorice la vida y el bienestar de su pueblo, antes de que más niños y familias sean víctimas de un sistema fallido.